PROPUESTA NARCOTRÁFICO Y MICROTRÁFICO –

PROPUESTA COMPLEMENTARIA E INTEGRADA AL PROYECTO DE ERRADICACIÓN PRODUCTIVA “EL PAPEL DE LA COCA”

La Legalización Controlada: Cuestión de método :

  Propuesta que data del 2013 -

INTRODUCCIÓN

En los países occidentales existe actualmente un consenso creciente sobre las ventajas de descriminalizar el consumo y producción[1]  de la marihuana. Mientras en los Estados Unidos se consolida la legalización de la marihuana recreativa y se debaten fórmulas rentables para el fisco[2] de su comercialización a nivel federal, las propuestas comerciales de producción a escala de marihuana medicinal e incluso de producción de marihuana sintética y hasta genéticamente modificada, se aprestan y cotizan en la Bolsa de este país. En Europa la fórmula adoptada por aquellos países que se acogen a la descriminalización del consumo de marihuana giran en torno de las características propias de su modelo agrícola basado en estructuras pequeñas e intensivas en mano de obra por oposición al modelo agrícola estadounidense compuesto por grandes agronegocios tecnificados dedicados a la venta a gran escala de los productos básicos como cualquier mercancía (commodities).  Consistente con las políticas de defensa de los pequeños productores agrícolas y del consumidor que prima en Europa, la fórmula para regular el mercado de la marihuana es la del autocultivo. De tal forma, al eje de la despenalización del mercado de las drogas, está asimismo el debate sobre el modelo económico.

Los recientes llamados de algunos políticos y Estados latinoamericanos a un cambio de paradigma se logran no sólo gracias al desgaste de la guerra y ascenso al poder de otras visiones de la política sino al reconocimiento y poder público de quienes promueven estas propuestas. Lo desafortunado es que el modelo de “cambio de paradigma” propuesto y adoptado hasta ahora se ha centrado en la proyección de las necesidades de sociedades consumidoras. Con lo que los daños y riesgos que sufren los países de cultivos campesinos (no de invernadero o interior) siguen sin siquiera enfocarse. Una muestra de que este enfoque centrado prioritariamente en el consumo le queda corto a Colombia son aquellas propuestas de importar marihuana para los programas de consumo en un país condenado durante décadas a la guerra a cuenta de sus cultivos.  En la actual coyuntura, Colombia no puede esperar a que las respuestas, o modelos, para enfocar su dilema interno de drogas le lleguen desde afuera, como le llegaron la Prohibición y sus secuelas.  No puede no asumir un liderazgo en el tema mientras otros países sí lo hacen en consideración de sus necesidades nacionales.

En Colombia, el aspecto de mayor impacto doméstico en el campo de las “drogas”, que es el manejo de la coca, parece verse circunscrito a algunas iniciativas legislativas aisladas que terminan sin debatirse en el Congreso y a marchas campesinas de oposición que acaban estigmatizadas. Frente a la crítica situación del campo, la falta de medidas propias para enfrentar el dilema de la coca y su cocaína y la proximidad de la Ronda de discusión de tema de cultivos en los Diálogos para la Terminación del Conflicto, se hace necesario facilitar encuentros hacia la consolidación de una Mesa Social Nacional de Cultivadores de Coca que permita recoger y desarrollar propuestas variadas y adecuadas a la realidad de los cultivadores y sus regiones desde su propia óptica y con independencia de todos los actores en conflicto. Colombia necesita asumir una posición consecuente con legislación y acciones concretas frente al cultivo campesino de marihuana, coca y amapola. 

El Gobierno de Juan Manuel Santos ha comisionado un estudio de  escenarios de drogas a la OEA  y, aunque aún no se ha pronunciado abiertamente sobre el cese de las fumigaciones, se muestra dispuesto a incorporar las experiencias, conocimientos y apreciaciones sociales en el Estatuto de Drogas que reemplazara la Ley 30 de 1986; ha promovido  tratados de control de armas y emprendido el camino de la paz interna.  Las FARC, por su parte, han puesto sobre la mesa una propuesta de legalización de la coca, marihuana y amapola con fines medicinales,  científicos e industriales. Esta propuesta coincide con los debates y procesos que se están dando en la arena internacional, exige respuesta y merece una debida consideración y desarrollo por las partes en la Mesa de Cultivos  y Drogas del Proceso de Diálogo.  La consideración y desarrollo de la propuesta de legalización permite enfocar asimismo un escollo en la desmovilización cual es la caracterización de las FARC como organización narcotraficante o, como lo señalan estudios como los de Ferro Medina y Susan Norman, en calidad de actor regulatorio más que participativo en la economía ilícita.  De cualquier forma, lo determinante son las condiciones y necesidades  internas.

El régimen internacional vigente desde hace 100 años pretende penalizar todos los procesos relativos a las drogas. Sin embargo, lo que se da en los hechos es una falta absoluta de control sobre el mercado y mercadeo y la marginalización de amplios sectores de la sociedad. Colombia ha sido uno de los países más afectados en su desarrollo por este modelo prohibicionista; catalogado como país narcotraficante y productor, y ahora como gran consumidor, su legislación nacional está condicionada a  y por las drogas.  Este documento de aporte social busca proponer el marco de discusión de un modelo colombiano para ejercer controles reales sobre las drogas y, a través de la descriminalización de millones de colombianos, buscar el desmantelamiento  del crimen organizado y sus redes de apoyo.

MARCOS TEÓRICOS:

Frente a las sanciones penales o infracciones consideradas como prototipos de delitos creados artificialmente por el Derecho por vía de la legislación de drogas, existen dos marcos teóricos o escuelas de pensamiento: La Despenalización Total y/o Socialmente Integrada y La Legalización Controlada

La Despenalización Total de todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales de todas las drogas con base en la reivindicación del “derecho fundamental” a las drogas por oposición a lo que su proponentes consideran los abusos de la autoridad medical y farmacéutica y al dirigismo estatal es fruto del pensamiento libertario que se acomoda perfectamente a la economía neo-liberal. Bajo este modelo, no es el Estado quien tiene el deber de satisfacer este ‘derecho’, prima la libertad individual sobre la social y el mercado libre de las drogas en manos de la industria privada por encima de lo público; por encima de la intervención estatal en lo que sería un negocio como cualquier otro.  Básicamente, equivale a seguir el camino del tabaco y el alcohol y el paso del crimen organizado a la comercialización capitalista con reglas de juego similares como sería por ejemplo derecho a propaganda y el (evadido) deber de impuestos destinados a subsanar los daños sanitaros ocasionados. 

La Teoría del Uso Socialmente Integrado que se desprende del pensamiento libertario se sustenta igualmente en la constatación de la incapacidad del sistema prohibicionista de brindar una solución válida al dilema de las drogas y sugiere que sean las sociedades ellas mismas las que libremente ejerzan un control sobre las drogas.  A la base de este modelo de despenalización está la distinción entre el uso y el abuso y entre las virtudes y desventajas de la amplia gama de drogas en el mercado que serían en ultimas controladas por la libertad individual (erróneamente entendida como un “derecho fundamental”) con conocimiento de causa y por las leyes del mercado.   El único límite al consumo sería la violación o riesgo a la libertad ajena (i.e: incitación al consumo, incluso por propaganda; conducir o desarrollar actividades peligrosas bajo la influencia; o consumir en lugares públicos).

La Legalización Controlada  parte, no de un derecho fundamental, sino de la libertad individual a la búsqueda del placer y el alivio del dolor.  Francis Caballero la define como “un sistema que se dirige a remplazar la actual prohibición de las drogas por una reglamentación de su producción, su comercio y su uso con miras a limitar los abusos perjudicales a la sociedad.” Sin embargo, bajo el régimen actual de  las Convenciones de Drogas, esta fórmula sólo podría ser aplicada por un Estado firmante bajo la tipología de “modelo” y/o experimento a nombre de la ciencia, salvo  que el Estado signatario optase por denunciar las Convenciones.

La Legalización Controlada[3] invoca 1-la libertad de consumo personal (búsqueda del placer y escapismo),  2-el derecho de exigir al Estado que cumpla con la obligación de velar por una reducción de riesgos y daños mediante un control real del mercado y 3- el deber del consumidor de ajustarse a fórmulas para que el abuso de dichas sustancias no repercuta de forma negativa sobre el entorno social y la seguridad de terceros y del Estado. La Legalización Controlada no es equivalente a la despenalización en cuanto se reserva el derecho de utilizar el derecho penal (de forma marginal y no central a diferencia de la Prohibición) para limitar los abusos que pudiesen perjudicar a terceros como son actos reprochables y agresivos en público relacionados con el uso “desmedido” de sustancias. En el régimen de Legalización Controlada priman el Derecho Administrativo, Comercial y Fiscal con miras a la creación de una economía social. Se despenaliza el consumo privado y se establecen restricciones legales al consumo público y restricciones socio-económicas a la producción, venta y reventa de dichas sustancias.

Sea cual sea el marco teórico bajo el cual se promueve la salida del Prohibicionismo,  la única política eficaz contra el crimen organizado alrededor de las drogas es aquella que despenalice o reglamente legalmente tanto el uso como el porte y producción y venta/consecución de drogas para el consumo personal.  Por otra, la normalización no sería coherente con la convivencia social de no distinguir entre el uso privado y el uso público de dichas sustancias y no sería viable un sistema en el que se tiene la libertad de consumir sin que el Estado ejerza la obligación de controlar la producción y venta de estas sustancias. De igual forma, para que la “normalización” interna del uso de sustancias psicoactivas sea viable a la luz de las convenciones es necesario aplicar restricciones severas al tránsito transnacional/internacional de la drogas descriminalizadas a nivel doméstico. De ahí que la Despenalización o Legalización Controlada del consumo y porte con el objetivo de un interés general superior (sanitario y securitario)  tiene que ir de la mano de la represión del tráfico privado a escala, sea empresarial o narcotraficante, nacional o internacional. Mientras la venta de sustancias psicoactivas siga siendo, o se convierta legalmente, en un negocio con ánimo de lucro, los daños sanitarios y sociales (, incitación al consumo, baja calidad y desarrollo de nuevas sustancias…) y riesgos a la seguridad (competencia leal y desleal y corrupción..) seguirán.

PARA SALIR DEL RÉGIMEN PROHIBICIONISTA

El objetivo de base es enmarcar de forma legal el comercio y consumo de drogas. Las medidas/técnicas varían en función de las categorías de las sustancias que, aunque no se prohíben, sin son objeto de controles a la medida. Esto implica un conocimiento de la amplia gama de sustancias que existen actualmente. Aunque existen numerosas clasificaciones de las drogas desde perspectivas científicas (farmacológicas y psiquiátricas), jurídicas (derecho internacional y legislaciones nacionales)  y sanitarias (principalmente, por daños y riesgos de tolerancia), con la cantidad de sustancias que se están diseñando a diario, estos conocimientos sólo pueden desarrollarse gradualmente, en el terreno y a través de una apertura frente al consumo de drogas. De tal forma, considerando que el Art 4 de la Convención Única de 1961  permite “la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”, para comenzar, Colombia podría proponer modelos experimentales de regulación a fines científicos con las tres drogas principales del modelo prohibicionista: los opiáceos, la coca y sus derivados y la marihuana y posiblemente extender este modelo a las drogas sintéticas cuyo consumo personal está previsto en el nuevo Estatuto de Drogas.[4]

IN EXTREMIS_ni complot ni alarmismo, realismo

La injerencia de grandes corporaciones en las políticas de drogas y agrícolas del Gobierno Obama está dando claros resultados, así el discurso de Prohibición persista hacia afuera. Son muy reales (y veloces) los riesgos de que, por la vía de los procesos en curso en Estados Unidos, la producción y venta de las drogas (comenzando por la marihuana y pasando por la precisión con intenciones cuestionables sobre la huella genética de la coca colombiana) pase soterradamente de manos del narcotráfico a manos de empresas farmacéuticas y/o multinacionales con apuestas de futuro. Colombia no puede ignorar los intereses comerciales subyacentes al discurso y exigencias de resistencia al cambio a la cual las rondas de Obama por América Latina y visita a Colombia del Vicepresidente Biden seguramente sirven de recordatorio.  La coyuntura actual exige que se respalden localmente las acciones de base para el diseño y desarrollo práctico de las propuestas que dan origen a los análisis académicos y políticos (a veces ajenos) con el fin de que  aquellas propuestas sociales ambientales y de drogas que podrían revelarse contrarias a los intereses de las multinacionales no se vean prosperar ingenuamente a la sombra de intereses que pueden ser ajenos a los de la Nación so riesgo de desaparecer.

EL CASO COLOMBIANO:

El mercado de las drogas es, al igual que el de cualquier otra mercancía en la economía neoliberal, el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda y el mecanismo global de regulación de los diferentes actores que participan en el comercio/tráfico. En el fenómeno de las drogas, por su ilegalidad, participan directamente los cooptados cultivadores campesinos y raspachines, químicos, proveedores de precursores, contrabandistas, intermediarios (chichipatos) y comerciantes (traquetos) además de narco y microtraficantes y jíbaros, pilotos, guardaespaldas y bandas criminales, testaferros y lavadores y lavanderías de activos y paraísos fiscales, a los que se suma toda una red de apoyo indirecta constituida por proveedores de productos legales de producción y corte, policías, militares y políticos, empleados públicos, abogados a sueldo, asesores de inversión y la banca nacional e internacional, multinacionales que pagan sobornos y extorsión y contribuyentes que pagan impuestos para las medidas de guerra de prohibición  hasta que el producto llega al usuario o consumidor final. Aunque no todos estos actores son criminales, millones de ellos operan por fuera de la ley  a cuenta de un sistema prohibicionista que afirma con argumentos moralistas la negación de la libertad individual y derecho a la salud y protección de  250,000,000 personas a nivel mundial. 

Si de cantidades se trata, de número de participantes, se estima que, entre el 2005 (la primera medición oficial) y el 2011, el número de familias campesinas involucradas en el cultivo de coca pasó de 68,000 a 300,000 familias o sea unas 1,200,000 personas a las que se suman más de 12,000 raspachines.   En cuanto al consumo, dadas las mediciones actuales que confunden uso de una sola vez con consumo, y consumo con uso compulsivo, además de la falta absoluta de conocimiento y distinción entre la enorme heterogeneidad de sustancias (unas ilegales y otras legales pero igualmente psicoactivas) y falta total de registro y control de las mismas, es casi imposible estimar el mercado de consumo en la clandestinidad. Las cifras oficiales estiman que en los últimos años el consumo de cocaína en Colombia ha aumentado hasta llegar a un nivel de  130% por encima del promedio mundial y el de las drogas sintéticas a un 50% por encima de la media mundial. En ese caso, si los consumidores de cocaína (estimados ambiguamente entre 13 y 19 millones a nivel mundial) constituyen el .2% de la población mundial,  habría que especular, con las cuentas internacionales oficiales, que una cuarta parte de la población colombiana consume cocaína y que se dice que 70, de las 475 tm producidas en Colombia, se quedan en el mercado interno. ¡Tamaño mercado que se diría de más de 1 millón de usuarios colombianos! Habría que tener en cuenta el altísimo grado de adulteración para hacer los cálculos reales de ventas.  Lo cierto es que en Colombia estamos hablando de un enorme porcentaje de la población al margen de la ley por cuenta unas normas sin ciencia ni consciencia.

La Legalización Controlada tendría que proveer medidas diversas para enfocar no sólo el comercio y consumo, de las drogas autorizadas y  de las drogas controladas, sino que además las técnicas de control tendrían que enfocar la reglamentación de los procesos y actores que participan actualmente de manera ilegal. Puesto que, a la base, se trata de distinguir entre uso y abuso y de regular las sustancias susceptibles de generar adicciones o comportamientos adversos a la sociedad, no se trata de descontrolar sino de “reglamentar” el mercado con base en las prácticas sociales y no en su contra.  

El seguimiento de este marco de discusión acá esbozado serán unas ideas para modelar y reglamentar este proceso.  Los marcos legales existentes para desmantelar la Prohibición giran alrededor del Estado y/o la industria privada. Lo deseable sería desarrollar fórmulas para un “monopolio social” a definirse…

María Mercedes Moreno 

Mayo 2013