Para Pablo Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín, El Espectador era su enemigo número uno. Cano había tomado una postura enérgica contra las drogas y apoyaba firmemente la extradición de los narcotraficantes colombianos. Pensaba que las instituciones colombianas no eran suficientemente severas al juzgar y condenar a los poderosos capos de las drogas.

Escobar y sus cómplices celebraban sus victorias en Medellín, sede del cartel, y en Leticia, ciudad fronteriza entre Colombia y Ecuador. Leticia era el paso principal de la pasta de cocaína de Perú y Bolivia.

La investigación del asesinato duró nueve años. El equipo de abogados de Escobar logró impedir que se cambiara el caso a un sistema especial de justicia "sin rostro". Esta maniobra legal le permitió a Escobar enterarse de quiénes eran los jueces. A algunos magistrados se les obligó a aceptar sobornos y otros fueron asesinados por rechazarlos. Uno de los jueces se exilió; otra sufrió el asesinato de su padre por ignorar las amenazas para abandonar la investigación y un tercero, un juez del Tribunal Superior de Bogotá, fue asesinado poco después de rubricar una orden de captura contra Escobar.

Para el periódico, el asesinato fue sólo el inicio de una ominosa campaña de Escobar y su gente. Como el diario insistió en la información provocativa e incisiva sobre los narcos, las amenazas de muerte a sus reporteros y editorialistas continuaron. Los dos hijos de Guillermo Cano, Juan Guillermo y Fernando, quienes compartían los principales puestos de mando del periódico, recibían muchas amenazas y estuvieron saliendo del país por largos períodos, durante los tres años posteriores al asesinato. Otros cuatro reporteros también tuvieron que abandonar el país por amenazas de muerte. La distribución del periódico fue saboteada en Medellín y en otras áreas, mientras que en esa ciudad su oficina fue cerrada tras los asesinatos del director de distribución y del gerente general. Entre 1989 y 1990, el periódico se entregaba en Medellín con protección militar. La circulación sucumbió en esa ciudad por las amenazas que recibían los distribuidores del periódico por parte de Escobar y su gente. Los peores golpes se asestaron en 1989 cuando Héctor Giraldo Gálvez, abogado de la familia Cano y encargado de supervisar la investigación del crimen, fue asesinado. Ese mismo año, Escobar ejecutó lo que según él sería el tiro de gracia contra el periódico — explotó una bomba en sus instalaciones.

El proceso judicial, que comenzó en 1991, concluyó en un tribunal común, el 22 de agosto de 1995. Cuatro personas fueron declaradas culpables de homicidio doloso. Tres fueron encarceladas. El cuarto cómplice acusado, Luis Carlos Molina Yepes, velado empresario, exconfidente de Escobar y quien manejó las cuentas bancarias de las cuales se obtuvo el dinero para pagar a los asesinos de Guillermo Cano, permaneció prófugo hasta su captura el 18 de febrero de 1997. Dos narcotraficantes que fueron los principales autores intelectuales, Gonzalo Rodríguez Gacha y Escobar — fueron abatidos en 1989 y 1993, respectivamente. Otros como Evaristo Porrás están purgando una sentencia por enriquecimiento ilícito.

La defensa apeló la sentencia de la corte en 1995. El 30 de julio de 1996, en una decisión inesperada, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia y declaró que los tres prisioneros eran inocentes. La corte confirmó la sentencia contra Molina Yepes.

EL CRIMEN

El asesinato de Guillermo Cano ocurrió cuando explotó la furia de Escobar contra el periódico colombiano. Hacia 1986, "El Padrino", como Cano llamaba irónicamente al capo de las drogas en sus artículos, había amasado una fortuna y se había convertido en el narcotraficante más poderoso del mundo. El Cartel de Medellín manejaba el 70 por ciento del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa; sus ganancias eran fabulosas. Tenía una corte de simpatizantes en Medellín, donde construyó viviendas y canchas de fútbol para la gente pobre. Pero su dominio se veía amenazado por el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos.

Escobar percibió que la opinión pública era un importante instrumento para eliminar el tratado. Así pues, invirtió grandes sumas de dinero para exponer al tratado como violatorio de la soberanía de Colombia. Mientras el cartel hacía campaña para abolir el tratado de extradición, Cano hacía denuncias que contradecían las ideas de los narcos. Semana tras semana sus artículos criticabana quienes querían eliminar el tratado. Sus conceptos se sustentaban con los artículos de periodistas investigativos de El Espectador que expresaban lo vulnerable que era el sistema judicial de Colombia ante la presión de los narcotraficantes.

Algunos colegas de Cano pensaban que estaba obsesionado con el tráfico de drogas. Pero en retrospectiva, sus reporteros y otros periodistas coinciden ahora en que "profetizó" sobre el inicio de la era del tráfico ilegal de drogas y del peligro que representaba para la democracia colombiana. "Tenía un sentido maravilloso de lo que es noticia", comenta Luis de Castro, editor de asuntos judiciales de El Espectador, quien trabajó con Guillermo Cano va-rios años. Los periodistas todavía recuerdan su sentido del humor y su memoria fotográfica.

Luis Gabriel Cano, su hermano mayor y quien asumió la presidencia del periódico después de su muerte, afirma que su hermano jamás habló sobre las amenazas. "Guillermo mantuvo su lucha contra el narcotráfico sin importarle nada", apuntó.

El cabello canoso y la actitud calmada de Luis Gabriel Cano recuerdan a su hermano. "Guillermo sentía que si no los deteníamos, las bandas de narcos querrían dirigir el gobierno, que es lo que estamos viviendo ahora", declaró en su espaciosa oficina. Es la misma que fue semidestruida por un bombazo en 1989, y la que refleja gran parte de la historia del periódico, fundado en 1887.

Cano inició su lucha contra las bandas de narcotraficantes a principios de la década del ochenta. Su primer golpe periodístico contra el imperio de Escobar fue un artículo publicado en 1983 que detallaba el primer arresto del capo en relación con estupefacientes. En 1976 Escobar fue detenido por esconder cocaína en los neumáticos de un auto robado, cuando era apenas un desconocido robacoches. En el periódico se recuerda cariñosamente este incidente que ilustra la astucia y el instinto periodístico de su antiguo jefe. Cano recordó la cara de Escobar cuando vio al capo en la ceremonia de apertura del congreso en 1983. "Yo he visto esa cara en algún lado", le comentó a uno de sus editores. El mismo se metió en el archivo del periódico a buscar la fotografía. Volvió a publicar la historia y la fotografía en la primera plana de El Espectador. Esto truncó la ambición de Escobar de formar parte del congreso y convirtió a Cano en uno de sus peores enemigos.

Hacia 1986, El Espectador había tomado la delantera en los medios colombianos en cuanto a ataques contra los carteles de las drogas. El periódico entero se dedicaba a analizar minuciosamente, exponer e investigar el tráfico de drogas y sus tentáculos dentro de la sociedad colombiana. Cano, de 61 años, atacaba a diario a los narcotraficantes en el editorial, en las páginas de noticias y en su columna "Libreta de Apuntes". Recibió el Premio Nacional de Periodismo de Colombia en 1986, por sus artículos contra el narcotráfico y en apoyo al tratado de extradición. El 16 de diciembre de 1986, fue entrevistado por un integrante del Círculo de Periodistas de Bogotá sobre los peligros del periodismo. "El problema en nuestro negocio es que nunca se sabe si volveremos por la noche a casa", comentó.

Al día siguiente, el miércoles 17 de diciembre de 1986, fue asesinado.

Ese día, Cano salió del periódico poco después de las 19:00 hs.. Subió a su camioneta familiar Subaru roja, estacionada en las instalaciones del periódico. Al llegar a la Ave. del Espectador, una amplia calle frente a las oficinas del periódico, el tráfico prenavideño era pesado. Los autobuses iban pegados a los paragolpes de los automóviles, en medio del smog. Cano entró a la avenida rumbo al sur y se metió al carril izquierdo para dar vuelta en U y entrar al otro carril hacia el norte. Al reducir la velocidad del auto para efectuar el giro, uno de los dos jóvenes que esperaban en una motocicleta estacionada en lugar prohibido, en medio de la avenida, se acercó furtivamente a pie al lento Subaru. Cuando estuvo cerca, el joven abrió un estuche negro, sacó una ametralladora pequeña, una MAC-10, arma favorita de los sicarios del Cartel de Medellín, según reconoce la policía. Rápidamente disparó ocho tiros al pecho de Cano. Al tratar de escapar, herido de muerte, pisó el acelerador, se lanzó directamente en sentido contrario y se estrelló contra un poste de luz. Los testigos declararon a la policía que los asesinos huyeron en una motocicleta con una placa muy distintiva: FAX 84.

Nadie dudó que su muerte había sido ordenada por los narcotraficantes. La lista de muertos ya era larga: más de 50 jueces, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda y el jefe de la Policía Antinarcóticos, Jaime Ramírez Gómez. Todas esas víctimas fueron funcionarios del gobierno que tomaron decisiones judiciales importantes contra el Cartel de Medellín en casos legales y de extradición.

Los narcos también habían matado a varios periodistas del interior por escribir artículos específicos sobre operaciones de estupefacientes. Pero el asesinato de Cano abrió una herida mucho mayor en la democracia de Colombia. Su homicidio fue un escalofriante mensaje a la sociedad colombiana de parte de los narcos: "si nos atacan, nos vengamos". Este sería el preludio de los asesinatos de tres candidatos presidenciales y otros periodistas marcados por el Cartel de Medellín.

Al día siguiente del asesinato, una procesión fúnebre encabezada por el presidente Virgilio Barco, y a la que acudieron miles de colombianos que ondeaban pañuelos, acompañó el cuerpo de Cano al cementerio Jardines del Recuerdo, en la periferia de Bogotá. El Círculo de Periodistas de Bogotá le pidió a los medios de comunicación no informar ese día, lo que representó que por primera vez se dispusiera un bloqueo info rm at ivo en memoria de un periodista asesinado. Su muerte ocupó las primeras planas de todos los diarios colombianos y de los principales periódicos del mundo.

Como respuesta al asesinato, el presidente Barco ordenó el "estado de sitio". Asimismo, restituyó una ley que requería un permiso especial para motociclistas y prohibía la venta de moticicletas de gran cilindrada. Fue una aceptación tácita de que la motocicleta se había convertido en un instrumento mortal de los narcos.

Mientras la mayor parte de Colombia estaba en duelo, el crimen de Cano produjo euforia en Medellín, sede extraoficial del cartel. La policía reportó fiestas en las comunas, o vecindarios pobres, donde vivían los sicarios del cartel. Los grandes jefes también estaban de buen humor. La policía supo a través de informantes que una reunión en la casa de Escobar, en el lujoso edificio El Mónaco, a donde habían asistido miembros importantes del Cartel de Medellín, era para festejar el asesinato. Hubo otra fiesta en Leticia, ciudad fronteriza aproxi-madamente a 650 Kms. al sur de Bogotá, donde Evaristo Porrás y sus secuaces también estuvieron de humor festivo. Porrás controlaba el principal puerto de entrada de cocaína proveniente de Perú y Bolivia.

Después de ese asesinato y de otros actos de violencia en 1986, los colombianos al parecer querían olvidar de que h abía un tráfico ilegal de drogas en expansión. Así pues, 1987 y 1988 fueron años difíciles para El Espectador, que continuaba su ataque frontal contra los narcotraficantes. La unidad de periodismo investigativo del periódico seguía activa, pero las amenazas de muerte a sus empleados se multiplicaron. En los tres años que siguieron al homicidio de Cano, cuatro reporteros se vieron obligados a exiliarse. La publicidad disminuyó mientras los narcos amenazaban a las compañías que se anunciaban en el diario.

La campaña de desesta bilización culminó en 1989 con el bombazo en las oficinas del periódico. Los 135 kilos de dinamita explotaron la mañana del sábado 3 de septiembre de 1989. Eran pasadas las 6:30 hs., un poco antes de la entrada del personal sabatino. La explosión voló el techo del edificio, destruyó su entrada principal y afectó gravemente la producción del periódico. La bomba estaba escondida en una furgoneta que había sido estacionada minutos antes de que estallara frente a la entrada principal del periódico. Ese mismo día, seis sujetos armados entraron a una exclusiva isla privada en el área de Rosario, en Cartagena e incendiarion la casa de veraneo de la familia Cano.

LA INVESTIGACION

La guerra iniciada por el Cartel de Medellín y Escobar contra Colombia cobró mucha mayor importancia en la investigación del homicidio. Los investigadores descubrieron que el crimen había sido ordenado por Escobar, Evaristo Porrás, el capo que controlaba Leticia y Rodríguez Gacha, también cabecilla del Cartel de Medellín. Lo ejecutaron Los Priscos, la banda de sicarios preferida por Escobar e implicada en todo asesinato y bombazo importante que él ordenó entre 1984 y 1990. La banda fue desmantelada en 1990.

Las personas acusadas de ser los autores materiales del crimen fueron: María Ofelia Saldarriaga, madre del gatillero; Pablo Enrique Zamora, conductor de la motocicleta; Castor Emilio Montoya Peláez, intermediario en la contratación de los sicarios; Carlos Martínez, quien vendió la motocicleta; Raúl Mejía y Molina Yepes. Una investigación posterior reveló que Raúl Mejía era un hombre que

había fallecido, cuyo nombre había sido usado ilegalmente por los asesinos. Con excepción de Molina Yepes y Montoya, los demás purgaron condenas en Medellín y Bogotá. Si bien las autoridades colombianas afirmaban que no podían dar con el para dero de Molina Yepes y se sospechaba que éste habría pagado sobornos dentro del sistema judicial. Finalmente la policía lo capturó el 18 de febrero de 1997 en un restaurante de Bogotá. Montoya nunca fue encarcelado ya que no se logró su captura dentro del margen de tiempo establecido por la justicia.

Escobar tuvo mucha influencia sobre la investigación debido a que Cano fue asesinado dos años antes de instituirse en Colombia el sistema de justicia "sin rostro" que protege la identidad de los jueces, testigos e investigadores del tribunal. Cuando el gobierno quiso traspasar la investigación del caso Cano a ese sistema, Escobar se valió de su equipo de costosos abogados para mantenerlo en el sistema judicial ordinario. Apenas cometido el asesinato, la investigación se envió al Tribunal de Instrucción Criminal No. 60, donde un juez anónimo empezó a recibir amenazas de muerte, prácticamente de inmediato.

Atemorizado, pidió a sus superiores que trasladaran el caso a otro juzgado. Entonces, el juez Andrés Enrique Montañez del Tribunal No. 71 inició valientemente la investigación.

Entretanto, la policía de Medellín y Bogotá empezó a recibir una andanada de claves y nuevas pistas. A los seis meses del asesinato, en junio de 1987, se recibió la pista que empezó a desenmarañar el misterio del crimen: allanar la casa de Edison Harvey Hill Muñoz, en Medellín, delincuente identificado como entrenador de los sicarios del cartel. Cuando llegó la policía a la casa de Hill Muñoz, empezó un tiroteo que acabó con su vida. En su casa la policía encontró la motocicleta con la placa FAX 84.

En el bajo mundo colombiano ya había rumores de que la policía andaba cerca de los asesinos de Cano. Cuando la policía aumentó la presión, los jefes de la banda de asesinos decidieron tratar de borrar algunos rastros. La primera orden fue matar a Alvaro García Saldarriaga, el pistolero de 23 años sobre quien los testigos dieron señas a la policía.

Alvaro García fue encontrado muerto a la orilla de un río el 25 de mayo de 1987. Su cuerpo fue reclamado por su madre, María Ofelia, una mujer analfabeta de unos 50 años.

En seis meses, el juez y los investigadores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) establecieron que el asesinato de Cano era parte de una conspiración realizada por Escobar y sus secuaces. El juez Montañez giró órdenes de arresto contra Escobar; Porrás; Gilberto Ignacio Rodríguez, exgobernador del Departamento Amazonas; su novia, Dulcinea Cormo Galindo, quien vivía en Leticia; un doctor de nombre Héctor Villegas y varios otros maleantes de la banda Los Priscos.

Inmediatamente después de la orden, el juez Montañez decidió tomar largas vacaciones. El caso se reasignó temporalmente al juez Eduardo Triana.

Dulcinea Cormo Villegas y Porrás fueron desvinculados de la investigaciín por falta de pruebas. El DAS decidió que Luis Eduardo Osorio Guizado, alias La Guagua, o rata almizclera, era el jefe de los sicarios.

A fines de julio la policía capturó a una sorpresiva sospechosa. María Ofelia Saldarriaga, madre del pistolero ultimado, fue señalada como cómplice. Por una corazonada, la policía intervino su teléfono al enterarse que recientemente había depositado $15.000 (al cambio vigente en 1986) en su cuenta bancaria. Una noche llamó a Pablo Enrique Zamora Rodríguez, alias El Rolo, el sujeto que llevó a cabo el asesinato junto con su hijo. Le dijo que dispusiera de la motocicleta.

El cartel continuó su nociva campaña contra El Espectador. El 12 de abril de 1987, volaron la escultura de Cano, erigida poco antes en un parque de Medellín. Miembros del cartel advirtieron a los distribuidores del periódico en Medellín que dejaran de repartir el diario o de lo contrario serían atacados.

Los procesos legales siguieron hasta agosto de 1987 cuando el terror llegó a los tribunales. El 1 de agosto, la policía se involucró en un sorpresivo tiroteo a dos cuadras de la casa del juez encargado del caso Cano. En el encontronazo resultó muerto José Roberto Frisco Lopera, el miembro más temido de la banda Los Priscos. En un cateo posterior en su cuarto del céntrico hotel, Nueva Granada, la policía encontró granadas, ametralladoras y mapas de la zona donde vivía el juez Triana. La campaña de intimidación también se dirigió a empleados de la sala tribunalicia. Recibían llamadas ofreciéndoles $20.000 dólares por información, o "Te arrepentirás". El 2 de agosto, el juez Triana emitió valientemente una orden de arresto contra Saldarriaga y El Rolo, ampliando el período de encarcelamiento. Pero el 5 de agosto, agobiado por amenazas, se fue a Europa.

Hacia el 15 de agosto, el caso se turnó nuevamente al juez Montañez, quien había regresado a Colombia. Lo rechazó argumentando que se había salido de su jurisdicción y lo envió al Tribunal Superior. Sin saberlo las autoridades, los emisarios del cartel ya habían comprado al juez Montañez, como se demostraría en dictámenes subsecuentes. El Tribunal Superior rechazó el caso y le ordenaron aceptarlo de vuelta. El juez se rehusó.

El caso no estaba entonces en un tribunal permanente. Las investigaciones continuaron a cargo de diferentes jueces. Rubén Darío Mejía y Alejandro Naranjo Rubián, dos de los mejores abogados defensores de Escobar presentaron documentos legales para liberar a Saldarriaga y El Rolo.

Finalmente, el juez Montañez fue obligado a retomar el caso. En diciembre de 1987, días antes del primer aniversario del asesinato, el juez procesó a El Rolo, María Ofelia Saldarriaga y a otros miembros de Los Priscos. Asimismo, señaló a Carlos Martínez Hernández, Antonio Ochoa y a Raúl Mejía como signatarios de las cuentas bancarias utilizadas para pagarles a los asesinos.

Pero el juez Montañez también desechó los cargos contra los autores intelectuales: Escobar, Porrás y Rodríguez Gacha.

Las autoridades todavía no sospechaban del juez. A mediados de diciembre, dictó sentencia en otro caso de primera plana. Ignorando regulaciones especiales, liberó al narcotraficante Jorge Luis Ochoa, quien purgaba una condena de 36 meses por contrabando de toros de lidia. Ochoa había sido extraditado de España a Colombia en una sospechosa maniobra legal tras el pedido de extradición de Estados Unidos. Estaba bajo sospecha por operaciones de contrabando de drogas por Nicaragua y por asesinato en 1986 de Barry Seal, un informante norteamericano asesinado por narcotraficantes en Louisiana. El gobierno colombiano estaba presionado a mantener a Ochoa en la cárcel y cualquier decisión legal tenía que ser aprobada primero por el director nacional de Prisiones. Montañez ignoró todas las advertencias del caso. Tras su dictamen fue destituido y la policía emitió una orden de arresto en su contra. Se descubrieron pagos del cartel en sus cuentas bancarias. Además, se inició una investigación administrativa sobre el juez. Sin embargo, jamás fue arrestado y la investigación se interrumpió sin explicaciones poco después de iniciada.

Un mes más tarde se transfirió el caso a la magistrada Consuelo Sánchez Durán, directora del Tribunal de Investigaciones No. 87. Inmediatamente giró una orden de aprehensión contra Molina Yepes, empresario y conocido por el lavado de dinero. Molina Yepes usaba sus negocios de delicatessens y sus agencias de cambio en Medellín como pantallas de Escobar. El DAS llevó a Molina Yepes a un centro de detención temporal en Medellín, para interrogarlo.

El tribunal se enteró por el acusado Carlos Martínez Hernández, de la forma en que Molina Yepes manejaba las cuentas que se utilizaban para pagar los asesinatos. Por ejemplo, para abrir una cuenta, Martínez Hernández, depositó un millón de dólares en la sucursal del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) en Medellín. La cuenta estaba a nombre de Guillermo Martínez e incluía una segunda firma autorizada, un tal Raúl Mejía. Los investigadores supieron después que tanto Martínez como Mejía eran nombres de dos personas muertas, cuyas identidades eran usadas por Molina Yepes para desviar las investigaciones. El cheque de María Ofelia Saldarriaga salió de esa cuenta.

Los extraños incidentes continuaron. Durante la detención temporal de Molina Yepes en las oficinas centrales del DAS, se le permitió ir sólo a comprar cigarros. Se fugó. El director de la oficina del DAS en Medellín fue suspendido e investigado en torno a la fuga. Un año más tarde lo reintalaron en su antigua posición. Nunca fueron sometidos cargos en su contra.

La investigación del caso Cano era una de las que ponía en peligro al sistema legal colombiano. Más de 200 jueces y empleados del tribunal habían sido asesinados, varios miles fueron amenazados y el cartel se infiltró hasta el corazón del sistema judicial. El gobierno colombiano empezaba a considerar un nuevo sistema con métodos que protegieran a sus empleados judiciales. Tuvieron que ser asesinados más miembros del Poder Judicial para que aflorara un nuevo sistema.

Entre marzo y agosto de 1988, la jueza Consuelo Sánchez Durán, reconstruyó el caso legal contra los asesinos intelectuales de Cano: Escobar, Rodríguez Gacha, Porrás y Molina Yepes. Su investigación sobre la banda Los Priscos produjo más evidencias incriminatorias contra los autores intelectuales. Al señalar a la banda como al grupo más importante de ejecutores, concluyó que también eran responsables del asesinato, en 1984, del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y del crimen, en 1985, del coronel Jaime Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos.

Fue en esa época que el grupo armado del cartel, Los Extraditables, empezó a emitir mensajes públicos cada vez que iba a haber un carro-bomba o un asesinato. También apuntaba a funcionarios públicos que intentaban frenar las actividades del narcotráfico. La magistrada Sánchez Durán recibió esta advertencia: "Si implicas a Pablo Escobar en el asesinato de Guillermo Cano, lo lamentarás". Y enseguida el lema: "Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". Sánchez Durán ignoró el aviso y giró una orden para iniciar pro cedimientos de sentencia contra Escobar, entre otros. El juicio debía empezar en la fecha del segundo aniversario del asesinato de Cano, el 17 de diciembre de 1988. Entretanto, el presidente Barco implantó un "estado de emergencia" e instituyó "la justicia de orden público", o sistema de justicia "sin rostro", poniendo fin a los juicios ante jurado y para mantener en secreto la identidad de investigadores, jueces y fiscales en casos de drogas y terrorismo.

Sin embargo, el caso Cano siguió bajo el sistema judicial ordinario. La jueza Sánchez Durán fue asignada para iniciar el juicio a Escobar, pero una supuesta enfermedad de uno de los defensores obligó a posponer el juicio hasta enero de 1989.

Los acontecimientos de 1989 empañaron todo progreso legal. Escobar y Los Extraditables iniciaron una campaña masiva de violencia. Las autoridades descubrieron una estre cha relación entre grupos para militares anticomunistas y el Cartel de Medellín, incluso con mercenarios israelíes e ingleses que habían capacitado a los sicarios del cartel en técnicas de explosivos. Una ola de carros-bomba y asesinatos dejaron un saldo de tres candidatos presidenciales y más de mil colombianos muertos .

Escobar no olvidó a la familia Cano. En marzo sobrevino un duro golpe cuando los gatilleros del cartel mataron a Héctor Giraldo Gálvez, abogado de la familia Cano y respetado columnista. Fue baleado cerca de su domicilio, en el elegante barrio de Chico, en Bogotá. La jueza Sánchez Durán trató de empezar un juicio ante jurado en mayo, pero la policía anunció que había descubierto planes del cartel para aterrorizar al jurado. El juicio fue pospuesto. El equipo de la defensa le pidió al tribunal enjuiciar por separado a Escobar y a los otros presuntos autores intelectuales, de los demás asesinos. La jueza Sánchez Durán, rechazó la solicitud y refirió el asunto al Tribunal Superior de Bogotá.

El 16 de agosto, el magistrado del Tribunal Superior, Carlos Valencia, avaló la decisión de la jueza Durán de enjuiciar juntos a todos los acusados. El juez Valencia firmó la orden y desechó todas las apelaciones de la defensa. Poco después de salir hacia su casa, los ejecutores del cartel lo asesinaron mientras esperaba un autobús en el centro de Bogotá. Sólo una persona sabía que había firmado la orden; de alguna manera el cartel había infiltrado el sistema.

Al día siguiente, Escobar ordenó la muerte del candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Le dispararon el 17 de agosto en una reunión pública de campaña. El presidente Barco ordenó una lucha masiva contra el narcotráfico e implantó un sistema de tribunal más estricto para proteger la identidad de los jueces.

La decisión llegó demasiado tarde para el caso Cano. A fines de 1989, el tribunal combinó el proceso del caso Cano con el del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda, también asesinado por Escobar, en junio de 1986.

El proceso judicial de estos dos casos se interrumpió por más de un año debido a que Colombia se hundió en una seria crisis de orden público. El enfurecido Escobar le había declarado la guerra al país.

Finalmente, el 21 de noviembre de 1990, el tribunal quiso reiniciar el proceso. Las amenazas al jurado detuvieron la decisión. El fiscal estatal se movilizó para transferir el caso a los jueces anónimos. Pero el equipo defensor de Escobar luchó y ganó esa moción. El caso se transfirió al Tribunal Superior No. 29.

Durante los siguientes cinco años, el caso no avanzaba debido a apelaciones y contraapelaciones. En julio de 1991, Escobar se entregó y se pasó el caso a Medellín. Tres meses después, regresó a Bogotá, cuando el nuevo fiscal general, Gustavo de Greiff, decidió que todas las causas contra Escobar debían procesarse en Bogotá.

Un año después, en 1992, Escobar se escapó de la prisión. Estuvo fugitivo varios meses y finalmente fue localizado por un equipo especial de la Policía Antinarcóticos de Colombia con la ayuda de agentes de inteligencia de Estados Unidos. Fue abatido cuando trataba de escapar.

En agosto de 1995, se inició el juicio de nuevo. Todos los autores intelectuales, con excepción de Molina Yepes, fueron abatidos o purgan largas sentencias por otros crímenes.

El 6 de octubre de 1995, el tribunal declaró culpables de conspiración para cometer un crimen a María Ofelia Saldarriaga, Pablo Enrique Zamora, Luis Carlos Molina Yepes y Carlos Martínez Hernández. Todos fueron sentenciados a 16 años y 8 meses de prisión.

Un año más tarde, el 30 de julio de 1996, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia de 1995 y determinó que Saldarriaga, Zamora y Martínez eran inocentes.

La sentencia contra Molina Yepes fue ratificada. Según los jueces, Molina Yepes debió ser juzgado como autor intelectual del asesinato.