¿Se deben legalizar las drogas? Por Francisco E. Thoumi

En el libro El imperio de la droga, el economista y investigador analiza el desarrollo de la industria del narcotráfico y de las políticas antidrogas, y propone un cambio de enfoque. A continuación, una versión adaptada por CAMBIO sobre el tema de la legalización.

La legalización cubre una combinación de posibilidades que oscilan entre el comercio totalmente libre hasta la prohibición total. Cualquier propuesta seria de despenalización-legalización debería responder preguntas fundamentales: ¿Deberían ser los mercados absolutamente libres? ¿Debería haber restricciones en cuanto a la edad del consumidor y las ventas? ¿Deberían los médicos controlar los mercados y los gobiernos monopolizarlos? ¿Debería exigirse a los compradores registrarse en agencias gubernamentales encargadas de prevenir la adicción y suministrar tratamientos? ¿Debería liberalizarse el mercado de algunas drogas, como la marihuana, pero no el de cocaína o el de la heroína? En un ámbito más sofisticado, deberían enfrentarse asuntos como: ¿Cuáles serían los efectos de la liberación de los mercados en la región y para los países?, ¿Conduciría esto a una reorganización significativa de la industria de las drogas en los países involucrados? ¿Qué regiones se deprimirían o beneficiarían de estos cambios? ¿Estaría la despenalización vinculada a un perdón generalizado para los que cometieron delitos relacionados con el narcotráfico antes del cambio de políticas? ¿Continuarían los programas vigentes de desarrollo alternativo? Éstas y muchas otras preguntas importantes no han sido siquiera planteadas por quienes claman por la despenalización y la legalización.

EL ESTÉRIL DEBATE

En el debate se presentan varios argumentos. En primer lugar, los basados en la moral o en la filosofía. Quienes están a favor de la penalización afirman que el consumo de drogas es un pecado o un mal comportamiento que debe ser castigado o eliminado. Quienes favorecen la legalización afirman que consumir drogas es asunto de la libertad individual en el cual el Estado no debe interferir. En segundo lugar, argumentos sobre los costos del uso de drogas y la adicción, que comparan los costos de las políticas actuales con los de posibles alternativas. Y en tercer lugar, los que se basan en el temor a lo desconocido, en prejuicios o en nociones erróneas.

¿No es hora ya de utilizar un enfoque que reconozca las complejas raíces de la producción, tráfico y consumo de drogas?

Estos y otros factores dificultan el debate sobre las políticas vigentes y hacen que las discusiones sobre legalización-penalización se conviertan en diálogos de sordos que no permiten avanzar hacia una mejor comprensión de los problemas del consumo, como tampoco hacia un mejoramiento en la formulación y desarrollo de las políticas. La enorme carga emocional que subyace en estos debates tiende a eclipsar la complejidad del tema y muchos de los participantes tienden a considerarlos como si las opciones fueran opuestas, absolutas, blancas o negras, todo o nada.

El fracaso y complejidad de las políticas actuales, así como la dificultad para debatir alternativas en el contexto del debate despenalización-legalización, han causado algunos cambios en los discursos sobre las políticas antidrogas. Poco a poco la gente se ha ido alejando de la discusión sobre la despenalización o la legalización y ha empezado a favorecer manejos que busquen la "reducción del daño".

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Para entender por qué una determinada política es exitosa o fracasa, es necesario comprender por qué se producen y se consumen las drogas. En este sentido, afirmaciones simplistas del tipo "las drogas son un buen negocio" o "donde no hay demanda no hay oferta", o las teorías tradicionales de las ventajas comparativas no pueden explicar las estructuras de la producción. Las razones por las cuales un país produce drogas ilícitas son complejas y se relacionan con instituciones sociales básicas. Son sintomáticas de problemas sociales como la carencia de capital social, la debilidad del Estado, la rapidez de los cambios en la estructura y los valores sociales, entre otras.

Desde el punto de vista de la demanda, también el análisis económico convencional se queda corto. Preguntas como ¿por qué el consumo de drogas en Estados Unidos parece fluctuar en ciclos de entre 40 y 50 años? ¿Por qué el crack es la droga más consumida en algunas ciudades estadounidenses? ¿Por qué drogas diferentes se concentraron en otras ciudades? ¿Por qué si en los países andinos el precio minorista de la cocaína pura (entre tres y cinco dólares por gramo) es muy bajo en relación con el del alcohol, cuyo consumo excesivo es predominante, no hay un uso extendido de cocaína? ¿Por qué los consumidores consideran que diversas drogas sustituyen o complementan otras? ¿Por qué en algunos casos el alcohol parece suplir la droga ilícita y en otros casos no? ¿Por qué el consumo de heroína es mucho más elevado en Europa que en Estados Unidos?, no pueden responderse desde el análisis convencional.

Es vital que seamos capaces de ver las drogas no sólo como problema moral o de salud pública (y en verdad lo son), sino también como un complejo fenómeno que incluye aspectos sociales, políticos, económicos, antropológicos y ambientales que no deben escapar al análisis. El enfoque basado en la "reducción del daño" es un avance en esta dirección. Acepta que es imposible eliminar el consumo de droga (al menos en el corto plazo o en forma relevante para la política) y argumenta a favor de políticas que conduzcan la disminución al mínimo de los costos sociales del consumo. Desde el punto de vista de la oferta también es posible formular políticas de este tipo, pero es poco probable que éstas se pongan en práctica porque la fuerza de las medidas está orientada hacia la eliminación de la oferta.

El debate sobre las políticas también debería preocuparse por los costos internacionales de distribución, así como por el análisis costo-beneficio de ciertas políticas. Las políticas represivas han concentrado sus costos en Colombia y en los guetos de las ciudades estadounidenses, y los beneficios percibidos se han concentrado en la vertiente predominante de esa sociedad que se siente (correcta o erróneamente) protegida, y en otros países productores. Sin embargo, para la mayoría de los responsables de formular las políticas, el requisito de una profunda comprensión de las causas estructurales del consumo, producción y tráfico de drogas no les resulta un planteamiento atractivo porque implica cuestionar la ética de cada sociedad específica y los elementos básicos de su identidad.

Las discusiones sobre legalización-penalización se han convertido en diálogos de sordos que no permiten avanzar hacia una mejor comprensión de los problemas del consumo.

Desde el punto de vista de los gobiernos estadounidense y andinos, la cuestión es simple: el problema que no puede resolverse mediante políticas comunes. Mientras los Estados andinos no cuentan con un desarrollo institucional que les permita eliminar las drogas, Estados Unidos, una democracia fuerte y organizada, muy respetuosa de los derechos civiles, no puede controlar las drogas sin violarlos y tendría que utilizar métodos totalitarios. El punto central es que cuando los cambios en la oferta y la demanda de drogas son producto de desarrollos sociales estructurales que han debilitado los controles sociales, para que las políticas que alteran los precios y ganancias de las drogas sean exitosas es necesario hacerlas cada vez más represivas.

Un nuevo debate debería iniciarse en torno a preguntas específicas sobre el consumo y la producción y debería intentar responderlas de manera rigurosa. Además de los interrogantes antes mencionados, debería contestar otros como: ¿Por qué hay tantos países que podrían producir drogas y no lo hacen? ¿Cuál es el papel de los sistemas represivos en esos países? ¿Sería posible implementar sus políticas en regímenes no autoritarios? ¿Qué cambios sociales han contribuido y cómo al desarrollo de la producción, el tráfico y el consumo de drogas? ¿Cuál ha sido el papel del capital social en estos procesos? ¿Por qué las comparaciones entre el consumo de drogas en los diferentes países muestran que el consumo no está relacionado con los precios? ¿Por qué no ha aumentado el consumo de cocaína en Estados Unidos en la década del 90 a pesar de que los precios han sido mucho más bajos que en la década anterior?

Si estas fueran las preguntas que animaran el debate, adictos, cultivadores, manufactureros, traficantes, lavadores de dinero y otros actores de la industria ilegal no serían considerados solamente como humanos débiles o malvados (que bien podrían serlo), sino como sujetos de las políticas, que serían diseñadas con metas realistas para minimizar los costos sociales del consumo y la producción de narcóticos. Unas políticas diseñadas así podrían desarrollarse independientemente de que las drogas fueran o no legalizadas o penalizadas, y las otras posibles alternativas estarían abiertas al debate y podrían considerarse por sus propios méritos.

Este enfoque puede ser criticado porque requiere cambios estructurales en comunidades consumidoras y productoras, que sólo tendrían efectos en el largo plazo. La única defensa es que la alternativa sería, simple y sencillamente, seguir engañándonos con la idea de que continuando con las políticas vigentes vamos a conquistar el problema de las drogas. El presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas en 1972. Treinta años después, la guerra sigue y también el problema. El año 2002 es el largo plazo desde el punto de vista de 1972, y esas políticas han fracasado. ¿No es hora ya de utilizar un enfoque que reconozca las complejas raíces de la producción, tráfico y consumo de drogas?.

Thoumi, Francisco E. El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI. Editorial Planeta, 2002.