LA
COSTUMBRE ES LEY
Ante esta
constatación (que es cada vez más reconocida), es inconcebible que la costumbre
y derecho al consumo voluntario SPA no se refleje en regulaciones que permitan
proteger la coca, nuestro recursos naturales, el agro y a estos millones de
ciudadanos usuarios y a las sociedades de la criminalidad a la que se ha
entregado el control de la producción y comercio de dichas plantas y sustancias.
El bien de la
sociedad no está en atacarse gratuitamente a una parte de la sociedad a nombre
de (supuestamente) proteger la salud de ese sector y, si el bien de la sociedad
esta en proteger la salud de los usuarios, la criminalización de plantas y
sustancias ocasiona exactamente lo contrario. Por otra, a fuerza de proscribir
ahora el problema no es sanitario sino de seguridad nacional.
Regular la coca para defender lo
propio
El talón de
Aquiles de Colombia —para defender su soberanía política e implementar los
acuerdos de La Habana— es la coca. De tal forma, no se entiende cómo es que el
Gobierno Santos, consecuente con sus exigencias internacionales de cambio de
paradigma, haya reglamentado el cánnabis y no dado ejemplo reglamentando la
coca.
"En
Colombia, no existe una regulación expresa o específica que promueva o impida la
comercialización de la hoja de coca. La forma en que se ha venido operando es
con base en derechos constitucionales. Y las restricciones que se han impuesto
se han fundamentado en decisiones políticas enmarcadas en la lucha contra el
narcotráfico”. (Sentencia
T-477/12) Lo que se debe tener presente es que, la
lucha más eficaz contra el narcotráfico, es retirarle sus rentas astronómicas
que devenga gracias al control exclusivo que ejerce sobre las SPA.
La producción
con coca en Colombia es legal de facto
y el consumo de cocaína en Colombia (y el mundo) se da sin mayores obstáculos y
en todos los círculos sociales (y políticos) hay consumidores. Este consumo,
dada la falta de regulación, representa un riesgo sanitario, ambiental,
securitario y corruptivo; y negarlo sólo sirve para incrementar los riesgos y
daños. Pero, bueno, eso ya se ha repetido de mil formas. Siendo esto así y, dada
la velocidad de los acontecimientos actuales y el riesgo de que los cambios de
gobierno dentro de 10 meses den al traste con todo, uno no puede sino
preguntarse: ¿Por qué 5 años (o más) de proyección que es en ultimas lo que
resulta de los fondos suaves (soft funding) y ‘reticentes’ apoyos oficiales?
La coca
andina está en una situación insostenible y Colombia tiene la autoridad para
buscar su normalización. Se entiende que la dificultad para reglamentar la coca
radica ante todo en cómo reglamentar sus derivados.. No obstante, esto se
debería hacer sin tardar. Entre
otras, so riesgo (o antes) de que el narcotráfico y los guerreros vuelvan al
poder y se escuden en la Prohibición para “hacer trizas los acuerdos de La
Habana”. Un sinfín de estudios prospectivos, entre otros los de
#CocaReguladaPazGarantizada y la Corporación Escenarios, señalan la necesidad (e
inevitabilidad) de la “legalización”. ¿Entonces a qué se debe la procrastinación
por falta de inversión en ciencia y proyectos pilotos?
Recientemente
se han descubierto plantíos de coca en México y Centro América. En el pasado la
coca ha sido cultivada en la Isla de Java y en Taiwan y, actualmente, Estados
Unidos cultiva para “investigar” el ADN de la novogranatense. Entre otros, para
determinar cómo prolongar el método de almacenamiento de la hoja. O sea que es
bien posible que la coca siga siendo andina, mientras se legalice y/o se la
tomen las multinacionales. Basta con observar cómo se ha dado la liberación de
la marihuana (ya recreativa en Estados Unidos mas no en Colombia) para ver que
la idea, de que la coca será exclusivamente andina pero sólo hasta que se
legalice, no es descabellada.
Proceder sin
tardar a la regulación de la coca orgánica ―con miras a la prosperidad y
bienestar social y no a favor de las grandes multinacionales― es anticiparse a
la posibilidad de perder el control.
Regular con ciencia
Entre 1992 y
1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un emprendimiento financiado
por el UNICRI –(Instituto interregional del delito y justicia de las Naciones
Unidas), comisionó un grupo interdisciplinario y multinacional para que llevara
a cabo un estudio que compiló información en 22 ciudades y 19 países sobre cómo
se usa la cocaína y otros derivados de la coca; quiénes los utilizan; qué
efectos tienen en los usuarios y la comunidad; y cómo los gobiernos han
respondido al problema de la cocaína. Desde los coqueros de los Andes pasando
por los fumadores de crack (basuco) en Nueva York y Lagos, consumidores de
cocaína inyectada en Sao Paulo y San Francisco y inhaladores de cocaína en
Sydney y El Cairo, el proyecto examinó el uso y usuarios de la coca y sus
derivados a través de un amplio espectro de culturas.
Este estudio
señala que, “Pocos expertos describen la
cocaína como invariablemente nociva para la salud. La percepción más corriente
es que los problemas asociados a la cocaína son más frecuentes y severos entre
quienes practican un uso intensivo y altas dosis y muy raros y mucho menos
graves entre los usuarios ocasionales y cuyas dosis son bajas". El informe
de la OMS fue suprimido por amenazas de los Estados Unidos
de retirar su financiación si se publicaba. Aducía los Estados Unidos: “Los
Estados Unidos está sorprendido de ver que el paquete parecía promover
argumentos a favor de los usos positivos de la cocaína, aduciendo que el uso de
la hoja de coca no conllevaba a daños sanitarios mentales a físicos notables,
que los efectos de salud positivos se podrían replicar ((be transferable) desde
los escenarios tradicionales a otros países y culturas, y que la producción de
coca era rentable para los campesinos…
-"...
Indudablemente, todo intento por socavar el control político y social por
Prohibición se verá obstaculizado por Estados Unidos bajo amenaza de retirar sus
fondos “de apoyo”. La reiterada insistencia en las fumigaciones es sólo una
muestra más. Afortunadamente, los actuales gobernantes colombianos parecen cada
vez más conciente de que los costos (financieros, ambientales, sanitarios y a
nivel de legitimidad y soberanía política y alimentaria) por las fumigaciones no
se ven compensados por la ayuda que eventualmente promete los Estados Unidos
para periodos futuros.
El Gobierno
Santos informa que está cumpliendo su obligación “internacional” /metas de
erradicación. No obstante, el dilema sigue siendo la falta de sustitución de
ingresos al corto, mediano y largo plazo para los cultivadores, y los riesgos de
fracaso que de allí se desprenden. Y no es precisamente de Estados Unidos que
van a venir estos fondos.
Como los
fondos escasean cada vez más, con mayor razón hay que buscar la rentabilidad de
los procesos.
Colombia se
defiende ante Estados Unidos contra las fumigaciones aduciendo que si los
estadounidenses dejaran de consumir otra sería la historia. En el mundo se
estima que hay 21 millones de consumidores de cocaína pero con toda seguridad
somos muchos más (como lo revelan los análisis de aguas subterráneas); poco a
poco van saliendo de la sombra los otros millones de consumidores. El dilema de
consumo es mundial y lo que tendría que hacer Colombia no es seguir a la
defensiva (u ofensiva contra los consumidores) sino proponer fórmulas
científicas y legales para “aliviar” ese consumo mundial.
Lo que se
requiere es ciencia. La evidencia existe que los consumidores de cocaína son en
su gran mayoría funcionales; o disfuncionales pero según su idiosincrasia y no
por lo que consumen. Observemos, por ejemplo, a los integrantes del Congreso de
la República que se meten un pase o negocian (o se corrompen por) un kilo para
enseguida alzarse en contra de la regulación.
Habría que
hacer estudios científicos, de laboratorio y terreno actualizados,
contextualizados y no prejuiciados sobre la cocaína. Pero la cocaína de verdad,
no la adulteración que actualmente se encuentra en el mercado y que esta
ocasionando unos rezagos incalculables y no calculados por los consumidores.
Regular porque ya es tiempo de
salir de los sermones y actuar
Las personas
que venimos desde hace décadas, el relevo generacional y los otros muchos
expertos más recientes en el tema proponemos y reiteramos fórmulas para salir de
este absurdo social, político y económico. Ya estamos cansados de sermonear y
remachar lo mismo: la Prohibición es el daño. Lo que se requiere no son más
análisis y ‘relatos’ sino ciencia sobre la coca y sus derivados y, justamente,
ciencia es lo que no hay y para lo que, inexplicablemente, no se asignan/proveen
fondos y facilidades.
Creo que
podemos decir sin engaños que
De tal forma,
el consumo, producción y políticas se llevan a cabo en el mayor de los vacíos (e
hipocresía) y ni siquiera hacemos caso de los estudios económicos y técnicos que
sí hay que señalan que proscribir la cocaína es totalmente contraproducente.
Bueno, pero
estos son justamente los lugares comunes del tema que se repiten y repiten ante
lo que parece ser oídos sordos ¿o oídos atentos a intereses ocultos? La única
forma de salir de más del mismo sermón es con estudios científicos, de
laboratorio y de terreno (independientes y preferiblemente no llevados a cabo
por las instancias antinarcóticos internacionales) que nos expliquen las
vicisitudes y virtudes de la coca, cocaína y PBC.
Dada la falta
de financiación privada para ciencia y producción y la independencia comprobada
por el actual Ministerio de Salud y su Ministro
Regular como medida de
protección ambiental
El papel de
Colombia ante la Comunidad Internacional en la actual coyuntura es 1- en su
calidad de laboratorio de paz en un mundo cada vez más armamentista y 2- la
conservación de su biodiversidad y potencial legado ambiental en un mundo cuya
mayor inquietud/valor económico ya no son el petróleo y minerales sino los
recursos naturales.
En octubre
2015 el Gobierno Santos suspendió las fumigaciones, lo cual ya de por sí reduce
notablemente lo daños asociados a las políticas de represión. No obstante, el
lobby del glifosato ha impedido que cese del todo el uso oficial de este
agrotóxico en la “erradicación”. Los cultivadores, por su parte, tampoco han
sopesado la alternativa de cesar el uso de (los estimados 27) agroquímicos que
usan en el cultivo para iniciar un eventual desfase hacia una coca orgánica con
lo que comenzarían a sustentar lo que verbalmente defienden: usos alternativos
(alimenticios y medicinales) de la coca.
Los impactos
ambientales adversos de la falta de regulación de la coca y sus derivados siguen
siendo incalculables. El punto débil de la coca es el basuco (o Pasta Base de
Coca –PBC). El procesamiento creciente como producto de valor agregado del PBC
por parte de los cultivadores y procesamiento sin vigilancia de la cocaína
genera unos estragos ambientales (y sanitarios) desmesurados, justamente por la
falta de regulación.
Ni la coca,
ni la cocaína ni el PBC van a desparecer. ¿Cómo hay que decirlo? Ahora bien, la
tragedia de la falta de regulación no es sólo un asunto de salud por los
agrotóxicos, levamisole y otros adulterantes que están dañando a consumidores y
el ambiente. No es simplemente porque el basuco sigue su curso de creciente
rentabilidad y creación de nuevos mercados y consumidores.
El drama por
la falta de regulación también es notoriamente ambiental. Si Colombia valora sus
recursos naturales tiene que meter en cintura el monocultivo agroquímico de coca
y su procesamiento: cocasa (sustrato compuesto por hojas de coca, gasolina,
urea, blanqueador, cemento, cal, agua con amoniaco y ácido sulfúrico) que
envenena ríos y suelos y la destrucción por quema de laboratorios y canecas de
químicos en plena selva por parte del Estado.
No es
pretendiendo que se va a acabar la coca a punto de zanahoria, garrote y
glifosato en tierra que se va a lograr proteger las aguas y el suelo. El frenesí
erradicador no se compadece con el hecho de que la coca es parte de nuestra
naturaleza y cumple una función en el ciclo de vida y que el consumo de cocaína
ya es una costumbre casi que banal sin daños propios a ella y la costumbre es
ley: hay millones de consumidores en todo el mundo, aceptémoslo y actuemos en
consecuencia.
Como el
procesamiento químico (y consumo) nunca es inocuo frente a la Naturaleza, lo que
hay que buscar son fórmulas de resiliencia que permitan conciliar la búsqueda de
sostenibilidad ambiental y la innegable actividad de consumo, cultivo y
producción: hay que diseñar fórmulas de procesamiento controlado menos nocivas,
y para eso hay que regular.
Colombia es la llamada a asumir
y es ahora o nunca
Este año,
2017, la cocaína cumplió 133 años de los cuales llevan 114 tratando de
proscribirla, comenzando por
las leyes farmacéuticas
de 1903. En vano pues una cosa es lo que dicen sus detractores y otra
lo que viven y sostienen sus usuarios recreativos y médicos que la usan en sus
cirugías.
La American
Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, por ejemplo, lleva años
sosteniendo que la cocaína es un valioso e insustituible anestésico y
vasoconstrictor. La cocaína tiene usos reconocidos como antidepresivo, contra la
obesidad y contra el desorden de déficit de atención. Hay patentes mil que
sustentan esta virtud.
La coca, su
rica mitología, ha sufrido de ser una planta “del Sur”. La cocaína también es
víctima de la competencia desleal en su contra: una serie de anestésicos locales
que, haciendo propaganda sobre la adictividad de la cocaína, han buscado
reemplazarla con productos farmacéuticos que sacan totalmente de quite la planta
de coca.
Esta guerra
por las drogas comenzó por el control que buscaban ejercer las farmacéuticas
sobre el negocio aduciendo, entre otros, el riesgo de envenenamiento. Los que
llevamos años batiéndonos por la “legalización” vemos con desaliento y un
sentimiento de derrota cómo la “legalización” lograda frente a la marihuana
favorece justamente a esas mismas farmacéuticas, también aduciendo conocimiento
de protocolos.
Esperamos que
éste no sea el caso de la coca y que, la inevitable regulación de la cocaína
(sea por parte de Colombia si se mueve ya y no espera a que los Estados Unidos
logre el control del mercado), no deje por fuera (por protocolos, costos de
seguridad y otros) a los cultivadores indígenas y campesinos víctimas de décadas
de guerra contra la coca y sus derivados. Esperamos que, justamente, la
regulación de la coca para cocaína sea orgánica, pronta, consecuentemente
colombiana y prevea la formación e incorporación de dichas comunidades.
La principal
razón para regular la coca para cocaína es porque, justamente es el descontrol
de la marihuana y la cocaína el que ha conllevado y conlleva a la manipulación
de especies, producción y consumo creciente de sustancias cada vez más químicas
y desconocidas. La humanidad busca inevitablemente sensaciones que la saquen de
su cotidianidad. Liberar la cocaína con control de pureza y acceso puede
responder a esa búsqueda deteniendo la rentabilidad del diseño (y creciente
consumo) de nuevas sustancias realmente nocivas.
Ésta es la
lucha ―exigencia de ciencia, evidencia y participación en el diseño e
implementación de las políticas― que debemos ahora librar los consumidores y
cultivadores para defender nuestro derecho a la salud y recursos naturales de la
Nación.
Ah… y la
lucha por que el mundo, los medios de comunicación dejen de desinformar, sepan
que así como la uva no es vino, la coca
tampoco es cocaína.
OTROSÍ
Lo que viene de la marihuana a
la coca
La
medicalización de la marihuana (a pesar de que su consumo es mayoritariamente
recreativo) parecería servir de guía para la liberación de la coca. ¿Qué tan
cierto es esto? ¿Acaso la coca es igual a lo que es la marihuana para la cultura
occidental que fue la que la proscribió y finalmente la liberó? ¿Acabará la coca
liberada por medicalización y en manos de la ‘buena’ y gran industria
farmacéutica?
La
proscripción de la marihuana ha conllevado a la promoción glamorosa de su
consumo y al desarrollo por resistencia y lucro de marihuana manipulada (más o
menos THC y CBD..etc). Esta planta actualmente se puede cultivar en todo el
mundo, lo que hace aún más reveladoras las “reticencias” a una legalización
controlada del autocultivo. Claro, si cualquiera la puede producir ¿dónde está
el negocio? Las farmacéuticas y gobiernos aducen que la exclusividad se debe a
la necesidad de protocolos (los protocolos se aprenden) y su falta de liberación
total hace que se fijen medidas de seguridad cuyo costo pone este proceso por
encima de las posibilidades de los campesinos históricamente perseguidos.
¿Pasará lo
mismo con la coca? ¿Pasará esto en 5 o más años con todos los riesgos que esto
podría implicar?: investigaciones en curso refutadas; investigaciones
a posteriori y sustentatorias de
ideologías de gobiernos enfocados exclusivamente en negociar los recursos de sus
naciones y en la gran industria comercial de la coca; cuando y sí realmente el
actual frenesí erradicador logre su cometido y la tan sufrida coca colombiana
pase a ser historia de narcotráfico. Los riesgos de tardar en regular la coca
son enormes.
No hay
disculpa para que no haya ciencia antes y no después (como está sucediendo con
la marihuana). No hay disculpa para no aprender de la liberación del cánnabis
que está acabando en manos de las farmacéuticas occidentales, las mismas que
instigaron su prohibición. No hay disculpa para dejar el campo libre a las
multinacionales para que se apropien de los recursos naturales por vía de la
coca.
Si el
componente básico del Capitalismo es la corrupción, el gran reto para poner coto
a esta corrupción es el empoderamiento de la sociedad civil para que sus
intereses sociales se vean representados y defendidos para otro mundo posible.
Hay que regular pero no a favor del capital sino de la sociedad; para que la
rentabilidad y propaganda no conviertan la cocaína en un mercado de amplio
consumo como lo son el alcohol y el tabaco.
Marco tentativo para regular
La
Legalización Controlada
Lo que
se está buscando no es crear un mercado sino, justamente, controlar el existente
y no se trata solamente de la medicalización y mucho menos de
(seguir con) la privatización del mercado. Se trata de buscar fórmulas
para proteger la salud de los ciudadanos y seguridad de las naciones.
Un
marco tentativo es la legalización controlada que no parte de un derecho
fundamental, sino de la libertad individual a la búsqueda del placer y el alivio
del dolor. Francis Caballero la
define como “un sistema que se dirige a remplazar la actual prohibición de las
drogas por una reglamentación de su producción, su comercio y su uso con miras a
limitar los abusos perjudicales a la sociedad.” Bajo el régimen actual de
las Convenciones de Drogas, esta fórmula podría ser aplicada por un
Estado firmante bajo la tipología de “modelo” y/o experimento a nombre de la
ciencia, salvo que el Estado
signatario optase por denunciar las Convenciones.
La
Legalización Controlada invoca 1-la
libertad de consumo personal (búsqueda del placer y escapismo),
2-el derecho de exigir al
Estado que cumpla con la obligación de velar por una reducción de riesgos y
daños mediante un control real del mercado y
3- el deber del consumidor de
ajustarse a fórmulas para que el abuso de dichas sustancias no repercuta de
forma negativa sobre el entorno social y la seguridad de terceros y del Estado.
La
Legalización Controlada no es equivalente a la despenalización en cuanto se
reserva el derecho de utilizar el derecho penal (de forma marginal y no central
a diferencia de la Prohibición) para limitar los abusos que pudiesen perjudicar
a terceros como son actos reprochables y agresivos en público relacionados con
el uso “desmedido” de sustancias. En el régimen de Legalización Controlada
priman el Derecho Administrativo, Comercial y Fiscal con miras a la creación de
una economía social. Se despenaliza el consumo privado y se establecen
restricciones legales al consumo público y restricciones socio-económicas a la
producción, venta y reventa de dichas sustancias.
La
Legalización Controlada tendría que proveer medidas diversas para enfocar no
sólo el comercio y consumo, de las drogas autorizadas y
de las drogas controladas, sino que además las técnicas de control
tendrían que enfocar la reglamentación de los procesos y actores que participan
actualmente de manera ilegal. Puesto que, a la base, se trata de distinguir
entre uso y abuso y de regular las sustancias susceptibles de generar adicciones
o comportamientos adversos a la sociedad, no se trata de descontrolar sino de
“reglamentar” el mercado con base en las prácticas sociales y no en su contra.
El
mercado de las drogas es, al igual que el de cualquier otra mercancía en la
economía neoliberal, el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda y el
mecanismo global de regulación de los diferentes actores que participan en el
comercio/tráfico. En el fenómeno de las drogas, por su ilegalidad, participan
directamente los cooptados cultivadores campesinos y raspachines, químicos,
proveedores de precursores, contrabandistas, intermediarios (chichipatos) y
comerciantes (traquetos) además de narco y microtraficantes y jíbaros, pilotos,
guardaespaldas y bandas criminales, testaferros y lavadores y lavanderías de
activos y paraísos fiscales, a los que se suma toda una red de apoyo indirecta
constituida por proveedores de productos legales de producción y corte,
policías, militares y políticos, empleados públicos, abogados a sueldo, asesores
de inversión y la banca nacional e internacional, multinacionales que pagan
sobornos y extorsión y contribuyentes que pagan impuestos para las medidas de
guerra de prohibición hasta que el
producto llega al usuario o consumidor final. Aunque no todos estos actores son
criminales, millones de ellos operan por fuera de la ley
a cuenta de un sistema prohibicionista que afirma con argumentos
moralistas la negación de la libertad individual y derecho a la salud y
protección de, en el caso de la cocaína, más de
21 millones de personas a nivel mundial (el equivalente a casi el 50% de
la población colombiana).
Las
investigaciones científicas y de laboratorio (y no sólo sociales que es lo que
cunde) no tienen por que ser eternas. Con los conocimientos y evidencias
existentes; posibilidades de experimentación; los fondos para contratar el
personal; y el acceso adecuado al material y terreno, los estudios científicos
pueden arrojar los primeros resultados en un plazo que permita actuar
prontamente. Se está alargando la producción con coca ¿por qué? No hay estudios
de fondo en curso sobre el consumo medicinal y recreativo de cocaína, ¿por qué?
¿Cómo se explica que los fondos para/contra la coca no incluyan investigación y
sólo se inviertan tres parsimoniosos pesos en investigaciones?
La coca es
una planta religiosa y, para el blanco, es ante todo un alimento y parte
esencial del ciclo de vida, como muchas otras plantas. Es también un medicamento
natural sobre el que priman los conocimientos indígenas y campesinos. La hoja de
coca se usa para procesar cocaína y hay médicos en el mundo entero que la vienen
usando como anestésico local, usuarios que llevan años usándola recreativamente
y, grupos de control que serían usuarios más ‘novatos’ que pueden dar fe de los
efectos/repercusiones reales (claro de la cocaína actual comparada con la
‘original’ procesada con los precursores previstos que seguramente son un poco
menos nocivos para el medioambiente).
Habría que
comenzar por precisar explícita y públicamente que no toda la coca colombiana se
debe ni se va a erradicar. Pensar en la sustitución orgánica de parte de la coca
química actualmente en proceso de erradicación para mantener el ecosistema y
darle un uso alimenticio y medicinal que incentive el desuso de agroquímicos y
permita comenzar articular a las comunidades a procesos productivos con coca
sana.
Se
debe reglamentar el cultivo de coca orgánica y limitada a aquellas zonas de las
que es endémica y cumple una función de equilibrio del biosistema. Es con esta
coca que se pueden producir alimentos, medicinas naturales y la cocaína
controlada con destino a un proyecto piloto con el mercado interno. Esta cocaína
se podría producir por Monopolio Social del cultivo con pequeños campesinos
asociados con ventas al Estado de sus cosechas para la fabricación controlada de
cocaína (y procesamiento de PBC para un mercado muy controlado como por ejemplo
el del fenobarbital) en alianza con la
Academia, Laboratorios privados contratistas a sueldo del Estado. Sin ánimo de
lucro y sin propaganda que promueva su consumo.
Ahora
bien, el drama real de la coca es el basuco. El basuco se puede producir
fácilmente, con precursores caseros y se ha convertido en el producto de valor
agregado más accesible para suplir los pobrísimos ingresos del campesinado. El
drama para sus millones de usuarios es que el que lo prueba, por lo general,
quiere más; y sus mercaderes tienen claro que en él tienen un producto
supremamente barato y de rápida rotación.
A
nombre de la ciencia, la salud y la protección ambiental, Colombia puede
comenzar procesos pilotos de articulación, información e información a los
campesinos procesadores de PBC/ basuco para que capten la magnitud de los daños
ocasionados y proceder de la mano con ellos a regular dicha sustancia para
reducir los riesgos y daños y a fin de acercarse a los consumidores para
brindarles alternativas.
Hay
que reconocer, pero realmente, que el principal problema del basuco es su falta
de regulación. La
regulación de la coca
posiblemente nos va a permitir medir la cantidad de coca que está siendo
procesada en PBC y buscar salidas a los campesinos abocados a procesar PBC como
medio de subsistencia.
Nos
puede permitir enfocar la creciente tendencia a exportar PBC para su
procesamiento en clorhidrato de cocaína y consumo como base en otros países.
Por
otra, si la coca en sí es tan productiva y fuente de riqueza, lo mejor que
podría hacer Colombia es hacer investigaciones a fin de buscar modalidades para
financiarse con la misma coca para socavar el control corruptor del narco, y del
Departamento de Estado.
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