Lo mínimo que esperamos los colombianos del Gobierno de Juan Santos y de las FARC en asunto de drogas es que actúen con conocimiento; los suyos propios, pero también el manifestado por los 1,300 representantes que reunieron en los foros de paz y/o los de aquellas personas que viven y estudian el tema. Esperamos que los negociadores de La Habana, y representantes colombianos en los escenarios internacionales, escuchen las voces de los cultivadores y consumidores colombianos, que podemos ser cientos de miles o millones de ciudadanos. Dada la especulación de las cifras, esto de que seamos cientos de miles o millones sólo lo sabremos si nos permiten manifestarnos libre de preconcebidos y teniendo en cuenta nuestras experiencias y conocimientos de base. Los consumidores y cultivadores de drogas somos los primeros interesados en salir de la ilegalidad de las drogas. Lo que no significa que queramos legitimar el uso y cultivo para poder meter más y más drogas y vender más coca para cocaína, contrario a lo que pretenden quienes sólo ven negocios en la ilegalidad. Entendemos que, en asunto de drogas, estamos acostumbrados a políticas y medidas ajenas a los conocimientos cientificos y las expereincias sociales. Justamente de eso se trata el viraje: de superar, no sólo el tabú –cosa que afortunadamente ya se ha hecho a nivel de debate— sino la tendencia a tomar decisiones con base en ese tabú, el oportunismo y/o el desconocimiento y estigma. Lo que queremos consumidores y cultivadores es que se reconozca el riesgo de insistir en desconocer los daños y se respete, primero que todo, nuestro derecho a la salud y seguridad.
Aunque a Colombia
llegan todos
los riesgos,
lo que parece que no llega es
la noción, conocimiento, de
Reducción de Riesgos pues,
según algunos representantes del Gobierno colombiano ante la CND -Comisión
de Drogas Narcóticas ante la ONU en Viena -
“nosotros no tenemos ese punto en la legislación
nacional”. Allí, en la CND, se diseñan directrices internacionales en materia de
drogas y, como
bien lo señala ATS, un grupo de jóvenes en acción que implementa
exitosamente la reducción de
riesgos y de daños en Colombia: “Vemos
con muchísima preocupación que en un escenario tan relevante para el diseño de
las directrices internacionales en materia de drogas, algunos sectores del
Gobierno Nacional desconozcan las políticas de salud en materia de uso, abuso y
dependencia de sustancias psicoactivas. Con esto se da un mensaje no sólo
desalentador a las acciones y agentes que actualmente en el país, amparados por
la ley, hacen acciones de reducción del riesgo y daño, sino también confuso en
términos de que es muy difícil conciliarlo con los mensajes que el presidente
Santos ha enviado acerca de la necesidad de una revisión de políticas de drogas.
En cuanto al cultivo, a fuerza de haber permitido que las políticas contra el narcotráfico se desviaran hacia medidas de fuerza en contra de los cultivadores, la coca colombiana se asume indefensible y a los campesinos como objeto y no sujetos de derechos. Recordemos que, aunque la cocaína nacionalizo la coca, en Colombia la coca ha sido y sigue siendo parte integral de sus costumbres y economías regionales. Eso de “un país sin coca” es una errada apreciación, un desconocimiento, que surge tras años de tergiversación de los objetivos de la lucha antinarcóticos. En cuanto a seguir tratando de acabar la coca (que no es lo mismo que tratar de acabar con el narcotráfico), los colombianos, y las organizaciones de Derechos Humanos internacionales, recordamos unanimement a los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana que la mayor violación masiva de drogas es la aspersión aérea y que esta medida es parte integral del conflicto y que, por ende, la terminación del conflicto pasa asimismo por el cese de las fumigaciones y de los riesgos —sanitarios, económicos y ambientales— que ocasionan. El cese de las fumigaciones no es negociable. Lo que se debe estar negociando en La Habana es la regulación de los cultivos y el consumo para acabar con la producción y comercialización armada del narcotráfico.
El conflicto
armado en Colombia es, por el momento, del
narcotráfico consigo mismo en el Estado y sus instituciones, en el Congreso,
en
los grupos al margen de la ley y la sociedad. De tal forma, la “solución al
problema de las drogas”, pasa por el reconocimiento de que el problema de fondo
es que la producción y comercialización de drogas está siendo regulada por
narcotráfico, y no por las necesidades, realidades y posibilidades del país.
La paz y el pos conflicto no son viables dentro del actual estado de
desregulación o falta de normatividad de drogas bajo el supuesto de que así —negando
su existencia— , vamos a acabar con el historico cultivo y uso de
plantas y sustancias psicoactivas por decreto gringo. Dada la actual
amplia participación de la producción y comercialización de drogas en la vida
nacional y la economía internacional, el reconocimiento del mercado con un
acuerdo mínimo sobre la voluntad de regular el consumo y cultivo de
plantas y sustancias psicoactivas con ciencia y
conocimiento de causa es insoslayable. Las modalidades de regulación de la
producción y comercialización de drogas serán determinantes para la terminación
del conflicto. Entrando, entre otras,
a sopesar fórmulas que incorporen estas actividades (sin moralismos
anacrónicos) para impedir que se fuguen hacia otras fuentes de ilegalidad
corruptora.
La viabilidad de los
acuerdos de drogas a los
que se llegue en La Habana también depende de su congruencia con las directrices
internacionales a cuya formulación tambien contribuye Colombia con sus
conocimientos o ignorancia.
Lo más elemental
es que
quienes representen los intereses de Colombia sepan
de lo que se está hablando.
Es
preocupante que Colombia se represente en las instancias internacionales por el
desconocimiento de lo que sucede en su propio
país y en el escenario internacional. Lo mínimo es que las políticas y
directrices que se formulen hacia el futuro se basen en la ciencia y la
experiencia
y no en lo que “no dice nuestra legislación”
que, por cierto, dice que “el derecho a la Salud es un derecho fundamental”. De
eso se trata la Reducción de Riesgos para consumidores, cultivadores, la
Sociedad y el Estado, de prevenir (no ocasionar) daños.
Noviembre 2013