Cabieses Hugo Cocaleros/Cocaleras preguntas y respeustas_Peru

El próximo martes 20 de abril comenzará la movilización de agricultores, pobladores y autoridades locales de las más importantes cuencas cocaleras del país. Se trata de dos tipos de acciones: huelgas campesinas y marchas de sacrificio. Se trata también de la movilización nacional de agricultores de la selva alta más importante realizada hasta ahora ya que involucrará a prácticamente todas las cuencas cocaleras, desde el Alto Huallaga, Monzón y Aguaytía en San Martín, Huanuco y Ucayali, pasando por los valles de la Selva Central en Pasco y Junín, hasta el Apurímac-Ene, Quillabamba, Yanatile, Kosñipata en Ayacucho y Cusco y Alto Inambari (Sandia) en Puno. Pero Además, involucrará no sólo a cocaleros, sino también a cafetaleros, cacaoteros, palmicultores, plataneros, piñeros y otros que son beneficiarios del “desarrollo alternativo” y la “autorreducción de cultivos” que promueven DEVIDA, USAID y Chemonics.

Discrepando con quienes afirman siempre que detrás de toda movilización o congreso cocalero está la mano del narcotráfico y el terrorismo – ver el artículo de Alejandro Vassilaqui de CEDRO en “El Comercio” del 14 de abril, así como las recientes declaraciones del Ing. Nils Ericsson y el Ministro Fernando Rospigliosi - , un mínimo conocimiento de lo que sucede en los valles, nos dice que las razones que llevaron a este extremo son la sordera y ceguera de DEVIDA provocada por la presión del Gobierno de Estados Unidos que impone su ineficaz política de “autoerradicación” de cultivos y “desarrollo alternativo”.

Es obvio para quienes conocen mi trayectoria solidaria con las luchas campesinas, que data de hace más de 30 años, que apoyo sin retaceos estas movilizaciones que, lamentablemente, se vendrán con toda fuerza y radicalidad. Sin embargo, ¿qué puede hacer el Gobierno frente a ellas, qué sugiero a mis amigos cocaleros y qué proponer para que el diálogo se abra de una vez por todas?

Para comenzar, digámoslo claramente, las huelgas campesinas son en realidad bloqueo de carreteras y caminos. A los que ahora son bomberos y antes eran incendiarios, como el Ministro Fernando Rospigliosi y su equipo de asesores, debemos recordarles que no existen huelgas campesinas en el mundo sin bloqueos de caminos y cierrapuertas en los pueblos. Esto ha sucedido y sucede hasta en Estados Unidos y Europa. ¿Eso está bien? No. ¿Es legal en el Perú? Tampoco. ¿Atenta contra el derecho de los demás? Sí. ¿Estoy de acuerdo con éstos métodos?. No y lo he manifestado directamente en las varias reuniones que he tenido con los dirigentes.

Pero el campo no es una fábrica que paraliza las máquinas y por lo tanto ¿qué les queda a los campesinos hacer cuando tienen al frente un Gobierno ciego y sordo y una institución como DEVIDA que es para todos los efectos una agencia anti-cocaleros del Gobierno norteamericano que desprecia, se burla, engaña e insulta a los dirigentes?

El Gobierno de Estados Unidos considera que los agricultores cocaleros son delincuentes, narco-cultivadores, como los definió en un artículo de mediados del 2002 el Embajador John Hamilton y DEVIDA hace calco y copia de esta posición intransigente y contraria a los intereses nacionales y a la tranquilidad social.

Las marchas campesinas, a realizarse luego de 3 o 4 días de huelgas, serán hacia las principales ciudades de la selva alta: Pucallpa, Huanuco, Ayacucho, Cusco y Puno. Luego de varios días y si el Gobierno sigue ciego y sordo, marcharán hacia Lima y nuevamente veremos y oiremos a los cocaleros, bajo la dirección de valientes mujeres como Nancy Obregón, Elsa Malpartida, Marthita López, Azucena Vreamendi y otras, tronar pututus, ollas comunes, protestas y propuestas.

El tema de fondo, según Elsa Malpartida lo ha repetido hasta el cansancio, se resume en una sola palabra: RESPETO. Los cocaleros y las cocaleras exigen que respeten sus propuestas, que basta de mecidas y engaños, que la política sobre coca se elabore en el Perú y con los peruanos y peruanas.

Más temprano que tarde, el Gobierno tendrá que sentarse a dialogar, salvo que se ponga a tono con lo que hacen siempre los “Estúpidos hombres blancos” de los Estados Unidos que describe con sarcasmo corrosivo Michael Moore el que ganó un Oscar en el 2002: apresar con calumnias a los dirigentes, repartir bombas lacrimógenas y, si fuera el caso, matar a sangre y fuego a los que se opongan a las políticas de la gran potencia. Como nadie en su sano juicio quiere este escenario, estoy en desacuerdo con esta “línea de trabajo” y también – repito – estoy en contra y no promuevo que los cocaleros bloqueen carreteras y caminos, hago las siguientes preguntas y formulo propuestas.

Primera.- ¿Por qué no dialogar con los dirigentes – aunque no exclusivamente - de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) que promueven estas movilizaciones y el año pasado se reunieron con el Presidente Toledo? Ya sé que el Gobierno de Estados Unidos, USAID y Chemonics no quieren que se dialogue con ellos. Pero este es un problema de los peruanos y lo importante ahora es dar una salida dialogada a un problema que es principalmente social y político, no policial y militar.

PROPONGO, tal como lo han hecho los dirigentes de la CONPACCP en la carta que le han cursado al Presidente Toledo el último 14 de abri, que se forme un Comisión Mediadora integrada por la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de DDHH, Monseñor Luis Bambarén y el Congreso de la República. En este último caso, propongo al Congresista Luis Guerrero que es Vice-Presidente de la Comisión de Defensa, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Esta Comisión debe promover el diálogo, sugerir la ampliación de los interlocutores – no sólo la CONPACCP sino cafetaleros, cacaoteros, palmicultores, plataneros, etc. descontentos con el “desarrollo alternativo” que participarán en la huelga -, proponer una agenda de discusión y persuadir al Gobierno para que cumpla la Ley y convoque a la Mesa de Diálogo de acuerdo con el DS 009-SA-2001 que promulgara el Gobierno de Transición en marzo del 2001. Por irresponsabilidad de DEVIDA y porque sus funcionarios tienen una concepción aristocrática de la relación con la sociedad civil esta Mesa de Diálogo no se ha reunido desde octubre del 2001. Debe ser Convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con la mayor representatividad posible.

Segunda.- ¿Por qué la libertad de Nelson Palomino es un punto intocable?. Es cierto que el Gobierno no puede interferir en el Poder Judicial. Sería ilegal y anticonstitucional. Tan cierto como que puede presumirse que el expediente contra Palomino fue alentado y/o elaborado por presión norteamericana y/o sus operadores en el valle Apurímac y Ene – DEVIDA y CARE – ya que Palomino dirigió huelgas y paros durante el año 2002 contra estos operadores y a favor de los cocaleros. Tengo tres informes sobre las barbaridades, errores y horrores cometidos por CARE en el valle del Apurímac-Ene, elaborados en agosto del 2002 luego de una visita que hiciera a ese valle por encargo del Ing. Nils Ericsson. Nunca hicieron caso a nuestras recomendaciones y los informes se “encarpetaron”.

Nelson Palomino, al ser detenido el 21 de enero del 2003, fue acusado de todo: apología del terrorismo, pero como era inconstitucional, lo transformaron por apología del delito que no existe en el Código Penal; perturbación del proceso electoral de noviembre del 2002; secuestro de los periodistas Nelson Contreras y Daniel Jáuregui; extorsión; hurto agravado; coacción; violación de domicilio; disturbios; y, asociación ilícita para delinquir.

No existen pruebas suficientes para ninguno de estos delitos y, le guste o no a la Embajada de Monterrico, Palomino es un preso político-social y fue detenido por la Policía Nacional gracias a la información de “inteligencia” que le proporcionó el CNI dirigido por César Almeyda, que ahora está preso. Ello se realizó durante la gestión ministerial de Alberto Sanabria que está cuestionado por corrupto y probablemente terminará preso. Se trata de una “papa caliente” que le han dejado al Ministro Rospigliosi quien sigue refiriéndose a Palomino como si fuera un delincuente.

Hasta el momento, luego de permanecer preso más de un año en la Cárcel de Alta Seguridad de Yanamilla, ninguno de los testigos y acusadores ha rendido su instrucción, las pruebas son endebles y Palomino podría ser puesto en libertad por vicios procesales. Si es condenado a los 24 años que ha solicitado el fiscal Henry Lahud, Palomino apelará y su juicio se trasladará a Lima, en donde lo espera el Dr. Javier Valle Riestra para defenderlo. Recién durante este juicio en Lima el Gobierno se dará cuenta del grave error que cometió al apresar a Nelson Palomino.

PROPONGO que el Congreso elabore y el Gobierno promulgue una ley de amnistía y cese de procesos a dirigentes sociales que se han movilizado contra la sordera y ceguera gubernamental desde que el Presidente Toledo asumió el cargo: Arequipa, Puno, maestros, transportistas, algodoneros, construcción civil, etc.

Esta propuesta no es nueva ya que fue presentada en abril del 2003 por el Congresista Michel Martínez. Esta propuesta puede ser el inicio de un necesario Pacto Social con diversos sectores que, con razones de mucho peso, están furiosos contra el Gobierno. El Acuerdo Nacional con partidos políticos está estancado y languidece. ¿Por qué no crear un Pacto Social que nos de gobernabilidad hasta el 2006 con Comisión Mediadora y Mesa de Diálogo como la que aquí proponemos?

Tercero.- En lugar de spots terroríficos e insultantes, satanizadores de la coca y los cocaleros ¿por qué no explicarle bien a los agricultores que, en la práctica, el Gobierno y el CORAH han suspendido las erradicaciones forzosas de cultivos – no se hacen desde enero del 2003 en Shambillo cerca de Aguaytía y marzo del 2002 en Ongón, arriba de Puerto Pisana - y reconocer que la “autoerradicación” es una farsa?

Debo reconocer que el Ministerio del Interior, resistiendo la presión norteamericana, no ha autorizado erradicaciones de coca que provoquen problemas sociales. No ha erradicado en Monzón. Tampoco en el Apurímac-Ene y menos aún en La Convención y Lares. Ni uno solo de los dirigentes de la CONPACCP puede decir que su chacra haya sido erradicada desde que se destituyó a la mafia fujimontecinista.

No obstante, los agricultores sostienen que el Gobierno está fumigando cultivos con “spike” y con el hongo Fusarium Oxysporum. El Gobierno lo niega y además es ilegal hacerlo según un Decreto Supremo no derogado que promulgó Fujimori en marzo del 2000. Si existen estas dudas ¿por qué no promover una investigación seria y participativa en donde estén los dirigentes de la CONPACCP y la Comisión Mediadora para resolver de una vez este asunto? La investigación encargada a la Universidad de La Molina, sólo ha convencido a los funcionarios de DEVIDA y a la Embajada de los Estados Unidos.

Por otro lado, en base a visitas que he realizado en los últimos seis meses a diversos valles cocaleros, puedo demostrar con testimonios, fotos y datos concretos, cómo es que la llamada “autoerradicación” es una farsa, una virtualidad más a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Estados Unidos cuando quiere imponer, por la razón o la fuerza, su punto de vista. Como sucedió en Irak con las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron.

Las cifras de 13,000 has erradicadas en el 2003 es en realidad de coca abandonada, empurmada e inventada por los operadores – CORAH, CADA, Chemonics y DEVIDA – que lo que finalmente les interesa es hacer un “check” en su Plan Operativo para que les giren el siguiente tramo de financiamiento.

La cifra de 32,000 has de cultivos de coca en producción para el 2003 no es técnica ni económicamente sostenible. El PNUFID tiene cifras que son un 20% mayor y cualquier estudiante de economía agrícola sabe que los cultivos aumentan cuando suben los precios de la coca y viceversa. Esta virtualidad numérica, que es política y no técnica, la sabe DEVIDA y también el Crime and Narcotics Center (CNC) de Estados Unidos que son los únicos medidores de éxitos virtuales, pero no pueden reconocer que, con todo tipo de técnicas satelitales, cometan errores tan grandes.

PROPONGO que, con los agricultores y en la Mesa de Diálogo resucitada, en coordinación con el Congreso de la República y el Ejecutivo, se revise la política de erradicación de cultivos de coca por ineficaz, injusta, inconstitucional y absolutamente idiota. Se trata de una política que no persigue al narcotráfico sino a los campesinos y que no contribuye a disminuir los cultivos con fines ilícitos sino que los traslada de una zona a otra, de un país a otro. Además, es una política que atenta contra el medio ambiente y deforesta la selva. Ya sé que esto no le gusta al Gobierno de los Estados Unidos. Pero estamos en el Perú y debemos definir nosotros nuestras propias políticas.

Cuarto.- ¿Por qué rechazar de plano cualquier discusión sobre la existencia de DEVIDA y la permanencia de las ONGs en los valles cocaleros? El Congreso de la República convocó al Ing. Nils Ericsson en el mes de enero, luego del escándalo mediático que armó el Ministro Rospigliosi sobre el “bolivianazo” que nunca se produjo, para que informe sobre las actividades de DEVIDA. Se le solicitó datos concretos sobre su funcionamiento, financiación y resultados del “desarrollo alternativo”. Hasta ahora el Congreso está esperando respuesta. Lo mismo ha sucedido con la Defensoría del Pueblo que solicitó información a DEVIDA sobre la elección de los dos delegados de los agricultores cocaleros en el directorio. No ha habido respuesta.

DEVIDA reemplazó a Contradrogas que fue una institución creada por el SIN de Montesinos en 1996, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y cuyo funcionamiento sirvió para venderle al país la idea de una “exitosa lucha contra las drogas” y una dramática disminución de cultivos de coca que hasta ahora perdura. Resultado: el narcotráfico se dirigía desde Palacio de Gobierno y el SIN, tal como fue demostrado por la Comisión Ernesto Herrera del Congreso de la República.

En reemplazo de Contradrogas se creó DEVIDA con la esperanza que diseñar e impulsar una Política de Estado sobre drogas – para eso Toledo nombró a Ricardo Vega Llona -, pero lo que se ha hecho hasta ahora en gran medida es aplicar la Política de Estados Unidos sobre este tema. El Directorio de DEVIDA, integrado por 13 Ministros, 2 alcaldes, 1 rector universitario y 2 representantes de los agricultores cocaleros, se ha reunido una vez para instalarse en junio del 2002 y luego un par de veces por razones protocolares. Las acciones de DEVIDA se realizan mayormente en base a acuerdos adoptados en múltiples reuniones con la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS), USAID y sus operadores en el campo como CARE primero y Chemonics después. Por lo tanto, lo actuado hasta ahora no corresponde a decisiones tomadas en un organismo peruano.

PROPONGO que la Comisión Mediadora, con el concurso del Congreso de la República y la participación de los agricultores – cocaleros y no cocaleros - promueva una evaluación sobre el rol que DEVIDA y Contradrogas han tenido desde que se crearon y estudie la posibilidad de reformularla institucionalmente. Asimismo, propongo que las ONGs que están trabajando en los diversos valles paren sus actividades hasta que sean evaluadas por el Congreso de la República y los “beneficiarios” de sus proyectos, con el acompañamiento de la Comisión Mediadora y los dirigentes de la CONPACCP.

Quinto.- Si miles de agricultores cocaleros quieren legalizar su situación y empadronarse en ENACO u otra instancia estatal que se vaya a crear ¿por qué no se abre una inscripción y se les registra por categorías – por ejemplo: consumo tradicional, industrialización y reducción voluntaria - para terminar con la esquizofrenia que existe actualmente? Ya sé que esta propuesta es contraria al Decreto Ley 22095, pero este dispositivo es obsoleto, data de 1978, fue promulgado por la dictadura del Gral. Morales Bermúdez, ordenó el empadronamiento de los cocaleros, creó una empresa – ENACO – con serios problemas psiquiátricos y, a decir verdad, sólo ha servido para que crezca cada vez más el narcotráfico en el país.

ENACO es una empresa que por Ley debe vivir y progresar, es decir tener utilidades, en base a la comercialización y promoción de un producto que debe eliminar por ser droga. ENACO compra hoja de coca a agricultores que hace años que son ilegales porque la vida vegetativa de las plantas de coca es de 10 a 15 años, ya pasaron 26 años y el DL 22095 prohíbe cultivos nuevos. La empresa es monopólica, pero desde la Constitución de 1993 está prohibido el monopolio y la posición de dominio de las empresas. Por lo tanto, ENACO no requiere un gerente para gestionarla, sino un siquiatra.

PROPONGO que, tomando como base el empadronamiento de 1978, priorizando a aquellos agricultores empadronados o no que actualmente venden su coca a la ENACO y considerando el padrón de socios de cada una de las asociaciones o federaciones de productores que existan, afiliadas o no a la CONPACCP, se proceda a abrir un nuevo periodo de inscripción de seis meses para registrar nuevos y antiguos cocaleros.

Con la participación estrecha de estas asociaciones y federaciones, se debe proceder a categorizar a los productores definiendo el destino de su producción y racionalizar el cultivo de coca ajustado al uso tradicional, industrial benéfico, de exportación y de reducción gradual, manual y concertada de cultivos excedentes con respecto a su uso legal. En este último caso, la contrapartida sería el apoyo concreto y sin mecidas para productos alternativos con mercados asegurados y, en caso de no cumplimiento, la cancelación de licencia otorgada.

Sexto.- Desde julio del 2001, en el Congreso de la República se han presentado 10 diferentes proyectos de Ley de Bases sobre la Hoja de Coca. Con ellos, la Comisión de Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas y contra el Lavado de Dinero que presidiera el Congresista Devescovi, elaboró un predictamen que se comenzará a discutir en las próximas semanas. Este proyecto, tiene un primer capítulo con artículos iniciales en los que se respeta el cultivo y uso legal tradicional e industrial benéfico de la hoja de coca, pero el resto de artículos y capítulos resultan siendo más represivos, excluyentes y erradicadores que el Decreto Ley 22095.

En los capítulos siguientes así como en las disposiciones complementarias y transitorias, el proyecto prioriza la erradicación de cultivos respecto a la promoción de la industrialización de coca y su consumo tradicional, a través de la intervención del Estado, desconociendo la participación de los campesinos cocaleros y sus organizaciones en el proceso de producción y reducción de cultivos excedentes de coca.

Dado que la aprobación de un proyecto de ley es este tipo echaría más leña al fuego social, PROPONGO que se formule y discuta una Política de Estado sobre Coca y Drogas y, para ello, es indispensable abrir un debate nacional sobre este tema. Este debate no debe ser únicamente en el Congreso de la República con los representantes de los partidos políticos, sino a nivel de la sociedad con la participación de los representantes de agricultores de cuencas cocaleras y sus autoridades.

Finalmente, tal como sucedió en los días previos a la Marcha de Sacrificio de abril del año pasado y en las semanas anteriores al II Congreso de la CONPCCP de febrero del presente año. DEVIDA ha desatado una campaña de ablandamiento con calumnias contra los dirigentes y tratando de demostrar en spots de radio y TV comprados, que ha cumplido con cuatro de los cinco puntos del DS 044-PCM-2003 que promulgara el Presidente Toledo. La verdad es que ninguno de los cinco puntos han sido debidamente cumplidos:

1) La "reducción gradual y concertada" (Art. 1ro.) no ha funcionado ya que se ha reducido coca abandonada, empurmada e inexistente y se ha presentado cifras que no son ciertas además de no cumplir con las promesas que se hicieron a los que se acogieron al programa.

2) La intervención del proyecto CORAH y el CADA para erradicar almácigos y cultivos de coca no registrados en ENACO (Art. 2do.) debió coordinarse con la CONPACCP y no se ha hecho, en tanto que la erradicación no ha sido tal en muchos casos y por ello es necesaria una investigación al respecto.

3) El estudio sobre la demanda de coca legal (Art. 3ro.) se lo encargó DEVIDA al Instituto de Estadísticas e Informática (INEI), pero nadie conoce los resultados y nadie ha visto encuestadores en los valles cocaleros en donde también hay consumo significativo de coca.

4) No se ha realizado el reempadronamiento ni actualización de datos de la ENACO ya que DEVIDA no quiso apoyar este proceso con el financiamiento para ello.

5) Respecto a la articulación de cadenas productivas (Art. 5to.), DEVIDA y Chemonics no han impulsado ninguna y la que ha funcionado - como es la de palma aceitera - no es mérito de esas instituciones sino de los mismos agricultores con el apoyo del PNUFID (Naciones Unidas).

A lo anterior se ha sumado el Ministro del Interior Fernando Rospigliosi quien, en un rápida maniobra aunque poco inteligente, viajó el sábado 17 al valle del Apurímac-Ene para intentar dividir a la CONPACCP, reuniéndose con dirigentes de la Federación de Productores Agropecuarios (FEPA-VRAE) y calumniando a Nelson Palomino que se encuentra preso. En lugar de realizar estas maniobras de ablandamiento, el Gobierno a través de la PCM, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior, debería sentarse de una vez a dialogar con los dirigentes cocaleros para comenzar en serio un proceso de pacificación social en los valles cocaleros con la colaboración de los agricultores. Otra alternativa, especialmente la de la confrontación con presos y bombas lacrimógenas, es absolutamente inviable y seguramente idiota.

[1] Economista de la Universidad del Pacífico, presidente del DRIS, director secretario del FOPRI, consultor independiente y asesor de organizaciones campesinas de las cuencas cocaleras del Perú.