Las ideas aquí
expuestas tienen el propósito de aportar al debate sobre la verdad de la guerra
sucia en Colombia y su relación con la actual coyuntura política. Este debate
está en el centro de la agenda nacional y puede transformarse desde la discusión
de la parapolítica hacia la discusión sobre el paraestado. Su dinámica la ha
colocado por fuera de control de sus principales protagonistas; del palacio
Presidencial, el Congreso, la justicia,
1 - DE
El tema de la
verdad sobre el paramilitarismo en Colombia está en
el centro del debate político nacional. En torno a éste debate se ha
entablado un pulso entre los partidarios del Gobierno de Uribe por un lado, y
una franja de opinión muy amplia,
nacional e internacional, que se encuentra horrorizada con el destape de la
tenebrosa y estrecha relación existente entre la cúpula paramilitar y sectores
de las élites políticas, económicas, gremiales, militares y de inteligencia.
El tema de la
verdad se le salió de las manos al Gobierno. No estaba en su
agenda de negociación. Recordemos que en el segundo proyecto de Ley de
Justicia y Paz presentado por el gobierno se propuso una confesión
opcional de los delitos cometidos
por los desmovilizados, que conducía, entre otras normas, a la impunidad, a la
no reparación y al desconocimiento de la verdad. De ahí las divergencias
con el proyecto de ley presentado por
los senadores Rafael Pardo, Gina Parody y Wilson Borja que proponían una
confesión plena de delitos cometidos
por los victimarios. Y las contradicciones mayúsculas con el propuesto por
Hoy el Gobierno
afirma que el destape de los nexos existentes detrás
del proyecto paramilitar se debe a su política de negociación con los
paras. Nada más incierto. Ha sido a pesar suyo y contra su voluntad. Fue
Fueron los
debates y las denuncias realizados en el Senado por diferentes sectores de la
oposición, especialmente los desarrollados recientemente por el Senador del PDA
Gustavo Petro, lo que catalizó el potencial de declaraciones, confesiones,
investigaciones, detenciones y evidencias que
colocaron el tema de la parapolítica en
el centro del debate nacional y convocaron la atención internacional, incluyendo
la de sectores influyentes en los Estados Unidos.
Entre éstos
hechos vale la pena destacar la inculpación y detención de Jorge Noguera, nada
menos que Director de la agencia de
seguridad del Estado, DAS, por pertenecer a la estructura paramilitar de Jorge
40 y colaborar en los crímenes de sindicalistas de
Se ha conocido
además, que algunas multinacionales norteamericanas,
A éstos se le suman estudios, informes y
declaraciones que revelan la coacción al electorado y el fraude electoral que
acompañó a las elecciones del 2002 que eligieron a Álvaro Uribe a
El clima se
calentó aun mas con las nuevas detenciones de parlamentarios uribistas, que ya
completan la primera treintena; la renuncia de 12 Generales de
Todo éste
panorama camina hacia una seria crisis
de legitimidad del actual gobierno
e introduce un nuevo nivel en la discusión sobre el paramilitarismo,
cuando comienza a ser ubicado por sus jefes como
una política de estado. Ambos
asuntos tienen una influencia profunda en la actual crisis política y su
desenlace va a determinar el rumbo inmediato y mediato del acontecer nacional.
Lo que comenzó como un proceso de denuncias políticas sobre la conformación de
poderes mafiosos en muchas regiones de Colombia y en algunas instancias del
gobierno Nacional, toca ahora la almendra misma del bloque de poder del Gobierno
de Uribe que, bajo el pretexto de la defensa de la seguridad del
establecimiento, acudió a los métodos ilegales y criminales aplicados por los
paramilitares durante mas de tres décadas de guerra sucia, en las cuales se
intimidó la sociedad, se desvertebró la democracia y se entronizó en el poder el
actual proyecto autoritario.
Las consecuencias
mas significativas de ésta gran discusión pública son las tensiones del gobierno
Colombiano con Washington y la crisis interna que se insinúa en el bloque de
gobierno. La reciente negativa a compartir escenario con Uribe del ex
Vicepresidente Al Gore, posible
candidato a suceder a Bush en
En éste marco,
las condiciones han mejorado para avanzar en el tema de la verdad. Razones
tendrán los Jefes paramilitares cuando señalan que la verdad pone en peligro la
gobernabilidad, que es como decir que la gobernabilidad
se basa en la mentira.
La verdad
histórica es condición
indispensable para erradicar el paramilitarismo y va más allá de la confesión de
los victimarios y las denuncias de las víctimas directas. Tratándose de delitos
de lesa humanidad, las víctimas somos
todos los colombianos. Por esto se necesita la participación de la sociedad
afectada en su conjunto y de los representantes de la comunidad internacional.
No se trata solamente de buscar justicia sino
de conocer a fondo las causas, las doctrinas, los intereses, los autores
intelectuales, los financiadotes, los beneficiarios, los agentes económicos,
sociales y políticos, nacionales e internacionales, que fueron determinantes del
proyecto paramilitar, para poderlo erradicar e impedir que se repita. Sin el
conocimiento de las causas de ésta grave enfermedad nacional no es posible
superarla. La tarea es desmontar, no legalizar, el proyecto paramilitar.
Esto implica
construir un punto de vista propio y ajustado a la realidad histórica. Tomar
distancia de los discursos justificatorios –hoy hegemónicos- de las fuerzas
defensoras del paramilitarismo que lo explican y justifican como una acción
espontánea, defensiva y legítima de ganaderos y empresarios aliados al
narcotráfico y al margen del estado. Si ésta fuera la discusión, quedaría
reducida a los excesos y a los delitos de lesa humanidad cometidos por las
fuerzas paramilitares y a la alianza con la mafia. El problema de fondo surge
cuando se señala que la guerra sucia no se ha realizado al margen del estado
sino que se construyó como un proyecto contrainsurgente apoyado desde sectores
estatales y desde las élites políticas y económicas que han detentado el poder
durante las administraciones de las últimas décadas. En éste caso no hay
justificación posible, pues el Estado no
puede, bajo ninguna circunstancia ni justificación, acudir a la ilegalidad y al
crimen para defenderse. Esto lo hace ilegítimo.
Por esto, las
verdades a medias que señalan al paramilitarismo como un producto exclusivo o
principal del narcotráfico, elude la responsabilidad del estado y las élites y
quiere ubicarla en cabeza de conocidos delincuentes del narcotráfico como los
Gachas, los Escobares, los Castaño, los Arrollave, los Bernas, hoy muertos o en
trance de ser extraditados hacia los Estados Unidos. El balance de la guerra
sucia quedaría como un problema de delincuentes sin ninguna connotación
política. Y el Gobierno y el Estado colombiano pasaría como
un juez imparcial y justiciero acosado
por los “dos demonios” violentos de derecha y de izquierda. Esto hace que la
lucha por la verdad se convierta en un escenario de confrontación de la lucha
política. Y valida un Gran Acuerdo por
La primera tarea
que se nos impone es impedir que se cambie la agenda de discusión pública y no
caer en las innumerables trampas mediáticas y políticas que se cocinan desde
palacio para lograrlo. Hay que insistir en el tema y ponernos a tono con el
nuevo nivel que ha adquirido la discusión. Su desenlace no se puede diferir al
escenario electoral del 2010. Sería perder un tiempo precioso y dejar la
iniciativa a sectores del establecimiento que pueden cocinar un recambio del
actual régimen mafioso a favor de las élites tradicionales “limpias” de
paramilitarismo.
2. DE
Un breve repaso
de los hitos que ha tenido el proyecto paramilitar, nos permite examinar su
evolución y los cambios de composición y naturaleza. Fueron
cinco los momentos claves de la metamorfosis paramilitar:
1).
La creación de las Autodefensas. (Diciembre de1965).
Las autodefensas fueron creadas como parte de las recomendaciones contenidas
en el informe secreto de la visita del general Yarborough, Director de
investigaciones de
Tres años
después, el presidente Guillermo León Valencia expidió el día de Nochebuena de
1965 el decreto 3398 Por el cual se
organiza la defensa nacional, que legalizó los grupos de autodefensa,
embrión de los paramilitares. Este decreto fue convertido en legislación
permanente mediante
Al amparo de
éstas normas se conformaron los grupos de autodefensa con el patrocinio de la
fuerza pública y con ellos se le abrió paso a la participación de civiles
armados en la confrontación interna.
Fue la época de
2) La
formación del MAS,
(Diciembre de 1981). La primera alianza de la contrainsurgencia con el
narcotráfico.
Diez y
seis (16) años después de su creación, las autodefensas establecieron la primera
alianza con el narcotráfico alrededor del MAS, donde participaron según la
investigación del Procurador Carlos Jiménez Gómez, miembros de la fuerza
pública, el narcotráfico, los ganaderos y las Autodefensas del Magdalena Medio,
aprovechando la reacción del Cartel de Medellín contra el secuestro de Martha
Nieves Ochoa.
Esta
sigla fue utilizada en la década del 80 el Magdalena Medio, en una primera
campaña de terror basada en masacres asesinatos y desapariciones que registraron
las crónicas del Nóbel Gabriel García Márquez sobre el peligro de la
“salvadorización del Magdalena Medio”. El centro de operaciones se trasladó a
Puerto Boyacá y a las Brigadas Militares de ésta zona. Ahí se armaron,
entrenaron y actuaron los primeros paramilitares bajo la orientación de
miembros de la fuerza pública. Ahí comenzó la intervención de Agencias de
inteligencia internacionales como
La
dirección de las Fuerzas armadas, bajo el mando de los Generales Landazábal y
Samudio, ministros de defensa de los Gobiernos de Betancur y Barco, acudieron a
la solidaridad de cuerpo con los miembros de las fuerzas militares investigados
por pertenecer al MAS, hasta el punto que el
General
Landazábal, pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas que donaran un día de
salario para financiar la defensa de los inculpados. Años
mas tarde, a raíz de la masacre de
3) El
engendro de los Pepes,
(Noviembre de 1992). La segunda alianza con el narcotráfico.
Con la
creación del grupo Perseguidos por Pablo Escobar, PEPES, se estableció una
alianza entre Agencias del Estado, contrainsurgentes y narcotraficantes, donde
actuaron Cartel de Cali, el Bloque de Búsqueda de
4) La fundación de las AUC.
(18 de abril de 1997). La tercera alianza con el narcotráfico.
Marca el período
de mayor crecimiento y expansión del paramilitarismo cuando logra unir en una
sola y poderosa organización confederada a todas las autodefensas del país (14),
con todos los carteles de la mafia. En cinco años los 6 mil efectivos de las AUC
se triplicaron. Se extendieron a todo el territorio nacional. Construyeron una
economía de guerra basada principalmente en el narcotráfico. Adquirieron
personería nacional y controlaron la política y las finanzas públicas en
extensas regiones. Construyeron una dirección centralizada y adquirieron unidad
de mando en manos de Carlos Castaño quién tenía asignado, por estatutos, la
mitad de los votos del Estado Mayor.
Durante éstos
cinco años de barbarie se realizaron el mayor número de asesinatos selectivos,
masacres, desapariciones, desplazamientos y otras violaciones de derechos
humanos. Se opusieron al proceso de paz con las FARC y sabotearon las
conversaciones con el ELN. Participaron activamente en la política electoral en
el 2002, conquistaron importantes alcaldías,
gobernaciones y la tercera parte del Congreso y apoyaron la elección a
En la interpretación de éste período es clave establecer el papel que jugaron
los pactos en la sombra del departamento de Justicia de Washington y
5) La legalización de
El primero en
plantear la negociación con los paramilitares fue Phil Chicola, encargado de
Asuntos Andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en octubre del
2.000. Luego, en los primeros meses
del 2002, lo propuso Otto Reich, Subsecretario de Estado. De acuerdo con esto,
antes de entregar el mando el Presidente Pastrana, aprobó las salvedades a
Los cambios
internacionales y nacionales impusieron ésta negociación. Después del 11 de
septiembre de 2001, las AUC fueron declaradas organizaciones terroristas. El
incremento de la barbarie paramilitar y el reconocimiento hecho por Carlos
Castaño de que el 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico, aumentó la
presión internacional. En los primeros meses del 2003, las AUC perdieron cerca
de 1500 hombres en enfrentamientos militares con la guerrilla. La reingeniería y
el fortalecimiento del ejército, y el triunfo electoral de Álvaro Uribe y su
política de Seguridad Democrática, hicieron innecesario e inconveniente el
mantenimiento de una fuerza contrainsurgente de carácter ilegal que involucra
costos internacionales e internos muy elevados.
Todo ello
condujo al proceso de desmovilización
del sector contrainsurgente del
paramilitarismo.
En el proceso de
las AUC, el ala narcotraficante de los paramilitares aprendió a construir
ejércitos privados afianzados en el campo, aprendió las técnicas de la guerra
irregular y a controlar mediante el terror zonas rurales claves para la
seguridad y el negocio del narcotráfico. En la fase final de las AUC, la fuerza
mas fuerte y hegemónica es el ala
narcotraficante. Hoy
se encuentra por fuera del
control institucional, aislada internacionalmente, con una capacidad de
interlocución disminuida y en manos de
Aunque el
paramilitarismo actual no está en la cruzada contrainsurgente de los años
anteriores, hay que decir que sigue siendo una fuerza represiva e intimidatorio
del movimiento popular, con una fuerte conexidad con la fuerza pública, con mas
de 6.000 hombres armados y control de importantes regiones, con grandes reservas
de armamento, con buena parte de sus comandantes libres y con su base económica
intacta. El esfuerzo del Presidente Uribe por declararlos una fuerza sediciosa,
en abierta contradicción con las altas cortes, está orientada a legalizar su
fuerza económica, política y militar. En el fondo, es el tercer intento de
legalización después de la creación de las autodefensas y de las convivir.
Este es el marco
en que se desarrolla hoy la lucha por la verdad, lo que nos permite desarrollar
y recomendar una política muy amplia de acuerdos y alianzas con todos los
sectores nacionales e internacionales interesados en el esclarecimiento de la
verdad y en acabar con éste flagelo como una condición indispensable para
construir democracia en Colombia.
3. EL PRECIO
DEL PODER PARAMILITAR
El precio pagado
por la sociedad colombiana por el proyecto paramilitar es incalculable. Algunas
cifras y datos nos dan una idea de ésta calamidad social. Alrededor de tres
millones y medio de víctimas produjeron cuatro décadas de guerra sucia en
Colombia, las cuales incluyen los 3 millones de desplazados,
los miles de exilados políticos; los 90.000 asesinados en forma selectiva
y en 7.500 masacres; los 8.000 desaparecidos, los 10.000 torturados. Cifras
descomunales si la comparamos con el número de víctimas que produjeron todas las
dictaduras del cono sur.
Así se redujo al movimiento social y en
especial al sindicalismo a su mínima expresión. El movimiento campesino fue
desmantelado. La oposición reducida a sangre y fuego. La opinión democrática fue
intimidada y los derechos humanos
entraron en una crisis profunda. Cuatro candidatos presidenciales, Luis Carlos
Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, fueron, al lado de
muchos colombianos ilustres, víctimas de quienes utilizaron el magnicidio como
arma política. Los tres movimientos políticos de izquierda y renovación más
importantes de las dos últimas décadas: el Galanismo,
El amordazamiento
de la democracia mediante el terror dio sus frutos. Las alianzas regionales
entre paramilitares y el clientelismo político regional permitió su control en
la mayoría del territorio nacional. Y le abrió el espacio al régimen autoritario
que hoy nos gobierna, construido desde la ilegalidad, sobre la violencia,
la violación de los derechos humanos, la
corrupción política y el mas impresionante apoyo mediático de los medios de
comunicación. Así se construyó el Bloque
del actual Gobierno, es una alianza entre los fundamentalistas de la autoridad y
los fundamentalistas del mercado.
4)
EL PAPEL DE
Es
necesario poner al descubierto el papel que ha desempeñado y desempeña la
“Doctrina de Seguridad Nacional” impulsada por los Estados Unidos bajo las
cuales se sustentaron las autodefensas, las convivir, y hoy, la política de
seguridad democrática. En ella se sustentan los manuales y reglamentos de
combate de 1962, 1963, 1969, 1987, 1979, 1990,
los cuales
orientan las operaciones del Ejército Colombiano a vincular a la población civil
como actor o como blanco en la lucha contrainsurgente, en operaciones de
inteligencia, sabotajes, contra-propaganda, acciones encubiertas, guerra
sicológica y seguridad.
Bajo esa doctrina se han entrenado
10.000 militares entre los años 1956 y el 2003, en
Recientemente, en
el libro
Esquilando al Lobo[2],
producido por el Cuerpo de Generales y Almirantes
en retiro que inspira a buena parte del estamento militar Colombiano,
sostiene una versión moderna de la doctrina de Seguridad Nacional. En él se
acusa a la oposición política, al movimiento social y a los defensores
del Estado Social de Derecho y de los Derechos Humanos, de desarrollar
una “guerra política” y una “guerra jurídica” como parte de una acción
soterrada de la lucha guerrillera contra el Estado.
Se les señala como el instrumento
“mas eficaz” de la insurgencia, sin cuya derrota “no es posible conseguir la
paz”. Tal tesis, de nuevo sataniza y socava cualquier posibilidad de lucha
social o política de inspiración civilista, es fundamento del Estado Autoritario
y alimenta la guerra sucia contra la población civil.
En estos temas
debe establecerse un sistema de
vigilancia y control nacional e internacional sobre la fuerza pública que
puede tener como base las recomendaciones hechas por Human Rights Waths, en su
informe de 2002.
5.-
El país debe
conocer la verdad sobre la participación de las agencias de inteligencia
nacionales e internacionales involucradas en el apoyo al paramilitarismo
colombiano en tareas de capacitación, preparación, logística, información y
venta de armas, y apoyar las iniciativas en curso tendientes a exigir la
desclasificación de los archivos secretos de las agencias involucradas. Conocer
la verdad sobre el papel de los cursos de adiestramiento militar realizados, con
el aval de los comandos militares de Colombia e Israel, dentro y fuera de
nuestro territorio, por oficiales de ejércitos extranjeros a
dirigentes paramilitares de primera
línea. Deben conocerse las investigaciones de las armas introducidas con destino
a las AUC del caso Oterloo y otros. Debe conocer la verdad en torno a las
relaciones de
6.-
Una política
definitiva contra el paramilitarismo implica asumir la responsabilidad del
Estado sobre éste flagelo. Esto no se puede diferir a las condenas que
La fuerza pública
tiene que asumir su responsabilidad y no ampararse en la poca convincente
explicación de “los casos aislados”. El informe de Human Rights Waths del año
2000 encuentra que casi la mitad de las 18 Brigadas del ejército colombiano
estaban relacionadas con la actividad paramilitar, lo cual los llevó a declarar
a los paramilitares como la “Sexta división de Ejército Colombiano”.
No es posible
combatir el paramilitarismo sino se condena la impunidad y se robustece la
independencia de la justicia. Casos como los de los Generales del Ejército Faruk
Yanine Días, Rito Alejo del Río, Alvaro Velandia, Rodrigo Quiñónez, Fredy
Padilla, Gabriel Díaz, Jaime Alberto Uzcátegui, Mario
Montoya, Martín orlando Carreño, Alfonso
Manosalva y de centenares de oficiales y suboficiales de la fuerza pública, no
se pueden despachar a base de preclusiones y malabarismos jurídicos.
Es claro que no
se puede acusar al conjunto de
7.
La existencia del
conflicto interno en Colombia no se puede utilizar como argumento ningún
representante del estado para justificar el accionar paramilitar, pues el estado
está obligado a defenderse con los instrumentos de fuerza y de legalidad que le
confiere
El reconocimiento
de la existencia del conflicto armado, nos lleva a las fuerzas democráticas de
vocación civilistas a pugnar por la solución política y negociada del conflicto
y a la aplicación del D.I.H. Esto no nos impide señalar que a la insurgencia
armada colombiana le cabe una buena porción de responsabilidad en el desarrollo
del paramilitarismo. Buena parte de la base social y de la simpatía que despertó
el paramilitarismo en algunas regiones estuvo afianzada en errores y políticas
que han afectado profundamente a la población civil.
Nos referimos
concretamente a la aplicación de una justicia arbitraria y operaciones de
limpieza en zonas controladas por sectores de la guerrilla. Los ataques y la
destrucción de poblaciones con “cilindros bombas” con enormes pérdidas para la
población civil. Las llamadas “pescas milagrosas” que generalizaron el miedo
entre la clase media urbana, y las “retenciones” y vacunas contra pequeños y
medianos agricultores, comerciantes y productores, son hechos que produjeron tan
grande efecto entre las clases medias urbanas y rurales que Carlos Castaño, en
forma muy habilidosa definió su movimiento como “la expresión de la clase media
colombiana”. Esto debe motivar una gran discusión en el seno de las fuerzas
insurgentes y sus relaciones con la población civil.
8. EL PARAMILITARISMO, LOS MONOPOLIOS
Y LOS MACROPROYECTOS
Es necesario
desentrañar de qué manera el paramilitarismo ha sido funcional y se beneficia de
la actividad y los macroproyectos desarrollados por monopolios nacionales y
extranjeros. Los enclaves paramilitares mas fuertes se dan en
zonas mineras de oro,
petróleo y de tránsito de oleoductos, del oriente de Antioquia, sur de Bolívar,
medio magdalena, Arauca, Norte de Santander, y Sucre. En el carbón de
9. ALGUNAS CONCLUSIONES.
Hoy, el
Presidente Uribe identifica el desarme –por demás inflado y ficticio- de tropas
paramilitares como un proceso de paz que llevó a su desmonte total. Nada más
alejado de la realidad. Todavía no se ha desmontado un proyecto que comenzó como
un instrumento de la contrainsurgencia y se convirtió en un proyecto de poder de
la extrema derecha mafiosa que pretende perpetuarse en el Gobierno con la
legalización de sus estructuras militares, el blanqueo de sus capitales, y el
control político regional y nacional.
El paramilitarismo es hoy un proyecto de acumulación de poder político y
de riquezas económicas a través de las armas del cual no se han desmovilizado y
no pretenden hacerlo. El paramilitarismo sigue siendo el principal factor de
exportación de drogas ilícitas hacia Norteamérica y Europa. Mantienen el dominio
de al menos 300 municipios y varias
gobernaciones. Tienen el control de cerca de 5 millones de hectáreas conseguidas
a base del terror, el genocidio y el desplazamiento. Han confesado
controlar la tercera parte del Congreso de
Su desmonte es un
trabajo de mediano y largo plazo e implica cambios sustanciales en la conducción
del país. Hoy estamos en el destape de la parapolítica, pero hay que encontrar
la caja negra que establezca las razones del desastre nacional y avanzar hacia
la construcción de
Los cambios
nacionales ocasionados por el destape de la política son vertiginosos. El
rompimiento del bloque de Gobierno es una posibilidad en la medida en que se
profundice el debate. Nuestro objetivo debe estar orientado a aislar del poder a
los sectores de la extrema derecha que lo detentan, y ganar espacios para la
democracia. La denuncia política sigue siendo un arma efectiva pero hay que
pasar a otro estadio que incluya mayores niveles de movilización de sectores
(como el movimiento estudiantil) que hoy recobran confianza en el ejercicio de
la denuncia abierta y pública. Pero sobre todo, hay que producir
hechos políticos concretos que
pongan sobre el tapete el cuestionamiento de la ilegitimidad del gobierno. Se
necesita una acción integral que desenmascare el paramilitarismo como una
política de estado y ubique la responsabilidad del Presidente Uribe. Involucrar
al desarrollo de las acciones al movimiento de víctimas y apoyar su proceso de
organización. Hay que apoyar la construcción del informe sobre impunidad para
presentarlo a los tribunales internacionales. Convocar un gran movimiento por la
verdad nacional e internacional, que articule
todas las fuerzas interesadas en éste propósito; en el desarrollo de éste
gran movimiento debe explorarse y crear las condiciones para un acuerdo nacional
por la verdad. Debe levantarse una consigna dentro y fuera del país que oriente
el boicot a la compra de productos y a los negocios con las empresas que han
apoyado el paramilitarismo, especialmente a la empresa Chiquita Brand bajo el
lema: “no compre paramilitarismo”. Y El llamamiento a
nuevas elecciones
generales, con financiación estatal y veeduría internacional, que permita
poner en cuestión la legitimidad de éste gobierno, elegido fraudulentamente y
bajo la presión armada de los paramilitares. Esto puede ser el camino hacia un
nuevo pacto nacional bajo la forma de una Constituyente Nacional por la verdad,
la justicia, la reparación y
Documento
presentado al segundo seminario por la construcción de la tendencia socialista
del PDA.
OMAR ÑAÑEZ CAMACHO
ALFONSO R. CERA
CÍRCULOS NUESTRAMÉRICA
Bogotá, 15 de
mayo de 2007.
[1]Cuartel
General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos,
tema: Visita a Colombia, Sur América, por el Equipo de Guerra Especial,
Fort Bragh, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962, Biblioteca
Kennedy, Casilla 319, Archivos de Seguridad Nacional. Grupo Especial,
Suplemento Secreto, Informe de Investigación en Colombia, citado por Mc
Clintock, o. C., p. 222. Referencia citada por Iván Forero en
Voces del exilio (Carmen
Lydia Cáceres y Ana María Guerrero, Ediciones del Centro de Estudios
Políticos y Sociales, 2006).
[2] CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FF.MM., Esquilando al Lobo. Panamericana Formas e impresos. Bogotá, 2002.
©2011 Mama Coca. Favor compartir esta información y ayudarnos a divulgarla citando a Mama Coca