El plan
de sometimiento
María Mercedes
Moreno
Toda la historia intentando someter al narcotráfico, viendo como el narcotráfico nos somete por la violencia y la corrupción y llega una propuesta de 109 páginas (viable o no, está por verse) y lo que retienen los colombianos es que costó USD$12,000,000. Retener el pago, y no la propuesta de sometimiento es el típico escandalo superficial que impide llegar a fondo de los asuntos para encararlos y ponerles coto.
El que se
cobre por un Plan (en este caso, de Negociación) es algo que se da por sentado
en otros temas ¿O no? ¿El daño está en el pago? ¿En el monto del mismo? En que
sean fondos ilícitos?
¿Cómo
quieren que sean dineros lícitos?
El daño está
en el que, quienes están siendo así acusados se ven obligados a defenderse, y se
defienden acusándose los unos a los otros. Nadie asume a pesar de que el proceso
de paz tiene que ser integral y que el problema de los narcotraficantes
colombianos no se puede dejar de lado al enfocar el “problema” de las drogas.
Dejar a los narcotraficantes por fuera de un proceso de paz en Colombia es un
error. La historia e instituciones colombianas nos revelan que, hasta ahora, los
intentos por negar el narcotráfico han propiciado su incorporación por las armas
y la corrupción.
En un país
en el que la presencia de la violencia
está
tan arraigada, un país que está buscando reducir los niveles de violencia por la
vía del dialogo, no se explica por qué la sociedad se rehúsa a
reconocer el narcotráfico en su seno para
tratar de desarmarlo y por fin buscar que le deje de hacer tanto daño.
Aunque también es cierto que sin conocer la propuesta
difícilmente podemos entender por qué el Gobierno Santos la descartó y qué se
puede rescatar de ese
Plan
de Negociación entregado por algunos narcotraficantes al Gobierno Santos por la
vía de J.J. Rendon a mediados del 2011.
Más allá de los 12
y los 2 millones, la propuesta que se menciona es la de desmantelar algunas
estructuras y el sometimiento a la justicia de algunos narcotraficantes. Siendo
consecuentes es un contacto para sopesar las posibilidades de dejar las armas;
un paso hacia la paz con las drogas para poder pasar a una economía legal,
formal.
Lo preocupantes es
que los que más tienen rabo de paja son quienes prenden la candela y Colombia
responde condicionada por su imaginario de que lo políticamente correcto frente
al narcotráfico es la violencia. Y posiblemente responden los colombianos
apoyando lo de siempre: el narcotráfico soterrado… posiblemente.
Una revisión de la literatura y prensa revela que el narcotráfico institucionalizado es reaccionario a la desmovilización o al desarme del narcotráfico de campo. Es incluso represivo de sus consumidores, su mercado. Estos politicos que aprovechan el hecho de estos acercamientos de parte de algunos narcotraficantes con el gobierno colombiano para acusar de fondos de drogas en la campaña de Santos, recusan ser investigados por la Fiscalía de la República y se acogen al Procurador, son quienes chuzan el proceso de paz y son los mismos que han sido acusados en escenarios internacionales de nexos con el narcotráfico y son los mismos que promueven la penalización de los consumidores y cultivadores.
Aquí hay mucho más
que discutir que doce millones de dólares. El debate no se puede quedar en el
florero a detrimento de la independencia.
12 de mayo 2014