Declaración de
Valencia 2012.
Las personas
presentes* en Valencia (España), los días 9 y 10 de noviembre, convocadas por
OCDI (Observatorio Cultivos Declarados Ilícitos) preocupadas por el proceso de
discusión en torno a los principios rectores que orientaran la temática del
Desarrollo Alternativo, que serán aprobados en el ICAD (Conferencia
Internacional sobre Desarrollo Alternativo), hemos concordado hacer la siguiente
declaración:
Habiendo accedido
al borrador de la Declaración Ministerial de Lima sobre el Desarrollo
Alternativo observamos que se otorga preeminencia a las convenciones
internacionales y los organismos de control de drogas sobre la lucha contra la
pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en relación a los cultivos con fines ilícitos.
Constatamos que el
borrador de la Declaración Ministerial de Lima presenta generalidades,
repeticiones, incoherencias y presenta un sesgo andino, que contrastan con los
aportes del taller ICAD Tailandia 2011, y de expertos y oficiales de distintas
áreas geográficas, y con los avances reflejados en el documento E/cn.7/2012/8*
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que son concretos y
coherentes.
Tras la revisión
del borrador de la Declaración Ministerial de Lima destacamos que
·
La
integralidad se limita a plantear el Desarrollo Alternativo casi exclusivamente
para la reducción de cultivos con fines ilícitos ignorando el contexto más
amplio de desarrollo social, económico y cultural.
·
La
definición del papel del Estado tiene su énfasis en el control y la aplicación
de la ley. Sin embargo creemos que el énfasis debería situarse, siempre, en el
papel de promotor del desarrollo humano garantizando los derechos fundamentales
en las zonas con problemas de cultivos con fines ilícitos.
·
Valoramos
que el borrador reconozca la importancia fundamental de una secuencia correcta
en la implementación de los programas de Desarrollo Alternativo, entendiendo que
la reducción de los cultivos es una consecuencia del desarrollo integral.
·
Consideramos fundamental que el Estado asuma el papel adecuado en la prevención
y resolución de conflictos generados en el marco de las políticas de reducción
de cultivos con fines ilícitos, reconociendo que a menudo la intervención de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido inadecuada y contraproducente.
·
Exigimos un
explicito reconocimiento del derecho al uso tradicional de las plantas
declaradas ilícitas.
·
Exigimos
que se garantice el derecho al acceso y uso de la tierra por parte de los
pequeños agricultores.
·
Recomendamos que se capitalicen las experiencias y lecciones aprendidas y buenas
prácticas logradas en los 30 años de Desarrollo Alternativo.
·
Exigimos
que la cooperación internacional y los Estados no condicionen la participación
en programas de desarrollo a la erradicación previa.
·
La
legitimidad del Estado, los esfuerzos de agencias internacionales y entidades
que apoyan el medioambiente y las economías campesinas, se vulneran cuando de
forma simultanea se aplican programas de erradicación con programas de
desarrollo alternativo.
·
El borrador
aspira a un modelo único de desarrollo agroempresarial (que, entre otras
modalidades, promociona los monocultivos) en el marco de la Organización Mundial
del Comercio y los tratados de libre comercio, que excluye el acceso a los
factores productivos que garanticen la sostenibilidad de las economías
campesinas.
·
Notamos con
preocupación que no se menciona la mitigación y adaptación al cambio climático,
así como tampoco la importancia de procesos de ordenamiento territoriales. Las
políticas de Desarrollo Alternativo deberían tener en cuenta aspectos
ambientales y sociales que impliquen al Estado y el sector privado
inversionista, y no sólo a los agricultores.
* Provenientes de
América Latina, África, Asia y Europa, algunos de ellos participantes en
Tailandia 2011.