Asuntos Ambientales -una cartera

Asuntos Ambientales -una cartera definitiva

María Mercedes Moreno

El Desarrollo Sostenible es un manejo, una serie de actos que repercuten en los hechos. Es una concepción del mundo que se plantea a raíz del reconocimiento de que ciertos estilos de consumo y actividades humanas constituyen un riesgo para los recursos naturales que son nuestra fuente de vida. Bajo esta óptica, el Gobierno de Juan Manuel Santos accedió a los ruegos de la sociedad civil nacional a internacional y exigencias de las FARC en La Habana de abandonar las fumigaciones como medida automática frente a los cultivos con usos ilícitos.

No obstante, en una negociación aparentemente benéfica en el corto plazo pero que se puede revelar nefasta en el largo plazo, los campesinos piden acceso preferencial al uso de agroquímicos y el Gobierno se los concede. Esto sin consideración de que Colombia, para poder hacer no sólo alarde sino realidad su potencial natural, debe ajustar su modelo de desarrollo, el manejo de su agricultura y de sus recursos naturales y capital social a las exigencias sanitarias, normativas, comerciales y científicas de la época.

Si efectivamente la mayor parte de los suelos del territorio nacional son ácidos y de baja fertilidad y es por esa razón que Colombia es uno de los principales consumidores mundiales de fertilizantes por hectárea, el papel del Estado colombiano es el de proyectar el país al futuro incentivando la investigación y producción nacional de fertilizantes orgánicos. Esto implica repensar el acuerdo que pactó el agro con el Gobierno Santos reparando en a quién benefician los incentivos que se piden para estos agroquímicos. El país no se cuestiona a cuenta de qué intereses ajenos estas sustancias químicas condicionan la productividad, rentabilidad y margen de competitividad del agro e industria colombianos a la baja en el largo plazo y someten el agro colombiano a depender de importaciones que ocasionan la destrucción de esa biodiversidad que tantas expectativas genera.

Durante las marchas campesinas del 2013, El Espectador señalaba el hecho de que estos insumos químicos son en su gran mayoría importados; que sus precios en Colombia están hasta un 50% por encima de la cotización internacional; que seis empresas controlan el 92% del mercado nacional; y que, en años recientes, el 40% de las compras de estos insumos de hicieron en paraísos fiscales. Éstas no son consideraciones secundarias.

El gobierno tiene la obligación de responder a los agravios del campo pero, ante todo, el deber de defender los intereses nacionales y no ser el directo causante de afecciones a la salud, medioambiente y futuro comercial de la Nación. En lugar de seguir impulsando el uso intensivo de químicos, los representantes del agro y el Estado deberían buscar el desarrollo de fórmulas e industrias nacionales más amigables con el ambiente para la protección de sus cultivos e incremento de la productividad. No sólo en aras del futuro del pequeño campesinado sino asimismo del futuro de aquellos agro negocios que son grandes consumidores de fertilizantes y herbicidas.

El Desarrollo Sostenible de Colombia depende de que las industrias nacionales de agroinsumos sepan aprovechar el vacío existente de producción y apostarle a los mercados de futuro. El desfase químico es una apuesta de futuro que debería convocar por igual a todos los exponentes del agro colombiano frente a un Estado y sociedad que hasta ahora se han revelado insostenibles. Basta con subir al páramo o salir al campo colombiano para sentir el olor a pesticidas y ver cómo los moradores locales desechan, ahí donde los usan, recipientes de agrotóxicos, latas, bolsas de plástico y cuanta basura producen sin el menor conocimiento ni consciencia de los daños que se ocasionan; en una primera instancia, a sí mismos, sus hijos familias y vecinos. Basta con darnos cuenta de que los colombianos poco a nada sabemos, y menos exigimos, sobre el origen y procesamiento químico de lo que consumimos. Que las partes en el conflicto y empresas no reparan en que los recursos naturales que envenan y arrasan de tajo no son otros que su propia fuente de riqueza, no sólo a presente sino, si bien explotados, a futuro.

Es posible que a todas luces el desarrollo integral del campo pase por fórmulas agroquímicas que permitan incrementar su productividad y competitividad internacional en el corto plazo que se requiere para sentar las bases del fin del conflicto. No obstante, en la coyuntura actual de definición del rumbo que se le debe dar al campo, la principal consideración debe ser la vulnerabilidad de los recursos humanos y naturales, la calidad de vida de los habitantes sus ganaderos, mineros, agricultores campesinos no sólo en lo inmediato sino con visión de futuro. Los actos y pactos del Gobierno y el agro no pueden ser ajenos a estas exigencias.

Éste es el primer deber del Estado colombiano: llevar a cabo campañas educativas focalizadas con la financiación pública que se requiere para que efectivamente, y no sólo en el papel, se pueda llevar a cabo este trabajo de terreno de conocimiento y valoración ambiental. Para esto se necesita ante todo una conciencia ambiental en el corazón y cabeza del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente no es una cartera terciaria, como hasta ahora lo ha sido. Es el eje de la apuesta a futuro de Colombia ante el mundo.

Julio 2014