El conflicto y los nuevos escenarios

de la guerra en contra de las drogas


Yamil Abdala

 

 

 

La experiencia ha demostrado que en Colombia la política de represión policial y militar en contra de las drogas ha sido un fracaso. Una de las tesis de este artículo es que el error radica en pretender resolver los problemas sociales y estructurales de la sociedad a partir de recursos técnicos como la fumigación, y militares o policiales de tipo represivo.

Esta política además, ha desencadenado una grave situación de conflicto social y de orden público en el país. Estamos hablando de la emergencia humanitaria más aguda de este hemisferio, y no hay una conciencia clara de los efectos generados. El objetivo aún es doblegar al enemigo (en el transcurso del artículo trataré de definirlo) y no se piensa en soluciones concertadas, no hay conciencia del daño social y de la necesidad de revaluar los términos en los que se explica el conflicto.

 

El artículo tiene como objetivo hacer un reconocimiento de los escenarios políticos de la estrategia antidroga, en relación a la intensificación del conflicto en términos sociales, humanitarios y medioambientales, y a la forma en que tanto el gobierno colombiano como el norteamericano le están haciendo frente, para posteriormente hacer una interpretación del mismo y finalmente concluir pertinentemente.

 

 

Evolución de la política

 

Estados Unidos se encuentra desde hace décadas en una cruzada en contra de las drogas. Inicialmente la droga fue la peor amenaza a la salud pública de los norteamericanos. La política pasó sus momentos más brillantes durante la administración Carter, cuando se acotó el término Harm Reduction (Reducción del daño), como una aceptación de que el problema tenía que ser controlado pero difícilmente iba a ser erradicado. Con Reagan el tratamiento del problema deja de ser técnico y médico y comienza a formularse en términos políticos y morales[1]. De esta manera, antes del los eventos del 11 de septiembre, la salud pública, la moral y la política fueron los conceptos de base que se utilizaron para definir la guerra coyuntural de los Estados Unidos.

 

A partir de esta fecha la percepción del problema tuvo un cambió radical tanto para Estados Unidos como para Colombia. La erradicación de las drogas dejaría de ser un fin como tal y se convertiría en un medio para la consecución de un nuevo objetivo, es decir, garantizar la seguridad nacional a través de la persecución de los medios de financiación del terrorismo. De esta manera para la administración Bush las FARC y el ELN, antes considerados como grupos con impacto local, son ahora parte de una compleja red de terrorismo internacional que amenaza la región.

 

El gobierno colombiano que de forma dócil aceptaba las sugerencias norteamericanas referentes a la política antidroga, supo sacar provecho de la coyuntura y de la conmoción internacional, para visibilizar el conflicto y conseguir más apoyo para sus propósitos militaristas, legitimados por la nueva retórica del terrorismo.

Así mismo cambió su relación con los actores del conflicto, pues aquellos que anteriormente habían sido considerados actores políticos legítimos, se convirtieron casi irreversiblemente en terroristas, con los cuales, si se siguen los nuevos dogmas antiterroristas, no se debe negociar.

 

La alineación de Colombia con la política exterior norteamericana se puso aún más en evidencia con el apoyo del gobierno Uribe a la invasión de Irak. El común denominador es la lucha global contra el terrorismo y contra todos las actividades que giran alrededor de él (drogas, armas, lavado de dinero, etc).

 

 

Del Plan Colombia al IRA:  Un mercado de violencia que se regionaliza

 

El Plan Colombia como estrategia antidrogas de la política de ‘narcotización’[2] del gobierno Bush, reiteró el fracaso de la guerra estadounidense en contra de las drogas, logró desvanecer aún más esa fina línea que separa a la guerra contrainsurgente y a la guerra antidrogas, y además contribuyó a la agudización del conflicto en términos de orden público, social, medioambiental  y humanitario.

 

En su solicitud de financiación suplementaria para la guerra contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional, presentada en marzo de 2002, el presidente Bush pidió la autorización del congreso para que las ayudas antinarcóticos que Colombia ya había recibido por medio del Plan Colombia pudieran utilizarse en la lucha contra el terrorismo. Además aceptó financiar actividades militares no relacionadas con la lucha contra las drogas en Colombia, como la operación de seguridad para el oleoducto Caño limón-Coveñas, donde se han invertido cerca de US $100 millones[3] en salvaguardar intereses norteamericanos.

 

Ante la amenaza inminente de la expansión del conflicto colombiano a nivel regional, el gobierno norteamericano diseño su llamada Iniciativa Regional Andina (IRA).

Según Rand Beers (Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Administración de Justicia), la Iniciativa Regional Andina (IRA) busca abordar los continuos retos que tiene Colombia, con el fin de colaborar con el resto de la región para prevenir una mayor propagación de sus problemas[4].

Paralelamente surgió la Iniciativa Andina Antinarcóticos (IAA), a la cual son destinados destinados un 80% de los recursos totales de la IRA[5].

 

La IAA tiene los siguientes objetivos:

·         Promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas,

·         Fomentar el desarrollo económico sostenible y liberalización del comercio,

·         Reducir significativamente el suministro de drogas ilegales hacia Estados Unidos en la fuente. 

Esta iniciativa, como todas las ya propuestas por Estados Unidos, sigue atacando el problema directamente a través de la interdicción pero ignora las causas estructurales que lo motivan.

 

La IAA fue la encargada de oficializar que el conflicto colombiano estaba contaminado la región, pero en realidad hace parte de la estrategia neo-mercantilista de los Estados Unidos en función del ALCA y el mantenimiento de su hegemonía a nivel global.

No por nada uno de los objetivos de la IAA es la liberalización del comercio, lo que en el contexto de una estrategia antinarcóticos suena algo contradictorio.

Para la opinión pública norteamericana, la lucha contra las drogas sigue siendo de enorme importancia, pues no se han presentado cambios significativos ni en los precios de las drogas en las grandes ciudades, ni en el crimen asociado a ellas o el número de usuarios[6].

 

En febrero de 2004 el Presidente Bush presentó al congreso una solicitud presupuestal para el 2005. En el marco de esta propuesta el gobierno colombiano contaría con US $593.7 millones, de los cuales US $443.7 beneficiaran a la policía y ejercito[7].

De otro lado, el gobierno colombiano recibiría en virtud de la IRA US $463 millones, de los cuales US $150 se utilizarían para proyectos de desarrollo alternativo, asistencia humanitaria y fortalecimiento institucional[8].

Veamos las denominaciones de otros fondos de los cuales el gobierno de Colombia recibe financiación:

 

·         FMF - Foreign Military Financing[9] (financiación militar extranjera): US $108 millones.

“..será usado para continuar nuestro apoyo a Colombia y al Presidente Uribe, que se ha comprometido a vencer las organizaciones terroristas designadas por EU. La FMF va a apoyar la estrategia colombiana de seguridad...”[10]

·         IMET - International Military Education and Training (educación y entrenamiento militar internacional): US $1.7 millones.

“...complementa objetivos claves en Colombia, proveyendo entrenamiento al ejercito colombiano, con énfasis en derechos humanos...”

·         NADR-ATA - Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs - Anti-terrorism Assistance (no-proliferación, antiterrorismo, desminado y programas relacionados – Asistencia antiterrorista): US $ 3.92 millones

·         NADR-SALW - Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs – Small Arms - Light Weapons (no-proliferación, antiterrorismo, desminado y programas relacionados – Armas pequeñas/Armas livianas): US $ 200 mil.

Esta lista es bastante elocuente en sí misma, en ella se puede observar el curso de la cooperación que Estados Unidos pretende llevar a cabo con el Gobierno colombiano. Es importante observar que al menos un 80 % de la ayuda total será destinada a la fuerza pública.

 

Según el documento Highlights of the Bush Administration’s 2005 Latin America aid request[11] se puede observar una clara tendencia, especialmente en la financiación para desarrollo y ayuda humanitaria y para ayuda militar.

La primera tiende a declinar en un 10 % entre 2003 y 2005. Por su parte la ayuda militar tiende a aumentar.

 

El pasado 29 de abril en una audiencia sobre “apropiaciones para asistencia de seguridad para el año fiscal 2005” del Subcomité de Operaciones en el Exterior del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el Representante Jim Kolbe de Arizona, cuestionó la iniciativa de aumentar el troop cap (límite en el número de contratistas y soldados estadounidenses) y comenzó un debate sobre si este aumento significaría el aumento del nivel de intervención en los asuntos internos y en el conflicto colombiano. El subsecretario de estado Richard Armitage contestó: “Lo que esto significa es que el gobierno de Colombia, en particular el Presidente Uribe está impulsando una serie de iniciativas. No solo está combatiendo las drogas y tratando de combatir el secuestro también está persiguiendo a los terroristas. En el proceso, creemos que necesitamos incrementar el número de contratistas y militares debido y en apoyo al Plan Patriota”[12]

 

El Comité del Senado de Servicios Armados (Senate Armed Services Committee) accedió el pasado 12 mayo a la petición de la administración Bush para aumentar el troop cap a 500[13]. Sin embargo esta propuesta todavía se tiene que debatir en el senado y la sensación general es que el límite de 400 va a prevalecer, a pesar de que haya una tendencia republicana que pretende la eliminación total del troop cap.[14]

 

En Colombia ha surgido lo que el antropólogo social George Elwert[15] denomina un ‘mercado de violencia’ (Gewaltmarkt). Elwert hace referencia a situaciones semejantes a guerras civiles como: sistemas de señores de guerra, bandolerismo y obligaciones de luchas tradicionales que son dominadas por una motivación económica; estos se desarrollan en ‘espacios abiertos para la violencia’ (gewaltoffene Räume).

Cuando la economía de mercado (legal o ilegal) y un ‘espacio abierto para la violencia’ coinciden, puede surgir una reotroalimentación positiva, es decir que los intereses económicos que mueven el conflicto (independiente si estos son fin o medio del mismo) amplían el ‘espacio abierto para la violencia’ y se crea un sistema autoestabilisante, es decir un ‘mercado de violencia.’

 

Si tomamos esta teoría como base, se puede afirmar que las drogas alimentan el ‘mercado de violencia’ colombiano así: los grupos armados encuentran en ellas su principal fuente de financiación, el gobierno y la fuerza pública justifican la necesidad de ayuda militar norteamericana en la guerra contrainsurgente/ antiterrorista/ antinarcóticos y el gobierno norteamericano justifica en su cooperación y compromiso ciertos niveles de intervención y decisión en asuntos políticos y económicos internos de interés bilateral o propio.

En la medida en que cualquiera de los actores tiene acceso a mayores recursos que podrían desestabilizar el ‘mercado de violencia’, los otros se encargan de conseguir los medios necesarios para estabilizarlo. El ‘mercado de violencia’ tiende entonces a crecer, mientras ninguno de los bandos tenga la capacidad de doblegar al otro.

Se insiste entonces en una solución negociada al conflicto pues la dinámica de la guerra, como se plantea hasta ahora, logrará lo que podríamos denominar un proceso constante de incremento y estabilización de este ‘mercado de violencia’.

 

 

La política de “Seguridad Democrática”

 

La política de Seguridad Democrática del presidente Uribe ha logrado llevar gobierno (en términos de autoridad) a varias de las zonas ignoradas del país.

Hay que reconocer que una de las mayores debilidades de la democracia colombiana ha sido precisamente la ausencia del Estado[16] en regiones consideradas como marginales, especialmente las zonas de bosque tropical tenidas en cuenta únicamente bajo los esquemas de extracción sin compensación, y de espacios de recepción de población desplazada del resto del país[17].

 

El desacierto consiste en creer que enviar autoridad significa crear gobernabilidad, y que seguridad no es más que soberanía.

Según Ramírez Ocampo la seguridad democrática trasciende sus tradicionales funciones de preservación de la soberanía nacional, la integralidad territorial y el orden jurídico de los estados, para centrarse fundamentalmente en la protección de la persona humana.”[18] Esto significa también seguridad en términos alimentarios, laborales y de que sus derechos fundamentales van a ser respetados.

 

La definición de políticas públicas suele caer en un error muy común, y que tiene que ver con la diferenciación entre los conceptos de ‘deberes’ y ‘problemas’. Esto hace que la política pierda su norte en término de objetivos.

Para comprender estos errores conceptuales en la forma en que se plantea una política pública, proponemos establecer las definiciones de base que la componen. Los ‘deberes’ surgen de preguntas no controvertibles y dentro de un contexto que es familiar; su solución satisfactoria existe y ya fue probada. Los ‘problemas’ en cambio se presentan a partir de preguntas controversiales dentro de contextos desconocidos, y su solución tiene que ser creada o inventada[19].

La situación se hace compleja cuando existe una confusión en cuanto a sí la estrategia de acción que quiere definir la política pública, busca respuesta a un ‘problema’ o a un ‘deber’.

Para ejemplificar esta aproximación conceptual, podemos decir que los objetivos de Estados Unidos en cuanto a la lucha contra las drogas son muy diferentes a los que deberían ser los objetivos colombianos. Los norteamericanos lo ven como un problema cuya solución radica en acabar con la oferta de drogas. Nosotros en cambio deberíamos verlo como un deber, cuya respuesta sería generar cambio y mejoramiento, con el fin de subsanar todos esas falencias estructurales que subyacen el surgimiento y perpetuación de estos nichos, que facilitan el surgimiento de economías ilegales y paraestados.

La política antidrogas estadounidense está convirtiendo entonces nuestros deberes en problemas.

El gobierno se ha empeñado en presentar esta política como prerequisito para cualquier otra, especialmente en el área social, y evita darse cuenta de que la violencia generada por la política represiva, agudiza los problemas sociales y la situación de emergencia humanitaria que vive el país. El trasnochado precepto revolucionario de que hay que destruir para poder construir revive en la política actual del gobierno.

 

 

El Plan Patriota

 

El gobierno colombiano lleva una larga y dolorosa guerra contrainsurgente, cuya culminación no se hace visible, ni en el orden militar ni político.

La administración actual pretende entonces desestabilizar el conflicto a su favor con un despliegue de entre 14.000 y 15.000 hombres en el sur del país, donde se encuentra el corazón de las FARC.

Las tropas estarán al menos por un año la selva, y están entrenadas para resistir semanas y hasta meses en territorios agrestes[20].

 

El gobierno norteamericano ha decidido en virtud del ambicioso plan, solicitar a su congreso el aumento del número de soldados (400) y contratistas americanos en Colombia (troop cap) en(400), a 800 y 600 respectivamente. También solicita el incremento de la ayuda financiera durante un periodo de tres años (al menos 110 millones de dólares servirán para fortalecer dicho plan) y  apoyo con equipos de planeación y comunicación.

 

Las primeras consecuencias del Plan Patriota se dejaron ver en el departamento del Caquetá, donde hay cerca de 1500 desplazados que tuvieron que abandonar sus casas por temor a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las FARC o por temor a las posibles represalias[21].

Los analistas aseguran que es ingenuo pensar que se le va ganar la guerra a las FARC en el territorio que mejor conoce pero el gobierno parece seguro y confiado. En palabras del presidente Uribe: “Por más espesa que sea la selva y agreste, allá llegaremos para derrotarlos”[22].

 

Por su parte, el gobierno ecuatoriano se prepara para enfrentar las posibles consecuencias del Plan Patriota en sus fronteras. Las fuerzas armadas ecuatorianas están adoptando las medidas de seguridad pertinentes para poder responder a posibles despliegues de las FARC y los desplazamientos que pueden conllevar la militarización del área. Existe una seria preocupación por la llegada masiva de desplazados colombianos hasta la provincia de Sucumbíos[23], ubicada en la frontera entre Ecuador y Colombia.

 

 

Impacto de la política en función de sus objetivos

 

La UNODC[24] presentó en marzo de 2003 su informe Coca Survey 2002[25], donde se destacaba el enorme avance que habían logrado las autoridades antinarcóticos en materia de erradicación. Los cultivos habrían sido reducidos en un 30 % entre el 2001 y el 2002, pasando de 145.000 a 102.000 hectáreas. 

Sin embargo según informes recientes del gobierno norteamericano[26], en 2001 se estimaron 169.800 hectáreas de coca que habrían sido reducidas a 144.450 en 2002 y 113.850 en 2003, es decir una reducción de los cultivos de 15% y  20 % en el año respectivo.

 

En 2001 se fumigaron 94.152 hectáreas, 130.362 en 2002 y 120.000 hasta octubre de 2003[27]. A pesar de que las cifras de las diferentes fuentes no concuerden, podemos observar que por ejemplo en 2002 se fumigó al menos un 90 % de la superficie cultivada con coca que se estimaba para ese año. En el escenario más dramático en términos ambientales, es decir suponiendo la infalibilidad del glifosato, estamos hablando probablemente de una resiembra que sería al menos equivalentes al 70% del área existente antes de la aspersión.

 

La tendencia hasta el año 2001 era que independientemente de cuanto se fumigara en Colombia o se erradicara en Perú y Bolivia, el total de hectáreas de la región seguía siendo alrededor de 200.000. Desde ese punto de vista vemos una reducción considerable en la superficie cultivada para los tres países andinos, ya que en 2002 se estimaban 173.000 hectáreas.

Esto podría ser considerado como un triunfo en función de los objetivos norteamericanos de erradicación, pero no repercutió en la reducción de la oferta de drogas en este país, hecho que ha sido aceptado tanto por el Departamento de Estado como por la DEA[28]. En el caso de la cocaína y heroína, los precios de venta en las principales ciudades de los Estados Unidos han permanecido estables e incluso han bajado[29].

En términos de la estructura y distribución de los cultivos se habla de una atomización de los mismos, es decir que ahora hay más municipios cultivando menos coca[30]. El desplazamiento de los cultivos a diferentes regiones sigue deslegitimando la política, y a pesar de que las fumigaciones lograron romper el equilibrio de la superficie cultivada en la región Andina, se ha registrado un leve aumento de los cultivos tanto en Perú como en Bolivia.

 

 

Las fumigaciones: eminente peligro en los parques naturales

 

Las fumigaciones han causado durante años el efecto de desplazar los cultivos a otras regiones donde aún no se fumiga. Este fenómeno ha tenido por consecuencia la dispersión territorial de los cultivos, una mayor expansión de la frontera agraria, y solo recientemente algo de reducción en la superficie cultivada (no en la oferta de drogas). Una de las consecuencias de esta dispersión es el aumento de los cultivos de coca y amapola en parques y reservas naturales, que se estima en unas 4500 hectáreas.

 

En junio de 2003 el Consejo Nacional de Estupefacientes a través de su resolución 0013 intentó legitimar la fumigación en parques y reservas naturales, sin embargo, “Esta resolución es inconstitucional e ilegal, puesto que desconoce lo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en el Plan de Manejo Ambiental”[31].

 

El 10 de diciembre de 2003 el Congreso de Estados Unidos aceptó que los fondos del Plan Colombia fueran utilizados para fumigar las zonas definidas como parques naturales, en un país que cuenta con las siguientes características en cuanto a sus recursos naturales: es el segundo país del mundo en diversidad de especies de fauna y flora después de Brasil, se estima que existen entre 45 mil y 55 mil especies diferentes de plantas de las cuales aproximadamente la tercera parte son endémicas; hay 3500 especies de orquídeas identificadas; está clasificado como el tercer lugar con mayor diversidad de vertebrados terrestres; se han identificado 1721 especies de aves que constituyen el 20 % de las aves del mundo. Esta diversidad implica también una enorme vulnerabilidad[32].

 

En respuesta a la aprobación de parte del Gobierno de Estados Unidos a la fumigación en los parques, Sandra Suárez, ministra del medio ambiente de Colombia aseguró, que “primero se optará por la erradicación manual”[33], esto, más que salvaguardar las áreas de alta diversidad de flora y fauna, significa que el gobierno nacional no descarta aún la posibilidad de llevar a cabo fumigaciones en los parques naturales.

 

 

Impactos humanitarios a nivel regional

 

Por su parte, las fumigaciones han generado impactos de diferentes tipos en los países vecinos que van más allá de las fluctuaciones de la oferta local de cada uno de los países.

Según Codhes (Consultoria para los derechos humanos) una de las principales causas de desplazamiento en Nariño y Putumayo es la fumigación. Estos desplazados ni siquiera son reconocidos por la Red de Solidaridad dentro de su sistema único de registro para la población desplazada (SUR), lo que margina a sus víctimas del sistema de atención. Según testimonios recogidos en Putumayo, Caquetá y Arauca la causa principal del desplazamiento es la fumigación, ligada al traslado de cultivos y la violencia asociada al control territorial[34]. Las fumigaciones afectan tanto los cultivos ilícitos, como los de pancoger. Esto tiene por consecuencia inseguridad alimentaria y perdida de ingreso.

Como las actividades locales giran en torno a la economía de la coca, se genera una gran tensión entre los actores regionales, especialmente en el sur del país, lo que contribuye al escalamiento del conflicto y consecuente intensificación de la violencia.

En otras palabras las fumigaciones se convierten en una emergencia humanitaria gestionada por el estado

 

Los desplazamientos hacia Ecuador también han aumentado considerablemente. Mientras que en el 2000 las peticiones oficiales de refugio al vecino país ascendían a 323, para agosto de 2003 se habían incrementado a 8.973[35].

 

 

La fumigación es un acto de fe

 

A finales los años 70 comenzaron las primeras fumigaciones con Paraquat en las regiones adyacentes a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya desde entonces se trataban de “acciones experimentales cuyo soporte legal estuvo siempre en entredicho”[36]. No sería sino hasta la década de los 90 cuando la política se institucionalizaría.

 

Más de un cuarto de siglo después, seguimos sin saber cuáles son los impactos reales que tienen estas aplicaciones en ecosistemas tan ricos, pero a la vez tan frágiles como los nuestros.

Todo lo que gira alrededor de la fumigación sigue siendo un misterio, incluyendo algunos de los ingredientes inertes[37]del glifosato, que son considerados un secreto comercial[38].

Los impactos en el medio ambiente y en los seres humanos son denunciados constantemente a la Defensoría del Pueblo y a las distintas ONGs por los campesinos.

Estudios serios y confiables acerca de la correlación entre la fumigación y el brote de enfermedades o no se han llevado a cabo, o no han tenido suficiente divulgación.

 

La polarización respecto al tema tiene un carácter político que poco o nada interesa a los campesinos que literalmente están siendo fumigados. Esto separa cada vez más a la opinión pública de la realidad referente a su toxicología, al igual que el debate entre activistas en contra de los pesticidas y los productores de los mismos.[39]

 

El WWF (World Wide Fund) declaró con referencia a las fumigaciones en Colombia: “Los estudios medioambientales y toxicológicos existentes y requeridos por la EPA a los productores durante el proceso de registro, pueden no ser adecuados para evaluar los impactos reales resultantes del uso de glifosato en el marco del plan Colombia (...) Adicionalmente, estos estudios se enfocan solo en el ingrediente activo del pesticida y no en la combinación de ingredientes inertes que de hecho son aplicados, de esta forma se da una evaluación incompleta de la amenaza toxicológica. Finalmente, las investigaciones no han encarado adecuadamente ni evaluado el impacto medioambiental del glifosato a nivel de ecosistemas, dado que su aplicación ha sido principalmente en la agricultura”[40].

 

El Plan Colombia nunca ha sido objeto de una evaluación de impacto ambiental seria que analice:

·         Su impacto ecológico a largo plazo,

·         el riesgo de las fumigaciones para la flora y fauna de la región, así como el desequilibrio ecológico que esto puede causar,

·         el impacto de las fumigaciones sobre los habitantes de la región, especialmente niños

·         la contaminación de fuentes de agua y su impacto sobre la vida acuática.

·         La contaminación de alimentos causada por la fumigación.

 

Independientemente del carácter toxicológico del glifosato, las normas básicas de seguridad impuestas en las mismas instrucciones del Roundup[41] están siendo ignoradas[42]. Entre estas normas encontramos:

 

·         La prohibición de aspersión sobre superficies de agua

·         La prohibición  de aspersión sobre productos comercializables

·         Las restricciones para minimizar el riesgo: mantener a la gente y/o animales fuera del lugar al menos hasta que el herbicida seque.

·         La prohibición de aspersión sobre individuos: testimonios de campesinos confirman que esto no se ha cumplido.

 

Con respecto a las compensaciones por daños “causados por error” en las aspersiones,  la mayor parte han sido desestimadas.  De 4239 reclamos desde 2001 el Departamento de Estado ha investigado 2740. Un 52 % han sido desestimados porque la fecha en que se registró la aspersión aérea y la fecha real no coincidían con un rango de error de un día. El 43,8% fueron también descartadas, porque los cultivos lícitos destruidos se encontraban entre cultivos de coca. Un 3.25% se desestimó porque la reclamación fue hecha mas de dos meses después del hecho. Solo 5 reclamaciones han sido tenidas en cuenta como válidas[43].

 

 

La amenaza de los micoherbicidas

 

En un debate sobre fumigaciones en el senado, el senador Jorge Enrique Robledo leyó algunos apartes de mensajes enviados por el Departamento de Estado al Embajador de Colombia en Washington[44].

El gobierno norteamericano insta al colombiano a informar mejor a sus funcionarios en el tema de los microherbicidas. Todo esto parece responder a un interés particular “por aprender más”, que manifestó el presidente Uribe cuando la Embajada de Estados Unidos le consultó sobre el tema.

Cuando se habla de microherbicidas se está haciendo referencia al hongo Fusarium Oxysporum (llamado también el Agente Verde), que podría ser utilizado como un agente biológico en la erradicación de coca y amapola.

 

En un artículo de la BBC de octubre del 2000[45], se hizo referencia al desarrollo del hongo con la supervisión de UNDCP [46]en Uzbekistan, con el fin de erradicar cultivos de amapola en Afganistán. Según documentos oficiales de UNDCP en Viena citados en este artículo, el hongo podría ser difícil de contener después de haber sido liberado, podría afectar a otras especies e incluso podría mutar.

A esta preocupación se añade que este hongo puede convertirse en un arma biológica en caso de que caer en manos “equivocadas”, y se plantea el caso hipotético pero factible, en que los mismos narcotraficantes o terroristas tuvieran acceso al agente y lo utilizaran con el fin de hacer una especie de terrorismo agrícola internacional.

 

Aunque parezca que el escenario de las fumigaciones en Colombia no puede ser más lóbrego en términos ambientales y humanitarios, estudios recientes muestran que el glifosato tiende a aumentar el tamaño de las colonias de fusarium, un tipo de hongo que surge naturalmente en el suelo y que ocasionalmente invade los cultivos, aunque generalmente otros microbios logran controlar su proliferación. Este hongo puede generar en los alimentos toxinas peligrosas para los seres humanos[47].

 

Sahno Tree director del proyecto Política de Drogas del Institute for Policy Studies aseguró en referencia a las fumigaciones con glifosato en Colombia: “La política se ha mostrado inútil en función de sus objetivos, pero estamos aprendiendo que uno de sus efectos colaterales podría ser que se desate una epidemia de fusarium en la cuenca del Amazonas.”[48]

 

 

Desarrollo Alternativo

 

“El Desarrollo Alternativo no funciona ni va a funcionar”, me comentó un funcionario que trabajó en proyectos de Desarrollo Alternativo en Colombia. Lo cierto es que el tema se ha venido trabajando de manera irresponsable por parte del gobierno, y los proyectos de cooperación y todas sus buenas intenciones suelen ser limitados tanto espacial como temporalmente.

 

El Desarrollo Alternativo fue concebido como parte de una estrategia antinarcóticos, es decir que el objetivo que lo enmarca es la reducción de la oferta y no el ofrecimiento de opciones de vida que les permitan a los campesinos sustituir el ingreso ilegal, a través de alternativas de desarrollo económico.

Desde este punto de vista, el Desarrollo Alternativo no puede estar enmarcado en una estrategia represiva y destructora del medio ambiente, por el contrario, tiene que incluirse en una estrategia de conservación y preservación: un uso sostenible del suelo y de los recursos que permita su perpetuación. Pero su marco es mucho más amplio que la realización de simples proyectos puntuales, el desarrollo rural integral y el desarrollo regional son la única forma en que estos proyectos van a ser realmente viables y sostenibles.

 

El problema de la agricultura y el desarrollo rural tiene que ser atendido enérgicamente. El conflicto se desarrolla en un contexto territorial rural históricamente relegado y sometido a intereses antidemocráticos. La pobreza en las zonas rurales y falta de gobernabilidad es un caldo de cultivo de ‘espacios abiertos para la violencia’.

En resumen se necesita lo que Machado llama una reforma rural, que va mucho más allá de la reforma agraria redistributiva: “...un proceso de cambio y transformación de las estructuras rurales y de sus relaciones con el sector agroindustrial, financiero y comercial y con la sociedad, con capacidad de crear las condiciones para un desarrollo agrícola más competitivo y endógeno; para un desarrollo rural más equitativo, sostenible, eficiente y sin exclusiones de ninguna naturaleza; que haga del sector rural y la agricultura un sector estratégico en la economía y la sociedad y facilite el desarrollo del potencial de sus recursos naturales y la biodiversidad en beneficio del país y de sus habitantes rurales.

La reforma rural involucra tanto el acceso a todos los activos productivos, como a la formación de capital social, la definición de una nueva institucionalidad para el sector y la consideración del territorio como unidad de planeación y de aplicación de estrategias. Esta reforma compromete tanto al sector público como al privado y debe formar parte de una visión compartida de largo plazo de la agricultura, de la sociedad rural y del desarrollo rural con sus diferenciaciones regionales.”[49] 

 

El resultado de las negociaciones del ALCA también tiene que ver mucho con lo que va suceder en el campo colombiano en el futuro y con las posibilidades reales de implementar un Desarrollo Alternativo, como un programa de una política institucional hacia una nueva ruralidad. Como ejemplo de esto podemos considerar los Programas Regionales de Desarrollo y Paz, que pretenden  mitigar los efectos humanitarios del conflicto a través de la integración de las comunidades a un desarrollo sostenible y con convivencia social[50].

 

 

¿Por qué se continua con una política que ha legitimado repetidamente su ineficacia e incluso consecuencias perjudiciales en términos humanitarios, medio ambientales y de agudización del conflicto?

 

Las estadísticas del Departamento de Estado que señalan una reducción significativa de la superficie cultivada de coca en Colombia no tienen relevancia; según Isaacson[51]:

·         El precio de la cocaína no ha subido en las calles de Estados Unidos

·         El precio de la coca no está aumentando en el mercado ilegal colombiano

·         Los cultivos de coca han aumentado en todos los demás lugares

·         El cultivo de coca ha aumentado en Colombia en lugares donde la aspersión no es constante

Adicional a lo anterior mencionado, podemos decir que la política de reducción de la oferta se fundamenta en unos supuestos que han demostrado ser falsos[52]:

1.      Para acabar con la demanda hay que atacar la oferta

2.      La normatividad restrictiva tanto en países productores como consumidores, influye en un mercado que se desarrollo puramente al margen de la legalidad.

3.      El tratamiento coercitivo es más efectivo en términos de resultados.

4.      La erradicación mitiga los efectos negativos en los países productores en términos de violencia, conservación del medio ambiente, emergencias humanitarias, etc.

 

Ante el continuo fracaso de esta política, solamente podemos llegar a una conclusión: Se puede afirmar que la política de Estados Unidos en realidad persigue otros objetivos ocultos dentro de un marco de lucha contra la droga y contra las fuentes de financiación del terrorismo internacional, pues no es lógico ni razonable que después del evidente fracaso en sus resultados se continúe en el empeño de su implementación con tanto vigor y durante tanto tiempo.

Estamos hablando de US $3600 millones en ayuda militar y de policía desde 1997[53], lo que convierte el país en el tercer receptor de ayuda militar norteamericana después de Israel y Egipto[54].

 

Sin adentrarnos en escenarios neo-imperialistas, antidemocráticos, hegemónicos y/o conspirativos, me permito afirmar que la tendencia de izquierda que se está viendo en América Latina no concuerda con los planes que Estados Unidos tiene para esta parte del continente.

La guerrilla ha sido parte de la amenaza comunista, luego entró en el sistema del narcotráfico y ahora es catalogada como terrorista, y a pesar de esto, dentro de un marco más general,  nunca ha dejado ser una forma de resistencia a la concepción capitalista o neoliberalista de democracia a là USA, que no terminan de tener eco en muchos rincones de América Latina.

 

No es la intención de este artículo entrar en el debate sobre cual política es mejor o peor. Para los norteamericanos la mejor política es la suya y mientras el poder se los permita, van a seguir globalizando su concepción de democracia. Para la opinión pública norteamericana la guerra de baja intensidad en Colombia es entonces una cruzada hacia la protección de su salud, para garantizar la seguridad del pueblo americano y fortalecer la democracia en el sur del continente.

 

Sin duda una forma de debatir ese interés de imposición del orden estadounidense en lo relativo a su concepción de lo que debe ser ideológicamente aceptado, puede ser insistir en el tema de la legalización en un amplio nivel. Sabemos que la erradicación de los cultivos no ha incidido en el precio de la cocaína en Estados Unidos, de hecho ni siquiera un aumento en el precio de la coca en los mercados ilegales en Colombia tendría una verdadera repercusión en el precio en las calles de las ciudades norteamericanas.

 

Becker propone por ejemplo la legalización con impuestos[55]. La idea es reproducir por medio de un impuesto el precio que tiene la droga en las calles. De esta forma el precio se podría manejar en función de la reducción del consumo, y la calidad de la droga podría ser controlada. Al mismo tiempo el beneficio sería para las arcas estatales y no para las redes criminales. Una parte de estos beneficios obtenidos vía impositiva, podría ser invertida en programas de prevención, educación y tratamiento.

 

Pero la realidad es otra. Todo sistema tiene unos ciertos recursos pero también ciertos regímenes que lo limitan[56]. El sistema tiene que tratar de ser lo más eficiente posible en la utilización de sus recursos, aceptando las limitaciones impuestas por los regímenes. Los regímenes pueden ser modificados,  pero solo a partir de intervenciones deliberadas de actores públicos con poder. De esta forma mientras el sistema colombiano mantenga el régimen de la política de reducción de la oferta como su limitante, están por ser reveladas las circunstancias, la realidad económica, política, social y medio ambiental de los entornos en los cuales se forma y prevalece la economía de las drogas. Esto significa una reformulación de objetivos y entender que nuestro problema en realidad es nuestro deber.

 



[1] Guzmán Borda, Sandra, “Una aproximación constructivista a la guerra estadounidense en contra de las drogas” en Colombia Internacional, centro de estudios internacionales- departamento de ciencia política, Universidad de los Andes, enero-abril de 2002, Pg 73-102.

[2] Arlene B Tickner, Pardo Rodrigo, “En busca de aliados para la seguridad democrática”, en Colombia Internacional, centro de estudios internacionales- departamento de ciencia política, Universidad de los Andes, septiembre 2002-junio de 2003, pg 65-81.

[3] Grupo de trabajo estados Unidos, coordinado por Arlene Tickner. La inserción de Colombia en el sistema internacional cambiante Estados Unidos. www.colombiainternacional.org

[4] Discurso de Rand Beers ante el senado de EE.UU, “Importancia de la Iniciativa Regional Andina”, Julio de 2001. http://usembassy.state.gov/bogota/wwwsrb11.shtml

[5] La Iniciativa Andina Antinarcóticos propuesta por la INL. Texto completo en: http://usembassy.state.gov/bogota/wwwsrb11.shtml

[6] Grupo de trabajo estados Unidos coordinado por Arlene Tickner, “La inserción de Colombia en el sistema internacional cambiante Estados Unidos” http//: www.colombiainternacional.org

[7] Center for International Policy, “Qué está pasando en Washington” febrero del 2004. http://www.ciponline.org/colombia/021004quee.htm

[8] FY 2005 Congressional Budget Justification for Foreign Operations Released February 10, 2004.  Documento completo en: http://www.state.gov/m/rm/rls/cbj/2005/

[9] Ibídem

[10] Traducción del autor basado en  FY 2005 Congressional Budget Justification for Foreign Operations.

[11] Isacson Adam y Eric Stoner, “Highlights of the Bush Administration’s 2005 Latin America aid request” Center for International Policy, febrero 19 de 2004. http://www.ciponline.org/colombia/040219memo.htm

[12] Citado por: Informe Semanal Codhes, mayo 19 de 2004. http://www.codhes.org.co

[13] Washington Office on Latin America, “Retain the Caps in Current Law on the Deployment of U.S. Solders and Private Contractors in Colombia” mayo 14 de 2004. http://www.wola.org/Colombia/troop_cap_memo.htm

[14] Center for International Policy, “House Republicans Want to Abolish Colombia “Troop Cap” ” mayo de 2004. http://www.ciponline.org/colombia/040511cap.htm

[15] Elwert, George, “Beobachtungen  zur Zweckrationalität der Gewalt, en: Von Trotha Trutz, “Soziologie der Gewalt” Westdesutsches Verlag, Wiesbaden, 1997, pg 86-101.

[16] Max Weber consideraba que el atributo más importante del poder de un estado moderno es el monopolio sobre el ejercicio de la fuerza física.

[17] Ramirez Maria Clemencia, “Entre el estado y la guerrilla” Icanh, Bogotá,  2001, pg 29.

[18] Ramirez Ocampo Augusto,  “Introducción” en: “Conflicto y seguridad democrática en Colombia” Fundación Social, Fescol, Embajada de Alemania, Bogotá, 2004, pg 15.

[19] Heidemann Claus, “Cátedra de Introducción a la Planificación. Universidad de Karlsruhe, Alemania 2000.

[20] El Tiempo, “Gobierno pone en marcha el 'Plan Patriota', para cambiar equilibrio de la guerra contra las Farc” abril 24 de 2004.

[21] El Tiempo, “Más de 1.500 habitantes del Caquetá se han desplazado por puesta en marcha del 'Plan Patriota'”  mayo 6 de 2004.

[22] El Universo digital, “‘Plan Patriota’ contra la guerrilla en Colombia” abril 26 de 2004.

[23] Diario La Hora, “Militares desconocen Plan Ecuador” Quito, Mayo 19 de 2004.

[24] United Nations Office on Drugs and Crime

[25] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Coca Survey for December 2002 & Semi-Annual Estimate for July 2003 COLOMBIA”. Texto completo en: http://www.unodc.org/pdf/publications/colombia_report_2003-09-25.pdf

[26] Embajada de Estados Unidos, “Ayuda de estados unidos a Colombia 2000-2003” p. 13. usembassy.state.gov/colombia/wwwfpc01.pdf

[27] Ibídem

[28] Drug Policy Alliance, comunicado de prensa, marzo 24, 2004. http://www.drugpolicy.org/news/pressroom/pressrelease/pr032404b.cfm

[29] Tickner. Arlene y Pardo Rodrigo, “En busca de aliados para la seguridad democrática” pg 70

[30] Ceballos Marcela, “Plan Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y desplazamiento en la frontera con Ecuador” CODHES, Bogotá, Octubre de 2003, pg 2.

[31] Mama Coca, “Exigimos que cesen las fumigaciones” http://www.mamacoca.org/FSMT_sept_2003/index.php3 

[32] Instituto Humboldt, “Biodiversidad en Colombia”

http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/biodiversidad.htm

[33] El espectador, “Parques naturales donde se haya sembrado coca y amapola no serán fumigados” 28 de marzo de 2004.

[34] Ceballos Marcela, “Plan Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y desplazamiento en la frontera con Ecuador”pg 26.

[35] ACNUR - Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, agosto 2003.

[36] Vargas Meza Ricardo, “Fumigación y Conflicto” Tercer mundo, Bogotá, 1999, pg 22.

[37] Facilitan el uso del producto o mejoran su eficacia.

[38] Kaczewer Jorge, “Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana” http://www.ecoportal.net/articulos/toxicologia.htm

[39] Leer: Glyphosate Factsheet por Caroline fox (www.pesticide.com/gly) y Backgrounder Glyphosate and Journal of Pesticide Reform Articles. July, 2002 (http://www.monsanto.com/monsanto/content/products/productivity/roundup/jpr_bkgd.pdf)

[40] WWF, “World Wildlife Fund Comments on Glyphosate” http://www.wola.org/Colombia/fumigation_wwf_comments_glyphosate.htm (Traducción del autor)

[41] Nombre comercial del glifosato

[42] Cederstav  Anna y Puentes Astrid, “The plan Colombia aerial eradication program for illicit crops – an analysis of the 2003 department of state certification to congress” AIDA, 2004. http://www.aida-americas.org/templates/aida/uploads/ docs/AIDA_on_DOS_2003_certification.pdf

[43] Cederstav  Anna y Puentes Astrid, “The plan Colombia aerial eradication program for illicit crops – an analysis of the 2003 department of state certification to congress” pg 14.

[44] Jorge Enrique Robledo, “Estados Unidos presiona nuevamente para fumigar hongos en Colombia”. marzo 30 de 2004. Texto completo en: http://colombia.indymedia.org/news/2004/03/11692.php

[45] Robbins James,  “West funds anti-opium fungus” BBC News, octubre del 2000.

[46] United Nations Drug Control Program

[47] Bigwood Jeremy, “The Toxic War on Drugs”, agosto 23 de 2003. http://www.counterpunch.org/bigwood08232003.html

[48] Ibídem

[49] Machado Absalón, “De la reforma agraria a la reforma rural” http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Agrario/boletines/Boletin2/3_ABSALON_MACHADO.doc

[50] García Arturo y Sarmiento Alfredo, “Programas Regionales de Desarrollo y Paz” Fundación Ideas para la Paz – PNUD, agosto de 2002.

[51] Isaacson Adam, “The State Department’s data on drug-crop cultivations” Marzo 22 de 2004. http://www.ciponline.org/colombia/cipanal.htm

[52] Tokatlian  Juan Gabriel, “Política antidrogas de Estados Unidos. Funesta rutinización de una estrategia desacertada” en: Análisis Político No. 35, Iepri, septiembre-diciembre de 1998.

[53] The Center of International Policy, “U.S. Aid to Colombia Since 1997: Summary Tables” http://ciponline.org/colombia/aidtable.htm

[54] BBC News “Colombia seeks US aid extension” 22 de marzo de 2004.

[55] Becker, Gary, Grossman Michael y Murphy Kevin, “The Simple Economics of the war on Drugs”, mimeo, Univeristy of Chicago, 2001. Citado por: Juan Carlos Echeverry, “Colombia and the war on drugs, how short is the short run?”, Documento Cede 2004-13,Uniandes, febrero de 2004, pg 12.

[56] Heidemann Claus, “Methodologie der Regionalplanung” IfR-Universität Karlsruhe, Alemania, 2002.

 

 


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