Manifiesto
una redefinición de la política antidroga que la transforme
en una estrategia democrática de desarrollo e inclusión

Nos hemos propuesto la tarea de elaborar un documento que se presente como una alternativa posible de desarrollo y paz, para aquéllas regiones que sufren las consecuencias de la política antidroga en Colombia.

El actual contexto colombiano, exige que replanteemos nuestra labor como ciudadanos en aras de lograr la consolidación de comunidades de vida y paz, que reconozcan los principios de multiculturalidad y plurietnia.

Cada día se observa cómo los territorios colombianos se transforman en espacios transitorios, creando vacíos que desarticulan y desestabilizan el desarrollo integral de sus habitantes. Los desplazamientos poblacionales como consecuencia de la crisis social, política y económica, las fumigaciones y el conflicto armado territorial han generado que algunas zonas hayan sido abandonadas a merced de la violencia y el caos,  y otras superpobladas, agravando la crisis de gobernabilidad en estos espacios de recepción de población.

Los cultivos de uso ilícito se convierten en una alternativa de vida que pone en evidencia las falencias estructurales presentes en buena parte del territorio nacional, lo que ha generado que más campesinos se dediquen en pequeñas proporciones al desarrollo de esta actividad.

La atomización de los cultivos en el territorio provocada por la política represiva, amplia la intensidad y cobertura de las fumigaciones masivas en buena parte del territorio, con la consecuente intensificación de los impactos sociales y medioambientales.

En este sentido, la línea de este manifiesto es el replanteamiento de la política en contra de la droga; de tal manera que tenga una influencia positiva en las circunstancias prexistentes que promueven el establecimiento de esta economía ilícita y de una forma más general la perpetuación de la pobreza rural; es decir, que se acometan los problemas causados por la ausencia de políticas públicas adecuadas, a través de medidas de carácter democrático.

Esto implicaría una clara separación entre la política antidroga de carácter represivo e interdictivo, dirigida a las organizaciones envueltas en el narcotráfico y a la lucha contrainsurgente, y una estrategia complementaria como parte de un programa de desarrollo rural integral a nivel estatal, que promueva la redefinición de las estructuras rurales, la conservación del medio ambiente y la democracia.

Cultivos de uso ilícito y comercio internacional

Durante los últimos años, en el marco de las negociaciones de la OMC, los países en desarrollo han impulsado un discurso concerniente a la importancia de la agricultura y el desarrollo rural para su progreso y el de países más pobres. Se ha querido enfatizar en el significativo papel del agro y de una nueva ruralidad en la lucha contra la pobreza y en la garantía de la soberanía alimentaria de la población, así como otras preocupaciones “no comerciales” que tienen que ver con los problemas estructurales de la sociedad y el medio ambiente.

Diversos autores han sugerido que uno de los principales causantes de la proliferación de cultivos de uso ilícito en países como Colombia, recae en las reglas del comercio internacional agrícola, es decir, la aparente liberalización del comercio que predican los países industrializados, y las distorsiones de los mercados especialmente a través de los subsidios a productores. 

Recientemente los países miembros de la OMC han llegado a un compromiso hacia la liberalización del comercio, la eliminación de los subsidios y el desmonte de la maquinaria proteccionista de los países industrializados. Esto más que resultados en el corto plazo, significa un cambio en la dinámica de las relaciones del comercio multilateral; se demuestra que las coaliciones tipo G20 (coalición de países en desarrollo liderada por Brasil e India) pueden hacerle frente y oposición a los países industrializados, y que temas de carácter multilateral evadidos por estos países pero sensibles para países pobres y en desarrollo, pueden ser impulsados en este tipo de escenarios.

Quizá también algún día se pueda plantear el tema tabú de la legalización en un espacio  multilateral.

Uno de los compromisos allí realizados corresponde a la liberalización del comercio de productos tropicales, lo que según la OMC podría facilitar el abandono de los cultivos de uso ilícito en países como Colombia. Esto pone en evidencia que las distorsiones de los mercados internacionales agrícolas son aceptadas como factores influyentes para la proliferación de estos cultivos.

Asimismo se están llevando acabo negociaciones para el TLC con Estados Unidos, siendo la agricultura uno de los tópicos en disputa más sensibles. Los resultados de esta negociación tendrán una gran incidencia en el sector rural y en una genuina viabilidad de sustitución del ingreso ilegal, por uno lícito a través del cultivo de productos agrícolas alternativos.

La dinámica internacional aquí descrita,  hace manifiesto que el desarrollo rural integral y el conflicto agrario no se pueden desvincular del “problema” de los cultivos ilícitos.

El enfoque actual

En los últimos años, la política antidroga ha adquirido cada vez más un carácter macro estratégico en el sentido político-militar, lo que desconoce las carencias de gobernabilidad que subyacen la sociedad rural y la falta de una auténtica política de seguridad democrática.

Nos concentramos entonces en combatir asuntos políticos relacionados con el conflicto armado, y olvidamos otras pugnas que no hemos tenido la capacidad de superar (exclusión social y política, y conflicto medioambiental).

En este sentido, la concepción de crear primero condiciones de seguridad para posteriormente iniciar la tarea emprendedora, desconoce la coyuntura y la emergencia humanitaria que se vive en el país.

Conflicto agrario, desarrollo rural y ordenamiento territorial – un nuevo enfoque

Los así llamados problemas estructurales, que tienen que ver con la democratización de los recursos productivos (entre ellos la tierra), la proporcionalidad en el uso del poder a nivel regional y la gobernabilidad democrática, son deberes fundamentales de gobierno que han sido desatendidos durante décadas.

La pérdida del sentido ecológico-humano de lo local y la armonía con la naturaleza por efectos de las transformaciones tecnológicas, y multiviolencias en el ordenamiento de los territorios, hacen necesaria una nueva visión de territorio para el diseño y formulación de propuestas que conlleven a un desarrollo integral de las comunidades, especialmente, aquéllas que son más afectadas por procesos como la producción y aspersión de cultivos de uso ilícito.

La agricultura y la tierra se deben entender desde su carácter multifuncional, es decir que además de sus tareas tradicionales (generación de alimentos y transferencia de recursos a la industria), también adquiere dimensiones sociales, ambientales e incluso políticas y culturales, que la convierten en una auténtica forma alternativa de desarrollo.

No se puede desconocer la imperiosa necesidad de rescatar, resaltar y articular las acciones provenientes de la sociedad civil en materia política y productiva, de tal manera, que sea desde su origen donde se planteen alternativas que impulsen proyectos de producción agrícola.

A partir del conocimiento y experiencia tradicionalmente adquiridos, y con el apoyo de técnicas de producción agroindustrial que permitan a la agricultura cumplir su función social,  se deben crear condiciones de uso de la tierra y de los recursos naturales más eficientes, para así poder vincular sus productos tanto al mercado nacional como internacional, garantizando así un mayor progreso a los campesinos en forma equilibrada, y así satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones como sociedad de base.

El ordenamiento territorial y la planificación regional deben ser herramientas enfocadas hacia el desarrollo de mercados regionales dinámicos, la creación de capital social y el progreso económico, todo esto con una visión de largo plazo que no desatienda los asuntos coyunturales más urgentes.

De allí la importancia de consolidar territorios bien determinados y administrativamente flexibles, ajustables y revisables, que reflejen realidades vivas, que le permitan a los gobiernos locales legitimarse desde el ejercicio de sus competencias, en una forma dinámica, transformadora y autóctona.

El fortalecimiento del proceso de descentralización junto con una gobernabilidad reconocida en las entidades territoriales, deslegitima la acción de los agentes de violencia, y por ende la de sus mecanismos de financiación alrededor de la economía de las drogas.

Los gobiernos locales deben llevar a cabo una proyección en materia de desarrollo integral, en forma concertada con la sociedad civil, que oriente sus políticas públicas a resolver en forma solidaria sus problemáticas locales en materia de desarrollo humano y político. En ellos está establecer en sus territorios reglas básicas para la convivencia, el orden público, la justicia, las relaciones familiares; entre otras, de acuerdo a sus tradiciones y formas de pensamiento, de tal forma que les permita ejercer control y restablecer la autonomía indispensable para mejorar su calidad de vida, y proyectarse como regiones de desarrollo.

En la actualidad son muchas las acciones provenientes de ONGs, instituciones estatales y organizaciones de base, que llevan a las regiones altamente afectadas por el conflicto interno armado y las zonas de mayor producción de cultivos ilícitos, discursos sobre una convivencia pacífica y transformación de conflictos, para reducir o mitigar el impacto que estos fenómenos causan a la población; sin embargo, una oportunidad para estimular la acción de las comunidades, es la restitución de la tradición pacífica ancestral que caracteriza la cultura colombiana desde sus raíces precolombinas, en donde la cooperación, ayuda mutua y altruismo pueden convertirse en un arma no bélica efectiva para mitigar los conflictos.

La coca se debe convertir en una opción de desarrollo, es decir que en lugar de ser parte del problema, se convierta en pieza de la solución; ya sea para la práctica del mambeo, o a través de usos medicinales, alimenticios o industriales.

La estrategia política debe ser apoyada por una perspectiva trasversal de conservación y salvaguardia de los recursos naturales, humanos y culturales, hacia un desarrollo sostenible que garantice tanto los recursos necesarios para las generaciones futuras, como una nación democrática, pluralista e igualitaria.

Esto significa buscar alternativas a las fumigaciones, como una forma de respeto a los derechos colectivos de los colombianos.

Principio de la corresponsabilidad

Para alcanzar todos estos objetivos es necesario enfatizar en el concepto de ‘responsabilidad compartida’, tanto en espacios políticos multilaterales como de cooperación.

Estados Unidos por ejemplo, muy consecuente con su manera de solucionar conflictos, concentra su inversión desde comienzos del Plan Colombia en el componente militar. Sin embargo, en ámbitos como el de las negociaciones comerciales, el “problema de las drogas” debe ser utilizado como punta de lanza para generar compromisos de índole bilateral, basados en el principio de ‘responsabilidad compartida’. 

Por otra parte, la Unión Europea continúa ignorando la responsabilidad que la atañe como aportante de una cuarta parte de los consumidores de cocaína a nivel global, partiendo del argumento de que no está dispuesta a financiar la guerra en Colombia. Esto se justifica en buena medida con hechos de impacto político a nivel internacional, violaciones a los derechos humanos, nexos entre las FF.MM y los paramilitares, etc. Empero, se entrevé a nivel europeo una cierta ignorancia respecto a la compleja situación del país.

Al igual que Estados Unidos, la UE debe ser consecuente con su forma de pensar soluciones; esto significa que a partir del principio de ‘reducción del daño’, acepte su responsabilidad e intervenga más activamente en la lucha contra el narcotráfico, a través de una mayor inversión social y cooperación técnica, como una forma de complementar la estrategia altamente represiva.