MEMORANDO SOBRE EL PROCESO GOBIERNO – AUC


  

DE:             ORGANIZACIONES CIVILES POR LA PAZ

 

PARA:         LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA QUE SE REALIZA EN QUITO ENTRE EL 5 Y EL 7 DE JUNIO DE 2004

 

 

ENTREGADO A LA MISION DE LA OEA DE APOYO A LA PAZ EN COLOMBIA – MAPP/OEA EL 2 DE JULIO DE 2004

 

 

  1. El Gobierno Nacional y diversos grupos de autodefensas, hoy reagrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, adelantan desde el 15 de julio de 2003 un proceso de negociaciones luego de la firma del llamado “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz en Colombia”.

 

  1.  El presidente Álvaro Uribe y el Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, firmaron un Convenio para que el organismo internacional acompañe el proceso de paz en Colombia, a través de una Misión (MAPP/OEA), que apoye y verifique las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización, desarme y reinserción. El Consejo Permanente de la OEA ha respaldado la Misión y vinculado a la misma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pronunciamiento del Consejo Permanente  destaca que el papel de la Misión debe cumplirse ateniéndose a la Carta Democrática Interamericana.

 

  1. Tal como señala el Artículo 1 del Convenio, “El objetivo general del presente Convenio es apoyar al Gobierno en los objetivos de su política de paz, mediante la facilitación de la cooperación que el Gobierno solicite a la SG/OEA, así como la recepción de la ayuda proveniente de los estados miembros de la OEA, de los observadores permanentes de la OEA, y de otros estados. El objetivo específico es establecer una Misión para apoyar el Proceso de Paz de Colombia (en adelante MPP/OEA o la Misión) y verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción, que en el marco del proceso de Paz establecido por el Gobierno”.

 

  1. La firma de este Convenio suscitó un debate nacional e internacional en el cual se expresaron preocupaciones sobre el procedimiento de los signatarios, se llamó a evitar la  utilización de la OEA para validar  procesos cuestionados en otras organizaciones multilaterales, o para desvirtuar el papel y recomendaciones  de las agencias de la ONU en el país. Especial respaldo han merecido entre los defensores de la solución pacífica al conflicto interno,  las declaraciones del señor James Lemoyne, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Colombia, quien señaló el pasado 26 de enero: “Bien hecho, el proceso paramilitar puede terminar para siempre con el flagelo del paramilitarismo, poner fin a la impunidad, y reforzar la legitimidad del Estado para fortalecer la democracia en Colombia y abrir paso a soluciones negociadas con el ELN y las FARC”.

 

  1. Subrayamos la necesidad de que la Misión de la OEA contribuya al desmonte del paramilitarismo en todas sus expresiones, incluidas las que comprometen a sectores civiles que promueven los grupos armados y la justicia privada y elementos que desde el Estado son cómplices o promotores. Es imperativo que se precise el grado de responsabilidad del Estado.

 

  1. Hemos expresado al señor Sergio Caramagna, jefe de la misión de la OEA, nuestro apoyo a su gestión y la decisión de acompañar su mandato, establecido en el Convenio en mención y dentro de los criterios de este memorando. Llamamos a los Estados miembros de la OEA a asumir una participación activa y de compromiso con las gestiones de la Misión, en estricta observancia de los principios de soberanía e independencia de los estados, no intervención e integridad territorial, tal como lo señala la Resolución 859 del Consejo Permanente de la OEA.

 

  1. Consideramos como hecho positivo el que en el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA PARA LA ZONA DE UBICACION EN TIERRALTA CORDOBA, a la MAPP/OEA se le asignen diversas funciones de verificación, para el funcionamiento de la zona, plazo para eventual evacuación de la zona, recepción de inventario de medios de comunicación, armas y municiones de las AUC en la zona.

 

  1. Destacamos que el mencionado ACUERDO fortalece la función de la MAPP/OEA  de verificación del cese de hostilidades a nivel nacional, mediante el funcionamiento en la zona de ubicación de un Comité de Verificación.

 

  1. Invitamos a la MAPP/OEA a establecer un mecanismo independiente de las partes firmantes del acuerdo, de cobertura nacional, para hacer seguimiento al cese de hostilidades anunciado por las AUC y alertamos sobre la necesidad de acordar mecanismos expeditos para establecer responsabilidades, justicia y correctivos en los casos de violación de ese cese de hostilidades. Conviene fortalecer los actuales sistemas de registro de hostilidades de responsabilidad gubernamental y no gubernamental  y definir una instancia con presencia de la MAPP/OEA que unifique criterios de registro y de información..

 

  1. La verificación del cese de hostilidades demanda una pronta información pública sobre el alcance de los compromisos en esa materia, de modo que se proteja en primera instancia a la población civil de cualquier acción violenta o infracción al DIH. El cese de hostilidades no puede interpretarse simplemente como suspensión de acciones armadas o de combate de las AUC contra la fuerza pública, ni como alianza tacita contrainsurgente entre una organización armada irregular y las fuerzas del Estado que se comprometan a no atacarse entre sí. Las cifras alarmantes de infracciones al DIH en medio de un declarado cese de hostilidades, contrastan con el reducido papel que ha tenido hasta ahora la MAPP/OEA y llaman a medidas urgentes y efectivas.

 

  1.  Teniendo en cuenta que el Acuerdo del 13 de mayo entre  el Gobierno Nacional y las AUC,  delimita una zona de ubicación de la mesa de diálogo y negociación y no una zona de concentración de las AUC para el tramite de su desmovilización, es urgente que la MAPP/OEA contribuya para que las partes definan los sitios de concentración, el cronograma de la concentración efectiva y de la desmovilización de los miembros de las AUC. La prolongación de la zona de ubicación de la mesa, cada seis meses, sin avances en este sentido, implicaría riesgos crecientes para la credibilidad del proceso.

 

  1. Los graves acontecimientos de las últimas semanas en la Guajira, Arauca, Uraba, donde se han realizado masacres y actos terroristas, y la persistencia de la violación de derechos de la población civil, reclaman un pronunciamiento de los organismos internacionales y de la Misión, MAPP/OEA, y llaman a escuchar la demanda de respeto a territorios y a los derechos de consulta, autonomía, identidad y multiculturalidad de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

 

  1. Manifestamos nuestra disposición a colaborar con la Misión para el cumplimiento de su objetivos y en particular el consignado en el numeral d. del Convenio, en el cual se plantea  “El apoyo a las iniciativas locales en zonas de conflicto, promoviendo medidas de fomento de la confianza y la reconciliación que desarrollen una cultura de democracia, paz y resolución pacífica de la violencia, así como la identificación, formulación y gestación de iniciativas y proyectos de contenido social en dichas áreas”.

 

  1. De igual manera señalamos la importancia del concurso de la MAPP/OEA para promover un ambiente de respeto que haga posible la deliberación ciudadana sobre los  temas álgidos de este proceso de dialogo y negociación y que, además de los ya mencionados, incluye aspectos como el de la incidencia del narcotráfico, la ingerencia militar de EE.UU., la cuestión de la extradición, la pertinencia de una comisión  de verdad, justicia y reparación.

 

  1. Consideramos conveniente la concurrencia de la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos en Colombia, en la labor de seguimiento a iniciativas normativas para velar porque se ajusten a los convenios y tratados internacionales. Especial consideración deberán merecer proyectos como el de alternatividad penal o normas encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad.

 

  1. Saludamos que al definir los mandatos de La Misión, el convenio suscrito reafirme principios de respeto a la soberanía y de contribución a la democracia, la paz y la resolución pacífica de la violencia. En este sentido son importantes los pronunciamientos que haga el sistema interamericano y el rechazo  a cualquier intervención militar externa en Colombia o utilización de Colombia como plataforma de agresión en países limítrofes. El esclarecimiento de hechos como la presencia ilegal de un numeroso contingente de supuestos paramilitares en Caracas, cobra importancia para contener cualquier acción hostil de carácter internacional relacionada con el conflicto interno armado en Colombia.

 

  1. Destacamos la conveniencia del concurso de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, para el debate sobre los temas de justicia, verdad y reparación, que inciden en la búsqueda de la paz en Colombia. La Convención Americana otorga atribuciones específicas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para formular recomendaciones al gobierno de un Estado. cuando la Comisión “lo estime conveniente [con el propósito de que] los gobiernos de los Estados miembros (…) adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos[1].

 

  1. Exhortamos la Asamblea General de la OEA a dotar a la MAPP/OEA de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de su mandato.

 

 

Bogotá, Junio 2 de 2004

 

 

Dario Villamizar - Asociación Latinoamericana  los Derechos Humanos – ALDHU; Ana Teresa Bernal -     Red de Iniciativas para la paz y contra la Guerra, REDEPAZ; Alejandro Angulo, CINEP; Antonio Sanguino- Fundación ARCO IRIS; Daniel García–Peña,      Planeta Paz; Camilo González Posso, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ; Confederación General de Trabajadores  - CGTD; Observatorio para la Paz; SIMON DOMICO, Derechos Humanos Resguardo Indígena EMBERA; Libio Palechor, Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC; Leonor Zalabata, Comité DD.HH  Confederación Indígena Tayrona; José Joaquín Cubides Sindicato del agro de ARAUCA, SINDEAGRO; Nelly Valbuena, Esquina Regional, Jorge Castellanos, Corporación Compromiso; Alvaro Sepulveda, Escuela Ciudadana, Jaime Navarro, FUNDEMOS, Comité de Paz de Planeta Paz,

 



[1] Artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

 

 

 


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