MEMORANDO
SOBRE EL PROCESO GOBIERNO – AUC
DE: ORGANIZACIONES
CIVILES POR LA PAZ
PARA: LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA QUE
SE REALIZA EN QUITO ENTRE EL 5 Y EL 7 DE JUNIO DE 2004
ENTREGADO
A LA MISION DE
LA OEA DE
APOYO A LA PAZ EN
COLOMBIA – MAPP/OEA EL 2 DE JULIO DE 2004
- El Gobierno Nacional y
diversos grupos de autodefensas, hoy reagrupados en las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC, adelantan desde el 15 de julio de 2003 un proceso
de negociaciones luego de la firma del llamado “Acuerdo de Santa Fe de
Ralito para contribuir a la paz en Colombia”.
- El presidente Álvaro Uribe y el
Secretario General de la OEA,
César Gaviria Trujillo, firmaron un Convenio para que el organismo
internacional acompañe el proceso de paz en Colombia, a través de una Misión
(MAPP/OEA), que apoye y verifique las iniciativas de cese al fuego y de
hostilidades, de desmovilización, desarme y reinserción. El Consejo
Permanente de la OEA
ha respaldado la
Misión y vinculado a la misma a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El pronunciamiento
del Consejo Permanente destaca que
el papel de la Misión
debe cumplirse ateniéndose a la Carta Democrática
Interamericana.
- Tal como señala el
Artículo 1 del Convenio, “El objetivo general del presente Convenio es
apoyar al Gobierno en los objetivos de su política de paz, mediante la
facilitación de la cooperación que el Gobierno solicite a la SG/OEA, así como la
recepción de la ayuda proveniente de los estados miembros de la OEA, de los observadores
permanentes de la OEA,
y de otros estados. El objetivo específico es establecer una Misión para
apoyar el Proceso de Paz de Colombia (en adelante MPP/OEA o la Misión) y
verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de
desmovilización y desarme, y de reinserción, que en el marco del proceso
de Paz establecido por el Gobierno”.
- La firma de este Convenio
suscitó un debate nacional e internacional en el cual se expresaron
preocupaciones sobre el procedimiento de los signatarios, se llamó a
evitar la utilización de la OEA para validar procesos cuestionados en otras
organizaciones multilaterales, o para desvirtuar el papel y
recomendaciones de las agencias de la ONU en el país. Especial
respaldo han merecido entre los defensores de la solución pacífica al
conflicto interno, las
declaraciones del señor James Lemoyne, Asesor Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas para Colombia, quien señaló el pasado 26 de
enero: “Bien hecho, el proceso
paramilitar puede terminar para siempre con el flagelo del paramilitarismo,
poner fin a la impunidad, y reforzar la legitimidad del Estado para
fortalecer la democracia en Colombia y abrir paso a soluciones negociadas
con el ELN y las FARC”.
- Subrayamos la necesidad
de que la Misión
de la OEA
contribuya al desmonte del paramilitarismo en todas sus expresiones,
incluidas las que comprometen a sectores civiles que promueven los grupos
armados y la justicia privada y elementos que desde el Estado son
cómplices o promotores. Es imperativo que se precise el grado de
responsabilidad del Estado.
- Hemos expresado al señor
Sergio Caramagna, jefe de la misión de la OEA, nuestro apoyo a su gestión y la
decisión de acompañar su mandato, establecido en el Convenio en mención y
dentro de los criterios de este memorando. Llamamos a los Estados miembros
de la OEA a
asumir una participación activa y de compromiso con las gestiones de la Misión, en
estricta observancia de los principios de soberanía e independencia de los
estados, no intervención e integridad territorial, tal como lo señala la Resolución
859 del Consejo Permanente de la
OEA.
- Consideramos como hecho
positivo el que en el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS
AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA PARA LA ZONA DE UBICACION EN TIERRALTA CORDOBA, a la MAPP/OEA se le asignen
diversas funciones de verificación, para el funcionamiento de la zona,
plazo para eventual evacuación de la zona, recepción de inventario de
medios de comunicación, armas y municiones de las AUC en la zona.
- Destacamos que el
mencionado ACUERDO fortalece la función de la MAPP/OEA de verificación del cese de hostilidades
a nivel nacional, mediante el funcionamiento en la zona de ubicación de un
Comité de Verificación.
- Invitamos a la MAPP/OEA a establecer un
mecanismo independiente de las partes firmantes del acuerdo, de cobertura
nacional, para hacer seguimiento al cese de hostilidades anunciado por las
AUC y alertamos sobre la necesidad de acordar mecanismos expeditos para
establecer responsabilidades, justicia y correctivos en los casos de
violación de ese cese de hostilidades. Conviene fortalecer los actuales
sistemas de registro de hostilidades de responsabilidad gubernamental y no
gubernamental y definir una
instancia con presencia de la
MAPP/OEA que unifique criterios de registro y de
información..
- La verificación del cese
de hostilidades demanda una pronta información pública sobre el alcance de
los compromisos en esa materia, de modo que se proteja en primera
instancia a la población civil de cualquier acción violenta o infracción
al DIH. El cese de hostilidades no puede interpretarse simplemente como
suspensión de acciones armadas o de combate de las AUC contra la fuerza
pública, ni como alianza tacita contrainsurgente entre una organización
armada irregular y las fuerzas del Estado que se comprometan a no atacarse
entre sí. Las cifras alarmantes de infracciones al DIH en medio de un
declarado cese de hostilidades, contrastan con el reducido papel que ha
tenido hasta ahora la MAPP/OEA
y llaman a medidas urgentes y efectivas.
- Teniendo en cuenta que el Acuerdo del 13
de mayo entre el Gobierno Nacional
y las AUC, delimita una zona de
ubicación de la mesa de diálogo y negociación y no una zona de
concentración de las AUC para el tramite de su desmovilización, es urgente
que la MAPP/OEA
contribuya para que las partes definan los sitios de concentración, el
cronograma de la concentración efectiva y de la desmovilización de los
miembros de las AUC. La prolongación de la zona de ubicación de la mesa,
cada seis meses, sin avances en este sentido, implicaría riesgos crecientes
para la credibilidad del proceso.
- Los graves
acontecimientos de las últimas semanas en la Guajira, Arauca,
Uraba, donde se han realizado masacres y actos terroristas, y la
persistencia de la violación de derechos de la población civil, reclaman
un pronunciamiento de los organismos internacionales y de la Misión,
MAPP/OEA, y llaman a escuchar la demanda de respeto a territorios y a los
derechos de consulta, autonomía, identidad y multiculturalidad de los
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
- Manifestamos nuestra
disposición a colaborar con la Misión para el cumplimiento de su objetivos
y en particular el consignado en el numeral d. del Convenio, en el cual se
plantea “El apoyo a las iniciativas
locales en zonas de conflicto, promoviendo medidas de fomento de la
confianza y la reconciliación que desarrollen una cultura de democracia,
paz y resolución pacífica de la violencia, así como la identificación,
formulación y gestación de iniciativas y proyectos de contenido social en
dichas áreas”.
- De igual manera señalamos
la importancia del concurso de la
MAPP/OEA para promover un ambiente de respeto que haga
posible la deliberación ciudadana sobre los temas álgidos de este proceso de dialogo
y negociación y que, además de los ya mencionados, incluye aspectos como
el de la incidencia del narcotráfico, la ingerencia militar de EE.UU., la
cuestión de la extradición, la pertinencia de una comisión de verdad, justicia y reparación.
- Consideramos
conveniente la concurrencia de la
OEA y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades
para los Derechos Humanos en Colombia, en la labor de seguimiento a
iniciativas normativas para velar porque se ajusten a los convenios y
tratados internacionales. Especial consideración deberán merecer proyectos
como el de alternatividad penal o normas encaminadas a garantizar los
derechos de las víctimas y de la sociedad.
- Saludamos que al definir
los mandatos de La
Misión, el convenio suscrito reafirme principios de
respeto a la soberanía y de contribución a la democracia, la paz y la
resolución pacífica de la violencia. En este sentido son importantes los
pronunciamientos que haga el sistema interamericano y el rechazo a cualquier intervención militar externa
en Colombia o utilización de Colombia como plataforma de agresión en
países limítrofes. El esclarecimiento de hechos como la presencia ilegal
de un numeroso contingente de supuestos paramilitares en Caracas, cobra
importancia para contener cualquier acción hostil de carácter
internacional relacionada con el conflicto interno armado en Colombia.
- Destacamos la
conveniencia del concurso de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, para el debate sobre los temas de justicia, verdad y
reparación, que inciden en la búsqueda de la paz en Colombia. La Convención Americana otorga atribuciones específicas a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para formular
recomendaciones al gobierno de un Estado. cuando la Comisión “lo
estime conveniente [con el propósito de que] los gobiernos de los Estados
miembros (…) adopten medidas progresivas en
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus
preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para
fomentar el debido respeto a esos derechos”.
- Exhortamos
la Asamblea
General de la
OEA a dotar a la
MAPP/OEA de los recursos humanos y materiales necesarios
para el cumplimiento de su mandato.
Bogotá,
Junio 2 de 2004
Dario Villamizar - Asociación Latinoamericana los Derechos Humanos – ALDHU; Ana Teresa
Bernal - Red de Iniciativas para la
paz y contra la Guerra,
REDEPAZ; Alejandro Angulo, CINEP; Antonio
Sanguino- Fundación ARCO IRIS; Daniel García–Peña, Planeta Paz; Camilo González Posso, Instituto de Estudios para
el Desarrollo y la Paz
– INDEPAZ; Confederación General de Trabajadores - CGTD; Observatorio para la Paz; SIMON DOMICO, Derechos
Humanos Resguardo Indígena EMBERA; Libio Palechor, Consejo Regional Indígena
del Cauca – CRIC; Leonor Zalabata, Comité DD.HH Confederación Indígena Tayrona; José Joaquín
Cubides Sindicato del agro de ARAUCA, SINDEAGRO; Nelly Valbuena, Esquina
Regional, Jorge Castellanos, Corporación Compromiso; Alvaro Sepulveda, Escuela
Ciudadana, Jaime Navarro, FUNDEMOS, Comité de Paz de Planeta Paz,