Hablan los diablos

Romper paradigmas, contrastar pre-juicios, fundamentar soluciones, plan-tear problemas: ¡así de sencillo! El libro que se presenta tiene, a nuestro enten-der, una vocación pedagógica. Es decir, explicitar, de forma clara y epistemo-lógicamente coherente, el estado de la cuestión en lo que se refiere a las políti-cas antidrogas. El problema principal es que existe un “pensamiento único” en el tema de lucha a las drogas, que además tiene como objetivo principal defender los intereses geopolíticos y sociales in-ternos de un país en especial. Ya saben de quien estamos hablando; pero si es normal que un país quiera defender sus intereses, poco normal o imperdonable es que hay otros países que no quieren defender sus intereses o que, peor aún, prefieren defender los intereses ajenos y no los suyos.

América Latina en este sentido se en-cuentra en una posición estratégica muy delicada: es poseedora de recursos natu-rales apetecibles por las economías más ricas del planeta, o más necesitadas de estos recursos. Por lo tanto, su manejo - agua, energía, biodiversidad, cultura, entre otros – conlleva a tener una fuerte presión desde afuera, por parte de los países que quieren acceder a ellos, y desde adentro, de parte de los sectores sociales que a menudo presentan intere-ses contradictorios y fundamentan en e-llos su anhelo de cambio. Por lo tanto existe un desafío muy grande para los gobiernos latinoamericanos, para que estos recursos se conviertan en factor de desarrollo: casi nadie ha logrado que así sea.

La coca es uno de estos recursos, demonizada (por ahí andan los diablos) y mitificada; despreciada y codiciada; odiada y reivindicada. Lo que quiere es-ta publicación es devolverle su estatus, reconocerle su dignidad (una planta es una planta), y reconocer el uso, medi-cinal, ritual, económico, etc., que otros seres humanos y grupos sociales, de di-ferentes épocas históricas, le han atri-buido. Se trata de contribuir a un debate serio, y por seriedad entendemos ir al fondo de los problemas y encontrar so-luciones reales, no imaginarias, para re-solverlos, respetando los derechos hu-manos y los derechos colectivos.

Nosotros no creemos en las batallas y en las guerras; tampoco en aquellas con-tra la pobreza, la corrupción, el hambre, las drogas. Creemos más bien que para solucionar las situaciones difíciles no es necesaria la fuerza, por ningún lado de que ella esté (todos los que la usan di-cen que es para erradicar el mal), sino, al contrario, dejar de usarla, para que los conflictos (como la pobreza, el ham-bre, la corrupción, la droga) sean ab-sorbidos y desactivados por sus propias causas, por sus propias contradicciones.

Solo abrigamos la esperanza que al cen-tro del debate esté la dignidad de las personas, de las comunidades, de los países y no oscuros intereses que, al fi-nal, han producidos miles de cruzadas, dejando un saldo de muchos abatidos en el terreno y unos tantos ganadores en los castillos.

¿Hasta dónde es factible seguir creyen-do sensatamente que las actuales polí-ticas de control de la oferta de drogas son eficaces y justas? Los gobiernos de los países productores - en este caso de los países andinos - están condenados por su propia impotencia, sirviendo la causa de una lucha antidroga sin cues-tionamiento. Deleitándose en las buenas relaciones con los Estados Unidos, so-metiéndose a la vez a fuertes presiones ante la imposibilidad real de imple-mentar las exigencias de la comunidad internacional. El panorama se ha hecho más complejo en los últimos años, debi-do a la peligrosa confusión entre el con-trol del tráfico de drogas y la lucha con-tra el terrorismo. El Perú no ha escapa-do a este esquema ‘narcoterrorista’ im-pulsado desde Washington para el resto del mundo.

En la región andina abundan ejemplos de lo inútil y perjudicial que demuestran ser las actuales políticas de control de drogas. Desde barcos pesqueros perfo-rados por agentes antidroga en Ecuador; un gobierno "matón" del medio am-biente en Colombia; Bolivia con su herencia dolorosa de erradicación forzo-sa con muertos y heridos; hasta la peli-grosa mezcla de fuerza autoritaria, in-transparencia e intransigencia en el Pe-rú, imponiendo silencio a las voces di-sonantes.

Washington, la Plaza de Armas, y el mundo entero están haciendo oídos sor-dos. El modelo aplicado hasta ahora se ha agotado, ya no sirve para más. No hay modelo único que valga para todo. La falta de imaginación y voluntad po-lítica para enfrentar los problemas de fondo, respaldada por un aparato buro-crático militar construido para imple-mentar las políticas de control de la o-ferta, con el supuesto noble fin de re-ducir los daños causados por el consu-mo y el crimen, hace exactamente lo contrario: induce a más desastres huma-nos, naturales, sociales y políticos. Si eso no fuera suficiente, además, se está destruyendo un recurso natural de alto valor medicinal y cultural, como es la hoja de coca.

En el caso del Perú, particularmente, el debate público está recluido con las rui-nas preincaicas. La gente todavía parece no haberse puesto de acuerdo en la de-finición de ‘narcotraficante’. Mientras que cualquiera que aboga a favor de la coca puede ser tildado de narco, a los verdaderos narcos no hay quién se atre-va a identificarlos. Los medios de co-municación peruanos, que podrían ser una voz importante para dar a conocer hechos relevantes de la realidad peruana y servir como medio de expresión de un debate serio sobre las drogas, a menudo se callan e incluso distorsionan la info-mación.

Parecería que en el Perú estuviera prohibido cuestionar la manera como el gobierno desarrolla sus políticas de con-trol de drogas. En estos momentos se encuentran los únicos ejemplares en la biblioteca nacional peruana de un libro sobre la legislación peruana antidrogas cuya venta o distribución está prohibida.

Según los últimos datos de la ONU, los cultivos de uso ilícito se incrementaron, en el Perú, en un 14% en 2004. En el Alto Huallaga, el incremento llegó a ser de 24%. Pero, más preocupante que este aumento en sí mismo es que más de la mitad de los nuevos cultivos - 52% por ciento - se encuentran en “otros luga-res”, fuera de zonas tradicionalmente conocidas como de cultivo, lo que im-placa que se ha producido una intensa dispersión, y más desplazamientos, mu-chas veces hacia zonas ambientalmente vulnerables.

Iniciativas de gobiernos locales, como el proyecto de ordenanza aprobado re-cientemente por unanimidad en el Cus-co, deben servir como punto de partida para el diseño de políticas novedosas y pacificadoras. Esta iniciativa reconoce la producción tradicional y legal de la hoja de coca sin tope en determinados valles, y tiene como principal objetivo promover la industrialización de esta planta con fines medicinales, cientofi-cos, alimenticios, y para el chaccheo de la población. Valiosas iniciativas de em-presarios para industrializar la hoja de coca también merecen apoyo; a cambio solo hay obstrucción de las autoridades.

Es tal el ambiente inquisitorial en el Pe-rú respecto al debate sobre las drogas, que los autores de la obra aquí reseñada se han autodenominado ‘los diablos’. Se trata de figuras reconocidas en el esce-nario cocalero peruano, entre los cuales aparecen productores, pero también aca-démicos y especialistas, estos últimos tan arrinconados y censurados como los mismos productores. El aporte de esta obra será sin duda de gran valor para dar inicio a un debate y una apertura que conduzca a la reforma de las po-líticas del control de drogas. Porque de-ben de ser posibles otras políticas de drogas, hasta en el Perú.

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INDICE DEL LIBRO

Coca compleja, drogas y cocaleros en los Andes (Hugo Cabieses)

I. Entre la coca y la Coca Cola

II. Cifras de coca, cocaína y cocaleros en el Perú

III. Coca, drogas y debates en Viena

IV. "Desarrollo Alternativo", marchas cocaleras y propuestas alternativas en el Perú

V. Coca compleja y movimientos cocaleros en los Andes

Dos escritos sobre coca, drogas y siquiatría (Baldomero Cáceres)

I. Coca: tradición y promesa

II. Historia, prejuicios y versión siquiátrica del coqueo andino

La amazonía: la renta estratégica del siglo xxi o la tierra prometida (Róger Rumrrill)

I. Los ciclos económicos de la Amazonía

II. Los retos de la Amazonía en el nuevo milenio

III. La Amazonía: la renta estratégica del siglo XXI o la tierra prometida

Narcotráfico y derechos humanos (Ricardo Soberón)

I. Las drogas en el Perú en la época de la violencia (1980-2000)

II. Hacia un nuevo mapa del tráfico de drogas, 2004

Tres entrevistas a dos dirigentes cocaleras

I. "Nadie puede hablar de algo que no siente" (Nancy Obregón)

II. "No cambio la coca por nada" (Nancy Obregón)

III. "La marcha de la coca" (Elsa Malpartida)

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SOBRE LOS AUTORES

Hugo Cabieses: Economista, licenciado en la Universidad del Pacífico, presi-dente de la Asociación Civil Desarrollo Rural Integral Sustentable (DRIS), in-vestigador del Foro Peruano de Rela-ciones Internacionales (FOPRI), inves-tigador asociado del Transnacional Ins-titute (TNI) de Ámsterdam y asesor de organizaciones de productores agrope-cuarios de las cuencas cocaleras del Perú.

Baldomero Cáceres: Psicólogo social, profesor jubilado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido desde 1977, con su inicial artículo “La Coca, el Mundo Andino y los Extirpadores de Idolatrías del s. XX” (recogido en América Indígena 4, 1978), un destacado promotor de la re-valorización del coqueo andino y de la hoja de coca. Mantiene una página Web Cocachasqui, en la cual, desde una po-sición anti-siquiátrica, extiende su defensa a otras plantas prohibidas.

Elsa Malpartida: Hasta marzo del presente año fue secretaria de organiza-ción de la CONPACCP y es Presidenta de la Asociación de Productores Agro-pecuarios y de la Hoja de Coca del Alto Huallaga-Tingo María. Es hija de agri-cultores y nació hace 40 años en Huá-nuco, aunque vivió y estudió enfermería en Lima. Está casada y tiene dos hijas. Es dirigente cocalera desde los 27 años. Paralelamente se desempeña como ama de casa y se encarga de administrar su propia empresa de transporte de carga y pasajeros, que cubre la ruta Tingo Ma-ría-Pucallpa-Aguaytía. Posee ganado y una piscigranja, además de cultivos de café, naranjas y una hectárea de coca.

Nancy Obregón Peralta: Es presidenta de la Asociación de Campesinos Coca-leros y productores Agropecuarios "Saúl Guevara Díaz" de Puerto Pizana-Valle del Mishollo-La Pólvora-Tocache y subsecretaria general de la Confedera-ción Nacional de Productores Agrope-cuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Nació en Lima en 1972, pero sus padres son migrantes del departamento serrano de Abancay. Vi-vió en Lima, en el barrio popular San Juan de Miraflores y estudió Enfermería y Administración en la Fuerza Aérea del Perú. Emigró a la selva y allí conoció a su esposo, Fabio Chávez, un ex-policía, con quien tiene cinco hijos. Vive en el poblado Santa Rosa del Mishollo en el distrito de La Pólvora y se dedica al cultivo de cacao, yuca, naranjas, piñas y cocos, además de administrar un restau-rante en el poblado y tener tres cuartos de hectárea de coca que vende en el centro de acopio de Puerto Pizana, auto-rizado por la ENACO. A sus 33 años es la dirigente cocalera más joven.

Róger Rumrrill: Escritor y periodista especializado en Amazonía, nacido en Iquitos, a orillas del gran río Amazonas. Ha publicado 25 libros sobre Amazonía, en un abordaje múltiple desde la his-toria, el ensayo, la narración, el guión de cine, la poesía y el periodismo, un asedio lúcido y a la vez apasionado de la compleja y riquísima realidad amazó-nica. La problemática del narcotráfico es un tema que Rumrrill trabaja desde los setentas del siglo XX.

Ricardo Soberón: Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima., M.A en Política Internacional Departa-mento de Estudios por la Paz, Univer-sidad de Bradford, Inglaterra (1999). Anteriormente ha dirigido el Programa de Relaciones Civiles Militares en OTI (2001), ex asesor parlamentario y ha es-tado a cargo del Programa de Narco-tráfico y Derechos Humanos en la Co-misión Andina de Juristas. También es-tuvo a cargo del Programa de Fronteras de Consejería en Proyectos (PCS), en Colombia (2001/2003).

Síntesis: En esta entrevista el econo-mista Hugo Cabieses, especialista en el tema de la hoja de coca, cuestiona la es-trategia utilizada por el gobierno para dar fin a la comercialización ilícita de drogas. Además de mayores detalles so-bre los tipos de mercado existentes para la hoja de coca, el entrevistado pone en tela de juicio las estadísticas utilizadas y afirma que es necesario atacar a los es-labones intermedios de la cadena co-mercializadora de drogas, es decir, a los que fabrican y comercializan el cloro-hidrato y la pasta básica de cocaína.

David Barrientos/Palestra: La estra-tegia de erradicación de coca parte del supuesto siguiente: “a mayor can-tidad de coca erradicada, menor nar-cotráfico”. ¿Cuán real es esta pre-misa? ¿Considera que una estrategia de erradicación de la coca tiene un impacto real en la disminución del narcotráfico?

Hugo Cabieses: Creo que la hipótesis de la que parte esta estrategia es errada porque el problema del tráfico ilícito de drogas no es fundamentalmente un pro-blema de oferta sino de demanda. Yo soy economista y a los economistas nos enseñan que es la demanda la que determina la oferta, sobre todo en negocios de alto riesgo como éste. Y por lo tanto, cuando lo que estamos atacando es la oferta, en este caso la producción de droga, no estamos resolviendo el problema sino dispersándolo. Para ponerlo en concreto: la erradicación de coca tiene tres efectos. El primero es el “efecto globo”, es decir, los cultivos de coca se trasladan hacia otros países, zonas o departamentos en un mismo país. El segundo efecto es el “efecto mercurio”; uno echa una gotita de mercurio en la mesa y se dispersa. Esto es lo que está sucediendo: el narcotráfico se está dispersando. Y el tercer efecto es la posibilidad de que el narcotráfico se extienda hacia las fronteras. El resultado final es que no se resuelve el problema sino que se dispersa.

Si esta estrategia no está funcionando ¿cuál debería ser un nuevo enfoque?

Lo que debe hacerse es atacar los eslabones intermedios de la cadena. Es decir, no a los agricultores que producen la hoja de coca, que es la materia prima del clorhidrato de cocaína y la pasta básica de cocaína; y tampoco a los consumidores, que son los pobladores, generalmente pobres, de los países del norte o de nuestros propios países; sino a los que trafican con recursos químicos para producir la pasta básica y la cocaína, a los que lavan el dinero proveniente de este enorme negocio, y a aquellos que son sus “gerentes”. Se trata entonces de tener un buen sistema de información e inteligencia que ubique efectivamente a los responsables, y no optar por el camino más fácil que es reprimir a los consumidores y a los productores. Esto último, además, se realiza con una tesis absolutamente equivocada, que es la que tiene Estados Unidos, para quien es mejor matar a las abejas que están en el panal que a las millones que sobrevuelan en su propio territorio. Esto, en última instancia, no resuelve el problema sino lo complica (recordemos que de esta complicación viven muchísimos funcionarios y policías, y que Estados Unidos invierte cada año muchísimo dinero).

¿Ha fracasado Estados Unidos en la guerra contra las drogas?

Bueno, los indicadores están ahí para señalarlo. Cada año hay más cultivos, hay más producción y más consumo, hay más tráfico y más violencia, y también más falta de democracia asociada a la problemática de las drogas. No se está resolviendo el problema sino que se está complicando.

Problemas con las cifras

Los resultados estadísticos con respecto a las zonas de cultivo de hoja de coca en el Perú, realizados tanto por el INEI como por las Naciones Unidas, han generado algunas reacciones. ¿Qué es lo que principalmente se les critica?

En términos metodológicos, no cuestiono el estudio del INEI pues confío en la capacidad técnica del equipo que lo hizo. El problema es que se trata de un estudio incompleto, porque se concentra sólo en el consumo, cuando el asunto es más complejo. Los agricultores pidieron un estudio sobre cultivos, producción, comercio y consumo.

¿Y con respecto al estudio de las Naciones Unidas?

Ellos usan sensores satelitales, aerofotografía y verificación de campo. Lo que pasa es que no se evalúa el efecto dispersión, sino que se evalúa qué cantidad de coca hay en determinada zona y se observa cómo evoluciona de un año a otro. De esta manera, se evalúa en la misma zona pero no en aquéllas hacia donde la coca se ha trasladado. Ahora bien, ni la fotografía aérea ni los sensores satelitales pueden evaluar realmente el efecto dispersión, es decir, que la coca se vaya a las micro cuencas o que crezca debajo del follaje. Eso no puede ser detectado por sensores satelitales ni por fotografías aéreas, se requeriría una verificación de campo.

De otro lado, no se cruza la información con dos aspectos importantes. Uno es la demografía. Es decir, es imposible que en un valle donde hay 50 mil personas se calcule 8 mil hectáreas de cultivo de coca. Cada hectárea de coca requiere la mano de obra de 1,5 a 2 personas. Esto quiere decir que se necesitarían 16 mil personas, lo cual es imposible demográficamente, ya que de 50 mil personas, sólo 10 mil son PEA, y no todos se dedican a la coca. En segundo término está el (aspecto) agronómico. Por ejemplo, en San Gabán no era posible - tal como lo dijo Devida - que se pasara de 465 hectáreas en 2003 a 3 800 hectáreas en 2004. Yo he estado en San Gabán y he revisado su estadística. El informe de la ONU habla de dos mil hectáreas, lo que tampoco es posible, como lo es el pasar de un año a otro de una productividad de 400 kilos por hectárea - como la que existía hasta hace uno año en Cuzco - a 1 590 kilos por hectárea, que es lo que dice el informe de la ONU. El año 2003 se dijo que en la zona de la Convención, Yanatile, se producían al año 5 000 toneladas métricas. En 2004 se dice que hay 18 000 mil; esto tampoco es posible.

¿Cuán amplio es el mercado en el Perú para la comercialización de la hoja de coca?

Hay quienes reconocen (que en el Perú existen) hasta tres mercados: el legal, cuyo principal comprador es Enaco (Empresa Nacional de la Coca); otro ilegal que es el que va a la poza de maceración; y un tercero, que es el informal, de contrabando, que si bien desde el punto de vista de la comercialización es ilegal, desde el punto de vista del destino, es legal porque no va al tráfico ilícito de drogas sino al consumo tradicional. Dirán que es la misma coca, pero no es así. La coca que va para la boca es diferente a la que va a la poza. La coca que va para la boca es verde, semi-seca, sin ningún tipo de fertilizantes, y es más cara. Y la coca para la poza es negra, sucia, mal secada, y es más barata. Y existen incluso otros dos mercados: el mercado del trueque - que se encuentra en el mundo campesino –; y el que surge del pago por faenas comunales, que en realidad se basa en relaciones de reciprocidad.

Entonces, si las estadísticas no son confiables, ¿cuál sería el mercado real para la hoja de coca?

No sabemos cual es el mercado real de la hoja de coca. ¿Son las 9 mil toneladas métricas que dice el INEI que corresponde al consumo tradicional? No lo sabemos. Yo he hecho algunas encuestas en el valle del Monzón y la cuarta parte de la producción de coca es usada en el mismo valle, no para la poza de maceración sino para las faenas comunales y para el trueque. Probablemente ésa sea la proporción a nivel nacional: que la cuarta parte se va para el trueque y las faenas comunales (el cuarto y el quinto mercado identificado). Entonces estamos evaluando mal.

Una estrategia nacional contra las drogas

¿Qué necesitaría el Perú para afrontar el tema del tráfico ilícito de drogas?

El Perú necesita una Política de Estado propia sobre el tema de las drogas y de la coca. Así podría dejar de aplicar la política de Estados Unidos sobre este tema. Una Política de Estado sobre drogas y coca es una política que establece una estrategia integral de reducción de daños. Hablo de esto porque las drogas han acompañado al ser humano durante toda su historia y lo seguirá acompañado por muchos años más. Entonces lo que necesitamos no es una “estrategia de guerra” contra las drogas sino de “reducción de daños”, tanto desde la producción, el tráfico y el consumo.

¿En qué consistiría una “estrategia de reducción de daños” de parte de los productores?

Significa trabajar programas de desarrollo rural sostenible y sustentable, que lleve a que los cultivos actuales disminuyan pero no por represión sino porque las alternativas productivas son mejores que la alternativa producida por la coca. De esta manera, los mismos productores se convierten en fiscalizadores para que la coca no vaya al narcotráfico. Esta estrategia no la acepta Estados Unidos porque considera que los agricultores son narco-cultivadores, entonces son delincuentes y, por tanto, no es posible aliarse con ellos.

En la actualidad, en el Ejecutivo se está gestando una “ley para la hoja de coca”…

En primer lugar, me parece lamentable que recién ahora el Ejecutivo comience a discutir la posibilidad de una ley luego de cuatro años de gobierno. La exigencia de una nueva ley es hecha por los agricultores desde que este gobierno comenzó, e incluso antes. El presidente Toledo tiene acuerdos firmados con los campesinos del Cuzco, Tingo María y también de Ayacucho. Sin embargo, el gobierno recién actúa ahora debido a tres presiones: la del Cuzco, (que emitió una) ordenanza regional donde declara legal la hoja de coca de varios de sus valles; la de Tingo Maria, (a través de) las movilizaciones de los cocaleros y; sobre todo, de Estados Unidos, (a través de) la firma del TLC.

¿Qué medidas debería contemplar esta ley?

En primer lugar, debería reconocer que la hoja de coca es un recurso natural y que forma parte de las identidades andina y amazónica de nuestro país. En segundo lugar, debería tener un sistema de fiscalización mixto, no estatal, donde participe el Estado y la sociedad civil, a través de los productores, los consumidores, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. En tercer lugar, debería eliminar cualquier tipo de erradicación forzosa para aquellos agricultores que estén empadronados; por lo tanto, debe abrirse un empadronamiento nuevo para todos aquellos agricultores que estén cultivando coca actualmente, y dar un plazo para su empadronamiento. En el futuro tendrá que aplicarse la ley a todo aquel agricultor fuera del padrón, pero siempre priorizando una acción que no sea compulsiva sino gradual y concertada con ellos. Creo que es necesario crear mediante esta ley un instituto de investigaciones científicas y antropológicas sobre la hoja de coca, que promueva su industrialización. Y, por último, esta ley debe instar a la Cancillería a que aplique el acuerdo que hace dos años tomó el Congreso de la República: el Perú debía realizar, ante la ONU, las gestiones necesarias para retirar a la hoja de coca de la “lista de estupefacientes” (elaborada) por este organismo en 1961.

Finalmente, los principales defensores de la erradicación de los cultivos de coca para combatir el narcotráfico afirman que la hoja de coca no tiene ninguna perspectiva más allá del tráfico ilícito de drogas. ¿Comparte usted esta opinión? ¿Considera que la hoja de coca tenga viabilidad en la industria?

Me parece mal que se diga que (la hoja de coca) no tiene ninguna perspectiva. Nadie sabe si esto tiene alguna perspectiva. Lo más probable es que sí la tenga, internacionalmente, pero no se hacen los estudios porque está proscrita, está presa por la ONU. Entonces hay toda una serie de trabas que se ponen a nivel nacional e internacional para hacer este tipo de investigaciones. No se puede decir entonces que no es posible la industrialización. De hecho, ahora hay bastantes experiencias que se han iniciado en el país, algunas con varios años y otras relativamente recientes para el uso industrial benéfico de la hoja de coca. Además, la función del Estado peruano no es trabar cualquier iniciativa peruana, al contrario, es facilitar que la iniciativa privada se desarrolle.

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