El Plan Colombia,
una política de (in)seguridad humana para las poblaciones del Putumayo [1]

Henry Salgado Ruiz*

I.                   Presentación

Este informe tiene como propósito central argumentar que el Plan Colombia, como política que declara la guerra a las drogas y a la insurgencia, al priorizar las salidas militaristas a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la producción de cultivos de uso ilícito y del conflicto armado que enfrenta Colombia, está vulnerando las dimensiones que integran y definen la Seguridad Humana. Es decir, queremos plantear que estamos frente a un denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, en donde el énfasis está claramente puesto en el fortalecimiento bélico del establecimiento y en donde en nombre de la guerra contra el terrorismo, se atenta contra la seguridad económica, la seguridad alimentaría, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad personal, la seguridad comunitaria y la seguridad política de las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas que habitan el departamento del Putumayo, escenario de operaciones del Plan Colombia.

Para demostrar esto, en primer lugar, presento el concepto de Seguridad Humana que irrumpió en el panorama mundial a mediados de los años noventa, luego del informe presentado por el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo en 1994; en segundo lugar  elaboro un análisis  de la acepción de seguridad  que tiene el Plan Colombia en sus dos fases de ejecución , la de la narcotización y la de la terrorización y en tercer lugar, elaboro una reflexión sobre los impactos del Plan Colombia en la Seguridad Humana desde las dimensiones que la constituyen y definen. Para profundizar este último punto, me detengo en los impactos sociales, económicos, ambientales y políticos que ha generado la implementación del Plan Colombia en el departamento del Putumayo. Lo que pretendo mostrar en este punto es que el enfoque represivo con que se han tratado de resolver los múltiples problemas sociales, económicos y políticos del Putumayo, lo único que ha generado es una permanente vulneración de la seguridad humana de los putumayenses.

II.                El concepto de Seguridad Humana

El concepto de Seguridad Humana es un planteamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe de 1994, “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”[2]. En él se priorizó la seguridad de las personas sobre la seguridad territorial y el desarrollo humano sostenible sobre el armamentismo, es decir, se intentó por primera vez generar un análisis comprensivo sobre el tema y definir el concepto de seguridad sobre nuevas bases.

Para el PNUD, los criterios que garantizan la seguridad humana vincula indivisiblemente dos aspectos: a) una población libre de temor y b) una población libre de carencias.

Este informe subraya que para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las preocupaciones de la vida cotidiana que al temor de una guerra en el mundo. Para las Naciones Unidas el concepto de seguridad humana  está centrado en el ser humano. “Se preocupa por la forma en que la gente respira en sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y a la vida en conflicto o en paz. La seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana”. Con respecto al vínculo entre desarrollo humano y seguridad humana, se señala que el primero consiste en la ampliación de las oportunidades de la gente, en tanto que la seguridad humana tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de manera estable, es decir, “que las oportunidades que se tienen hoy no se desvanezcan en el tiempo” [3].

Es importante resaltar que el concepto de Seguridad Humana propuesto por el PNUD se apoya en una concepción ampliada, se precisa que este concepto posee un carácter integrativo que lo aleja de las concepciones tradicionales de seguridad limitadas a la defensa del territorio, el poder militar y al carácter defensivo. En este sentido, la noción de seguridad humana se basa en la seguridad de la gente, entendiendo que el desarrollo debe involucrar a todas las personas.  De ahí que el informe en mención estableció siete (7) dimensiones que forman parte de la seguridad humana y sus preocupaciones centrales: seguridad económica, seguridad alimentaría, seguridad en la salud, seguridad del medio ambiente, seguridad personal, seguridad comunitaria, y seguridad política. Es importante recalcar que si bien analíticamente son distinguibles, estas dimensiones forman parte de un solo fenómeno, la seguridad humana. En este marco, el concepto es entendido como “indivisible” ya que las seguridades que afectan a una de las dimensiones afectarán también al conjunto de ellas[4].

El concepto de seguridad humana también está incorporado como un tema esencial en el Informe del Milenio de las Naciones Unidas. En él, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, destacó que: “las exigencias de seguridad han hecho que hoy en día abarque también la protección de las comunidades y los individuos de diversos actos internos de violencia”. Y agrega “la necesidad de aplicar criterios de seguridad más centrados en el ser humano es aún mayor debido al peligro permanente que plantean para la humanidad las armas de destrucción en masa muy en especial las armas nucleares: su nombre mismo revela el alcance y objetivos si alguna vez llegaran a utilizarse”[5]. Para Kofi Annan, el concepto de Seguridad Humana “en su sentido más amplio involucra mucho más que la ausencia de conflictos. Este incorpora el tema de los derechos humanos, el buen gobierno, acceso a la educación y la salud, además de asegurar que cada individuo tenga las oportunidades y la capacidad de elección necesaria para el cumplimiento de todo su potencial. Cada paso en esa dirección es también un paso hacia la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la prevención de conflictos.

La libertad de la necesidad y del temor, y la libertad de las futuras generaciones de heredar un medio ambiente saludable, son las dimensiones que en forma interrelacionada componen la seguridad humana, y por lo tanto, la seguridad nacional”[6].

El debate más reciente sobre este concepto gira en torno al informe: “Seguridad Humana, Ahora” (mayo de 2003)[7], de la Comisión de Seguridad Humana. En él se enfatiza que los nuevos elementos de inseguridad que afectan a las personas requieren de un enfoque integrado, donde la perspectiva de seguridad humana puede generar respuestas a estos nuevos desafíos. “Las políticas y las instituciones deben responder a esas inseguridades de manera más firme e integrada. El Estado continúa siendo el principal responsable de la seguridad. Pero como los problemas de la seguridad se tornan cada vez más complejos y varios actores intentan desempeñar un papel en esta esfera, necesitamos un desplazamiento de paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito del Estado para incluir la seguridad de la gente, la seguridad humana”.[8]

El informe destaca dos estrategias generales de la Seguridad Humana: protección y realización del potencial. La protección aísla a las personas de los peligros. Requiere un esfuerzo conectado para elaborar normas, procesos e instituciones que se ocupen sistemáticamente de las inseguridades. El respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de protección de la seguridad humana. La potenciación permite a las personas realizar su potencial y participar plenamente en la toma de decisiones. El informe destaca que el fomento de los principios democráticos constituye un paso hacia el logro de la seguridad humana y el desarrollo: permite a las personas participar en las estructuras de gobernabilidad y hacer que su voz sea escuchada. Además, se señala la necesidad de crear instituciones sólidas, en el marco del estado de derecho que potencien a las personas.

III.             El Plan Colombia y su concepto de Seguridad

El Plan Colombia presenta dos fases importantes desde su implementación en julio de 2000. La primera se refiere a la fase que denominaremos de narcotización y la segunda fase que calificamos como de terrorización[9] . En la primera fase, la de narcotización, se declaró al narcotráfico como una de las principales amenazas contra la “seguridad nacional”. Con este argumento el gobierno colombiano consiguió que Estados Unidos diera una ayuda histórica que ascendió a  U$1.300 millones.

En esta fase, el Plan Colombia fue presentado al país y el mundo como la alternativa de solución a la grave crisis socio-política y económica que enfrenta Colombia. En la versión aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, el narcotráfico fue considerado la causa principal de nuestra crisis social y de nuestros conflictos políticos y económicos. Es decir, los conflictos sociales, económicos y políticos que se han enraizado en Colombia desde tiempo atrás y que han sido el resultado histórico de un modelo de desarrollo económica y culturalmente dependiente, predominantemente elitista y centralizador y socialmente excluyente, quedaron, con el Plan Colombia, explicados a partir del fenómeno del narcotráfico, que si bien contribuyó a agudizarlos no los originó.

Con la narcotización de la agenda política nacional el concepto de seguridad se centró en la defensa territorial y empezó a ser abordado  como un asunto de competencia exclusiva del Ministerio de la Defensa Nacional. Con esta restricción del concepto de seguridad al tema de la defensa, los aspectos relacionados con la seguridad personal y colectiva, la seguridad alimentaría, de salud y medio ambiente quedaron subsumidos. Empezó a predominar y a privilegiarse el concepto de “seguridad y defensa nacional” y  se le dio curso a una agenda represiva que, a tono con la agenda hemisférica contra las drogas,  incrementó la guerra contra los cultivos de uso ilícito, ya de vieja data en Colombia, y con ello contra las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus diferentes expresiones socio-organizativas y políticas. A partir de la aprobación del Plan Colombia, no sólo se fortaleció de manera significativa la capacidad militar y policial del Estado, sino que se privilegió como arma de guerra contra las drogas el programa de fumigaciones área con el herbicida glifosato.

La segunda fase, la de terrorización, empezó a dibujarse a partir de dos eventos. El primero se refiere a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el segundo, a la finalización de la zona de despeje y de los diálogos por parte del presidente Pastrana en febrero de 2002 y la subsiguiente declaratoria de las FARC como grupo terrorista.  Pero en rigor, esta terrorización de la agenda política gubernamental se concretó a partir de la posesión del presidente Uribe Vélez, quien rápidamente supo articular su programa de gobierno a la guerra internacional que los Estados Unidos le declaró al terrorismo mundial. Como anotan Tickner y Pardo (2003), Uribe desde el comienzo de su mandato tuvo como objetivo de su política exterior vincular el conflicto armado a la cruzada internacional liderada por el presidente Bush contra el terrorismo.

Pero es preciso señalar que el camino hacia la terrorización de la agenda política nacional ya había sido abierto por Collin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien manifestó que el gobierno colombiano debería enfrentar a las FARC y para ello recomendó que el 90% de la ayuda destinada exclusivamente para la guerra contra las drogas, considerada en la Iniciativa Regional Andina y en el Plan Colombia, según se aprobó por el Congreso de Estados Unidos, debería ser revisada y analizada para que fuese destinada también a la lucha contra el terrorismo.  En declaraciones públicas señaló Powell : “...el terrorismo amenaza la estabilidad de Colombia, y si amenaza la estabilidad de Colombia, amenaza la estabilidad de nuestra parte del mundo, de nuestro vecindario, de nuestro patio trasero, y eso debe importarnos” (Semana, marzo 15 de 2002). 

Para avanzar en los objetivos trazados en la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, en la cual el concepto de seguridad tiene una perspectiva y aplicación eminentemente territorial y militar y una aproximación social significativamente débil, el presidente Uribe “ha asumido una postura activa y enérgica de subordinación ante  Washington. Con ello, los márgenes de autonomía del gobierno para el manejo de la política doméstica y de la política exterior se han reducido dramáticamente. La subordinación de Colombia se ha reflejado principalmente en la adopción de medidas aún más estrictas en la lucha contra las drogas así como una alineación irrestricta con las posturas de Estados Unidos en el ámbito global, en especial con lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo[10]”.

Con esta vinculación a la cruzada internacional contra el terrorismo, el gobierno colombiano ha centrado su accionar en respuestas coercitivas a corto plazo y, parafraseando el informe  de la Comisión de la Seguridad Humana, ha desatendido sus causas fundamentales relacionadas con desigualdades, exclusiones y marginaciones y con la opresión por parte del Estado.

Este enfoque represivo de la seguridad fue refrendado en la Conferencia Especial de Seguridad reunida en la ciudad de México los dias 27 y 28 de octubre de 2003.  Allí se elaboró una declaración sobre la situación en Colombia en la cual se ratificó la posición oficial del gobierno colombiano, según la cual,  el principal problema  que enfrenta el país en materia de seguridad es el  “terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, la delincuencia organizada trasnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas”[11]. Para responder a estas amenazas el gobierno Colombiano ha recibido desde los Estados Unidos, para el periodo 2000 –2003 , una ayuda económica  U$ 2.44 mil millones, de los cuales el 80.1% (1.97 mil millones)  ha estado destinado a  al ayuda militar y policial. Para el año  2004 se espera un aporte de U$ 688.29 mil millones, de los cuales,  552.59 mil millones  (80%) están destinados al fortalecimiento bélico del Estado[12].

Entonces, no es apresurado afirmar que el Plan Colombia en su nueva fase de terrorización ha quedado ligado íntimamente a la doctrina de la guerra permanente que empezó a cristalizarse luego de los acontecimientos de septiembre de 2001 y cuyo objetivo es la defensa y la seguridad de la Estados Unidos como nación. Para comprender la doctrina de guerra permanente, Fernando Mires  (2003) señala que se trata de una política imperial de Estados Unidos que ha tenido hasta la fecha tres fases: la primera es la declaratoria de guerra a un enemigo inmediato, el terrorismo internacional, la segunda , es la señalización como terroristas a tres Estados que consideró como “ejes del mal “, Irán, Irak y Corea del Norte, y la tercera, la fase en donde Estados Unidos se arrogó el derecho de calificar como potencial enemigo o terrorista  para sus intereses a cualquier Estado, grupo o movimiento social que ellos desde su poder Ejecutivo o Congreso consideren, ello en una actitud unilateral que puede prescindir incluso de la legitimidad o no que le otorguen a sus acciones las resoluciones de organismos multilaterales como la ONU.[13]

IV.              El Plan Colombia y sus impactos en la Seguridad Humana

El Plan Colombia  es el nuevo nombre que asume la guerra contra las drogas en Colombia. Desde 1920,  fecha en la cual  se empezó a legislar en materia antidrogas en Colombia, el Estado colombiano ha asumido una lógica represiva para enfrentar este tema. Si revisamos la prolija promulgación de decretos y leyes, encontramos como tendencia predominante la creciente penalización de las diferentes etapas que constituyen el mercado ilegal de drogas. Primero se criminalizó a los traficantes de sustancias psicoactivas y,  luego,  el  espectro penal y el calificativo de “ilícitos” se amplió, a través de la ley 45 de 1946, a los cultivos y con ello a los cultivadores. La penalización y criminalización fue subiendo de tono a medida que los Estados Unidos fueron pronunciándose frente al tema .

Cuando  Richard Nixón declaró a la marihuana como problema de “Seguridad Nacional” el gobierno colombiano  fumigó con el herbicida paraquat a la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando Ronald Reagan (1981 –1988), presentó al narcotráfico como “el mal perverso”, “la plaga contra la humanidad” y  el “cáncer” para la estabilidad política y económica latinoamericana y en general, como su nuevo “enemigo”, se empezaron a organizar en leyes los diferentes y dispersos decretos existentes. Así por ejemplo en Perú  se estructuró la Ley  de Estupefacientes en  1982, en Venezuela en 1984, en Chile en 1985, en Colombia en 1986, en Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Costa Rica en 1988, en Argentina en 1989 y de nuevo en Costa Rica en 1991.  Como dice Tokatlián en uno de sus exhaustivos estudios sobre la drogas, la respuesta que los distintos gobiernos colombianos le han dado al tema de las drogas ilícitas ha derivado fundamentalmente de la aproximación y abordaje que Estados Unidos le ha dado al tema.[14]

Y es precisamente en este contexto de imposición unilateral de políticas que se define el Plan Colombia. La versión aprobada por los Estados Unidos (julio de 2000), y que continuó la administración de Uribe Vélez, se centró ya no en la promoción del desarrollo de capital social y humano a través de proyectos productivos, de infraestructura y de sostenibilidad ambiental, sino en el rompimiento por la vía militar de “la alianza establecida entre narcotraficantes y guerrilleros para desestabilizar el Estado y atentar contra la seguridad continental”, de forma que los proyectos de inversión social pasaron a un segundo plano, por cuanto se arguyó, que era condición  para que estos se ejecutarán “fortalecer el Estado y las instituciones gubernamentales”.

En esta guerra contra las drogas, hoy guerra contra el “terrorismo y sus fuentes de financiación”, se privilegia la fumigación como estrategia principal de lucha contra el “narcotráfico”. Sin embargo sus resultados son frustrantes si nos atenemos a las cifras y preocupantes si miramos los efectos de esta estrategia a la luz del concepto de Seguridad Humana. Para visualizar esto, vamos argumentar, en primer lugar,  por qué planteamos que la guerra contra las drogas ha sido ineficaz; y en segundo lugar, vamos a analizar los impactos del Plan Colombia en la Seguridad Humana. Para esto vamos a detenernos, a manera de estudio de caso, en la situación de (in)seguridad humana que vive el departamento del Putumayo, principal teatro de operaciones del mencionado Plan.

1. El fracaso de la guerra contra las drogas

El Estado colombiano ha legislado sobre las sustancias que producen algún tipo de dependencia  desde 1920[15]. Desde esa fecha y hasta el presente, ha criminalizado y penalizado todo lo  relacionado con el negocio de las drogas. Inicialmente la ley establecía sanciones para las personas que produjeran o traficaran con cocaína, opio, laudano, etc. Luego con la Ley 45 de 1946 se amplió el espectro penal  al tema de los cultivos.

Hasta comienzos de los años setenta, las penalización de cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes eran competencia exclusiva de la rama legislativa y judicial, pero a partir de 1973, con la creación del  Consejo Nacional de Estupefacientes y a través del decreto 1206, el ejecutivo empezó a asumir un mayor protagonismo en el manejo del tema de las drogas. De esta manera, mediante el decreto 1188 de 1974 se estableció en Colombia el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que rigió hasta 1984 sin ningún tipo de modificaciones.[16]

Apoyado en este estatuto la administración de Turbay Ayala (1978 – 1982) emprendió un proceso de erradicación forzada aérea de cultivos de uso ilícito. Durante este gobierno se fumigaron con el herbicida Paraquat los cultivos de marihuana ubicados fundamentalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta[17]. Con esta misma herramienta jurídica, la  administración de Belisario Betancur (1982–1986) usó el glifosato para combatir la marihuana y  el Garlon 4 para fumigar la coca. En el año de 1984, a raíz de la expansión de los cultivos de marihuana y hoja de coca en todo el país, el Estado colombiano, por medio del decreto 670 facultó a la Justicia Penal Militar para abordar todo lo relacionado con el narcotráfico. Inicialmente este decreto abarcó zonas de fuerte presencia del narcotráfico como los departamentos del Huila, Tolima, Meta y Caquetá, pero luego se amplió a todo el territorio nacional. A   partir de 1984, las penalización a las drogas se extendió al  transporte de precursores  químicos. La Justicia Penal Militar tuvo bajo su responsabilidad los asuntos del narcotráfico hasta 1985, fecha en la cual se devuelve la competencia sobre las drogas a la Justicia Ordinaria.

La prolija y dispersa producción de decretos y leyes referidas al narcotráfico, fue, durante la administración de Betancur, organizada en 1986 con la reglamentación del nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes, creado a través de la Ley 30 de 1986. En este nuevo Estatuto, se elevó a delito lo que anteriormente había sido considerado como una simple contravención y se crearon los fundamentos jurídicos para criminalizar a los campesinos involucrados de manera directa o indirecta con los cultivos de uso ilícito. Con la Ley 30 de 1986 se incrementaron las campañas de erradicación forzada.

Durante la administración de Virgilio Barco (1986–1990) se continúo con el uso de glifosato para la erradicación de coca. Esta política de fuerte represión a todo lo relacionado con el narcotráfico se acentúo en 1989 con los decretos 1856, 1893 y 2390, a través de los cuales se estableció el decomiso y los procedimientos para incautar y ocupar bienes provenientes del narcotráfico. En el año de 1990 la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994) se caracterizó por la creación de mecanismos de conciliación, a través de los cuales se rebajaron las penas. Luego con la nueva constitución de Colombia (1991) se prohibió la extradición de narcotraficantes y se creó un marco legal para que se sometieran a la justicia colombiana.

Durante esta administración, no obstante, se continuó la erradicación forzada con glifosato y se amplió su uso para combatir la amapola que empezó a proliferar en el bosque alto andino.  Durante este gobierno se expidió la resolución No 0001 del 11 de febrero de 1994 por medio  de la cual  se extendió y precisó las autorizaciones concedidas para la destrucción y erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia a través “de los medios  idóneos prescritos al efecto”[18] . 

Concomitante con estas medidas de orden penal[19], el Estado colombiano diseñó una serie de instrumentos orientados a "modificar las condiciones de vida de quienes se hallan dedicados  a la producción primaria de sustancias psicoactivas". Es así como mediante la Ley 30 de 1986, se presentó en diciembre de 1991 el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo. Este programa planteaba que se debían atender las causas económicas, sociales, políticas y culturales del problema de la droga.  En esencia, el objetivo de este Programa era "Contribuir a la superación del problema de la droga, mediante el fortalecimiento y dinamización de procesos de desarrollo micro-regional, en las zonas potenciales y actualmente productoras de cultivos ilícitos, reduciendo la oferta biológica de estupefacientes".

Para asegurar la viabilidad del programa se plantearon estrategias de prevención, control, sustitución de cultivos de uso ilícito y crédito de fomento. Con dichas estrategias se buscaba facilitar los procesos  dirigidos a consolidar la organización y participación comunitaria, como únicos garantes de la continuidad de las acciones iniciadas para superar las causas y manifestaciones del problema de la droga[20]. Sin embargo, el alcance real de los proyectos de desarrollo alternativo fue bastante limitado.  Durante la década de los años noventa lo que se ha constatado es un incremento del área sembrada de hoja de coca, bien sea como respuesta a la feroz campaña de erradicación forzada emprendida por las diferentes administraciones gubernamentales o bien sea para pagar las deudas que los campesinos adquirieron con las líneas de crédito impulsados por los programas de desarrollo alternativo (ver cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1 

CULTIVOS DE COCA VS ERRADICACION 1990 – 2002

    Fuentes:     Departamento de Estado de los Estados Unidos

    Dirección Nacional de Estupefacientes

   Proyecto SIMCI (Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) creado por DNE – UNOCP

   UNOCP. 2003. Global Illicit Drug trends 2003.  New York, July 2003

El gobierno de Ernesto Samper (1994 – 1998) , continúo con estas políticas de erradicación forzada y ensayó con herbicidas más tóxicos  como el Imazapyr y el Tebuthiurón[21]. Según los reportes suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito[22], durante los años 1994 - 1997 se fumigaron  17.800 hectáreas de amapola y 97.457 de coca. En este gobierno mediante acto legislativo 01 de 1997, que reformó la constitución, se reestableció la extradición de nacionales.  Durante la administración  de Andrés Pastrana la política de erradicación forzada se intensificó. Según la UNOCP (2003) para el periodo 1998 – 2001 se fumigaron en Colombia 23.373 hectáreas de amapola y 270.784 de coca. Durante esta administración, en octubre de 1998 se declaró  exequible de nuevo la extradición de nacionales.

Como se observa entonces, los programas de erradicación forzada con herbicidas se vienen implementando en Colombia de tiempo atrás. Sin embargo, los resultados que dichos programas pueden mostrar son bastantes precarios.  En la erradicación de la marihuana operaron más factores de orden económico (desplazamiento de los consumidores hacia otras sustancias narcóticas más fuertes), que los esfuerzos policiales  y los miles de millones de pesos  utilizados para fumigar la Sierra Nevada de Santa Marta. En buena medida el área sembrada de marihuana se redujo significativamente a raíz de la progresiva cocalización del agro, que surgió como respuesta a la demanda creciente de clorhidrato de cocaína.

En términos de cifras, como podemos ver en el cuadro Nº 1,  en el año de 1990  en  Colombia teníamos una producción de  coca de 40.100 hectáreas y para el 2002 se reportó un total de 102.000. hectáreas. Sin duda alguna durante la implementación del Plan Colombia se ha generado una reducción del 37% , si  ubicamos como referente la cifra que se reportaba para el año 2000, que era de 163.300 hectáreas[23].  Pero si miramos esta cifra con relación a las nuevas geografías de la coca y su repunte en Bolivia y Perú, encontramos que si bien las cifras nos hablan de reducción de hectáreas, la realidad socio-económica y geográfica nos habla de un desplazamiento hacia regiones que otrora no cultivan coca o que de nuevo la resiembran[24].  Para 1999 la Dirección Nacional de Estupefacientes reportó un total de 160.119 hectáreas, distribuidas en 12 departamentos y para el 2002, según la misma  fuente  se habla de un total de 102.071 hectáreas distribuidas en 21 departamentos. Se trata entonces de una guerra que no ha sido efectiva, y no lo es ya que los problemas sociales, económicos y políticos que están a la base de los cultivos de uso ilícito no se pueden resolver desde un enfoque represivo.

b.        La situación de (in)seguridad humana en el departamento del Putumayo

Desde finales de los años ochenta los campesinos colonos habitantes del sur-occidente de Colombia, a través de sus diferentes organizaciones, han presentado al Estado propuestas alternativas a los cultivos de uso ilícito y han ofrecido soluciones posibles a los múltiples problemas socio-económicos y políticos que enfrentan. Su voluntad de sustituir los cultivos proscritos de manera gradual por productos agrícolas legales que los articulen de manera efectiva al mercado y sus deseos de incidir y ser escuchados por los entes de decisión política, han discurrido de manera paralela con la progresiva y creciente cocalización del agro. Esta voluntad y esos deseos se expresaron con fuerza durante las marchas y mesas de negociación del año 1996[25].

Sin embargo, estas demandas y esos propósitos no han sido atendidos. El Estado colombiano se ha negado ha escuchar las propuestas de los campesinos colonos e indígenas, ha incumplido en parte los acuerdos firmados y ha respondido con tímidas inversiones socio-económicas y  grandes apoyos financieros para la fumigación y militarización  de la región.  El tratamiento militar a la grave situación socio-económica y política que esta a la base de los cultivos de coca ha sido la nota predominante. Pese a los múltiples esfuerzos organizados del campesinado y los indígenas por erigirse como interlocutor válido frente al Estado colombiano y hacer escuchar sus más sentidas necesidades vitales y sus propuestas alternativas de desarrollo local y regional, el Estado ha implementado en la zona políticas de fuerza que en nada han contribuido a resolver los problemas y sí por el contrario, los han agudizado. 

Como veremos a continuación, con la implementación  del Plan Colombia en el Putumayo, es decir,  con el progresivo fortalecimiento de la presencia policial y militar en el área, con la intensificación de las fumigaciones y con la aplicación de una débil política de  desarrollo alternativo, se ha contribuido a agudizar el conflicto armado y se ha generado una permanente situación de (in)seguridad humana, expresada en la violación cotidiana de la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la salud a través de las fumigaciones y en una vulneración permanente  de la seguridad personal, la seguridad política,  la seguridad económica y seguridad colectiva de más de cuarenta mil personas que en la actualidad se encuentran desarraigados y que no encuentran un espacio y una política estatal que los asista y los incorpore dignamente a la sociedad colombiana.

1. Conflicto armado en el Putumayo

La confluencia de organismos paramilitares, narcotráfico, movimiento insurgente y Ejército Nacional en el Putumayo, ha generado dramáticos enfrentamientos bélicos y ha deteriorado de manera sensible las normas de convivencia. La guerra, la muerte, la pobreza y el desplazamiento forzado se han constituido en componentes básicos de la cotidianeidad de la población putumayense.  Para visualizar el nivel del conflicto armado en el Putumayo presentamos a continuación las siguientes gráficas en las que se sintetizan las acciones bélicas y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante los últimos años en el Putumayo.

Gráfica Nº. 1

Comparativo de Acciones Bélicas e infracciones DIH en Putumayo 1990-2003 (mayo)

Fuente: Banco de Datos Justicia & Paz y CINEP. Elaboró: CINEP

Entre 1990 y 2003 (mayo) se presentaron 373 acciones violentas relacionadas con el conflicto armado, de las cuales el 57% correspondieron a infracciones al DIH y un 43% a Acciones Bélicas.

Respecto a las infracciones al DIH, estas disminuyeron entre el 2000 y el 2001 un 68%, mientras que entre el 2001 y el 2002, el incremento fue del 214%. Así mismo entre el 2001 y el 2002 se registraron un total 29 infracciones localizadas en su mayoría (65%) en los municipios de Villagarzón, Valle del Guamués y Mocoa. Es de señalar que respecto de la presunta responsabilidad por parte de los actores en el 2001, el 100% fue de los grupos paramilitares y en el 2002 disminuyó en un 77%, pero manteniendo la modalidad de homicidio intencional de persona protegida. En el 2003 la tendencia parece de nuevo disminuir y hasta el mes de mayo han bajado un 77%, con mayor concentración de infracciones en el bajo putumayo y una elevación del 80% en la responsabilidad de las FARC-EP en tales hechos.

Gráfica Nº 3

Acciones Bélicas por actores armados en Putumayo 1990-2003 (mayo)

Fuente: Banco de Datos Justicia & Paz y CINEP. Elaboró: CINEP

De las Acciones Bélicas se puede afirmar que el 2000 fue el año que concentró la mayor intensidad del conflicto de toda la década (1990-2000), especialmente en los municipios del bajo Putumayo (67%). Durante este período la mayor responsabilidad del total de las acciones la tuvo las FARC-EP.

Entre el 2000 y el 2001 las acciones bélicas disminuyeron en un 51% y se concentraron geográficamente en un 85% en el bajo Putumayo, principalmente en la modalidad de combates.  Entre el 2001 y el 2002 la tendencia se elevó en un 64%  y en el bajo Putumayo se concentró el 67% de las acciones bélicas y se registró un ascenso de las acciones de sabotaje y emboscada por parte de las FARC-EP. En el 2003 la tendencia parece disminuir y los primeros meses se caracterizan por una ofensiva bélica por parte de las FARC-EP, las cuales se han extendido al medio y alto Putumayo, aunque en términos generales las acciones bélicas siguen siendo mayor en los municipios de bajo Putumayo.

Gráfica Nº 4

Comparativo Acciones Bélicas e Infracciones al DIH en Putumayo 1990-1994/1995-1999/2000-2003 (mayo)

Fuente: Banco de Datos Justicia & Paz y CINEP. Elaboró: CINEP

Comparativamente entre 1990-1994 y 1995-1999, se presentó una disminución del 47% en las acciones bélicas y un aumento del 91% en infracciones al DIH. Con la implementación del Plan Colombia (2000- 2003 mayo) las acciones bélicas aumentaron en un 129% y disminuyeron en un 46% las infracciones al DIH. De lo anterior podría afirmarse que la implementación del Plan Colombia implicó una regularización de las acciones militares por parte de los actores.

Respecto de la participación de los actores es notoria la iniciativa de la Acción Bélica por parte de las FARC-EP, al parecer como respuesta al Plan Colombia y su mayor responsabilidad en las infracciones al DIH. La fuerza pública también eleva su participación desde el 2000 en las Acciones Bélicas y su responsabilidad en infracciones al DIH implican fumigaciones y desplazamientos masivos. De los grupos paramilitares se resalta su disminución en la presunta responsabilidad de infracciones al DIH.

2. Las Fumigaciones

En el municipio del Putumayo se empezó a hablar de fumigaciones en 1994. Durante este año y los dos siguientes (1995 y 1996) en el Putumayo se desataron fuertes movilizaciones en rechazo a estas eventuales medidas. Posteriormente durante la administración de Pastrana y la implementación del Plan Colombia, se fumigaron, en un periodo de dos meses y medio, 28.227 hectáreas en el bajo  Putumayo (San Miguel, Orito, Valle del Guamuéz y Puerto Leguízamo), es decir, el  48.4% del total de producción de hoja de coca del Putumayo, estimado por la Policía Nacional, en 58.353 Hectáreas. La segunda etapa de fumigaciones comenzó el 28 de julio del 2002, fecha en la cual se fumigaron 150.000 hectáreas. Las consecuencias generadas por estas aspersiones  aéreas en la región del Putumayo y la provincia de Sucumbios   se dieron en lo socio-económico, en la salud y en el medio ambiente.

2.1. Consecuencias en lo socio-económico

En el siguiente cuadro se pueden visualizar los efectos que las primeras fumigaciones causaron en los cultivos y animales de los campesinos del Valle del Guamués

Cuadro Nº 2

Pabón, A. “Consolidado general de las pérdidas por la fumigación hasta el 19 de

enero de 2001”. Municipio Valle del Guamuez. Inspección de policía municipal.

Durante la segunda etapa de fumigaciones la Alcaldía de Puerto Asís denunció que desde el 11 de agosto de 2002 en el municipio las aspersiones aéreas con glifosato afectaron a más de 2.254 familias (de 58 veredas), algunas de ellas beneficiarias del Programa de Erradicación Manual.  Según Agroamazonia, Asociación Campesina de Palmicultores, fueron afectados los cultivos de Palmito en el Valle del Guamués, Puerto Asís y Orito.  32 cultivadores de palmito con 54.8 hectáreas sembradas, reportaron daños de 43.8 has, lo que equivale a un 80% del área cultivada.

Así mismo, en la región fronteriza del Ecuador también las fumigaciones con glifosato generaron efectos graves en la seguridad alimentaría, la salud y el medio ambiente. Los reportes más serios encontrados sobre el impacto de las fumigaciones en las economías campesinas vecinas al municipio de San Miguel los elaboraron algunas organizaciones ecuatorianas (junio, 2001 y Noviembre de 2002)[26]. En sus informes reportan graves consecuencias para los campesinos  ecuatorianos vecinos a la frontera colombiana.  Entre los testimonios recogidos los campesinos de esta región fronteriza registraron perdida de gallinas, cerdos, vacas, chivos, caballos y envenenamientos de estanques piscícolas.

Con respecto a las consecuencias en la seguridad alimentaria los informes señalados registran el siguiente panorama agrario después de las fumigaciones:

Café: Todos los campesinos manifestaron que el café fue afectado, las matas amarillearon, se secaron y no cargaron de semilla. El grano quedó vacío. La cosecha del año se perdió.

Cacao: Al igual que el café, las matas de cacao se amarillearon,  las hojas se secaron y los frutos se secaron. 

Plátano: Refieren que se pudrió, negreó y no creció, la planta se secó sin dar fruto.

Caña: El centro del tallo se negreó y vacío. La caña quedó sin sabor.

Yuca: No sólo la mata se negreó y se secaron los cogollos, sino que la raíz presentó una mancha negra en su carnosidad que le dio un mal sabor. Los indígenas manifestaron que no podían usar la yuca  para hacer chicha.

Arroz: Refieren que “no nació”, se amarilleó y se secó. La producción se redujo a un 10% de lo que se conseguía por hectárea.

Potrero: Los campesinos refieren que se amarilleó y secó y que no se regeneró después del paso del ganado.

Frutales: se quemaron y se cayeron los frutos de los árboles.

2.2. Consecuencias en la salud y el medio ambiente

En el informe de Elsa Nivia titulado: “Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas- algunas aproximaciones”(Mayo 17 de 2001), se señala que el Roundup Ultra que se está usando en las fumigaciones contiene: Glifosato en forma de sal isopropilamina (IPA), POEA (surfactante) y Cosmo Flux 411F (surfactante). Nivia sostiene que estos tres químicos reunidos en el Roundup Ultra se caracterizan por afectar al aparato digestivo con mareos, nauseas, vómitos, dolor gástrico y diarreas; problemas respiratorios con rinitis, tos seca o productiva que puede llegar a neumonía y disnea; puede generar fiebre por la penetración del químico en la sangre, taquicardias y aumento de la presión arterial; así como decaimiento general, pérdida de fuerzas, alergias y lesiones de piel, incluso hasta el fallo renal.  Este  informe concluye que si bien en EEUU se aconseja que se use el Roundup en una concentración del 1%, en Colombia se está usando en concentraciones 104 veces por encima de lo aconsejado y que con cada sobrevuelo de avioneta por una misma hectárea esta concentración se duplica.

Con respecto a los estudios del impacto del glifosato en le Putumayo, la Defensoría del Pueblo de Colombia el 9 de octubre de 2002  afirmó: “En el departamento se han presentado quejas por la afectación a la salud de sus pobladores, ocasionadas, presuntamente, por las fumigaciones. En el reporte de la Subdirección de Salud Pública del Departamento del Putumayo sobre efectos de las fumigaciones en varios municipios de ese ente territorial informó que “(…) 4.883 (85%) de las 5.929 personas relacionadas en los formatos de quejas e interrogadas por los funcionarios de la Unidad de Asistencia Técnica de Orito y procedentes el 46,4% de las 282 veredas que conforman los tres municipios, refirieron síntomas atribuidos a la fumigación. Los síntomas estuvieron relacionados con problemas respiratorios 29% (964), gastrointestinales 26,4% (876), dérmicos 15,8% (524), psicológicos 1,9% (64), fiebre 15,5% (516), malestar general 5,4% (179), mareos 4,1% (32) y otros 0,9% (29)”. Agrega este informe que en el Hospital de la Hormiga se presentó “un incremento estadísticamente significativo para eventos de fiebre, diarrea, dolor abdominal, infección respiratoria aguda e infecciones de piel”. Concluye el informe que “se requiere un sistema de vigilancia epidemiológica para intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas y un sistema de vigilancia nutricional”

En el vecino país los efectos en la salud, según los informes presentados por las  organizaciones ecuatorianas, se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3

Grupo 1 (0-2Km.): Comunidades ecuatorianas que viven  máximo a dos kilómetros de la frontera con Colombia

Grupo 2 (5-6Km.):  Comunidades ecuatorianas que viven  máximo a seis kilómetros de la frontera con Colombia

Grupo 3 (8-10Km.): Comunidades ecuatorianas que viven  máximo a diez kilómetros de la frontera con Colombia

A este cuadro clínico provocado por las fumigaciones aéreas con glifosato, es necesario agregarle las nefastas consecuencias que está provocando la fumigación a nivel genético. Según el estudio realizado por Adolfo Maldonado, médico tropicalista de la organización ambientalista Acción Ecológica (Ecuador), además de los síntomas de intoxicación encontrados en 22 mujeres ubicadas en la línea fronteriza que une al municipio de San Miguel (Colombia ) y la provincia  Sucumbíos (Ecuador), se observaron daños genéticos en un tercio de las células sanguíneas[27].

No obstante y pese a los múltiples estudios, quejas y denuncias, hasta la fecha el gobierno nacional no ha elaborado una evaluación crítica de los programas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.  Pese a que la resolución 0001 contempla una serie de parámetros que obligan un seguimiento y evaluación permanente  de dichos programas y que el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la resolución No. 0005 de 2000 para que se de cumplimiento a los procedimientos técnicos adecuados para adelantar las aspersiones con glifosato, hasta la fecha y de manera obstinada se continua con las fumigaciones, se esquivan los procedimientos operativos contemplados en la ley y se amplía el espectro de las aspersiones aéreas con glifosato a los parques nacionales a través la resolución  la 0013 del 27 de julio de 2003, mediante la cual se aprobó la aspersión de cultivos ilícitos en las áreas protegidas.

Los  Ministerios del interior, del medio ambiente y de Defensa, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Estupefacientes,  el Palacio Presidencial, la Corte Suprema de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otras entidades nacionales e internacionales, están actualmente inundadas de cartas, denuncias y estudios técnicos que expresan y demuestran las nefastas consecuencias sociales, ambientales y de salud que está generando la aspersión aérea con glifosato, pero  ninguno de esos estudios, ni tutelas, ni denuncias han tenido eco.  A nivel gubernamental la fumigación se plantea como una política irreversible.  Solamente la Defensoría del Pueblo en abril de 2002 [28] presentó un Amicus Curiae[29] en donde  de manera concluyente  afirma que el Programa de Erradicación Aérea Forzada de los Cultivos Ilícitos es inconstitucional dado que amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños [30].

3. El desplazamiento forzado, expresión de la crisis humanitaria en el Putumayo

A esta crisis alimentaría, de salud y de medio ambiente provocada por el programa de fumigaciones, es necesario sumarle la preocupante situación social, económica y política que enfrentan las poblaciones que se desplazan de manera forzada, ya sea como consecuencia también de las fumigaciones o del incremento del conflicto bélico.

Las cifras que diferentes entidades tienen de este fenómeno social y político, aunque no coinciden, son de suyo alarmantes y se constituyen en un indicador de su magnitud creciente y de la grave crisis humanitaria que enfrenta Colombia. La Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos, CODHES, estimó que la población desplazada de manera forzada durante el período 2000 – 2003 (septiembre) es de 1.247.406 personas y  la Red de Solidaridad Social señala que para este mismo período se desplazaron 1.167.736 personas (202.764 hogares).  En lo que se refiere a la población refugiada en el vecino  país del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país registra un total de 9.979 solicitudes de refugio para el período 2000 – 2003 (enero).

Se trata de personas que huyen de las balas y de los herbicidas y que no encuentran en los lugares a donde llegan mecanismos institucionales fuertes que les ofrezcan protección a sus vidas. Estamos hablando entonces de comunidades y personas a quienes se les han vulnerado todos sus derechos, que permanecen en situación de (in)seguridad humana  y que no visualizan en el Estado una respuesta efectiva a su problemática vital.

Según los reportes dela Red de Solidaridad Social, en el  departamento del Putumayo, desde enero de 1997 hasta 19 de marzo de 2004, se han registrado 49.844 personas en situación de desplazamiento. Para visualizar la proporción de estos desplazamientos forzados a nivel intra e intermunicipal, cabe anotar que a Mocoa y Puerto Asís, principales centros de recepción de desplazados, están arribando mensualmente aproximadamente 100 y 40 familias respectivamente. (Ver gráficas Nº 5 y Nº 6)

Gráfico 5

Desplazamiento mensual al municipio de Mocoa 2002

Fuente: Base de datos RSS Putumayo Elaboró: CINEP

Gráfico No 6

Desplazamiento mensual al municipio de Puerto Asís 2002

Fuente: Base de datos RSS Putumayo Elaboró: CINEP

A nivel del desplazamiento interdepartamental en la gráfica Nº 7 se puede observar los departamentos que la población del Putumayo privilegian como sitios de acogida.  En esta gráfica se  aprecia que la población expulsada del departamento del Putumayo busca como principal departamento de recepción a Nariño (55%) y en su orden le siguen los departamentos de Cauca (12%), Huila (7.7%), Caquetá (7.2%) y Valle del Cauca (6.4%)

Gráfico Nº 7

Departamentos de Colombia receptores de población expulsada de Putumayo Ene 1997- Jun 2003

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, la micro región que mayor población expulsa es el bajo Putumayo, que comprende los municipios de San Miguel, Orito, Valle del Guamués y Puerto Asís.

Frente a la crítica situación del desplazamiento forzado,  el Estado colombiano ha respondido con tímidas inversiones que no responden a las necesidades de esta población desarraigada.  La atención dada a los desplazados forzados por el conflicto armado y las fumigaciones aéreas con glifosato se han reducido a la entrega, durante tres meses, de un kit (remesa) de alimentos mensual, ello acompañado de profundas trabas burocráticas, entre las cuales está la de demostrar ante la Red de Solidaridad Social y las personerías municipales que en efecto se trata de desplazados por el conflicto armado.

Concomitante con esto, la administración de Uribe  ha enfocado su política frente al desplazamiento solamente en lo que se refiere al retorno.  Pero este enfoque  se contradice con la dinámica que ha cobrado en las regiones la implementación de la política de seguridad democrática, que lo único que ha generado hasta la fecha es una profundización del conflicto armado y una intensificación de las fumigaciones (léase guerra química) contra las poblaciones y ahora contra la biodiversidad existente en los parques nacionales .

V.                 A manera de conclusión

Con las respuestas represivas a  los problemas sociales se agudiza el conflicto que  vive Colombia, se alimentan a los actores armados y se subsumen las iniciativas ciudadanas que desde tiempo atrás vienen planteando las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. En la medida en que en Colombia se continúen implementando proyectos desarticulados, aislados y muchas veces contradictorios entre sí, no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los cultivos de uso ilícito y del conflicto armado.

De ahí que sea necesario buscar salidas integrales, sostenibles y participativas. Para esto es necesario empezar a reconocer que la mayoría de los problemas que enfrentan actualmente las regiones cocaleras y amapoleras de Colombia han tenido su origen por fuera de ellas. Implica comprender que los campesinos, afrodescendientes e indígenas colombianos, siembran coca o amapola como una estrategia de sobrevivencia y que es posible que ellos sustituyan dichos cultivos por una producción agrícola legal.

Pero para iniciar este camino, es preciso, entre otros aspectos, suspender las fumigaciones aéreas, como lo ha recomendado de manera reiterada la Defensoría del Pueblo, implementar políticas orientadas a la protección del mercado nacional de alimentos, realizar una reforma agraria integral, que afecte la actual estructura de tenencia de la tierra y elimine la renta absoluta del suelo, ejecutar programas regionales integrales, participativos y sostenibles de desarrollo y paz, reparar a las victimas del conflicto armado y de manera especial,  implementar una política integral fundada en el concepto de Seguridad Humana. Además, es urgente abrirle de nuevo el espacio a la política  y al diálogo y negarle el espacio a la guerra. Como  señala el profesor Fernando Mires  (2001) “...quienes se niegan a negociar están aceptando  la lógica terrorista. Responden  al terror con terror. Y eso es negación de la acción política... La virtud más grande de una política democrática es precisamente la de llevar la política a aquellos lugares donde se encuentra ausente, y reemplazar, en la medida de lo posible, cada bala por una palabra”[31]