EDITORIAL

La primera Revolución Verde de los años 1970 trajo consigo la intensificación del uso de pesticidas que vino a reemplazar las prácticas agrícolas tradicionales de millones de campesinos. Después de casi 40 años de uso intensivo, son numerosos, variados y exhaustivos los estudios que demuestran que el uso de pesticidas genera desequilibrios en la salud, en fuentes de aguas y suelos. En países en condiciones de estabilidad democrática, el uso indiscriminado de pesticidas, dados los conocimientos científicos existentes, es un atentado en contra de la salud pública y es cada vez menos frecuente. En condiciones de guerra declarada −como es la meta fijada de matar la coca para acabar con ‘el terrorismo’− la fumigación aérea con mezclas químicas de las tierras en las que viven millones de campesinos y de las que vivimos los colombianos, es un acto de guerra en contra de la población civil.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversas convenciones ambientales internacionales apelan al respeto por la vida y el medio ambiente. Desde hace años, ciudadanos preocupados han levantado la voz de alerta sobre los riesgos de las fumigaciones. En Colombia, las fumigaciones aéreas con químicos comenzaron con el (altamente tóxico y ahora prohibido) Paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta en contra de los plantíos de marihuana en 1984 y, como previsto, los cultivos se trasladaron. Entre otras, hacia los Estados Unidos, adonde la fumigación aérea con químicos para acabar con la marihuana fue, rápidamente abandonada. Sin embargo, es este mismo país el que apoya con sus fondos y logística −por encima de toda consideración humanitaria− esta medida química desde hace 23 años en Colombia.

El panorama es más que desconsolador y el Presidente Uribe desconoce la ley cuando sin la menor dignidad, desacató en el 2003 el fallo del Tribunal de Cundinamarca de suspender temporalmente las fumigaciones en espera de estudios científicos y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Ha procedido más bien a desarticular todas las instituciones ambientales del Estado, que lo podían aconsejar. Quince meses después de la apelación del gobierno, el Consejo de Estado da vía libre a las fumigaciones. Ignorando las advertencias científicas y la suspensión cautelosa del uso de pesticidas en otros países, el Consejo de Estado aduce que no hay pruebas contundentes que puedan demostrar daños irreversibles al ecosistema y a la salud humana, y avala esta medida de guerra en Colombia.

Entretanto, quienes fumigan, van imponiendo los Organismos Genéticamente Modificados -OGM (ya con pesticidas como el glifosato incorporado). Estos presagian −por el camino de los agroquímicos y semillas modificadas de compra obligatoria− acabar totalmente con la agricultura tradicional y la inmensa biodiversidad sin que aún tengamos un panorama completo de nuestra riqueza.  De seguir las fumigaciones, posiblemente sólo crecerán los OGM resistentes al glifosato cuyas semillas compraremos a la Monsanto a quien también compramos el glifosato y probablemente cederemos las aguas. Los cultivadores se verán obligados a comprar las semillas transgénicas cada dos años pues esas sí no vienen incorporadas en las matas. Ahora que se discute el Tratado de Libre Comercio (TLC), ¿se incluirá la protección de la propiedad intelectual de los dueños del Saber tradicional de las plantas? Es decir, del Saber y plantas que queden después de las fumigaciones. La vocación ambiental y agrícola de la época parece ser un proyecto de territorio dividido entre la ganadería extensiva, el monocultivo de coca y otros pocos transgénicos como el algodón BT. El ganado es probable que poco a poco se degenere genéticamente si es que no muere con el pasto contaminado, pero la coca no. La coca es lo que mejor sobrevive a las intensas fumigaciones, como lo atestiguan las zonas fumigadas. 

Después de desistir a finales de marzo del 2004 de fumigar las 5,000 hectáreas de cultivos a uso ilícito en los Parques Naturales Nacionales (un sistema de casi 10 millones de hectáreas), hoy por hoy el Estado fumigó nuevamente el territorio en la Sierra y sus gentes hace apenas 3 meses (Agosto del 2004) y ya los enormes estragos de esta nueva ronda de asalto químico saltan a la vista. El Estado amenaza con rociar más químicos sobre la Sierra, tierra de biodiversidad en la que convergen 31 ríos de envergadura, el Parque Natural Nacional Tayrona y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Territorio declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO, este parque, junto con La Macarena y La Paya (fumigado 'colateralmente' en septiembre del 2004), reservan una riqueza natural incalculable para la construcción presente y futura de la nación colombiana. Curiosamente, es allí en estas tres zonas adonde dice Camilo Uribe haber visto la Súper Coca. Camilo Uribe es el autor del escrito contratado por el Departamento de Estado de USA sobre los no efectos de las fumigaciones en la salud y ha sido recientemente nombrado director de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o CICADm por sus siglas en inglés). Camilo Uribe afirma no tener evidencia de la tal Súper Coca sin embargo afirma también que la potencia de cocaína de ésta es del 97% (la tasa de una planta de coca originaria -sin litros de glifosato- es del 24%).

Curiosamente también, el Vice Ministro de Medio Ambiente de la Administración Uribe habla de canje ambiental por deuda. Habría primero que pensar en cuántos más litros de pesticidas le piensan bombardear a las aguas y bosques que están ofreciendo a la Comunidad Internacional. Pensar en qué hongo loco han vislumbrado inyectarle a las reservas naturales objeto del canje ambiental. La Administración Uribe alega que el 87% de los pesticidas es utilizado en la agricultura tradicional. El hecho es que, aunque esto tampoco es saludable, el glifosato en la agricultura tradicional no se mezcla por lo general con otros químicos y asperja desde elevadas alturas varias veces sobre el mismo campo/reserva natural y, en ocasiones, precedido por medidas de guerra. Los niños de Colombia que nacen y crecen bajo esta lluvia química seguramente sufrirán para siempre las consecuencias. La fumigación desplaza a los campesinos de sus hogares y las personas desplazadas por las fumigaciones quedan sin recurso pues, de reconocer el gobierno que la fumigación es causa de desplazamiento, también tendría que reconocer que está aplicando medidas de guerra (química) en contra de sus gentes. Asimismo fumigando y desplazando se concentra la tierra en una contra-reforma agraria que no puede sino debilitar aún más la nación; debilitarnos a todos los colombianos.

Los testimonios sobre los inmensos daños están,  falta que se escuche y apoye a los afectados. Testimonios recientes de quejas ciudadanas y tierras quemadas se encuentran en el documental realizado en la Sierra en Octubre 2004 por Natalia Zuluaga y su equipo de filmación francés dentro del marco del seguimiento al Foro Andino Amazónico. En un país en el que la gente poco se queja, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha registrado entre 1999 Y 2003 en sólo el Guaviare, Putumayo y Caquetá más de 8000 quejas de ciudadanos perjudicados por las fumigaciones. El Representante del Guaviare Pedro Arenas denuncia que las modalidades de aplicación de las fumigaciones varían de una región a otra. El temor que suscitan las fumigaciones entre las poblaciones inermes es igual a lo largo del país y debería ser queja suficiente para un gobierno que dice querer y velar por sus gentes.  Tanto la Defensoría del Pueblo de Colombia como la Contraloría han prevenido al gobierno sobre la irresponsabilidad, dudosa eficacia e ilegitimidad de esta medida. Diversos debates en el Congreso reflejan este cuestionamiento profundo y múltiples analistas, ambientalistas, políticos, biólogos y muchos otros han hecho llamados a la sensatez. Sin embargo, al Presidente Uribe parece no importarle este mandato popular porque cesen las fumigaciones. Parece pesar más una política para la consecución de fondos para la guerra que la búsqueda de alternativas de paz, que muchos dirían se encuentra es en la coca. 

En los Estados Unidos numerosos congresistas se han pronunciado en contra de esta medida de fumigación aérea en el marco de la guerra. En Europa, el Parlamento Europeo también ha manifestado su desaprobación de que se fumigue los cultivos de desarrollo alternativo financiados por ellos y otros. En una iniciativa que convocó a 135 Congresistas colombianos, los Senadores Jorge Robledo y Jumí, entre muchos otros, renovaron iniciativas parlamentarias por que se debatiera públicamente la aplicación de la medida de fumigación. Se observa la necesidad de transparencia y mayor participación del Congreso y la ciudadanía de Colombia en las decisiones sobre fumigaciones. Actualmente el Estado colombiano se propone estudios científicos sobre los daños ocasionados por las fumigaciones; la legitimidad de estos depende de su transparencia ante el gran público y de su validez científica. Afirman reconocidos ambientalistas que las fumigaciones aéreas con glifosato reforzado están induciendo la destrucción de uno de los países más biodiversos del mundo cuyas fuentes de aguas son una riqueza mayor que el tan codiciado petróleo. Sostiene la Administración que la contaminación ocasionada por los precursores utilizados para fabricar la cocaína justifica la fumigación. Patinando en el círculo vicioso de política de tierra quemada: cultivos-fumigación-desplazamiento-más cultivos al glifosato- más fumigación.. [1] el Estado colombiano se muestra incapaz de generar, o escuchar, salidas. Antes que nada, la actual administración gubernamental debe cómo mínimo aplicar el Principio de Precaución mientras mide los previsibles desastres ambientales y humanitarios generados por la Guerra de la Droga a la colombiana, con endeudamiento y decisiones ajenas.