Relatoría
MANDATO AGRARIO
Alejandro Mejía
Alejandro, como miembro de los
sectores campesinos y partícipe en la construcción de alternativas de solución
al problema de los cultivos de uso ilícito, nos hizo una presentación sobre los
elementos que conforman el mandato agrario promulgado por las organizaciones
campesinas, el pasado 8 de abril de 2003. El cuál, fue resultado de un largo
proceso de convergencia al que han llegado las comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes colombianas. Este mandato constituye la exigencia
por una vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y no al ALCA.[1] Esta
propuesta surge de la necesidad existente de participación activa de las
comunidades como conductoras de su propio desarrollo, demostrando no solo al
gobierno, sino a la sociedad, a la academia, a las ong’s y a los mismos
movimientos populares, que las soluciones para el campo se conciben de la base
hacia arriba y no al contrario.
Luego de esta breve presentación
Alejandro hizo algunas aclaraciones, resaltando ciertos puntos de este mandato,
como son el punto 4 sobre el Derecho a la tierra; el punto 7 sobre la Política
concertada con los cultivadores de coca amapola y marihuana; el punto 10 sobre
el Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus
derechos; el 12 sobre el fin al
desplazamiento forzado; y el punto 13 sobre la Solución política del conflicto
social y armado.
En relación al Derecho a la
tierra, comenta que siempre desde el
sector campesino se ha planteado la necesidad de la reforma agraria, debido a
que la alta concentración de la propiedad impide que los campesinos puedan
acceder a una vida digna, generándose de esta manera una gran injusticia social
y violencia; sin embargo, el expositor asevera
que en la actualidad existe un nuevo énfasis en el tema de la reforma agraria y
es el de partir del reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho
humano fundamental, aunque no este consignado en la legislación internacional,
y que además este derecho esta ligado al derecho al trabajo, alimentación,
vivienda, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Igualmente, el
campesinado exige que se le reconozca como un actor pluricultural con identidad
propia así como se ha reconocido a los
pueblos indígenas y negros en la constitución de 1991, pues ellos también
tienen su propia cultura, costumbres e historia.
En cuanto al reconocimiento de
las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos, afirma,
que las organizaciones campesinas y los campesinos afiliados a ellas han
querido reconocer el papel que juegan las mujeres en el campo, sobre todo en el
contexto de conflicto armado que ha vivido y vive el país, porque en muchas ocasiones sucede que cuando
falta el hombre debido a la violencia, la mujer viuda no sale de sus tierras y
se queda al frente de todas las actividades que se llevan a cabo en el campo,
demostrando su resistencia ante cualquier adversidad, aún estando amenazada.
Por tanto se exige el reconocimiento y contabilización del aporte económico de
las mujeres a la producción en el campo y a la reproducción de la fuerza de
trabajo; reconocimiento y protección del papel de las mujeres en la
construcción de identidad cultural, en la defensa permanente de la integridad
de las comunidades y como gestoras de vida.
A continuación, se detiene a
analizar los puntos 12 y 13 del mandato Agrario donde se exige de parte de los
campesinos el fin del desplazamiento forzado y la solución política del
conflicto social y armado. En relación al fenómeno del desplazamiento el campesinado
sienta su posición diciendo que para ellos en Colombia no existen
desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados.
Así mismo, Alejandro considera que el desplazamiento es un arma para apropiarse
de las tierras del campesinado colombiano, tierras que todavía no tienen, pues
recuerda que la dinámica que se ha llevado a cabo con las colonizaciones ha
sido la siguiente: el campesino va y tumba selva, adapta la tierra y el
terrateniente va detrás ofreciendo dinero por estas tierras. Evidencia de esto
es el actual Plan de desarrollo que en su artículo 32 estipula que las tierras
abandonadas pueden ser adjudicadas a productores y no queda especificado quien
es productor, por lo cual para el campesino esto es la legalización del
desplazamiento forzado como mecanismo para apropiarse de las tierras, porque
para ellos es claro que a lo que el gobierno llama productores o empresarios
del campo no son mas que lo que el campesino ha llamado desde siempre
terratenientes. Además, nos comenta que las políticas llevadas a cabo por el
gobierno para dar solución a la problemática del desplazamiento, no han sido
efectivas pues en el caso del llamado reasentamiento temporal dirigido por el
antiguo INCORA o INCODER, solo se ha hecho con tres comunidades de los 3
millones de desplazados que existen en el país; y los denominados planes de
retorno con “supuestas” garantías de seguridad han sido un fiasco porque sucede
lo siguiente: los campesinos retornan para someterse al arbitramento de los grupos
de autodefensa que haya en la zona, lo que les impide exigir sus derechos. Es
por esto que el campesinado exige el cese del desplazamiento forzado; y de parte del Estado, la concertación con las
comunidades afectadas para definir medidas efectivas que puedan prevenir el
desplazamiento forzado.
En cuanto a la solución del
conflicto social y armado, el campesinado opina que solo se puede resolver con
una salida política negociada para el logro de una paz duradera que exige
pactos entre las partes; además, que se
deben tener en cuenta otros elementos como
la soberanía nacional, es decir
no más intervenciones de Estados Unidos en nuestro país, las transformaciones
del régimen político, y la solución de los problemas económicos y sociales que
originaron y han mantenido por décadas
la confrontación armada y por lo mismo exige la participación decisoria de las
organizaciones populares. Al respecto de la política de seguridad democrática
implementada por el actual gobierno las comunidades campesinas se pronuncian
con un no rotundo a medidas que involucren a la población civil en el
conflicto.
Alejandro enfatiza en el punto 7
sobre política concertada con los
cultivadores de coca, amapola y marihuana ya que este ítem esta relacionado
con los temas que se trataron en el foro. En lo concerniente a la problemática
de los cultivos de uso ilícito afirma que
el campesinado ha planteado ver a la hoja de coca como solución y no
como problema, porque ésta históricamente ha sido utilizada por nuestros
indígenas tanto en los rituales, así como alimento. El masticar coca les ha
servido para soportar las duras condiciones de los andes, ya que ésta
contrarresta el efecto de mareo que produce la altura, les calma el hambre y el
frío. Posteriormente, se han hecho estudios que comprueban el valor nutricional
de la hoja de coca y los diferentes usos
que de ella se pueden hacer. Con base en estos argumentos, desde mamacoca se ha
venido desarrollando un proyecto de ley de coca, que sirva como alternativa a las fumigaciones y mirando
la hoja de coca como opción de
desarrollo, y así, avanzar en la
solución de este problema [2]. Por medio de esta ley se establece que la
tenencia de arbustos de coca y el consumo de hojas de coca en su estado natural
destinado a la práctica del mambeo y un empleo alimenticio, industrial y
medicinal no será considerado como tenencia o consumo de estupefaciente. Es así
como en la exposición de motivos de la presente ley se dice que, el derecho de
usos tradicionales lícitos de la planta de coca se encuentra consagrado en
varias normas nacionales e internacionales vigentes en Colombia. Así pues, es necesario que esta prerrogativa de
aprovechamiento de las diversas virtudes de esta planta para alimentación
humana, usos medicinales e industriales que favorece a pueblos indígenas no se
limite a estas poblaciones, comunidades y territorios, lo cual indica que al
hacerse extensiva tanto a las comunidades campesinas y afrodescendientes se
pretende quitar ese velo de ilegalidad que hace que se criminalice al campesinado
colombiano. Además, en el proyecto de
ley de coca se evidencia la necesidad de diferenciar la coca de la cocaína
permitiendo encontrar alternativas de solución más adecuadas con las realidades
de nuestras comunidades campesinas. Agrega Alejandro, que este proyecto de ley
cuenta con el respaldo de las organizaciones campesinas a las que se les ha
presentado.
Por último, Alejandro concluye que estas son las
alternativas que se están proponiendo desde mama-coca, INDEPAZ y sobre todo el
movimiento campesino; obviamente que solos no podríamos, por eso se hace un
llamado a la solidaridad y al respaldo de estas propuestas de los demás
sectores y organizaciones sociales, partiendo de la premisa que la cultura
campesina, indígena y afrocolombiana debe ser la base de las transformaciones
sociales, económicas y políticas necesarias en el país.
[1] En
www.mamacoca.org Congreso Nacional Agrario.
Mandato Agrario abril 7-8 de 2003.
[2]
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