Santa Fe de Bogota,
28 de abril de 2003
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Corte Constitucional
La Ciudad
Urgente: Revisión Tutela Fumigación de cultivos ilícitos y contrapropuesta al
Ministro Londoño
Señor Magistrado:
Estoy convencido que la carta del Ministro Fernando
Londoño no le genera a los honorables miembros
de
Corte Constitucional temor reverencial alguno
por
encima al respeto del ordenamiento jurídico,
como sí
le sucedió en su oportunidad al indefenso juez
quince
civil del circuito de Bogotá, de pensar de
tener que enfrentarse
solo, con todo el peso del poder ejecutivo, si
hubiese concedido la
tutela en dicha oportunidad.
Justamente por el respeto a nuestro
ordenamiento
jurídico, quisiera asegurarme que la Honorable
Corte
cuenta con el conocimiento de un elemento
fundamental
en este asunto. Se trata de la regulación por
parte de
una norma supraconstitucional, que esta
contenida en
la
Convención de las Naciones Unidas contra el
Trafico ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas -1988-.
En el articulo 14, numeral 2, de la mencionada
Convención, al regular sobre la erradicación
de los
cultivos ilícitos, expresa lo siguiente:
"Las medidas
que se adopten deberán respetar los derechos
humanos fundamentales y
tendrán debidamente en cuenta los usos
tradicionales lícitos, donde
al respecto exista evidencia histórica, así
como la protección del
medio ambiente."
A través de esta Convención de 1988, se le da
una
protección especial y supraconstitucional al
medio
ambiente, y mas exactamente al caso especifico
de la erradicación de
los cultivos ilícitos. El Estado Colombiano no
puede violentarse a si
mismo, ni desistitucionalizarse ni
deslegitimarse, al utilizar
métodos de erradicación que vulnere el medio
ambiente
y los derechos humanos fundamentales; como sí
se ha
verificado, testimoniado y documentado, sucede
con la
fumigación aérea.
La fumigación además no es un método de
erradicación ordenado por la
Convención de 1988, como lo pretende hacer
creer el Ministro Fernando
Londoño. Esta es una interpretación
fundamentalista e incorrecta. Es
como decir que la única forma de erradicar la
violencia es
a punta de bala.
En muchos ordenamientos jurídicos - entre
otros el colombiano - es
posible condenar un individuo sobre la base de
la declaración de un
testigo. No se entiende por lo tanto, por que
los cientos de
testimonios de indígenas y campesinos, y las
denuncias de ONGs
nacionales e internacionales, sobre los daños
a la
vida misma, la salud, el medio ambiente, y a
la
alimentación, como resultado de la fumigación
aérea,
no mueva el aparato judicial en defensa y
protección
de dichos bienes jurídicos. La Corte tiene una
gran
responsabilidad en la defensa de esos seres
humanos
olvidados y maltratados. Por favor no se deje
intimidar, existen métodos alternativos de
erradicación que no resultan en una mayor
precariedad
en el envenenamiento de dichos territorios.
Claro que
estos no resultan tan interesantes a las
firmas
productoras de los químicos ni para los
contratistas
de la flota aérea para su aspersión.
En Perú y Bolivia, -países que han ratificado
al igual
que Colombia, las tres convenciones
internacionales
sobre el particular- la fumigación aérea esta
prohibida y ambas naciones, particularmente
Bolivia,
ha registrado descensos mucho mas
impresionantes en
sus cultivos ilícitos sin la utilización de la
fumigación aérea.
Para terminar, debo decir que en una cosa
puedo
acercarme a la carta del Ministro Londoño, y es
que se
debe prohibir la fumigación, no solo en los
territorios indígenas sino en todo el
territorio
nacional. La ley es para todos. Hacerlo solo
para
ellos sería una gran contradicción y les
podría
generar a estos pueblos indígenas presiones
adicionales a las que ya sufren, hacia un
punto de no retorno a la
extinción cultural y de su vida misma.
Con toda atención le solcito una audiencia de
6
minutos para expresarle dos eventos de fondo que no
pueden ser ignorados en este asunto.
Cordialmente,
ALBERTO RUEDA
Abogado. Especializado en Negociación y
Relaciones Internacionales.
Encargado por 3 años en la Cancillería en el
tema de
drogas ilícitas ante la ONU.