LA GUERRA GLOBAL CONTRA EL TERROR, PLAN COLOMBIA,
EL IRA Y LA REGIÓN ANDINO AMAZÓNICA: WANTED OR CERTIFIED?

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Ricardo Soberón Garrido[1]

 

Sin llegar a ser Irak, ni Afganistán o el Oriente Medio, hoy en día en Colombia se presentan los principales elementos y tendencias que predominan en la política y relaciones internacionales, en materia de seguridad, economía y derecho internacional, corriendo el riesgo de extenderlos a una franja de fronteras de aproximadamente 6,000 kilómetros, con los países vecinos.

El problema para la región no es el grado de imposición ni de arbitrariedad que adquieren actualmente las relaciones internacionales. En América Latina, esta ha sido parte de la trayectoria de los EE.UU desde la época del Gran Garrote, las invasiones en América Central en el siglo XX. Podemos decir que así como ni Saddam Hussein ni Osama Bin Laden aparecen como objetivos últimos de lo que ocurre en Asia Central, el objetivo norteamericano en América del Sur no es Tirofijo, sino el predominio sobre la Cuenca Amazónica. 

Lo verdaderamente grave, es que se han diluido las formas establecidas de contraste y oposición a esta hegemonía tanto a nivel global, como en el plano regional. Asimismo, el abanico de agendas temáticas, se han fundido en una sola. Como dice el ex Canciller mexicano Jorge Castañeda, “But the United States has replaced its previous, more visionary approach to relations in the Western Hemisphere with as total focus on security matters”[2]. Lo que Carlos Fazio denomina la “pentagonización de América Latina”[3], o la reterritorialización del poder hegemónico de EE.UU[4].

1. El marco general es el de la completa comunión y simetría política, filosófica, operativa entre las Políticas contra el Terror y contra las Drogas, en el mundo del 2003. Recientemente, el Secretario de Estado convocaba a la comunidad hemisférica, durante la Asamblea General de la OEA en Santiago, la lucha contra las tres T, “tirantes, traficantes y terroristas”. Esta cuestión, que en la década de los 80 fue objeto de numerosas diferencias entre los países  productores latinoamericanos y consumidores (respecto de EE.UU), hoy prácticamente ya no tiene discusión alguna. Nadie puede oponerse a este nuevo paradigma, pese a que los impactos post 11 de noviembre (dentro de EEUU y Afganistán), tuvieron un resultado concreto a favor del mejor funcionamiento del narcotráfico mundial: las medidas antiterroristas en territorio norteamericano ocasionaron el debilitamiento de las medidas antidrogas en las fronteras norteamericanas; la caída de los Talibanes y los acuerdos con los diferentes “señores de la guerra” y jefes tribales han ocasionado el aumento de los cultivos de amapola en Afganistán: ¾ del opio mundial. En la época de los Talibanes se producían 180 toneladas anuales, con la administración Karzai se producen 3,400 toneladas anuales de opio

En el plano latinoamericano, durante la administración Clinton (1993-2000) surgieron y se robustecieron -de forma paralela- otras agendas, a saber, el fortalecimiento de la Democracia (Carta Interamericana), para la construcción de modelos políticos y nuevos contratos sociales  adeptos a la propuesta de EE.UU. En segundo lugar, la Reforma de las Fuerzas Armadas, dirigida a uniformizarlas, reducirlas y generarles una nueva misión acorde con la nueva estrategia de seguridad global (OTAN) y hemisférica (OEA). En tercer lugar, la Lucha contra la Corrupción (Convención de lucha contra la corrupción), a sabiendas del triste record que mantienen diversas administraciones norteamericanas con Noriega, Lopez Portillo, Montesinos y Fujimori. En cuarto lugar, el Libre Mercado (ALCA 2005[5]), tendientes a la constante privatización de los patrimonios públicos y su entrega a inversionistas locales o extranjeros, en cada país del continente.

Pero ahora, todas ellas están relegadas a los temas de Drogas y Terror, tanto en el plano bilateral como en el plano multilateral. Ni siquiera las nuevas propuestas políticas de Chávez, Lula, Gutiérrez, Lagos o Kirchner, parecieran haber logrado materializar un nuevo liderazgo regional alternativo: el mejor ejemplo es el Grupo de Río, MERCOSUR, la propia CAN, las negociaciones ALCA, la propia OEA quienes todavía enfrentan una tensión que no ayuda a la toma de decisiones.

Otro asunto grave es que todas esas agendas han quedado absolutamente debilitadas en el tejido social y el imaginario popular, por el debilitamiento de las instancias políticas, las propias las urgencias sociales preocupadas por sobrevivir, por rechazar los acuerdos con el FMI (ajuste fiscal, servicio de la deuda en el caso de Ecuador[6], Colombia[7] y Argentina) con los respectivos gobiernos.

2. Los intereses económicos de los EEUU sobre América Latina son muy claros y están representadas en la negociaciones del ALCA: la protección de las inversiones norteamericanas en la región, con miras a generar en el futuro un bloque económico respecto a Europa y Asia frente a una pérdida de competitividad, es decir la denominada “Fortaleza América”, protegida por instrumentos bélicos y de orden público[8] como el Plan  Colombia, IRA y Plan Puebla Panamá[9]; luego, el mantenimiento de términos de intercambio absolutamente perjudiciales para los países de la región, individual o incluso colectivamente; luego está la búsqueda de una garantía en condiciones de monopolio en el tiempo, de un mercado para las exportaciones y las inversiones norteamericanas[10], así como el control sobre la banca. El caso de los recursos naturales es muy significativo; sobre el petróleo[11] (EEUU consume el 26% de la producción mundial, pero tiene el 2.9% de las reservas mientras que los países de la OPEP tienen el 78%.Asimismo, sobre la minería, sobre  el gas[12], sobre la biodiversidad (patentes y transgénicos), sobre el agua dulce (Itaipú, la Amazonía). La existencia de un importante mercado para productos norteamericanos.

Las implicancias sobre nuestros Estados, sociedades y particularmente las rurales serán: quiebre total de la industria, pérdida de seguridad alimentaria y control sobre recursos, especialización en bienes primarios, dolarización como política monetaria (Ecuador, Panamá). Sin embargo, hay quienes dudan sobre la verdadera magnitud de la importancia estratégica de América Latina, de la región andino amazónica y de Colombia en particular, en el nuevo escenario internacional.

3. La Guerra contra las Drogas en los Andes ha pasado a una nueva etapa en el siglo XXI, donde ya no se discuten los instrumentos locales (Plan Colombia, Plan Dignidad en Bolivia, Plan Colombia Panamá, certificación o MEM, interdicción, erradicación, extradición o arrestos internacionales, aplicación de leyes domésticas) en términos de igualdad soberana, sino que se han uniformizado leyes, políticas, Planes Nacionales, temas[13] y procedimientos[14], bajo la égida de EE.UU. no han sido discutidas en los Congresos nacionalesTodos han caído bajo el nuevo paradigma de Guerra contra las Drogas (Terror) más guerra preventiva y Doctrina Bush: OEA, ONU, G-8[15], Grupo de Río; El multilateralismo también sucumbió y ahora, los países no pueden salirse de la coacción político económica que ejerce Washington sobre la región.

4. La principal crítica que se debe hacer a las políticas anti narcóticos representadas por el Plan Colombia y por la Iniciativa Regional contra las Drogas iniciada el 16 de mayo del 2001, es que no son verdaderas políticas de control de drogas, sino de seguridad y orden público. Se trata de estrategias que ayudan a re organizar la estructura militar norteamericana en América Latina. No responden al control de la oferta ni a resolver los problemas que permiten la existencia de una gran masa poblacional dispuesta a dedicarse al cultivo, transporte y tráfico al detal. Estos triunfos nacionales, se basan en grandes engaños estadísticos, o en cifras coyunturales,  como los que en su momento representó el modelo peruano de Fujimori (1995/1998) y ahora, es representado por la coyuntura de la aspersión en el mandato del presidente Uribe (2002/2006).

El Plan Colombia no resuelve el problema del narcotráfico en la fase de la producción, menos se encarga de generar las condiciones favorables a una solución negociada al conflicto armado ni a sus causas. Si anteriormente la política de fumigación indiscriminada podía ser criticada por sus escasos resultados definitivos, y sus nefastos costes ambientales, ahora debe ser entendida como un instrumento de ataque contra las finanzas de la guerrilla, conforme lo ha planteado ante un Comité del Senado norteamericano el propio General Hill, Jefe del Comando Sur, para reducir los ingresos entre US$ 150 y 300 millones que recibirían anualmente los grupos armados. De hecho, en Afganistán ocupada se han reiniciado las acciones inconsultas de e aspersión aérea. Lo mas grave es que la fumigación genera problemas de derechos humanos y derecho internacional humanitario: 75,597 personas desplazadas por acciones de fumigación, entre el 2001 y el 2002[16]

• No trabajan sobre la situación en países vecinos. El IRA es un plan de contención policial militar que no enfatiza el desarrollo rural, como instrumento de contención económica, para impedir el traslado de los cultivos ilícitos, el desplazamiento trans fronterizo de la población rural afectada, ni las consecuencias extraterritoriales como consecuencia de la aspersión  aérea en Colombia. En tal sentido, es un fracaso pues se queda en la parte más visible, pero menos importante de una política en relación a los cultivos ilícitos: la mera interdicción.

• Se trabaja sobre área reducida y no sobre productividad de la tierra, o el número de plantas por línea de sembrío, para  medir el éxito en la reducción de la oferta de materia prima. Las hectáreas reducidas primero, pueden ser reemplazadas, segundo, pueden ser cambiadas por el número de cosechas, la cantidad de hoja, el mismo proceso de refinamiento, transporte y mezcla que suele ocurrir en los mercados finales.

• Dependencia económica a los fondos de los EE.UU. Desde el primer convenio bilateral suscrito en 1962, ahora Colombia tiene el privilegio de ser el tercer mayor receptor de asistencia norteamericana, después de Israel y Egipto. 230 millones anuales sin considerar los US$ 2,500 millones entregados desde 1999. Mientras que en el Medio Oriente Bus incita a una hoja de ruta en búsqueda de la paz, en la región la hoja de ruta conduce al despeñadero, al cementerio.

Ninguno de los países andinos[17] está en capacidad de generar un fondo de esa naturaleza, y ni la economía, ni el electorado o la política norteamericana, se permitirán mantener una obligación de esa naturaleza por tiempo indefinido. Ni siquiera la UE puede sustentar esfuerzos de tal naturaleza (556 millones de euros en los últimos años), pese a que España e Inglaterra ya participan con asistencia en inteligencia, servicio de satélites y otros equipos. Nuevamente el caso d3e Afganistán post talibán es paradigmático: recientemente el presidente Karzai anunció su país requería entre US$ 15,000 y 20,000 millones para estabilizar su país, derrotar el terrorismo y terminar con el tráfico de heroína[18]. ¿Está la comunidad internacional interesada en esfuerzos de tal magnitud?

• Asumir que es posible terminar con el narcotráfico para el 2006, cuando, tres años y 2,500 millones después, Colombia sigue siendo el mayor proveedor de cocaína y de heroína a un mercado como el norteamericano. Ni la ONU ha podido cumplir esas metas desde 1998, ni EEUU, en administraciones como las de Reagan, Bush ni Clinton.  Todavía el “hábil” Consejero Presidencial Ari Fleischer sostiene que la guerra contra las drogas ilegales se realiza en dos frentes: la oferta y la demanda.

• Se mantienen intactos los términos de intercambio, las condiciones financieras impuestas por el Banco Mundial y el FMI, con el riesgo que implica el ALCA para la región. Tema de los subsidios agrícolas y las políticas proteccionistas del G-8.

5. El fenómeno del narcotráfico se ha democratizado a todos los niveles, en el ámbito de la producción, del tráfico y del consumo, particularmente en los países andino amazónicos.

En su más reciente informe, la ONU (Tendencias de las Drogas Ilícitas, 2003) habla de un mercado cautivo de 200 millones de usuarios[19], de los cuales 14 millones usan cocaína[20]:

1 persona = 1 gramo semanal = 52 gramos anuales
1 millón de personas 52 toneladas métricas en el año de cocaína
14 millones de usuarios usarán 728 toneladas métricas de cocaína al año, como mínimo.

En el caso de la producción, 1 hectárea de coca, puede producir entre 0.8 hasta 1.6 tm de coca. La producción de 1 kg de PBC se necesitan entre 175/136 kgs de hoja. La producción de 1 kg de HCl de 90% de pureza requiere entre 2 y 4 kgs de pasta[21].

Entonces, haciendo un rápido ejercicio, para producir 728 tm de cocaína que se consumen, se requieren 2,912 tm de pasta lo que equivalen a 396,032 tm de hoja de coca, lo que es en promedio 396,000 hás de coca proveniente de los Andes

Si hacemos el ejercicio por el lado de la producción, el mismo Informe menciona de una reducción del 18% en el área bajo cultivo de coca, entre el año 2001 y el 2002 de 211,000 hás, a 173,100 hás: 46,700 en Perú, 22,000 hás en Bolivia y 102,000 hás en Colombia. El Problema fundamental en los gobiernos andinos estriba en lograr un equilibrio sostenible entre concentración e intensidad de erradicación y la capacidad de resiembra.

Si lo que existe para el 2002 son 173,100 hás en producción, éstas pueden llegar a producir pues 173,100 tm de hoja, lo que equivale a  12,727 tm de pasta, entonces,

Es una de las últimas actividades no sujetas a las regulaciones del mercado internacional (subsidios, aranceles), ni a los requerimientos económicos de una gran inversión. Es la actividad de los desocupados, de los inmigrantes, de los ilegales en el interior (Chapare, Putumayo, Huallaga) y en el exterior (colonias de inmigrantes), de minorías étnicas empobrecidas. Incluso, la aparición de Brasil como un importante segundo consumido mundial de cocaína, puede cambiar el escenario y las relaciones en materia de drogas. 

El fenómeno se ha adecuado perfectamente a las nuevas condiciones que le impone la realidad internacional. Se recoge la producción en Afganistán para volver con fuerza apenas caen los Talibanes, bajo la tutela de la CIA. Las organizaciones criminales japonesas, rusas, italianas y latinas se articulan con la mayor simpleza adecuándose al gran libre mercado. Es el caso paraguayo cuya 1/5 parte de su economía depende de acciones de contrabando (cigarros, drogas, armas, dinero). De manera sintomática la pobreza rural en los Andes sigue favoreciendo la colonización, la “potrerización” de la tierra y el deterioro del medio ambiente para seguir produciendo cocaína. 

6. En relación al conflicto armado en Colombia, estamos ela ampliación del modelo de seguridad democrática hacia las áreas de frontera, con la complacencia de los gobiernos andinos, incluidos Ecuador y Venezuela. Efectivamente se ha logrado una absoluta articulación entre Washington y Bogotá, respecto de las necesidades, requerimientos y ventajas comparativas que ofrece una actividad sobre la otra: guerrilla, “paramilitarismo” y narcotráfico. Siendo distintos fenómenos, se encuentran fuertemente articulados en distintos escenarios rurales: el Putumayo, en Arauca, en Catatumbo (Norte de Santander), el Chocó.  En el núcleo mismo del conflicto armado, aparte de la fumigación intensa, se viene dando una pugna por el control de cultivos, rutas, corredores estratégicos, mayormente asentados en las zonas de frontera, afectando a campesinos, indígenas, afro colombianos, desplazados mujeres y niños.

7. Como ha sucedido con el desarrollo escalonado de la Guerra contra el Terror en Indonesia, Filipinas, Egipto, Rusia, Yemen, en Colombia adquiere una nueva dimensión: la caza de los terroristas.  Después del desarrollo de la etapa antinarcóticos (1989-2003), ahora viene la parte bélica en las fronteras de Colombia, situación que se ve alimentada por el deterioro de las condiciones de seguridad  y orden público de lado y lado. Para ello son muy útiles las instalaciones militares distribuidas en el continente (Viaques, Guantánamo, Manta, Aruba, Alcántara, Iquitos), los procedimientos (medidas de confianza, cooperación), los operativos (UNITAS, Nuevos Horizontes), pre existentes.

Asimismo, hay que tomar en cuenta como otro factor que incide sobre el conflicto armado y las posibilidades reales que se ciernen sobre su situación y desenvolvimiento, las condiciones actuales que se viven en el resto de países vecinos. La crisis política en Venezuela y superándose en Argentina, crisis social en el Perú, débil gobernabilidad en Ecuador y Bolivia, crisis económica en todos los países.

8. Las más recientes cumbres o reuniones tienen a seguir ad infinitum, el proceso de criminalización de las drogas, en un proceso de absoluta internacionalización en materia de interdicción y administración de justicia. No bastan con las extradiciones[22], sino que ahora se confeccionan listas[23], los procesos, las encarcelaciones se van a dar mayormente sin el debido espeto por las jurisdicciones nacionales.

Mientras EE.UU ha negado y niega la jurisdicción internacional  que tiene como fuente el derecho internacional, tal es el caso de la Corte de La Haya (caso minado puertos de Nicaragua), caso de la Corte Penal Internacional en la que EE.UU solicita y negocia convenios bilaterales de exención de su personal, así como con el Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, respecto de la Corte Interamericana de DDHH, somete su jurisdicción nacional de forma extraterritorial cuando se trata de casos de drogas o de terrorismo.

Solamente en los ámbitos locales, es que se han podido manifestar algunos cambios muy puntuales. Casos de California, Inglaterra, Canadá pero hacia sus ciudadanos; en el plano exterior se reproducen los estereotipos y paradigmas de la represión a ciegas.

 

Propuestas:

(otros espacios como el Convenio de Paz de Yakarta, de los movimientos pacifistas mundiales)[24]

 Desde las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, movimientos de los países andino-amazónicos representados en el Foro, es imperativo involucrar al resto de nuestras sociedades de las zonas de frontera y de las metrópolis, para que no se involucren en esta espiral de militarización, criminalización y regionalización que se vive alrededor del conflicto armado en Colombia. Existe la necesidad de mostrar otras opciones pues el blindaje de las fronteras simplemente no funciona. Podemos identificar:

• Contrastar y criticar a los medios de prensa en este sentido, en contra de artículos y noticias alarmistas;

• Exigir la cancelación de todos los ejercicios y entrenamientos militares supervisados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región;

• Diálogos con las FF.AA y Policía en relación a la mejor manera de asegurar la mejor situación de seguridad sin afectar los derechos de la población residente: campesinos, colonos, indígenas en particular.

• Involucrar a las Universidades Nacionales para darle seguimiento a la situación de las fronteras nacionales andinas;

• Seguimiento al desarrollo que adquiere el tema de fronteras en la agenda de la Comunidad Andina de Naciones

• Citas con los Comités de Congreso (RR.EE, Defensa, Asuntos Fronterizos), para abordar situación, leyes de promoción a las fronteras., solicitud de democratización de las agendas de frontera que se manejan en las cancillerías.

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