EL PLAN COLOMBIA, UNA POLÍTICA DE (IN) SEGURIDAD HUMANA PARA LAS POBLACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES[1]


Henry Salgado Ruiz*

 

 

 

          Presentación

 

Esta ponencia tiene como propósito central argumentar que el Plan Colombia, como política que declara la guerra a las drogas y a la insurgencia, al priorizar las salidas militaristas a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la producción de cultivos de uso ilícito y del conflicto armado que enfrenta Colombia, está vulnerando las dimensiones que integran y definen la Seguridad Humana. Es decir, queremos plantear que estamos frente a un denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, en donde el énfasis está claramente puesto en el fortalecimiento bélico del establecimiento y en donde en nombre de la guerra contra el terrorismo, se atenta contra la seguridad económica, la seguridad alimentaría, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad personal, la seguridad comunitaria y la seguridad política de las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas asentadas en las regiones seleccionadas  por el Plan Colombia como escenario de operaciones.

 

Para demostrar esto, en primer lugar presentó de manera breve la acepción de seguridad  que tiene el Plan Colombia en sus dos fases de ejecución , la de la narcotización y la de la terrorización; en segundo  lugar presento el debate teórico que ha suscitado el concepto de Seguridad Humana que irrumpió en el panorama mundial a mediados de los años noventa, luego del informe presentado por el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo en 1994 y en tercer lugar,  elaboro una reflexión sobre los impactos del Plan Colombia en la Seguridad Humana y las dimensiones que la constituyen y definen.

 

 

 

I.                    El Plan Colombia y su concepto de Seguridad

 

El Plan Colombia presenta dos fases importantes desde su implementación en julio de 2000. La primera se refiere a la fase que denominaremos de narcotización y la segunda fase que calificamos como de terrorización[2] . En la primera fase, la de narcotización, se declaró al narcotráfico como una de los principales amenazas contra la “seguridad nacional” en Colombia.  Con este argumento el  gobierno consiguió que Estados Unidos diera una ayuda histórica que ascendió a  U$1.300 millones.

 

En esta fase el Plan Colombia fue presentado al país y el mundo como la alternativa de solución a la grave crisis socio-política y económica que enfrenta Colombia. En la versión aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el narcotráfico fue considerado la causa principal de nuestra crisis social y de nuestros conflictos políticos y económicos. Es decir, los conflictos sociales, económicos y políticos que se han enraizado en Colombia desde tiempo atrás y que han sido el resultado histórico de un modelo de desarrollo económica y culturalmente dependiente, predominantemente elitista y centralizador y socialmente excluyente, quedaron, con el Plan Colombia, explicados a partir del fenómeno del narcotráfico, que si bien  contribuyó a agudizarlos no los originó.

 

Con la narcotización de la agenda política nacional el concepto de seguridad se centró en la defensa territorial y empezó a ser abordado  como un asunto de competencia exclusiva del Ministerio de la Defensa Nacional. Con esta restricción del concepto de seguridad al tema de la defensa, los aspectos relacionados con la seguridad personal y colectiva, la seguridad alimentaría, de salud y medio ambiente quedaron subsumidos. Empezó a predominar y a privilegiarse el concepto de “seguridad y defensa nacional” y con ello se le dio curso a una agenda represiva que, a tono con la agenda hemisférica contra las drogas,  incrementó la guerra contra los cultivos de uso ilícito, ya de vieja data en Colombia, y con ello contra las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus diferentes expresiones socio-organizativas y políticas. A partir de la aprobación del Plan Colombia, no sólo se fortaleció de manera significativa la capacidad militar y policial del Estado, sino que se privilegió como arma de guerra contra las drogas el programa de fumigaciones áreas. Según los datos de UNDCP, para período 1998 - 2001se fumigaron en Colombia 23.373 hectáreas de amapola y 270.784 hectáreas de coca[3].

 

La segunda fase, la de terrorización empezó a dibujarse a partir de dos eventos. El primero se refiere a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el segundo, a la finalización de la zona de despeje y de los diálogos por parte del presidente Pastrana en febrero de 2002 y la subsiguiente declaratoria de las FARC como grupo terrorista.  Pero en rigor, esta terrorización de la agenda política gubernamental se empezó a concretar a partir de la posesión del presidente Uribe Vélez, quien rápidamente supo articular su programa de gobierno a la guerra internacional que los Estados Unidos le declaró al terrorismo internacional.  Como anotan  Tickner y Pardo (2003), Uribe desde el comienzo de su mandato tuvo como objetivo de su política exterior  vincular el conflicto armado  a la cruzada internacional liderada por el presidente Bush contra el terrorismo.

 

Pero es preciso señalar que el camino hacia la terrorización de la agenda política nacional ya había sido abierto por Collin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien manifestó que el gobierno colombiano debería enfrentar a las FARC y para ello recomendó que el 90% de la ayuda destinada exclusivamente para la guerra contra las drogas, considerada en la Iniciativa Regional Andina y en el Plan Colombia, según se aprobó por el Congreso de Estados Unidos, debería ser revisada y analizada para que fuese destinada también a la lucha contra el terrorismo.  En declaraciones públicas señaló Powell : “...el terrorismo amenaza la estabilidad de Colombia, y si amenaza la estabilidad de Colombia, amenaza la estabilidad de nuestra parte del mundo, de nuestro vecindario, de nuestro patio trasero, y eso debe importarnos” (Semana, marzo 15 de 2002). 

 

Para avanzar en los objetivos trazados en la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, en la cual el concepto de seguridad tiene una perspectiva y aplicación eminentemente territorial  y militar y una aproximación social significativamente débil, el presidente Uribe “ha asumido una postura activa y enérgica de subordinación ante  Washington.  Con ello, los márgenes de autonomía del gobierno para el manejo de la política doméstica y de la política exterior se han reducido dramáticamente. La subordinación de Colombia se ha reflejado principalmente en la adopción de medidas aún más estrictas en la lucha contra las drogas así como una alineación irrestricta con las posturas de Estados Unidos en el ámbito global, en especial con lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo[4]”. Con esta vinculación a la cruzada internacional contra el terrorismo, el gobierno colombiano ha centrado su accionar  en respuestas coercitivas a corto plazo y, parafraseando el informe  de la Comisión de la Seguridad Humana, ha desatendido sus causas fundamentales relacionadas con desigualdades, exclusiones y marginaciones y con la opresión por parte del Estado y no solamente de personas.

 

Entonces, no es apresurado afirmar que el Plan Colombia en su nueva fase de terrorización ha quedado ligado íntimamente a la doctrina de la guerra permanente que empezó a cristalizarse luego de los acontecimientos de septiembre de 2001 y cuyo objetivo es la defensa y la seguridad de la Estados Unidos como nación.  Para comprender  esto de la doctrina de guerra permanente, Fernando Mires  (2003) señala que se trata de una política imperial de Estados Unidos que ha tenido hasta la fecha tres fases: la primera es la declaratoria de guerra a un enemigo inmediato, el terrorismo internacional, la segunda , es la señalización como terroristas a tres Estados que consideró como “ejes del mal “, Irán, Irak y Corea del Norte, y la tercera, la fase en donde Estados Unidos se arrogó el derecho de calificar como potencial enemigo o terrorista  para sus intereses  a cualquier Estado, grupo o movimiento social que ellos desde su poder Ejecutivo o Congreso consideren, ello en una actitud unilateral que puede prescindir incluso de la legitimidad o no que le otorguen a sus acciones las resoluciones de organismos multilaterales como la ONU.[5]

 

 

 

II.                 El concepto de Seguridad Humana

 

El concepto de Seguridad Humana es un planteamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe de 1994, “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”[6]. En él se priorizó la seguridad de las personas sobre la seguridad territorial y el desarrollo humano sostenible sobre el armamentismo, es decir, se intentó por primera vez generar un análisis comprensivo sobre el tema y definir el concepto de seguridad sobre nuevas bases. Para el PNUD, los criterios que garantizan la seguridad humana vincula indivisiblemente dos aspectos: a) una población libre de temor y b) una población libre de carencias.

 

Este informe subraya que para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las preocupaciones de la vida cotidiana que al temor de una guerra en el mundo. Para las Naciones Unidas el concepto de seguridad humana  está centrado en el ser humano. “Se preocupa por la forma en que la gente respira en sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y a la vida en conflicto o en paz. La seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana”. Con respecto al vínculo entre desarrollo humano y seguridad humana, se señala que el primero consiste en la ampliación de las oportunidades de la gente, en tanto que la seguridad humana tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de manera estable, es decir, “que las oportunidades que se tienen hoy no se desvanezcan en el tiempo” [7].

 

Es importante resaltar que el concepto de Seguridad Humana propuesto por el PNUD se apoya en una concepción ampliada, se precisa que este concepto posee un carácter integrativo que lo aleja de las concepciones tradicionales de seguridad limitadas a la defensa del territorio, el poder militar y al carácter defensivo. En este sentido, la noción de seguridad humana se basa en la seguridad de la gente, entendiendo que el desarrollo debe involucrar a todas las personas.  De ahí que el informe en mención estableció siete (7) dimensiones que forman parte de la seguridad humana y sus preocupaciones centrales: seguridad económica, seguridad alimentaría, seguridad en la salud, seguridad del medio ambiente, seguridad personal, seguridad comunitaria, y seguridad política. Es importante recalcar que si bien analíticamente son distinguibles, estas dimensiones forman parte de un solo fenómeno, la seguridad humana. En este marco, el concepto es entendido como “indivisible” ya que las seguridades que afectan a una de las dimensiones afectarán también al conjunto de ellas[8].

 

El concepto de seguridad humana también está incorporado como un tema esencial en el Informe del Milenio de las Naciones Unidas. En él, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, destacó que: “las exigencias de seguridad han hecho que hoy en día abarque también la protección de las comunidades y los individuos de diversos actos internos de violencia”. Y agrega “la necesidad de aplicar criterios de seguridad más centrados en el ser humano es aún mayor debido al peligro permanente que plantean para la humanidad las armas de destrucción en masa muy en especial las armas nucleares: su nombre mismo revela el alcance y objetivos si alguna vez llegaran a utilizarse”[9]. Para Kofi Annan, el concepto de Seguridad Humana “en su sentido más amplio involucra mucho más que la ausencia de conflictos. Este incorpora el tema de los derechos humanos, el buen gobierno, acceso a la educación y la salud, además de asegurar que cada individuo tenga las oportunidades y la capacidad de elección necesaria para el cumplimiento de todo su potencial. Cada paso en esa dirección es también un paso hacia la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la prevención de conflictos. La libertad de la necesidad y del temor, y la libertad de las futuras generaciones de heredar un medio ambiente saludable, son las dimensiones que en forma interrelacionada componen la seguridad humana, y por lo tanto, la seguridad nacional”[10].

 

El debate más reciente sobre este concepto gira en torno al informe: “Seguridad Humana, Ahora” (mayo de 2003)[11], de la Comisión de Seguridad Humana. En él se enfatiza que los nuevos elementos de inseguridad que afectan a las personas requieren de un enfoque integrado, donde la perspectiva de seguridad humana puede generar respuestas a estos nuevos desafíos. “Las políticas y las instituciones deben responder a esas inseguridades de manera más firme e integrada. El Estado continúa siendo el principal responsable de la seguridad. Pero como los problemas de la seguridad se tornan cada vez más complejos y varios actores intentan desempeñar un papel en esta esfera, necesitamos un desplazamiento de paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito del Estado para incluir la seguridad de la gente, la seguridad humana”.[12]

 

El informe destaca dos estrategias generales de la Seguridad Humana: protección y realización del potencial. La protección aísla a las personas de los peligros. Requiere un esfuerzo conectado para elaborar normas, procesos e instituciones que se ocupen sistemáticamente de las inseguridades. El respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de protección de la seguridad humana. La potenciación permite a las personas realizar su potencial y participar plenamente en la toma de decisiones. El informe destaca que el fomento de los principios democráticos constituye un paso hacia el logro de la seguridad humana y el desarrollo: permite a las personas participar en las estructuras de gobernabilidad y hacer que su voz sea escuchada. Además, se señala la necesidad de crear instituciones sólidas, en el marco del estado de derecho que potencien a las personas.

 

 

 

III.               El Plan Colombia y sus impactos en la Seguridad Humana

 

El Plan Colombia  es el nuevo nombre que asume la guerra contra las drogas en Colombia. Desde 1920,  fecha en la cual  se empezó a legislar en materia antidrogas en Colombia, el Estado colombiano ha asumido una lógica represiva para enfrentar este tema. Si revisamos la prolija promulgación de decretos y leyes, encontramos como tendencia predominante la creciente penalización de las diferentes etapas que constituyen el mercado ilegal de drogas. Primero se criminalizó a los traficantes de sustancias psicoactivas y,  luego,  el  espectro penal y el calificativo de “ilícitos” se amplió, a través de la ley 45 de 1946, a los cultivos y con ello a los cultivadores. La penalización y criminalización fue subiendo de tono a medida que los Estados Unidos fueron pronunciándose frente al tema .

 

Cuando  Richard Nixón declaró a la marihuana como problema de “Seguridad Nacional” el gobierno colombiano  fumigó con el herbicida paraquat a la Sierra Nevada de Santa Marta.  Cuando  Ronald Reagan (1981 –1988), presentó al narcotráfico como “el mal perverso”, “la plaga contra la humanidad” y  el “cáncer” para la estabilidad política y económica latinoamericana y en general, como su nuevo “enemigo”, se empezaron a organizar en leyes los diferentes y dispersos decretos existentes. Así por ejemplo en Perú  se estructuró la Ley  de Estupefacientes en  1982, en Venezuela en 1984, en Chile en 1985, en Colombia en 1986, en Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Costa Rica en 1988, en Argentina en 1989 y de nuevo en Costa Rica en 1991.  Como dice Tokatlián en uno de sus exhaustivos estudios sobre la drogas, la respuesta que los distintos gobiernos colombianos le han dado al tema de las drogas ilícitas ha derivado fundamentalmente de la aproximación y abordaje que Estados Unidos le ha dado al tema.[13]

 

Y es precisamente en este contexto de imposición unilateral de políticas que se define el Plan Colombia. Durante el segundo semestre de 1999 se reformuló en Washington, el Plan Colombia inicial propuesto en Diciembre de 1998 por el gobierno del Presidente Pastrana. La versión aprobada por los Estados Unidos, y que continuó la administración de Uribe Vélez, se centró ya no en la promoción del desarrollo de capital social y humano a través de  proyectos productivos, de infraestructura y de sostenibilidad ambiental, sino en el “rompimiento” por la vía militar de la alianza establecida entre narcotraficantes y guerrilleros para desestabilizar el Estado y atentar contra la seguridad continental, de forma que los proyectos de inversión social pasaron a un segundo plano, por cuanto se arguyó, que era condición  para que estos se ejecutarán “fortalecer el Estado y las instituciones gubernamentales”.

 

En esta guerra contra las drogas, hoy guerra contra el “terrorismo y sus fuentes de financiación”, se privilegia la fumigación como estrategia principal de lucha contra el “narcotráfico”. Sin embargo sus resultados son frustrantes si nos atenemos a las cifras y preocupantes si miramos los efectos de esta estrategia a la luz del concepto de Seguridad Humana. En términos de cifras en el año de 1990  en  Colombia teníamos una producción de  coca de 40.100 hectáreas y para el 2002 se reportó un total de 102.000. hectáreas. Sin duda alguna durante la implementación del Plan Colombia se ha generado una reducción del 37% , si  ubicamos como referente la cifra que se reportaba para el año 2000, que era de 163.300 hectáreas[14].  Pero si miramos esta cifra con relación a las nuevas geografías de la coca y su repunte en Bolivia y Perú encontramos que si bien las cifras nos hablan de reducción de hectáreas,  la realidad socio-económica y geográfica nos habla de un desplazamiento hacia regiones que otrora no cultivan coca o que de nuevo la resiembran.  Se trata entonces de una guerra que no ha sido efectiva, y no lo es ya que los problemas sociales, económicos y políticos que están a la base de los cultivos de uso ilícito no se pueden resolver desde un enfoque represivo.

 

Y afirmamos que preocupa la estrategia de las fumigaciones a la luz del concepto se Seguridad Humana por los dramáticos impactos que aquélla ha generado en la salud de los  pobladores, en su seguridad alimentaría y en el medio ambiente.  La Defensoría del Pueblo a través de un Amicus Curie[15] y de varias resoluciones defensoriales, se ha pronunciado de manera fuerte contra el programa de fumigaciones por considerar que es anticonstitucional dado que amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños[16].  Sin embargo el gobierno en su política de “cero tolerancia” continua sordo frente a estas solicitudes e indolente frente al drama de los campesinos, indígenas y afrodescendientes que sufren los rigores de esta guerra química.

 

A esta crisis alimentaría, de salud y de medio ambiente provocada por el programa de fumigaciones, es necesario sumarle la preocupante situación social y  económica que enfrentan las poblaciones que se desplazan de manera forzada, ya sea como consecuencia también de las fumigaciones o del incremento del conflicto bélico que enfrentamos. Sólo para visualizar la proporción de estos desplazamientos  forzados, cabe anotar que a Mocoa y Puerto Asís , en el departamento del Putumayo, están arribando mensualmente 100 y 40 familias respectivamente. Se trata de personas que huyen de las balas y de los herbicidas y que no encuentran en los lugares a donde llegan mecanismos institucionales fuertes que les ofrezcan protección a sus vidas. Estamos hablando entonces de comunidades y personas a quienes se les han vulnerado todos sus derechos y que  no visualizan en el Estado una respuesta efectiva a su problemática vital.

 

Con las respuestas represivas  los problemas sociales se agudiza el conflicto que  vive Colombia, se alimentan a los actores armados y se subsumen las iniciativas ciudadanas que desde tiempo atrás vienen planteando las comunidades campesinas,  afrodescendientes e indígenas. En la medida en que en Colombia se continúen implementando proyectos desarticulados, aislados y muchas veces contradictorios entre sí, no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los cultivos de uso ilícito y del conflicto armado. De ahí que sea necesario buscar salidas integrales, sostenibles y participativas. Pero para ello es menester empezar a reconocer que la mayoría de los problemas que enfrentan actualmente las regiones cocaleras y amapoleras de Colombia han tenido su origen por fuera de ellas. Es necesario comprender que los campesinos, afrodescendientes e indígenas colombianos, siembran coca o amapola como una estrategia de sobrevivencia y que es posible que  ellos sustituyan dichos cultivos por una producción agrícola legal. Pero para ello es preciso, entre otros aspectos,  suspender las fumigaciones aéreas, como lo ha recomendado de manera reiterada la Defensoría del Pueblo, implementar políticas orientadas a la protección del mercado nacional de alimentos, realizar una reforma agraria integral, que afecte la actual estructura de tenencia de la tierra y elimine la renta absoluta del suelo, ejecutar programas regionales integrales, participativos y sostenibles de desarrollo y paz y respetar en su integridad la Seguridad Humana. Pero para ello es necesario y urgente  abrirle de nuevo el espacio a la política  y al diálogo y negarle el espacio a la guerra. Como  señala el profesor Fernando Mires  (2001) “...quienes se niegan a negociar están aceptando  la lógica terrorista. Responden  al terror con terror. Y eso es negación de la acción política. Es que la virtud más grande de una política democrática es precisamente la de llevar la política a aquellos lugares donde se encuentra ausente, y reemplazar, en la medida de lo posible, cada bala por una palabra”[17]

 

 

Ponencia elaborada por Henry Salgado Ruiz*

X Congreso de Antropología en Colombia.

Universidad de Caldas

Manizales, septiembre 22 –26 de 2003

 


* Sociólogo, maestro en Estudios Amazónicos e investigador del CINEP y del ICANH.
[1]
  La presente ponencia hace parte la investigación “Construcción de Ciudadanía y Región en un contexto de guerra internacional contra las drogas  y el “terrorismo” el caso del Putumayo”, que actualmente adelanta el CINEP y el ICANH, gracias a los auspicios de  COLCIENCIAS.
[2] Estas dos fases han sido inferidas del artículo: TICKNER B. Arlene  y PARDO Rodrigo. 2003.  “En busca de aliados para la “Seguridad Democrática”: la política exterior del primer año de la administración de Uribe”. En: Revista Colombia Internacional del Centro de Estudios  Internacionales de la Universidad de los Andes. septiembre 2002- junio 2003. Número 56-57. Pág. 68. Bogotá. D.C.
[3] UNDCP. 2003. Global Illicit Drug trends 2002.  New York, July 2003
[4] TICKNER B. Arlene  y PARDO Rodrigo. 2003.  Op. cit. Pág. 69.
[5] MIRES Fernando. 2003. La Doctrina de la Guerra Permanente. En: Revista ALAI América Latina en Movimiento. Quito Ecuador.
[6] PNUD . 1994. Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana,  Informe del PNUD, Nueva York.
[7] ROJAS Francisco y FUENTES Claudio. 2003. Marcos éticos, normativos y educacionales para la promoción de la Seguridad Humana en América Latina y el Caribe. (Versión preliminar). FLACSO Chile, agosto de 2003. Pág 13
[8] ROJAS Francisco y FUENTES Claudio. 2003. Op cit. Pág. 14
[9] ONU. 2000. Nosotros los pueblos, la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI “Un mundo sin temor”, Capítulo IV, numeral 194 y 195, Nueva York,  .
[10] ANNAN  KOFI. 2001. Towards a Culture of Peace. Noviembre 8 de 2001. Ver  WWW.unesco.org
[11] Commission on Human Security, “Human Security Now”, New York , mayo 2003. La versión en español de este informe fue presentada en el marco del Seminario Internacional  “Seguridad Internacional Contemporánea: consecuencias para la Seguridad Humana en América Latina” convocado por la UNESCO y la FLACSO Chile, Santiago de Chile, agosto 20-22 de 2003
[12] Commission on Human Security, op.cit., 2003.
[13] TOKATLIAN  Juan Gabriel .1995. Drogas, dilemas y dogmas. Bogotá D.C. , TM editores-CEI
[14] UNDCP. 2003. Global Illicit Drug trends 2002.  New York, July 2003
[15] Amicus Curie:  (Amigos de la Corte) Se refiere a la intervención de un tercero no vinculado a un proceso con el fin de contribuir al análisis de la instancia judicial.
[16] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2002. Las fumigaciones  y los Derechos humanos. Amicus Curie. Bogotá, D.C.
[17] MIRES Fernando. 2001. El Terrorismo y el terror.  Revista ALAI América Latina en Movimiento.  Quito Ecuador.
 

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