LOS ACTORES ARMADOS Y SUS PLANTEAMIENTOS FRENTE
AL TEMA AGRARIO Y AL NARCOTRÁFICO*
Henry Salgado Ruiz[1]
El propósito central del presente documento es explicitar
los diferentes planteamientos y
propuestas que los actores
armados, concretamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), han elaborado sobre el tema agrario y el narcotráfico. No fue
fácil acceder a los documentos, panfletos, entrevistas, cartas y memorandos en
donde se encuentran plasmadas sus tesis. Sin
duda alguna en diferentes centros de documentación oficiales o privados
se encuentran dispersos muchos de estos materiales, ponencias y entrevistas.
Pero es gracias al permanente ingreso de información que cada uno de estos
actores armados mantiene en sus páginas web que ha
sido posible elaborar un documento que diera relativa cuenta de lo que piensan
al respecto.
Consideramos que el actual conflicto armado y su nivel
creciente en intensidad, ha impedido conocer con cierto nivel de profundización
las propuestas y planteamientos
políticos de los actores armados. Por una parte, no todo el mundo está
interesado en visitar de manera permanente las páginas web
de ellos e informarse sobre sus tesis, y por otra parte, la historia de los
diálogos de paz ha demostrado que las partes en conflicto poco se han
interesado por escuchar realmente los planteamientos de sus contrarios.
Es difícil sin embargo acercarse sin “amor y sin odio”
a un tema que podríamos ubicar como una de las principales causas del actual
conflicto socio-político, económico y militar que enfrentamos. Por ello, hemos
escogido un estilo plano y pletórico en citas. Lo que hicimos fue poner en el
texto los pronunciamientos que a nuestro juicio condensan las propuestas de
estos actores, realizar algunas inferencias que se desprenden de sus tesis y
presentar algunos comentarios de carácter analítico. Tratamos en lo posible de
evitar mal interpretar sus propuestas, caer en un reduccionismo
de las mismas o, por sesgo ideológico, matizar unas y ocultar otras.
A partir de una lectura comparada, el lector encontrará
unas tesis agrarias más desarrolladas que otras, pero ello obedece al nivel de
maduración que cada uno de los actores armados aquí abordados presenta sobre el
tema. Puede que existan otros materiales en donde estos actores armados expresen
con mayor profundidad y nitidez sus pensamientos agrarios. Si es así es una
lástima que ellos mismos no se esfuercen por reproducirlos. Nos hemos plegado,
fundamentalmente, a lo que se encuentra en la circulación virtual. Pensamos que
los documentos citados recogen de manera más o menos acabada sus planteamientos
y esperamos no tergiversarlos.
Este trabajo es un ejercicio académico que busca explicitar
los planteamientos políticos de los actores que han escogido la lucha armada como
su principal forma de expresión. Esperamos que la lectura de este documento
arroje luces sobre lo que piensan en torno al tema agrario actores armados tan
disímiles como los que hemos trabajado. El lector encontrará en las FARC y en las AUC planteamientos que, aunque
diferenciados, expresan un mayor nivel de involucramiento
con el campo que los esbozados por el ELN. Esto, como se podrá deducir, es
comprensible si tenemos presente que el surgimiento de grupos como las FARC en
los años sesentas hunde sus raíces en el problema agrario y es eminentemente
telúrico y que las AUC en los años ochenta expresan, entre otras, una reacción
a las propuestas y acciones de este grupo insurgente.
Para evitar un
posicionamiento de parte del autor sobre las tesis agrarias expresadas por los actores
armados, hemos tomado la decisión de presentar este documento sin conclusiones.
Mal haríamos en empezar a tomar partido
por uno u otro planteamiento. Dejamos más bien que el lector sea quien arribe a
las conclusiones de acuerdo al análisis que haga de las diferentes tesis aquí
reunidas. Igualmente esperamos que las personas que tengan el dominio de mayor
información sobre el tema o que piensen que aquí no se citan materiales claves para la comprensión de las
tesis agrarias de estos actores armados, se animen a enriquecerlo. El propósito
es eminentemente pedagógico y esperamos
que pueda servir en el tiempo y en el espacio en que los actores armados en
conflicto decidan de nuevo participar en un escenario político de diálogo y
negociaciones. Por ahora esa posibilidad parece lejana dado el énfasis militar
con que la administración del presidente Uribe empezó a enfrentar el conflicto
socio - político y militar que vive Colombia.
Todo indica que el conflicto militar se agudizará, pero
nuestra esperanza es. sin embargo, que la razón prime
sobre la barbarie y que en las futuras negociaciones políticas las partes se
escuchen y estén dispuestas a ceder en nombre de un país que reclama la paz,
pero con justicia social, bienestar económico y auténtica participación
política.
I. LAS AUC
Y SUS PLANTEAMIENTOS FRENTE AL TEMA AGRARIO
1. Origen y evolución de los
organismos paramilitares
El ejercicio privado de la justicia y de la
violencia ha sido un fenómeno que ha
acompañado la historia agraria de Colombia. Desde mediados del siglo XX se ha
escuchado hablar de grupos privados que, al servicio de grandes hacendados,
terratenientes, mafiosos y comerciantes, han cumplido la misión de generar el
terror en los campos como método para acelerar y consolidar el proceso de
concentración de la tierra en pocas manos. En los años cuarenta y cincuenta del
siglo pasado se les denominó “pájaros” y hoy se les conoce con el nombre de
Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-.
Estos escuadrones armados inicialmente
fueron organizados y orientados políticamente por las elites regionales y
luego, en los años sesenta, fueron oficializados por el estado colombiano por
medio de decretos que le dieron vida legal. En este proceso jurídico los grupos
de autodefensas pasaron a ser colaboradores de las fuerzas armadas en nombre de
la seguridad nacional. Este
concepto estaba implícito en la ley y decretos que sobre el tema de las
autodefensas se emitieron en Colombia hasta 1989. Dichos decretos y leyes se
inspiraron en la Doctrina de la Seguridad Nacional predicada por los asesores
del Pentágono y promovida en Colombia en 1962 por el general William Yarborough, entonces Comandante del Special Warfare Center en
Fort Bragg de los Estados
Unidos. Según Michael McClintock en The American Connection, este general visitó a Colombia y se reunió con el Ministerio de Defensa y
tuvo completo acceso a la policía civil y política (Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS-). En
esta reunión, según McClintock, “se recomendó crear
organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista.
La propuesta más radical y más representativa de la nueva escuela de
contrainsurgencia apareció en una separata especial "Suplemento
Secreto", para el primer esquema de reporte clasificado. Allí la
prescripción del general Yarborough para Colombia
fue la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo
operaciones violentas contra la oposición doméstica o nacional (Citado por Carrizosa 1986)”.
Estas recomendaciones políticas, al igual que la solicitud
que la Sociedad de Agricultores de Colombia le presentó al gobierno en 1964
para que autorizara la conformación de grupos de autodefensa[2], tomaron cuerpo jurídico en 1965 cuando el
gobierno nacional, apoyado en las facultades que le confería el estado de
sitio, expidió el decreto No 3398. A partir de este decreto se organizó la
defensa nacional y durante el gobierno de Lleras
Restrepo (1966 –1970) se elevó a legislación permanente mediante la ley 48
de 1968.
Para tener una idea de esta ley, destacamos dos artículos y un parágrafo que resultan ilustrativos:
"ARTICULO
1o. Defensa nacional es la organización y previsión del empleo de todos los
habitantes y recursos del país, desde tiempos de paz, para garantizar la
independencia nacional y la estabilidad de las instituciones.
ARTICULO
25o. Todos los colombianos,
hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento del servicio militar
obligatorio, podrán ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos
con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad.
Parágrafo
3o. Comandos autorizados,
podrán amparar, cuando lo estimen conveniente, como propiedad particular, armas
que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.”
Conjuntamente con el ordenamiento legal que sirvió
de base para la conformación de grupos de autodefensa, en la Revista de las Fuerzas Armadas de Colombia
empezaron a aparecer artículos orientados al diseño organizativo de las autodefensas.
Tal es el caso del artículo “Autodefensas”del Teniente Coronel Jiménez
Mendoza -diplomado en "Economía
de Seguridad Nacional" por el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos-.El objetivo del artículo, según su autor, era "...cubrir
la parte relativa a las autodefensas como factor preponderante en la actual
lucha contra la acción de los insurgentes en la fase de seguridad colectiva
rural, como medio eficaz de reacción contra los ataques a regiones del campo
no protegidas por la presencia de la Fuerza Pública (...); se pretende fijar
algunas ideas y expresar las experiencias logradas por un sistema implantado
en algunas regiones del país y cuyo rendimiento se ha logrado con alta efectividad"[3]
Este tipo de normatividad incentivó en los
años setenta la alianza de ganaderos y terratenientes que vieron amenazadas
sus propiedades por parte de sectores de la ANUC que para esos años impulsaban la toma e invasión de predios privados
improductivos. Estas alianzas regionales de las elites contaron con el apoyo
de influyentes políticos del nivel nacional y lograron criminalizar la protesta
social y adoptar medidas militaristas que le dieron mayor alcance y cobertura
a los grupos de autodefensa[4]
Para los años ochenta el fenómeno del paramilitarismo se volvió más complejo con la emergencia en
el escenario nacional del narcotráfico. Con este nuevo ingrediente los organismos
paramilitares y de autodefensa fueron adquiriendo relativa autonomía con
respecto al estado y sus fuerzas armadas y se constituyeron en ejércitos privados
al servicio de los intereses de terratenientes y empresarios de las regiones
más convulsionadas de Colombia[5]
Con la inyección del capital del narcotráfico
se puso al servicio de los organismos de autodefensas un aparato militar altamente
tecnificado, acompañado de instructores extranjeros, que coadyuvó en las
economías regionales a acelerar altos procesos de inversión y concentración
de la propiedad territorial. Al respecto de las inversiones de los narcos
en regiones con fuerte presencia paramilitar, el general Miguel Alfredo Maza
Márquez, exdirector del DAS, en un informe presentado
en el año de 1989 subrayó que “a raíz de la aguda situación política y social
que a principios de los ochenta vivió
Panamá, se hizo efectivo el retiro de los depósitos bancarios allí consignados
por los capos colombianos, para invertirlos principalmente en bienes raíces
y en el sector primario de nuestra economía, particularmente el agropecuario
y minero"[6]
Con el fenómeno del narco-paramilitarismo, entendido como la presencia de ejércitos privados y fuerzas no convencionales de soldados
profesionales de la guerra pagados por los narcotraficantes, terratenientes
y empresarios de las regiones de agudo conflicto social y político[7], comenzó un proceso de debilitamiento y obstaculización de las expresiones
asociativas de la población, por considerar que allí se encontraba inserta
la subversión. Esto deterioró de manera significativa la situación de los derechos humanos en Colombia.
Para el período 1985-1990 se incrementaron en el país las víctimas de la violencia
parainstitucional, ejercida no sólo contra sectores
campesinos y sindicalistas y miembros de la Unión Patriótica, sino también
contra jueces, inspectores de policía y funcionarios públicos.
Este crítico escenario socio-político y de
crisis humanitaria -agravado a finales de los ochenta con los asesinatos de los
candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo
Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez - obligó al Estado a adoptar medidas
orientadas a reducir el accionar criminal de los grupos de autodefensas y
paramilitares. Una de las acciones más importantes de parte del gobierno fue la
eliminación de los decretos que le daban vida legal a estas organizaciones.
Durante el gobierno de Barco (1986 –1990)
la Corte Suprema de Justicia suprimió de la ley 48 de 1968 el parágrafo
3o y posteriormente, mediante el decreto 813 de 1989, se declararon ilegales
los grupos paramilitares y el decreto 1194 de 1989 estableció penas a quienes
promovieran este tipo de organizaciones.
No obstante la idea de darle soporte legal al
accionar de las autodefensas continúo siendo un objetivo de los grandes
ganaderos y terratenientes del país. El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998),
por decreto 3567, del 11 de febrero de 1994, decidió autorizar a los
civiles a formar “cooperativas de seguridad rural” -más conocidas como “Convivir”- y se autorizó el uso de armas
de uso privativo de las fuerzas militares con la intención declarada de aportar
información de inteligencia a las tropas. Aunque la organización de estas
cooperativas difiere un poco de los grupos paramilitares creados en los años
sesenta y fueron presentados como ganaderos que con radio comunicadores
tendrían la capacidad de informar a la fuerza pública sobre la presencia de
grupos guerrilleros en la región, lo cierto es que mantenían una estrecha
relación con los policías y comandantes del ejército, poseían armamento de
guerra, realizaron graves ataques contra la población y cumplían labores
paraestatales sin control alguno.
Sin embargo, la sentencia de la
Corte Constitucional C–572 de 1997, que declaró la exequilibilidad
del decreto 3567, ordenó que las armas de uso restringido (y sus municiones)
que habían sido autorizadas a las Convivir
fueran devueltas al comando general de las fuerzas militares. Cuatro de los
magistrados de la corte salvaron su voto argumentando, entre otros aspectos que “... cuando bajo cualquier forma
o denominación que se les dé, el estado permite la formación de grupos armados
o de contrainteligencia, así sea so pretexto de complementar las tareas que en
éstos ámbitos les corresponde adelantar, de manera exclusiva, a las fuerzas
militares y de policía y a los organismos oficiales de seguridad... se estaría
frente a una abdicación de potestades constitucionales y legales, frente a una
delegación jurídicamente inadmisible por parte del Estado en grupos o sectores
de la población civil en materia de seguridad”. Así mismo afirmaron que “... un
Estado de Derecho no puede tolerar la existencia de grupos o sectores armados
por fuera de los ejércitos y demás
instituciones regulares establecidas a su servicio... la existencia de grupos
paramilitares, o de autodefensa..., implica un reto al Estado de Derecho y una
grave amenaza contra la estabilidad institucional y contra la paz ciudadana.”
Pese a
su condición de ilegalidad, los
grupos de autodefensa continuaron con
el apoyo de parte de las elites regionales y su crecimiento hasta el día de
hoy ha sido acelerado. Según las estadísticas del
ministerio de defensa nacional, a partir de 1992 los miembros de las
autodefensas han crecido año tras año: para ese año contaban con 850 miembros,
en 1999 tenían 5.900 miembros y en
el año 2.000 contaban con 8.000 efectivos[8].
En este marco de ilegalidad y de crecimiento
de su militancia, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU, comandadas
por Carlos Castaño, emprendieron desde finales de los años ochenta la iniciativa
de tener una organización militar de carácter nacional. Esta empezó su concreción
a partir de 1993 y se materializó luego de la primera cumbre nacional de las
organizaciones de autodefensas en 1994, año en el cual nacieron oficialmente
las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC[9].
2. LAS
AUC, nuevo nombre del paramilitarismo en Colombia
La primera cumbre de las autodefensas se celebró en diciembre de 1994. En esta reunión
los grupos de autodefensa determinaron “agrupar los diferentes frentes de Autodefensas
dentro de un Movimiento Nacional, con el nombre de AUTODEFENSAS UNIDAS DE
COLOMBIA, integrado por: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU, con sus veinte frentes establecidos en la zona
norte del país; las Autodefensas de los Llanos Orientales, que operan en el
sur del País; las Autodefensas de Ramón Isaza, y las Autodefensas de Puerto
Boyacá, que operan en el Magdalena Medio”[10].
En
esta primera cumbre. las AUC se definieron como un
movimiento político-militar de carácter antisubversivo
y establecieron un plan de conformación de la organización nacional que incluía
una estructura de mando y unidades para sus acciones militares y logísticas, de
inteligencia y promoción. Como estrategia organizativa adoptaron un “Estado
Mayor”, conformado por líderes de los grupos regionales, quienes, a su vez,
tienen sus instancias de mando y coordinación equivalentes en las
regiones.
En su segunda conferencia nacional,
celebrada los días 16, 17 y 18 de mayo de 1998, organizaron sus estatutos
en los cuales se expresó con claridad la naturaleza de su organización y sus
principios. Con respecto a la definición de su naturaleza, las AUC señalaban
que “las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA,
constituyen en el campo militar una organización nacional antisubversiva
en armas y en el campo político un movimiento de resistencia civil que representa
y defiende derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado y gravemente
vulnerados y amenazados por la violencia guerrillera.”[11].
Se trata de una organización cuya
misión fundamental es la de poner fin al accionar del movimiento insurgente[12], en nombre
de la defensa de la propiedad privada, individual y colectiva, del actual
régimen democrático, de la unidad nacional, del mandato constitucional y de
la misma sociedad.
En el documento enviado por Carlos Castaño a la Comisión de
Conciliación Nacional en 1998, las AUC plantean que han tenido su origen en el
contexto de la actual confrontación armada originada, por una parte, por la
presencia del fenómeno guerrillero y por otra, por un estado corrupto que omite
el cumplimiento de los deberes y funciones a él delegadas . Al respecto anotan:
“Nuestra
organización político-militar no sólo identifica dentro del contexto de la
actual confrontación civil el fenómeno de la subversión armada como factor
altamente determinante de la guerra, sino que además reconoce la concurrencia
de otros factores que están contribuyendo a la agudización del conflicto y
lo peor aún, a la desintegración de la unidad nacional: las enormes defraudaciones
al erario, el incumplimiento sistemático de los mandatarios con los programas
de desarrollo social y el permanente fraude en la administración de negocios
y gestiones públicas; son manifestaciones corruptas que lesionan tanto o más
a la nación como las expresiones de violencia originadas en el conflicto político
armado. No es posible asumir una actitud pasiva frente a semejantes agresiones
y desafíos. La solución política negociada debe y tiene que eliminar de la
vida nacional la corrupción como elemento generador de violencia” [13]
En sus principios fundamentales las AUC sostienen que, debido a que el
estado colombiano no ha estado en capacidad de garantizar la defensa,
protección y seguridad de la ciudadanía,
ellos se han visto compelidos a desconocerle su monopolio de la fuerza y a usar
las armas en “ legítima defensa de la sociedad”. Los
principios que argumentan defender y por los cuales han decidido enfrentar a
las guerrillas son los siguientes:
Ø
La legítima defensa personal o colectiva es una
institución de derecho natural vigente, imprescriptible y anterior al derecho
positivo.
Ø
La defensa del régimen democrático, fundamento y
esencia del estado es un deber de entidad constitucional frente a la agresión
interna o externa dirigida a destruirlo. Esta obligación es de carácter
general, imperativo y patriótica.
Ø
La defensa de la libertad física, como bien
jurídico superior, es un derecho cuya protección es responsabilidad del estado
y es un deber de obligatorio cumplimiento ciudadano cuando se atente y se
vulnere violentamente este derecho.
Ø
La propiedad privada es el fundamento esencial del
sistema económico vigente. Su defensa y protección entraña deberes y derechos
para el estado y para los asociados.
Ø
El mandato constitucional de defensa, protección y
seguridad ciudadana no garantizado tutelado por el estado, ilegitima el
ejercicio del monopolio de las armas delegado por el pueblo a éste. La sociedad
reasume esta facultad.
Ø
Es un deber general, patriótico e indelegable la
defensa de la unidad nacional, dentro de un contexto político de República
independiente, soberana, unitaria y nacionalista.
Ø
Las reformas a las estructuras políticas, económica
y sociales del estado proceden a través del desarrollo de un proceso de
concentración democrático e institucional[14]. La vía
armada como instrumento de transformación de la sociedad es anacrónica, impopular,
criminal y autoritaria.
Ø
En el marco de un régimen de libertades públicas,
el credo político es un derecho cuya promoción, difusión y defensa no puede ser
vulnerado por la imposición violenta de otras expresiones políticas. En estas
circunstancias la reacción política armada es proporcional a la agresión
política de la misma índole.
Ø
La reacción política armada si bien comporta una acción
contestataria contra el estado dirigida al monopolio
de las armas por ineficiencia e incompetencia (sic), no se expresará nunca en
atentados contra la infraestructura productiva del país, ni contra el régimen
democrático.
Ø
La paz es un derecho universal cuyo carácter supraestatal compromete a toda la sociedad en su conquista
y defensa. La reacción política armada, es una opción de la sociedad
determinada por la incapacidad institucional para garantizar y proteger este
derecho.
Ø
La defensa y representación de los intereses de la
sociedad, se enmarcan dentro de los principios políticos e ideológicos. Intereses
ajenos a estos principios ilegitiman la naturaleza del derecho de defensa.”[15]
En la mayoría de sus documentos, discursos y entrevistas existe un fuerte
e insistente esfuerzo por sustentar su lucha armada contra el movimiento insurgente,
por mostrarse como una organización autónoma frente al estado[16], por explicar
su nivel de inserción con el narcotráfico, por plantear sus desacuerdos con
el proceso de diálogo que emprendió la administración de Pastrana con las
FARC y el ELN y por aparecer como una organización más de carácter político
que militar. De manera recurrente dicen representar a muchos colombianos y
ser portadores de un proyecto de modelo
de estado que exige debatir, a nivel nacional e internacional, temas como
la democracia y la reforma política, el modelo de desarrollo económico, la
fuerza pública en el estado social de derecho, la reforma agraria, el ordenamiento
territorial y la descentralización, la reforma urbana, el medio ambiente y
el desarrollo sostenible y los hidrocarburos y la política energética[17]. Pero,
visto con detenimiento, se trata de
un discurso político orientado fundamentalmente a justificar las acciones
que las AUC comenten diariamente contra la población civil[18], en nombre
de la defensa del actual régimen político, social y económico y de su lucha antisubversiva.
3. Las AUC y el tema agrario
3.1.
Concepción sobre el desarrollo agrario de la
humanidad
La concepción que las AUC tienen frente al desarrollo agrario y su importancia
para la humanidad, se encuentra en
dos documentos publicados en su página WEB[19]. En uno
de ellos, referido directamente a lo rural,[20] consideran
la tierra y su trabajo como uno de los motores fundamentales del desarrollo
de las sociedades. Sin la tierra, arguyen, la humanidad no habría alcanzado
su actual desarrollo científico, técnico e industrial. Para ellos es necesario
volver a recuperar el valor que la humanidad le ha otorgado a la tierra desde
sus inicios como homo sapiens[21] . Para
esta organización, según se desprende de este documento, la humanidad ha tenido
una historia que ha seguido un curso unidireccional y acumulativo.
Al estilo de las viejas tesis decimonónicas que negaban al mundo en su diversidad
y complejidad cultural y social, las AUC han construido una historia de la
agricultura en la cual tratan de demostrar la importancia económica del sector
agropecuario y el lugar estratégico que tiene la tierra para el desarrollo
social, industrial y científico. Esta tesis la demuestran a través
de una historia breve y esquemática que retoma ejemplos de la agricultura
egipcia, oriental, romana y árabe hasta llegar al caso colombiano. Con respecto
a este caso anotan:
“En un
país como Colombia, con inmensas extensiones de tierra aptas para diferentes
cultivos, la recuperación del campo en todos los sentidos es una prioridad
que nos compromete a todos porque es del trabajo agropecuario de donde vienen
tanto los alimentos para toda la población como las materias primas para alcanzar
niveles de desarrollo de la industria que permitan hacer crecer la economía
del País y, con ella, la calidad de vida del pueblo colombiano”[22].
En los documentos elaborados por Elisa Mora para las AUC subyace una
concepción unilineal de la historia política y económica de la humanidad, de
donde se infiere con claridad la idea de que todas las sociedades caminan de
manera natural e inevitable por el sendero del desarrollo y progreso trazado
por los países industrializados.
A través de este enfoque histórico de la agricultura, las AUC se
esfuerzan por naturalizar las actuales relaciones sociales y económicas que
dinamizan el campo. La tierra aparece como motor de desarrollo, pero sus
agentes y las relaciones de poder que tienen lugar en ella son claramente invisibilizados. Es
de anotar, no obstante, que esta visión histórica sobre la tierra no resulta
extraña para un proyecto político–militar como el de las AUC, que cuenta con la
financiación de los comerciantes, terratenientes, ganaderos y mafiosos de las
regiones más ricas de Colombia y en
donde predomina el gran latifundio extensivo e improductivo. Para muchos
autores agrarios no existe duda de que se trata de un proyecto que busca no sólo mantener los actuales patrones de
concentración de la tierra, sino que además tienen en sus funciones la tarea de
expropiar a los campesinos de su tierras productivas y
adelantar un proceso de contrarreforma agraria por la vía del desplazamiento
forzado.
3.2.
Propuestas frente al problema agrario colombiano
En el documento que Carlos Castaño
envío en 1998 a la Comisión de Conciliación Nacional[23] las AUC
exponen de manera explicita y por primera
vez sus tesis frente al actual conflicto armado, sus planteamientos sobre
la solución política negociada y los elementos que a su juicio deberían hacer
parte de una agenda de negociación. En
él se refieren a temas neurálgicos como son los de la reforma democrática
y política, el modelo de desarrollo económico, la fuerza pública, la reforma
urbana, el ordenamiento territorial, el medio ambiente, la política petrolera
y la reforma agraria.
Frente al proceso de reforma agraria en Colombia, las AUC plantean que
ésta se ha reducido a un “simple y restringido programa de fomento del sector
agropecuario” y que “poco se ha hecho
para buscar una solución definitiva al problema agrario”. Al respecto anotan:
“...en
el transcurso de cuatro décadas los desarrollos legislativos no han logrado
configurar una verdadera reforma cuyas dimensión socioeconómica guarde proporciones
similares a la secular injusticia a que ha sido sometido el agro colombiano.
La ley 135 de 1961 que inaugura las tímidas tentativas legislativas sobre
reforma agraria de la segunda mitad de la presente centuria, fue calificada
por los expertos como “lonja de la propiedad raíz” de la cual derivaron enormes
beneficios económicos, muchos terratenientes vendieron al INCORA fincas y
predios de mala y regular calidad a precios acordados con fundamento en avalúos
archimillonarios completamente dislocados del precio real de la propiedad.
Además muchas fincas, no aptas para la agricultura, las adquirió el Instituto
con base en estudios de suelos adulterados y por extensiones superiores a
las reales cabidas del terreno adquirido”[24]
En coherencia con esta crítica frente a los problemas
irresueltos del campo colombiano, las AUC proponen diez criterios que podrían,
según ellos, contribuir a un “nuevo y justo régimen agrario”. Los criterios son
los siguientes:
Ø
El programa de dotación de tierra debe superar el
modelo de la simple entrega individual de tierras y la gestión de un crédito
para el fomento de la producción.
Ø
El modelo de la nueva reforma agraria para la reasignación
de tierras debe incluir el esquema de
economía solidaria preferiblemente.
Ø
La reforma agraria debe ser integral y concertada
que entrañe una modificación sustancial del régimen de propiedad, tenencia y
administración de la tierra y conlleve la modernización tecnológica e
industrial del agro.
Ø
La reforma debe garantizar a los propietarios
comunitarios de la tierra, asistencia especial en materia de organización
social y capacitación en la gestión del crédito, debe facilitar el
establecimiento de líneas de producción y comercialización, y debe implementar
orientación técnica para la innovación productiva y el manejo eficiente de la
poscosecha.
Ø
El crédito para el sector agrario debe estar sujeto
a las directrices de una economía social y equitativa, que sea eficaz
instrumento democrático de fomento y desarrollo.
Ø
Los predios ociosos, subutilizados o aquellos sobre
los cuales el estado –por vía judicial-posee reserva de dominio; como también
los que se adquieran a título de enajenación por parte del gobierno, deben
constituir los escenarios predilectos de la reforma agraria.
Ø
La reforma agraria no podrá afectar los predios
que, cumpliendo con la función social inherente a la propiedad, registran altos
índices de productividad.
Ø
La reforma agraria no podrá ampliar la frontera
agrícola del país hacia territorios de reserva natural, como alternativa para
la adjudicación de tierras a la población campesina.
Ø
Es imperativa la modernización y reestructuración
de la Caja Agraria, lo mismo que la sustitución o reestructuración a fondo del
INCORA.
Ø
La reforma agraria debe generar un proceso de desprendimiento
y solidaridad nacional, en procura de lograr para el campesinado la justicia
social expresada en la equitativa redistribución de la riqueza.[25]
Estos criterios pueden ser reagrupados en tres grandes bloques temáticos:
el primero de ellos se refiere a la modernización del agro, el segundo
a la estructura de la tenencia de la tierra y el tercero a las reformas
que beneficiarían al campesinado. Con respecto al primer bloque temático,
el de la modernización del agro, es importante señalar que para las AUC es
necesario adelantar un proceso de modernización en dos vías: la primera hace
referencia a la reestructuración del INCORA
y de la Caja Agraria como instituciones estatales directamente relacionadas
con el tema agrario y la segunda, a la necesidad de la modernización tecnológica
e industrial del agro. En esta modernización, según se puede colegir, se busca
(a) potenciar la productividad de las tierras actualmente explotadas, (b)
capacitar al campesinado en el manejo empresarial de sus pequeñas parcelas
o asociaciones productivas y (c) evitar la existencia de tierras ociosas.
Es de anotar que este tema de las tierras ociosas ha sido abordado por el
estado colombiano desde sus primeras leyes agrarias (ley 61
de 1874 y la ley 48 de 1882[26]). Sin embargo, esta figura
ha servido, por una parte, para obligar a los latifundistas a una conversión
empresarial de sus tierras y ampliar
de manera forzada –no planificada- la frontera agraria hacia zonas de colonización
y, por otra parte, para incorporar criterios de productividad no muy bien
definidos en la legislación y que se prestan a la libre interpretación de
diferentes grupos de interés. En momentos determinados, por ejemplo, un predio
ocioso puede ser definido como una extensión de tierra sin ningún tipo
de explotación agropecuaria y un predio productivo puede ser definido
como una gran extensión de tierras
con precaria actividad ganadera (v. g. la ganadería extensiva).
En lo que se refiere al segundo bloque temático, la estructura de la
tenencia de la tierra, las AUC afirman, por una parte, que la reforma agraria
debe ser integral, afectar de modo sustancial el régimen de propiedad, tenencia
y administración de la tierra y redistribuir equitativamente la riqueza y,
por otra parte, son enfáticos en decir que los predios que registran altos
índices de productividad no pueden ser afectados. En este tema tan sensible,
las AUC no ofrecen pistas para entender qué entienden por “altos índices de
productividad”, ni tampoco para estudiar posibilidades políticas orientadas
a la desactivación de la renta absoluta para usar adecuadamente los suelos.
Además, se omite el tema del desplazamiento forzado que el conflicto armado
está generando. En cualquier planteamiento agrario es necesario pronunciarse
frente a las tierras que están siendo abandonadas por las familias que han
sido obligadas a dejar su territorio, ya que este fenómeno afecta la actual
estructura de tenencia del agro colombiano. A manera de ejemplo, sería importante
plantear en manos de quiénes se están quedando las 308.754 hectáreas que pertenecen
a las 20.119 familias que desde el año de 1997 hasta el 31 de marzo de 2002
fueron expulsadas de los departamentos de Bolívar, Chocó y Córdoba[27].
El tercer bloque temático, el de las reformas que beneficiarían al
campesinado, lo abordan desde una perspectiva técnica y otra política. En el
componente técnico las AUC hablan de la necesidad de prestar asistencia
especial en materia de organización social, de capacitación en la gestión del
crédito, de facilitar el establecimiento de líneas de producción y
comercialización, de la implementación de técnicas de innovación productiva y
el manejo de poscosecha, es decir, de medidas que, según ellos pueden
contribuir al fomento y desarrollo del campesinado. Y en lo político, se
refieren a una reforma agraria que tendría como escenarios predilectos los
predios ociosos, subutilizados o aquellos que por vía judicial el Estado tiene
reserva de dominio. Si miramos con detenimiento, podemos afirmar que las
medidas técnicas propuestas por las AUC están siendo implementadas en la
actualidad por entidades como la Federación Nacional de Cafeteros, el IICA, las
UMATAS y el Banco Agrario, en otras, sin que hasta el momento esas medidas
ofrezcan una solución definitiva a los problemas estructurales del campesinado
y mucho menos de aquellos campesinos que se encuentran en regiones con
precarios o a veces ningún vínculo efectivo con el mercado nacional agropecuario;
en lo que se refiere al tema de la extinción de dominio de tierras ociosas o
subutilizadas, no se mencionan las herramientas que el estado tiene actualmente
para hacerlo, por ejemplo, a través de las ofrecidas por la ley 333 de 1996.
4. Las AUC y su relación con el
narcotráfico
Sin un previo análisis de las causas que han obligado a las comunidades
campesinas, afrodescendientes e indígenas a adoptar
los cultivos de uso ilícito, ni tampoco de las características sociales y
culturales de las regiones en donde se cultivan, las AUC son enfáticas en afirmar que en las
regiones donde crece la coca no existe comunidad ni tampoco identidad social.
Para ellos se trata de una “...población dispersa apta para la manipulación
de la subversión, no hay salud, no hay educación, están inmersos en la droga,
en el alcohol y en la prostitución”[28]
Para las AUC el narcotráfico es un negocio condenable desde el punto
de vista moral y político. Las AUC consideran que este fenómeno es el principal
soporte del actual conflicto armado colombiano. Argumentan que ellos se han
visto obligados a ingresar a este negocio para financiar la guerra que
actualmente adelantan contra el movimiento insurgente. Al respecto dice
Castaño:
“Yo soy
medio puritano y confieso que no fue fácil tomar la decisión. Acepté la financiación
de algunos frentes de la Autodefensa con el dinero del narcotráfico y escribí
en mi diario: “Sería cometer el peor error de mi vida o hacer lo debido e
irremediable de acuerdo a las circunstancias”.(...)Pasé varias noches sin dormir al tomar la decisión pero
si no lo hago, me hubiera convertido en un comandante idealista que perdió
la guerra. Si la guerrilla tiene arrodillado al Estado con el dinero proveniente
de la cocaína, y este gobierno negocia con la narcosubversión
— a pesar de saber que ellos están en las etapas de cultivo, procesamiento
y tráfico— no queda una salida distinta a utilizar el mismo método de financiación
de la guerrilla, la misma estrategia que la banca norteamericana y colombiana
han utilizado enriqueciéndose al lavar los dólares del narcotráfico”[29]
No obstante dice Castaño que las
AUC no participan en toda la cadena del narcotráfico. Según él, las AUC participan
en las regiones cocaleras por medio de un impuesto a los productores de hoja
de coca y a los distribuidores en las zonas que están bajo su control y dicen
depender del narcotráfico en un cincuenta por ciento[30]. Al respecto
de su participación en la cadena del narcotráfico anota Castaño:
“Las Autodefensas
no somos narcotraficantes, no poseemos laboratorios ni comercializamos sus
productos, aceptamos que cobramos un impuesto a los cocaleros en las regiones
donde hemos expulsado a la guerrilla, en las cuales su única economía es el
cultivo de la coca; de ahí que la erradicación de cultivos ilícitos, contribuye
a bajarle intensidad al conflicto que es la meta inmediata de quienes creemos
en la democracia. Ojalá los involucrados en este conflicto armado cambiáramos
los fusiles por azadones para ayudar a erradicar los cultivos ilegales”[31]
Para
demostrar que las AUC no están ligadas al narcotráfico con el ánimo de
enriquecerse sino con un propósito eminentemente político, plantean que están
de acuerdo con la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. En las
diferentes entrevistas las AUC argumentan como premisa fundamental que “el
narcotráfico y el conflicto armado se retroalimentan” y que si el primero es
atacado el segundo bajará de intensidad. De ahí que cuando se les pregunta por
el Plan Colombia y la estrategia antinarcótica que
éste contempla señale Castaño:
“Yo celebro
el Plan Colombia y considero que el conflicto en Colombia es global entendido
como narcotráfico y conflicto político que se retroalimentan, como tal. El
Plan Colombia debe aplicarse de manera global al conflicto colombiano.(...)No es verdad, es mentira lo que se dice de los cultivos
ilícitos en Colombia, que crearían un problema social enorme con la fumigación.
Yo no se si la fumigación realmente haga muchísimo daño al medio ambiente
y al sistema ecológico en Colombia, pero igual los cultivos lícitos tienen
en Colombia una maleza que sale y se fumiga con otros venenos que esterilizan
la tierra. Lo que si no se puede poner en duda es que hay que erradicar los
cultivos ilícitos y no se va a crear ningún problema social, es mentira. (...)Yo
soy un convencido de la importancia de disminuir el narcotráfico como premisa
para que el conflicto comience a apagarse, en ese orden, es que yo he venido
advirtiéndoles a los narcotraficantes que busquen por la salida negociada,
por el sometimiento a la justicia norteamericana o colombiana, la que los
solicite y es un gran aporte a la paz y evitan que la autodefensa en cualquier
momento tenga que emprenderla contra ellos. Mi llamado es a que (...)con
la autodefensa, comencemos desde ahora a erradicar la totalidad de cultivos
ilícitos en las zonas donde está la Autodefensa, es mi aporte. Estaríamos
hablando más o menos de unas 30 o 35.000 hectáreas”[32]
Como muestra de su voluntad de
apoyar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, Castaño dice haber
facilitado estas labores en las zonas que están bajo el control de las AUC.
Al respecto anota que en “la operación última que realizó la policía antinarcóticos
en el Valle del Catatumbo, pudieron fumigar cerca
de 14 mil hectáreas de coca que estaba en terrenos donde la Autodefensa tenía
el poder y habíamos erradicado a la guerrilla. No atacamos una aeronave por
aire ni atacamos por tierra a las tropas de apoyo. Por el contrario, las respetamos,
pudieron erradicar toda la coca que había allí”[33]
Frente
al tema de las posibles alternativas al fenómeno del narcotráfico, Carlos
Castaño es enfático en afirmar que si bien él apoya las salidas de fuerza que
se adelantan contra los cultivos de uso ilícito, en la medida en que
contribuyen a bajarle la intensidad al conflicto armado, también opina que es
necesario implementar en las zonas donde se cultiva la hoja de coca programas
de inversión socio-económica orientadas a contrarrestar la marginalidad
campesina, pero sobre todo, deposita una mayor importancia a la implementación
en esas regiones de programas de seguridad, educación y salud. Frente a este
tema dice:
“Creemos
que el narcotráfico, como tal, es un problema global, y que por lo tanto,
sus soluciones tienen que ser igualmente globales. Sin embargo, pensamos que
la realidad local es que los narcocultivos, una
parte de la cadena del narcotráfico mundial, tienen su asiento en las zonas
marginales de nuestro país, zonas en las cuales se desarrolla principalmente
el conflicto armado. Este problema localizado en Colombia, la existencia de
cultivos ilegales, puede ser eficazmente contrarrestado por medio de inversiones
que incentiven los medios de producción campesina y las industrias legales
en dichas zonas. Para nadie es un secreto que los cultivos ilícitos dejan
mayor provecho económico a los actores armados que a los campesinos cultivadores
o recolectores. Los beneficios derivados de una economía legal, unidos al
incentivo de una eficaz gestión de los recursos públicos orientados principalmente
a la implementación de los tres pilares del Estado (Justicia -incluida en
ella la seguridad-, Salud y Educación), romperían el círculo vicioso de la
dedicación de parte de nuestros campesinos al suministro de materias primas
para la elaboración de narcóticos, y cambiarían radicalmente la configuración
actual del conflicto armado”[34].
II. EL ELN Y SUS PLANTEAMIENTOS
FRENTE AL TEMA AGRARIO
-
Primeras referencias del ELN al problema de la tierra
El primer documento político que
se conoce del ELN es su Manifiesto de
Simacota, difundido el mismo día en que este grupo incursionó
militarmente en la vida política nacional. Se trata de un libelo donde este
movimiento insurgente expone las razones que los llevaron a emprender su “lucha
revolucionaria”.- En este material el ELN se refiere por primera vez al problema
de la tierra. Dice en ese manifiesto que la “tierra es explotada por campesinos
que no tienen donde caer muertos y que acaban sus energías y las de su familia
en beneficio de los oligarcas que viven en las ciudades como reyes”. Y agrega
que “los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad,
ven arruinadas sus economías ante la cruel competencia y acaparamiento de
los créditos por parte del capital extranjero y de sus secuaces vendepatrias”[35]
Se trata, a todas luces de un pronunciamiento ideológico
que denuncia pero que no propone. En este manifiesto lo que se puede encontrar
es una declaratoria de guerra contra la
burguesía y sus partidos políticos por promover, dice el ELN, “la explotación,
la miseria y la violencia reaccionaria”.
Dos meses después de su renombrada toma militar del 7 de
enero de 1965 a la población de Simacota (Santander),
el ELN dio a conocer su Declaración
Programática, donde plantea los
doce puntos en los cuales el ELN manifiesta su decisión de lucha[36]. En esta
Declaración se refieren a la problemática del campo en los siguientes términos:
“Una auténtica revolución agraria que contemple la eliminación
del latifundio, del minifundio y del monocultivo; que realice una distribución
técnica y justa de la tierra a los
campesinos que la trabajan; que otorgue créditos, abonos, aperos, semillas
y herramientas de trabajo a los agricultores; que impulse la mecanización
y la tecnificación de la agricultura, la creación de organismos adecuados
de distribución que elimine los intermediarios, los especuladores y los acaparadores;
que asegure la asistencia medica y educacional a los campesinos, así como
el desarrollo del sistema de riego, de electrificación, de viviendas y vías
de comunicación adecuadas. Se confiscarán los latifundios de propiedad de
los terratenientes y se respetarán las propiedades que beneficien la economía
nacional, se fomentará la creación de cooperativas de producción, distribución
y consumo y de granjas estatales, se fomentará la planificación de la producción
agropecuaria, buscando la diversidad de los cultivos y el desarrollo de la
ganadería”[37]
En esta declaración programática encontramos por primera vez un enunciado
político directamente referido al tema agrario. Como se observa, se trata de un
enunciado general que recoge elementos sueltos que, sin duda alguna, remiten a
asuntos de orden macro- económico, a aspectos de política sectorial, de organización
de la producción campesina, de la estructura de la tenencia y uso de la tierra,
entre otros, pero que tal como están expresados develan el desconocimiento que,
para los años setenta, tenía el ELN de la problemática histórica,
socio-económica, política y cultural que definía la ruralidad
colombiana. En 1988 el comandante Felipe
Torres, en la entrevista que le hizo Marta Haernecker
a los dirigentes de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional –UCELN-,
reconoce que en sus inicios el ELN no poseía las suficientes herramientas
conceptuales y analíticas para interpretar a la sociedad colombiana. Al
respecto dice:
“En nuestro
caso concreto, era un proyecto que tenía mucho en ese momento de intuitivo,
sólo conocíamos la dinámica general del proceso cubano. Casi no teníamos elementos
de formación teórica, ni utilizábamos la metodología marxista...Tampoco existía
un análisis muy completo de la sociedad colombiana. Solamente más adelante,
en el momento de la crisis, se va a ir desarrollando el estudio de la sociedad
colombiana, un estudio más profundo del marxismo y de otras experiencias”[38]
Los años setenta están signados para el ELN por una profunda crisis interna, manifiesta en
problemas de mando y unidad, fraccionamientos ideológicos y anulación de
diferencias políticas por la vía del fusilamiento. En materia de política
agraria el ELN, inmerso en una postura dogmática y fundamentalista, que veía la
resolución de todos los problemas sociales, económicos y políticos por la vía
militar, condenaba, en su discurso y en la práctica, todas las acciones de
carácter reivindicatorio que adelantaban los diferentes sectores populares.
Así, en su periódico Insurrección de
julio de 1970, el ELN se pronuncia contra el reformismo y las reivindicaciones
sociales, que, según ellos, aislaba a los sectores populares del objetivo
estratégico, que era la “toma del poder por las clases populares y formación de
un gobierno democrático y popular”. Al respecto anotaban:
“ En el aspecto político también ha sido nuestra preocupación
fundamental orientar a las masas hacia el objetivo estratégico. Por lo tanto
rechazamos como objetivos políticos revolucionarios las acciones dirigidas
hacia la “conquista” de mejores condiciones de vida mediante alza de salarios,
expropiaciones e invasiones de tierras, distribuciones de tierra dentro del
proletariado campesino, etc., porque, de ser posible conseguirlas, lejos de
acercar a las masas al objetivo estratégico las alejaría conduciéndolas al
conformismo (...)”(“Insurrección”, No 33 julio
de 1970)[39]
Esta posición cerrada y fundamentalista tuvo repercusiones
muy fuertes para el avance del ELN en su inserción en las organizaciones
sociales del campesinado. La oleada de tomas de tierras impulsadas por la ANUC
(Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) durante los años de 1971 y
1972, fue vista por el ELN como un
actitud eminentemente reformista y ajena a los “intereses revolucionarios”,
orientación que desde luego, no fue compartida por todo los miembros del ELN.
Se trataba de posturas que contribuyeron a ahondar la crisis política y militar
que enfrentó este movimiento insurgente durante la década de los años setenta y
los primeros de los ochenta.
El aporte del ELN a la construcción
de una política agraria durante la década de los años setenta fue nulo, pues
esta organización insurgente estuvo más concentrada en resolver los problemas
organizativos que le legaron tanto sus contracciones ideológicas y políticas
internas como los golpes que en materia militar el ejército nacional le propinó,
fundamentalmente durante el año de 1973 en la conocida operación Anorí, adelantada por la IV brigada del ejército con sede
en Medellín[40]. Se trata de una década pobre para ellos en estudio
y elaboración conceptual sobre la problemática socio-económica, política y
cultural del campo colombiano.
2.
Años ochenta, una década más fértil en propuestas políticas agrarias
Durante los primeros años de la
década de los ochenta el ELN empezó a emerger de su crisis política y militar. En
este período, el ELN asumió una dirección colectiva, como máxima autoridad, e
implementó un proceso de descentralización de sus mandos y acciones. A mediados
de esta década surgieron los denominados frentes de guerra (Nororiental, Noroccidental, Norte, Central, Suroccidental). Estos frentes tenían la misión de impulsar
las políticas del ELN en el nivel regional, usando para ello no sólo el
conocimiento de las características de cada región, sino también diseñando
estrategias orientadas a profundizar los
conflictos que definían la vida de cada una de las zonas donde decidieron impulsar sus propuestas y acciones.
Se trataba, en definitiva, de replanteamientos
de orden operativo y militar. Para ese momento en materia política no se conocían
planteamientos serios que permitieran conocer el programa ideológico y político
que fundamentaba su “lucha revolucionaria”. Para el primer quinquenio de los
años ochenta, lo más claro en materia política y operativa fue, según Vargas,
la iniciativa del ELN de impulsar en el Nororiente
un proceso de identidad en la lucha por el petróleo y la soberanía
nacional[41].
En materia de política agraria,
el ELN sólo se pronunció hasta el año de 1989,
luego de gestar un proceso de unidad con el MIR Patria Libre[42]. Hasta
esa fecha el ELN había entendido el campo como el escenario principal para
adelantar su lucha, por razones de orden logístico y militar. El campo fue
considerado por este grupo insurgente como un escenario donde encontraban
tanto facilidad para su movilidad y operatividad guerrillera,
como también la posibilidad de construir sus bases políticas y sociales de
apoyo y ganar la adhesión de nuevos militantes procedentes, fundamentalmente
del sector campesino.
Durante su II Congreso Nacional,
realizado a finales de 1989, la UC-ELN dio a conocer su conceptualización frente a la estructura de clases en Colombia,
su programa de gobierno, su reflexión sobre la situación internacional y su
análisis sobre la situación colombiana de ese momento. En las conclusiones de
este documento encontramos por primera vez en la UC- ELN un acercamiento
conceptual al campo y una propuesta de política agraria.
2.1.
Conceptualización de la
UC ELN sobre las clases sociales del agro colombiano
Para la UC-ELN toda formación social
contiene en su interior diferentes modos de producción, lo cual determina
que no sólo existan dos clases sociales, sino que también se den fracciones
y capas de clase. Esto no quiere decir que exista, en una formación social
específica, una multiplicidad de clases sociales. La UC-ELN explica que, pese
a los diferentes modos de producción que coexisten dentro de una formación
social determinada, siempre habrá un modo de producción hegemónico que no
sólo subordina a los otros modos de producción existentes, sino que define
la contradicción fundamental entre dos clases sociales. Para el caso colombiano,
explica la UC-ELN, las dos clases sociales, por donde discurre la contradicción
fundamental, son la burguesía y el proletariado[43].
No obstante, la UC-ELN considera
que para comprender, desde una perspectiva marxista, la dinámica compleja de las sociedades actuales,
es necesario distinguir conceptualmente lo que se entiende por clase social, sectores o fracciones de clase y capas sociales. La comprensión teórica y empírica de la sociedad colombiana
es fundamental para este grupo insurgente, pues con ello –arguyen- se garantizan
la implementación y el éxito de su proyecto político y militar. Sin esta conceptualización,
anota la UC-ELN, no es posible, por una parte, interpretar la realidad colombiana
y por otra, conocer los sectores y capas sociales que, desde su pensamiento
político y militar, harán parte del “Bloque Popular Revolucionario”, que es considerado como una alianza estable de conjunción de intereses,
hegemonizada por el proletariado, pero en donde
se agrupan y articulan “…los movimientos sociales clasistas –el obrero y el
campesino- y los nuevos movimientos sociales (en su mayoría pluriclasistas) y el conjunto del movimiento revolucionario
colombiano, tanto a nivel de las Organizaciones Políticas de Masas, como de
las organizaciones de vanguardia[44]”
En este proceso de elaboración
teórica y conceptualización de la realidad social
colombiana, la UC-ELN, antes de clasificar los sujetos que hacen presencia en
el campo colombiano, incursiona en el campo teórico-conceptual, para definir de
la siguiente manera lo que comprende por clase
social, sectores o fracciones de clase y capas sociales
a.
Clases
sociales
Las clases sociales las define
la UC-ELN principalmente por el lugar que ocupan en el proceso de producción,
distribución, circulación y consumo. Dicen ellos que, además de esta ubicación
económica de la clases, incide el papel que cumplen
las relaciones político-ideológicas. Las clases no existen sino en la lucha, pues
es en ese proceso donde asumen comportamientos y prácticas que se desarrollan
conforme a su conciencia y al desarrollo político de la confrontación de clase
en su conjunto.
b.
Sectores
o fracciones de clase
La UC-ELN plantea que los
sectores o fracciones de clase se delimitan por su relación específica dentro
de un nivel económico y se refieren a
una rama de la economía y a unas relaciones sociales de producción comunes.
Tales son los casos de la burguesía comercial, la industrial, la financiera o
del proletariado agrícola e industrial
c.
Capas
sociales
Para la UC-ELN las capas
sociales son aquellos grupos que, por
sus condiciones socio-económicas o el espacio y papel que tienen en las relaciones
político–ideológicas, asumen comportamientos particulares y distintos. La capa
social más numerosa en Colombia, dicen ellos,
es la pequeña burguesía.
Estos conceptos marxistas de clase social, sectores
o fracciones de clase y capas
sociales, le permiten a la UC-ELN realizar una lectura de los actores
sociales que configuran y definen el espacio urbano y rural colombianos. Para
el campo colombiano, que es el tema que nos ocupa, la UC-ELN define tres tipos de sectores
sociales: Proletariado agrícola, Semiproletariado agrario y Campesinado. Este último sector lo subdivide la UC-ELN en tres
grupos: campesinos ricos, medios y pobres. Y los tres tipos de sectores
sociales que la UC-ELN identifica, son definidos de la siguiente manera:
1)
El
proletariado agrícola.
Dice la UC-ELN que es el
producto típico del proceso de diferenciación y descomposición del campesinado:
está compuesto por los trabajadores del agro que derivan su sustento de la
venta de la fuerza de trabajo. Este proletariado no aparece sujeto a la tierra,
ha sido desarraigado de sus precarios medios de producción
2)
El semiproletariado agrario.
Es este un amplio sector agrario que, producto de la depauperización y la ruina a que lo somete el capitalismo
dependiente, va siendo desarraigado de sus insuficientes medios de producción y
tiene que recurrir cada vez con más frecuencia a la venta de su fuerza de
trabajo. Son los jornaleros, muchos de los cuales viven permanentemente en una
zona rural donde tienen su casa y alguna
huerta.
3)
El campesinadoLa UC-ELN en su marco conceptual
no presenta una definición teórica de lo que comprende por Campesinado. Lo mismo que sucede con los dos conceptos anteriores (Proletariado agrícola y Semiproletariado agrario), la UC-ELN no aclara, si
cuando se refieren al campesinado están hablando de una clase social, una
fracción de clase o una capa social.
Este grupo insurgente se delimita a conceptualizar
sobre los tres segmentos sociales que, según ellos, hacen parte del
campesinado, veamos:
3.1.Campesinos ricos.
Para la UC-ELN los campesinos
ricos son aquellos que tienen suficiente
tierra y algunos medios para trabajarla y que emplean fuerza de trabajo
permanente. Constituyen, según ellos, la expresión más típica de la pequeña
burguesía en el campo, que se ubica de acuerdo al nivel de acumulación de
capital, en las capas media y alta de la pequeña burguesía agraria
3.2. Campesinos medios.
Los campesinos medios son aquellos que tienen en propiedad
una proporción suficiente de tierra para ocupar a toda la familia y sólo
temporalmente en tiempos de cosecha o de desyerbe, emplean trabajo asalariado.
Escasos en medios para trabajar la tierra y acosados por la ausencia o carestía
de los créditos, por los altos precios de los abonos y los insumos, tienden
generalmente a descender. En su conjunto para la UC-ELN el campesinado medio es
objeto de expoliación por los
intermediarios y usureros. Hacen parte de la capa baja de la pequeña burguesía
agraria y es un sector aliado de la clase obrera
Los campesinos pobres son, según
la UC-ELN, aquellos minifundistas que no
alcanzan a copar su capacidad de trabajo en la poca tierra que poseen y obligados,
muchos de ellos, a ocuparse ocasionalmente con terratenientes y campesinos
ricos: son los aparceros, arrendatarios y similares que se entregan al yugo de
los latifundistas ante la carencia de tierra. Son los colonos desplazados a las
selvas y montañas en busca de vida, marginados y aislados.
Si se analiza con cuidado, encontramos que la reflexión
conceptual, que la UC-ELN socializa en las conclusiones de su II Congreso, es
un esquema teórico poco riguroso que no sólo deja sin definición a algunos
sectores sociales del campo, sino que, además, se presta para interpretaciones
políticas del campo no muy claras ni coherentes. Son muchos los interrogantes
que se desprenden de la conceptualización que la UC-ELN elaboró sobre el agro
colombiano: ¿Cuál es la diferencia entre un campesino rico y un terrateniente?
¿Estamos hablando de lo mismo o se diferencian por el número de hectáreas? ¿En
qué se diferencia un semiproletario agrario de un
campesino pobre? ¿Acaso ambos no se ven compelidos a vender su fuerza de
trabajo, pese a su pequeño pedazo de tierra que aún conservan? ¿Los campesinos
medios y bajos están condenados por la dinámica del capital agrario a engrosar
el conjunto de proletarios agrícolas carentes de sus propios medios de
producción? ¿Cómo se puede formular una propuesta para el agro colombiano si no
se tiene claro quienes serán los beneficiarios
de ella? ¿Qué propuestas agrarias existen para los campesinos medios y
pobres y cuáles para los colonos, arrendatarios o aparceros? ¿Cómo se entiende
la agroindustria y frente a ella que propuestas existen?
La reflexión
teórica de la UC-ELN, según nuestro modo de ver, presenta dos grandes problemas
que están íntimamente relacionados y que repercuten de manera directa en su
programa agrario. En primer lugar, su conceptualización
no parece responder a la necesidad de tener una claridad política y teórica del
agro y su dinámica socio-económica, cultural y política, ni tampoco refleja un
estudio serio y reflexivo de la sociedad agraria que pretende transformar. En
nuestra opinión esta conceptualización nació del
propósito político interno de llenar el vacío teórico y programático que los
acompañó durante más de veinte años y además, de generar cierta identidad
teórica entre los antiguos militantes del ELN y sus nuevos integrantes
marxistas leninistas procedentes del MIR Patria Libre.
En segundo lugar, se trata de una conceptualización
profundamente impregnada de una lectura dogmática del marxismo y de una
aplicación mecánica de éste al contexto socio-económico y político colombiano.
La repercusión de esa ortodoxia y ese mecanicismo se percibe en tres aspectos:
(a) en la ausencia de un estudio que mostrara la problemática de agro en cifras
y que presentara una espacialización geográfica de la producción agraria colombiana; (b) en
sus definiciones confusas, que no permiten establecer las diferencias entre los
sectores de clase y las capas sociales del campo y (c) en la precaria, y en algunos casos nula,
definición conceptual de los sectores sociales del agro.
Las reflexiones teóricas de la UC-ELN expresaban con
nitidez la urgencia de un grupo en busca de una ideología que soportara y
fundamentara su accionar político–militar. La conceptualización,
presentada por la UC-ELN en sus conclusiones del II Congreso, nace claramente
del apremio político, pues no es posible afirmar que responda a una actitud de
quien estudia, con seriedad y profundidad, la dinámica agraria de la sociedad. colombiana.
Aunque puede anotarse que a una organización insurgente no
es posible exigirle análisis de orden académico, como puede colegirse de la
crítica que se ha elaborado anteriormente (referida a la ausencia de un estudio serio y reflexivo que esté
argumentado con conceptos rigurosos y soportado en cifras y en una lectura regional
y geográfica), es preciso decir que la crítica se presenta con el fin de
mostrar que este tipo de organizaciones, al tener centrada su atención en la
toma del poder político –atención mediada por una concepción instrumental del
estado- ha desembocado en una deificación
de un discurso escrito reiterativo, que si bien muestra los propósitos
centrales que persiguen y por los cuales argumentan luchar, no refleja un tipo
de conocimiento exhaustivo de las problemáticas socio-económicas y políticas
que buscan solucionar. Y, por el contrario, sí muestra el afán por argumentar
sus acciones político-militares y, desde una perspectiva propia de la táctica
militar, fundamentar conceptualmente quiénes son sus amigos en la lucha y con
quiénes eventualmente podrían constituir lo que ellos definieron como“Bloque Popular Revolucionario”.
2.2.
Programa Agrario de la UC-ELN
Orientado por el marco conceptual que acabamos de presentar
en el acápite anterior, la UC- ELN fue
enfática en afirmar, a manera de preámbulo de su programa agrario, que el
agro colombiano estaba atravesado por la contradicción manifiesta entre los
intereses de los latifundistas y los de los campesinos medios y pobres. Esta
contradicción se agudiza, según la UC-ELN, no sólo por el proceso expansivo
del capital en el agro, que fortalece la gran propiedad, sino por el continuo
y férreo monopolio de la tierra, que genera hambre en el campo y un contingente
de campesinos sin tierra[45].
Para superar esta contradicción,
la UC-ELN se comprometió en su II Congreso, a finales de 1989, a luchar por un
programa agrario que comprendía once puntos y que constituían desde su
perspectiva “una política revolucionaria AGRARIA INTEGRAL”. Estos puntos son
los siguientes:
Ø
Participación del campesinado en el nuevo Estado revolucionario
Ø
Expropiación sin indemnización de la propiedad
latifundista
Ø
Distribución de la tierra entre los campesinos sin
tierra o poca tierra y entre quienes quieren cultivarla, haciendo realidad la
consigna de “Tierra para el que la trabaja”
Ø
Confiscación de las empresas agrícolas modernas y
paso de las mismas al estado del Poder Popular; construcción sobre esta base
del área socialista estatal de la economía en el campo
Ø
Promover y apoyar las formas de producción y
propiedad comunitaria y cooperativa, donde existan las condiciones para ello,
para desarrollar la producción e ir creando las condiciones para la
colectivización de la agricultura
Ø
Anulación de las deudas de los campesinos con los terratenientes.
Renegociación y condonación de las deudas contraídas por ellos con las
instituciones reaccionarias, ya sean estatales o privadas
Ø
Créditos suficientes, con bajos intereses y plazos
razonables sin utilización de los sistemas hipotecarios
Ø
Suministro de asistencia técnica gratuita. Precios
justos a los productos agrícolas y
dotación de tecnología e insumos a precios razonables por parte del estado
Ø
Sustitución de cultivos de coca promoviendo la
diversificación de productos agrícolas idóneos para las condiciones y
necesidades del pueblo en estas regiones
Ø
Apertura de buenas vías de comunicación hacia las
regiones campesinas aisladas posibilitando la integración a la vida nacional,
que potencie la producción y permita la ampliación de la frontera agrícola
Ø
Mejoramiento de la vivienda campesina[46]
Si comparamos este programa social y político agrario de
la UC-ELN con la otrora Declaración
Programática de 1965, no encontramos grandes diferencias de fondo. En el
aspecto discursivo, el ELN continúa defendiendo su postura redistributiva
de la tierra y contempla de nuevo los
aspectos referidos a la expropiación de la propiedad terrateniente, al crédito,
al mercadeo, a la asistencia técnica del
campo, a la creación de cooperativas y al impulso de empresas de interés
nacional, entre otros aspectos.
Realmente el tema nuevo que se presenta en este programa
agrario de 1989 es el de los cultivos de uso ilícito, que para ese año ya
era uno de los problemas más complejos del campo colombiano y de manera particular,
de las zonas de colonización campesina. Frente a este tema el ELN habla no
sólo de la necesidad de sustituir los cultivos de coca y de promover la diversificación
de productos agrícolas, sino que también expresa por primera vez, como veremos
más adelante, su deslinde categórico
con el narcotráfico y la necesidad que ven de erradicar este fenómeno en todas
sus manifestaciones, por considerarlo “un crimen de lesa humanidad”[47]
En rigor, si hemos de hablar de avances significativos en
las propuestas agrarias planteadas por el ELN, tenemos que remitirnos al Programa
Mínimo que ellos aprobaron durante su III Congreso Nacional celebrado
en junio de 1996[48]. En este
programa mínimo al tiempo que mantiene
las mismas reivindicaciones agrarias esbozadas durante su II Congreso, se
refieren, como asuntos nuevos, a las poblaciones desplazadas por el conflicto
armado, a la concertación de planes de desarrollo regional y a la necesidad
de impulsar una industria nacional de alimentos que resuelva el consumo interno
y establezca relaciones comerciales con el mercado internacional.
Esta política
para el campo, planteada en su programa
mínimo de 1996, textualmente dice lo siguiente:
“Realizar
una reforma agraria que distribuya entre el campesinado sin tierra, las
propiedades de los terratenientes, narcotraficantes y latifundistas. El
desarrollo de una nueva política de crédito, que se preocupe de manera muy
especial por el campesinado pobre y medio, estimulando formas cooperativas,
asociativas comunitarias y de rentabilidad. La organización de sistemas de
mercadeo que suprima los intermediarios, que abaraten costos y precios y unan
la asistencia técnica para ayudar a mejorar la productividad y la eficiencia.
Se
impulsará una industria alimentaria nacional que
resuelva las necesidades del consumo interno; y a la vez, se buscará establecer
relaciones comerciales en el mercado internacional.
Se apoyará la pequeña y mediana
empresa agrícola y agroindustrial y en general, a la empresa no monopólica que contribuya a los propósitos económicos del
Nuevo Gobierno. Estas deben enmarcarse en renovados parámetros salariales,
planes concertados del desarrollo regional, de redistribución de las ganancias
y los nuevos aspectos en las relaciones obrero - patronales.
A las familias que en el transcurso
de la guerra sufrieron el desplazamiento forzoso, se les garantizará el retorno
a sus tierras y se destinarán esfuerzos para mejorar su situación, en la medida
de las posibilidades”[49]
3.
Postura del ELN frente al narcotráfico
El ELN se refiere por primera
vez al tema del narcotráfico en su II Congreso celebrado en 1989. En este
documento la UCELN plantea siete puntos
al respecto:
a.
Asumir un deslinde categórico con las mafias del
narcotráfico
b.
Buscar un camino soberano de resolver el problema en
Colombia, diferenciando el intervencionismo de la política
antidrogas de E. U.
c.
No a la extradición
d.
Favorecer políticas de sustitución de cultivos,
restricción del comercio de narcóticos, rehabilitación de drogadictos y de
educación y sobre los daños que acarrea el consumo de drogas
e.
Confrontar a la burguesía narcotraficante
f.
Buscar una posición común en el movimiento
revolucionario colombiano en términos de diferenciarse con el narcotráfico con
la finalidad de legitimarse ante la comunidad internacional
g.
Propender por acuerdos que busquen crear instrumentos
internacionales para superar este problema”[50]
Para el ELN este deslinde categórico con las mafias del
narcotráfico significa luchar contra el fenómeno global y no solo contra
sus efectos. Al respecto, afirma el ELN
que mantendrá:
“El
criterio de no exigir impuestos a los narcos, ni de
aceptar sus dádivas, como la mejor forma de seguirnos manteniendo no
involucrados en este fenómeno. A la vez que se mantiene una disuasión y presión
constante sobre los carteles, para evitar su proliferación en las comunidades
indígenas y campesinas. Esto nos ha permitido evitar el desgaste de creer que
el enemigo es el pequeño cultivador y también nos impide que seamos permisivos
con el fenómeno narco.
En las
zonas productoras se seguirá persuadiendo a las masas para tomar medidas contra
la penetración de los carteles narcos, buscando
disminuir áreas cultivadas y evitando la aparición de nuevas zonas de
cultivos ilícitos. El ELN está comprometido
en movilizar y organizar a la población para prevenir la expansión del narco,
y para desarrollar la sustitución del área cultivada exigiendo soluciones
de fondo al Estado y a la Comunidad internacional. En el marco de un
Nuevo Gobierno Democrático y Patriótico será posible desarrollar una Política
Agraria Alternativa, que sea la base de una verdadera sustitución de los cultivos
ilícitos, que hoy representan gran parte de los ingresos de la economía Colombiana” [51].
Para argumentar este “deslinde categórico”, el ELN recurre
a argumentos de carácter económico, político, social y de orden moral. En
términos económicos y políticos el ELN considera que el narcotráfico ha
emergido en la sociedad capitalista como una herramienta de alta rentabilidad
que ha terminado por involucrar al sistema financiero internacional, donde se
lavan inmensas cantidades de dinero procedentes del mercado de las drogas y en
Colombia ha penetrado las más altas esferas del poder estatal, ha incrementado
la corrupción, ha permitido la compra de tierras expropiadas a los campesinos
desplazados, el montaje de ganaderías, el desarrollo de empresas
agroindustriales exportadoras y el fortalecimiento del comercio de importación.
Para el ELN, el narcotráfico ha alimentado los principales renglones de la
economía mundial y fortalecido a la burguesía nacional
y su dominio estatal. Con respecto al fortalecimiento de las clases dominantes
anota el ELN:
“Colombia
se consolidó como un "narcopaís", en el
pleno sentido de la palabra. Su economía, su vida social y política quedaron
articuladas al negocio de las drogas. Hoy este es un fenómeno estructural
que hace parte de los cimientos de la actividad económica y política nacional. Por
eso, en el exterior se alude a Colombia como la "NARCO REPÚBLICA",
la narco democracia, la narco economía. Una narco sociedad,
que de arriba abajo está penetrada por este fenómeno de manera estructural
y determinante. Poderosos núcleos mafiosos, gracias a sus jugosos capitales
y a su vertiginoso proceso de acumulación, presionaron desde mediados de la
década de 1980 una recomposición de clase dando lugar a la narco burguesía como parte integrante de las clases dominantes,
propietaria de capital en su sentido estricto, así fuese de origen mafioso,
y a una nueva clase propietaria de las mejores tierras y grandes extensiones,
dando curso a la más criminal contrarreforma agraria. Durante la década
de 1980 los narcotraficantes progresivamente se abrieron paso en los altos
círculos pasando en la década de 1990 a ser parte de las clases dominantes,
a ser factor clave en la economía y la vida política e incidir de manera determinante
en el Estado y todas sus instituciones.” [52]
Con respeto al impacto del
narcotráfico en la sociedad y la política,
afirma el ELN que el narcotráfico logró de manera progresiva que el
estado fuera integrando los carteles al esquema de dominación existente. Esta
integración ha fortalecido, en lo político, arguyen, la maquinaria de clientela
electoral y ha permitido el relacionamiento estrecho
entre bandas contratadas por los narcotraficantes y la fuerza pública y, en lo
social, ha debilitado en muchas regiones del país los procesos organizativos y
políticos que las comunidades campesinas e indígenas venían impulsando de
manera autónoma. Al respecto de este efecto organizativo y del deterioro social
que trae consigo el narcotráfico, anota el ELN:
“El narcotráfico ha resultado
particularmente nocivo en las regiones campesinas, con la disolución de los
lazos solidarios al interior de las comunidades y la apatía que les introduce
frente a la necesidad de organizarse y de luchar; con la "urbanización"
de las costumbres representada en el consumismo, el aislamiento y la lucha
individual por la supervivencia. Otra consecuencia nefasta de la expansión
del narcotráfico ha sido el aumento de la prostitución, el consumo de narcóticos
dentro de la población juvenil y la delincuencia común” [53].
En lo que se refiere a los argumentos
morales, el ELN sostiene que el narcotráfico “agrava la descomposición moral
y perdida de valores en la sociedad, incrementando los índices de criminalidad
y sobre todo, afianzando el proyecto paramilitar que se alimenta de sus finanzas”[54]. En esta
perspectiva moral, el ELN anota que el narcotráfico se caracteriza por provocar
“el envilecimiento humano de las decenas de millones de drogadictos
de los países industrializados”[55].
El deslinde categórico del ELN
con respecto al narcotráfico implica para su
militancia, la prohibición de
participar en cualquier parte de la cadena del narcotráfico y la obliga a
acatar las siguientes directrices trazadas por el ELN[56]:
Ø
Desestimular la
expansión de los cultivos de uso ilícito.
Ø
No permitir cultivos en zonas de influencia elena, donde no han existido antes.
Ø
Atacar las causas socioeconómicas y exigir al estado
soluciones correspondientes a la naturaleza económica y social mediante planes
alternativos, sustitución manual de los cultivos y programas de desarrollo
social.
Ø
Prohibir el consumo dentro de las comunidades de la
base social.
Ø
No permitir en las zonas productoras, el mercado
interno de droga.
Ø
No exigir impuestos en ninguno de los eslabones de
la cadena del negocio del narcotráfico.
Ø
Impedir el asentamiento de narcotraficantes en las
zonas de influencia elena.
Ø
Recurrir a la convicción para que los campesinos
cultivadores desistan de estos cultivos, los alternen con otros y
reinviertan parte de los ingresos en el
mejoramiento productivo de sus parcelas.
Ø
Apoyar las luchas de los campesinos cultivadores
contra de las medidas represivas y por planes de sustitución de cultivos y de
desarrollo social.
Ø
Luchar por la reforma la agraria y un plan de
desarrollo rural como base sólida de la política de sustitución de cultivos.
4.
Alternativa
del ELN frente al narcotráfico
Para el ELN la solución real de narcotráfico está en un
acuerdo global que permita atacar el negocio de los narcóticos y reducir
significativamente los índices de consumo. Para ello. el
ELN plantea que tanto los países productores como los países consumidores deben
implementar políticas que permitan superar al narcotráfico y sus problemas
conexos. Y considera que los países productores deben reconstruir sus
economías. Para ello, proponen impulsar
un desarrollo orientado a:
“generar "seguridad
alimentaria" dentro de la aplicación de políticas
soberanas que garanticen el desarrollo agrario estable e integrado a la economía
y mercado nacional, que apunten a resolver el conflicto agrario y a integrar
las comunidades campesinas, indígenas y negras a la vida política, económica,
cultural y social del país” [57].
Con respecto a los países
consumidores, el ELN opina que se debe
establecer el comercio controlado de narcóticos y considerar a los adictos como enfermos y no
como criminales dentro de planes donde los Estados asuman los tratamientos
curativos y lideren las iniciativas dirigidas a reducir el consumo.
Además anotan que un acuerdo
global entre todos los países implica
que:
“la Comunidad internacional se comprometa con planes de cooperación económica
y tecnológica encaminados a posibilitar que se construya otra base productiva
distinta y disponerse a la suscripción de acuerdos comerciales que permitan
la entrada de los productos originarios de los países productores a sus mercados y facilitar
créditos blandos, dentro de cláusulas de "país favorecido". Parte
de los altos presupuestos que destinan los países ricos a la represión y los
dineros decomisados provenientes del mercado de narcóticos, debe canalizarse
a la cooperación con los países productores.”[58]
En el último pronunciamiento que
hasta la fecha ha presentado el ELN sobre el narcotráfico, se refiere a la
necesidad de perderle el miedo a hablar de la legalización de la cocaína. Al
respecto anotan:
“Por la
importancia que tiene para Colombia y el mundo el fenómeno del narcotráfico,
le proponemos al gobierno y parlamento estadounidense realizar un foro internacional
para intercambiar opiniones sobre el tema, que ayude a construir políticas
que superen las tradicionales medidas represivas, que en vez de resolver el
problema lo agrava cada día más. Invitamos a que no se le tenga miedo a la
idea de legalizar la cocaína, considerando que este es un problema de salud
pública y no de guerra; que es un asunto de responsabilidad compartida tanto
para los países productores como consumidores y que la razón de sus extraordinarias
utilidades se debe a que es un negocio clandestino”[59]
III. LAS FARC Y SUS PLANTEAMIENTOS SOBRE EL TEMA AGRARIO
-
Programa agrario de los guerrilleros
En medio del conflicto armado y
del cerco militar tendido por el ejército nacional en el marco de la Operación Soberanía[60], los guerrilleros
de las futuras Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia FARC, se reunieron el 20 de julio de 1964
en una asamblea general y redactaron el llamado Programa
Agrario de los Guerrilleros. Este documento, considerado actualmente por
las FARC–EP como “una magistral pieza histórica y política”, condensa el ideario
político que este movimiento insurgente tiene para el campo.
En su preámbulo, este programa agrario presenta los hechos que, según
las FARC, los llevaron a priorizar la lucha armada por encima del uso de los
mecanismos legales e institucionales para presentar sus exigencias. Se trata
de un documento donde las FARC, movimiento armado íntimamente ligado a las
directrices del Partido Comunista Colombiano, PCC[61], expresaron
su decisión de adelantar una lucha armada por el poder. El argumento del por
qué se vieron compelidos a emprender la lucha armada fue el siguiente:
“Nosotros
somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos
y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo:
la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente
con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas "Repúblicas Independientes"
y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico
que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada
para la lucha por el poder”[62].
La decisión de adelantar acciones
armadas de manera concomitante con acciones de carácter político legal, había
sido tomada por el PCC desde su IX Congreso celebrado en junio de 1961. En este evento el PCC consideró
que “la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación
de todas las formas de lucha”. Esta línea política fue ratificada más adelante durante el XXX pleno del comité
central del PCC reunido los días 27, 28 y 29 de junio de 1964[63]. Mientras
la combinación de todas las formas de
lucha era ratificada políticamente por el pleno del comité central en
junio, un mes después, en Marquetalia, en medio
del fuego cruzado, el primer núcleo guerrillero de las FARC anunciaba al país
su decisión de impulsar la lucha armada[64].
En este Programa Agrario de las FARC, como veremos a continuación, se
plantearon los primeros lineamientos de política agraria por los cuales los
guerrilleros de las FARC estaban dispuestos a luchar. Allí este movimiento
insurgente elaboró una fuerte crítica al estado colombiano, a los Estados
Unidos, a los latifundistas, a los ganaderos, a los grandes comerciantes y a
los gamonales, por considerarlos los promotores de las guerras adelantadas
contra los campesinos y quienes han adelantado, de manera directa o indirecta,
el proceso de expropiación de sus tierras.
Su programa agrario comprendía siete puntos donde esbozaron lo que,
según su forma de pensar, sería la solución del campo. Comenzaron por referirse
a la necesidad de oponer a las reformas agrarias implementadas por el estado una
“efectiva política agraria revolucionaria” que parta “de la confiscación de las
tierras de propiedad de los latifundistas” y una redistribución de las mismas
entre los campesinos. El primer punto programático dice:
“A la Política
Agraria de Mentiras de la Oligarquía, oponemos una efectiva Política Agraria
Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano,
entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que
la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad
latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. La Política Agraria
Revolucionaria entregará a los campesinos favorecidos por ella, la ayuda técnica
y de infraestructura, herramientas y animales de labor para la debida explotación
económica de la tierra”[65].
Para las FARC se trataba no sólo
de distribuir la tierra, sino también de desarrollar en términos
socio-económicos el entorno rural campesino, mejorar su calidad de vida,
dotarlos de los elementos necesarios para trabajar la tierra y crear las
condiciones aptas para la comercialización de sus productos. Para lograr esto las FARC plantearon que:
“El Gobierno
Revolucionario establecerá un amplio sistema de crédito con facilidades de
pago, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, animales,
aperos, maquinaria, etc., tanto para los campesinos individuales como para
las cooperativas de producción que surjan en el proceso. Se creará un sistema
planificado de irrigación y electrificación y una red de centros oficiales
de experimentación agrotécnica. Se organizarán servicios
suficientes de sanidad para la atención completa de los problemas de la salud
pública en los campos. Se atenderá el problema de la educación campesina,
la erradicación total del analfabetismo y se creará un sistema de becas para
el estudio técnico y superior de los hijos de los trabajadores de la tierra.
Se cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la construcción de vías
de comunicación de los centros rurales productivos a los centros de consumo”.
Además hablan de garantizar “precios básicos remunerativos y de sustentación
para los productos agropecuarios”[66].
Es importante resaltar que las
FARC desde 1964 han tenido presente en su programa agrario el tema de la renta
diferencial y la calidad de los suelos. Para distribuir la tierra entre los
campesinos ellos plantean que es necesario tener como criterios fundamentales
la ubicación y la fertilidad de la tierra. Al respecto anotaban:
“Se creará
la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de
los terrenos, con un mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras
planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo
con su fertilidad y red de comunicaciones”[67]
En su planteamiento agrario las
FARC consideran como prioritario superar en el campo las formas de producción
propias del sistema hacendatario y rentista. Para
ello proponen liquidar todo tipo de explotación agraria que involucre
relaciones sociales de aparcería y anular las deudas que los campesinos hayan
contraído con usureros, especuladores o instituciones de carácter oficial o
privado. Para las FARC la implementación de las medidas agrarias anteriormente
anotadas es condición indispensable:
“para elevar
verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado,
librarlo del desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas
que limitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas del latifundismo
y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del
país”[68].
Es necesario anotar que, para las
FARC, no toda la tierra está sujeta a distribución. Para ellos existen grandes
explotaciones agropecuarias que deben conservarse, por razones de orden social
y económico, y por tanto, “destinarse al desarrollo planificado de todo el
pueblo”[69]. Además,
anotan en su programa que respetarán “la propiedad de los campesinos ricos
que trabajen personalmente sus tierras”[70].
Con respecto a las comunidades
indígenas, las FARC anotan que
respetarán su cultura y su autonomía y que les será devuelta la tierra que los
latifundistas les han arrebatado. Al respecto anotan:
“Se protegerán
las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo,
devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando
sus sistemas de cultivos. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios
de la Política Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizarán la organización
autónoma de las comunidades respetando sus Cabildos, su vida, su cultura,
su lengua propia y su organización interna”[71].
La implementación de este programa
agrario, depende, decían las FARC, de la conformación de un Frente Unido[72], que de
manera conjunta con la alianza obrero– campesina, trabaje por cambiar el régimen
económico y político colombiano. Este cambio implica, para las FARC, la destrucción
de “la vieja estructura latifundista”,
que sólo puede lograrse, arguyen, a través de la organización de “potentes
uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas
comunales”.
El Programa Agrario de los Guerrilleros
no tuvo modificaciones significativas hasta el primer quinquenio de los
años noventa. En materia agraria fue el que orientó a las FARC durante todo
los años setenta y ochenta. Jacobo Arenas en su libro Cese al Fuego se
lamenta de que el programa agrario de Marquetalia, pese a su importancia y las recomendaciones hechas
en diferentes conferencias guerrilleras, haya sido tan poco difundido entre
los guerrilleros y el movimiento campesino. Para Jacobo Arenas este programa
es una bandera política desafortunadamente poco agitada por las FARC. Este
precario reconocimiento y divulgación del
programa agrario llevó a Jacobo a pensar que las FARC son “excelentes
soldados de las Revolución pero políticos poco hábiles que no (comprenden)
bien lo que dice el clásico “la Guerra es la continuación de la política por
otros medios””[73].
Durante la Séptima Conferencia
Guerrillera de las FARC, realizada en 1982, el Programa Agrario de los
Guerrilleros es retomado. Desde ese momento este movimiento insurgente
comenzó un proceso de alimentación de su
programa agrario. A partir de esta fecha es posible visualizar algunos avances
con respecto al programa de 1964. Como veremos a continuación, si bien las FARC
conservan los siete puntos que constituyeron el programa inicial, durante los
años ochenta -aprovechando el proceso de paz que se inició con la
administración de Belisario Betancur- empezaron a
incorporar elementos nuevos que enriquecieron la visión de las FARC con
respecto al tema agrario y les permitió dar tiempo y espacialidad
a sus propuestas.
-
Las formulaciones agrarias de las FARC durante los años ochenta.
Durante la administración de Belisario
Betancur (1982- 1986) se inició en el país un proceso
de conversaciones con las FARC. Esto permitió a este grupo insurgente madurar
de manera significativa muchos de sus planteamientos políticos. Después de
creada la Comisión de Paz en 1983, las FARC comenzaron una importante
producción de documentos, memorandos, cartas y comunicados por medio de los
cuales dieron a conocer al gobierno y a Colombia en general, sus principales
planteamientos.
Uno de los primeros documentos
de este período, donde hay referencias a la cuestión agraria, es la denominada Fórmula
de Cese del Fuego FARC EP firmada
por el estado mayor central de esta organización en julio de 1983, donde las
FARC le proponen a la Comisión de Paz diez puntos para llegar a un cese al fuego.
En esta fórmula se propone, entre otros aspectos, el cese al fuego entre las
partes en conflicto, la creación de una comisión de verificación de dicho cese,
la indemnización a las víctimas de la violencia, mecanismos operativos y
tiempos para el cumplimiento de los acuerdos y una “verdadera apertura
democrática”, que contempla, de manera expresa, una reforma agraria, además de
reformas en la política y en la economía. Al respecto proponen las FARC que,
para el periodo comprendido entre 20 de
julio de 1983 y el 20 de julio de 1985:
“Tendrá vigencia una ley de reforma agraria
democrática que le entregue gratuitamente la tierra a los campesinos que no
la poseen. Se ponga en vigencia un plan nacional de incremento de la producción
agrícola con la introducción de técnicas modernas, vías de comunicación y
préstamos a largo plazo a los campesinos por parte de las instituciones del
Estado, a un interés de 10% anual”[74]
Esta
fórmula de cese al fuego fue discutida y redefinida por las partes. Posteriormente, el 28 de
marzo de 1984, luego de superar inmensas dificultades, la Comisión de Paz
y las FARC lograron firmar el Acuerdo de la Uribe, que buscaba una
salida política al conflicto colombiano. En este acuerdo, en materia militar,
se manifestó la voluntad de las partes en conflicto para un cese al fuego
a partir del 28 de mayo de ese mismo año y las FARC se comprometieron a suspender
los secuestros y acciones bélicas y en el componente político, se acordó crear
comisiones de verificación de cumplimiento de lo firmado, de reestablecer
libertades públicas y, de manera expresa, se manifestó la voluntad gubernamental
de promover la modernización de las instituciones políticas, de rehabilitar
a las víctimas de la violencia mediante el Plan Nacional de Rehabilitación
(PNR)[75], de facilitar
los proceso de organización sindical, de respetar los derechos humanos, de
incorporar mejoras en el empleo, la salud y la vivienda y en materia
agraria de:
“Impulsar vigorosamente la aplicación
de una política de reforma agraria en reconocimiento a que los problemas de
la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás
acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los
servicios al campesinado para mejorar la calidad de su vida y la normal producción
de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone
del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional,
que establece la dirección de la economía por el Estado[76].”
El 28 de mayo de 1984 comenzó
oficialmente la vigencia del Acuerdo de la Uribe, pero éste fue
rápidamente incumplido por las partes. Los combates entre el Ejército Nacional
y los guerrilleros de las FARC no se hicieron esperar. A comienzos de junio la
prensa nacional registró combates en Caquetá, Arauca, Magdalena medio y Huila. Los
argumentos acerca de quién incumplió el punto uno del acuerdo referido al cese
al fuego fueron la nota predominante. Este debate provocó ipso
facto el congelamiento de los puntos políticos consignados en el
Acuerdo.
Frente a este claro
estancamiento del Acuerdo de la Uribe, las FARC enviaron al Congreso una
carta, fechada en julio 20 de 1984,
donde dieron a conocer lo que sería su Plataforma Política como
movimiento político nacional en Colombia y presentaron quince propuestas que
involucraban aspectos políticos, sociales y económicos. En esta misiva las FARC
ampliaron lo planteado en el Acuerdo de la Uribe en materia agraria.
Dice el punto siete de la carta de las FARC:
“Se
luchará por la aprobación de una ley de Reforma Agraria Democrática que
le entregue gratuitamente la tierra a
los campesinos que no la poseen, sobre la base de la confiscación de los
grandes latifundios improductivos cualesquiera sea el tipo de propiedad o
concesión. Los campesinos sin tierra o poca tierra crearán comités veredales para la Reforma Agraria Democrática, que de
acuerdo con la ley serán los encargados de definir las unidades económicas en
el campo conforme a la fertilidad de los terrenos, vías de comunicación, la cercanía
o lejanía de los centros de producción a los centros de mercado, de las
posibilidades de instalación de modernos sistemas de riego y la variación de
los cultivos.
El gobierno
prestará ayuda técnica y mecanización a los campesinos para la adecuada explotación
de las unidades económicas, y las instituciones bancarias oficiales y semioficiales
estarán obligadas a suministrar préstamos a bajo interés y largos plazos para
el pago. La ley contemplará el diseño de un plan nacional de incremento de
la producción agrícola con precios de sustentación para aquellos productos
que como el trigo y muchos otros, tienen que enfrentar la competencia de países
altamente industrializados como los Estados Unidos, Canadá y otros.”[77]
Como se puede apreciar, se trata
de un planteamiento agrario que sintetiza el programa agrario de los
guerrilleros de 1964, aunque presenta cambios importantes en el lenguaje
usado. Si bien en términos técnicos las exigencias son las mismas
(infraestructura vial, créditos, modernización tecnológica, precios de sustentación ,etc) el planteamiento político cambia. En esta
ocasión las FARC no manifiestan su propósito de luchar por una “Política
Agraria Revolucionaria” sino por una “Reforma Agraria Democrática”. El tono y
el alcance político cambia. Y como era de esperarse,
esta resignificación política discursiva
provocó acaloradas discusiones en el seno de las FARC, pero facilitó el
proceso de diálogo con el gobierno nacional. Desde ese momento la lucha por una
reforma agraria democrática se constituyó para las FARC en su propósito
central en materia agraria y los criterios, consignados en el punto siete de la
carta al Congreso nacional, en ejes que le permitirían a las FARC en los años
siguientes orientar y concretar sus propuestas en esta materia.
Durante la administración de
Virgilio Barco (1986–1990) se continuó el proceso de paz, esta vez coordinado,
no por la Comisión de Paz -que fue suspendida-, sino por el Ministerio de Gobierno
y la Consejería Presidencial para la Rehabilitación, Normalización y
Reconciliación. Este nuevo período
del proceso de paz dio pie a las FARC para introducir sus planteamientos
agrarios a partir de una crítica al concepto de Rehabilitación. Para las
FARC, era necesario definir con precisión el alcance de este concepto. Al
respecto anotaban:
“La cuestión concreta de la Rehabilitación la entendemos
así: Rehabilitar personas, familias, regiones que perdieron todo por efectos de la violencia.
¿Qué personas, qué familias, qué regiones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué?[78]”
Se trata de unas preguntas que
las FARC elaboraron y que ellas mismas respondieron. Para este movimiento
insurgente, las familias y personas que deben ser prioritariamente rehabilitadas son aquellas que fueron
expulsadas de sus tierras, son las familias que sufrieron el impacto de la
violencia en regiones como Marquetalia, Tolima, Riochiquito, el Cauca, el Pato, el Guayabero, el Huila, el Sumapaz, el alto y medio
Magdalena, el Caquetá y -dicen aunque no especifican- partes considerables
de las cordilleras occidental, central y oriental. Al señalar estas regiones,
las FARC advierten que no será lo mismo
impulsar un proceso de rehabilitación en el piedemonte llanero que en las vertientes de la cordillera
oriental y que, por tanto, es necesario adelantar planes
de desarrollo que tengan presente las características de los asentamientos
humanos y las rasgos geográficos y ecológicos que definen las regiones. Se
trata, en síntesis, de regiones que a la luz de las FARC están habitadas por
campesinos que han sido víctimas de la expoliación latifundista[79] y en las
cuales es necesario devolver la tierra a las familias víctimas de la violencia
e implementar proyectos socio-económicos y políticos de largo aliento.
De ahí que las FARC consideren como fundamental que en las
regiones objeto de la rehabilitación se
impulsen proyectos de infraestructura que comprendan:
“...la terminación de carreteras
troncales, de carreteras de penetración, la construcción de ferrocarriles,
la construcción y reparación de los caminos vecinales, la introducción de
técnicas agropecuarias y agroindustriales, la solución al problema de la salud,
la alfabetización, la educación primaria, secundaria y universitaria...La
infraestructura de que se habla, necesariamente tiene que ver con la introducción
de maquinaria al proceso productivo y modernos aperos de labranza, créditos
baratos y a largos plazos, y centros de experimentación agropecuaria, solución
del problema de la vivienda y la recreación”[80].
Las FARC pensaban que a por medio
del PNR se podrían satisfacer las reiteradas y siempre planteadas reivindicaciones
del campesinado colombiano, o como lo expresarían sus lideres, de encontrar
solución a la eterna “lista de mercado” que siempre presentan los campesinos
en sus marchas, paros, protestas y tomas. Para las FARC, estas reformas del
campo eran susceptibles de ser financiadas no sólo por los presupuestos nacionales
y departamentales asignados a órganos de competencia rural, sino también por
entidades mixtas o privadas como el Fondo Nacional del Café, el Fondo de Caminos
Vecinales, el Fondo de Fomento, ECOPETROL, la banca, el comercio, las licoreras
y loterías, entre otras[81].
El entusiasmo y las iniciativas
frente al nuevo rol que empezó a ocupar durante la administración Barco el
Plan Nacional de Rehabilitación no sólo afectó a las FARC como acabamos de
verlo, sino también a las comunidades y organizaciones rurales. Sin embargo
estas iniciativas y las expectativas creadas por ellas fueron desvaneciéndose
progresivamente. El desarrollo de los Consejos Municipales de Rehabilitación
presentó graves problemas que generaron un deterioro rápido de su credibilidad
institucional ante las comunidades. Los problemas que acompañaron a estos
Consejos, fueron entre otros los siguientes: retardo en la trasferencia
de los recursos económicos para la ejecución de los proyectos, la prioridad
otorgada al desarrollo de carreteras de baja cobertura social y económica
y la falta de atención a las áreas sociales como la nutrición y la salubridad,
la justicia, la formación intelectual y física, la construcción y mejoramiento
de vivienda, la accesibilidad a los servicios (vías, transporte y comunicaciones),
la producción y el ingreso. Además, estos Consejos fueron, desde su
creación, rápidamente manipulados e instrumentalizados por las clases políticas
locales, caracterizadas por su clientelismo y su habitual manejo patrimonial
de las estructuras locales del estado[82].
Las posibilidades de introducir
mejoras significativas en el campo a través del PNR, entonces, quedaron plasmadas
en propuestas, pero hasta ahí llegaron. El proceso de diálogo con las FARC
durante el gobierno de Barco no tuvo mayores repercusiones en la vida nacional[83] y en materia
agraria no se encuentran avances de las FARC con respecto a lo que plantearon
en el Acuerdo de la Uribe, en su carta al parlamento (julio de 1984)
y en el Memorando que le enviaron a Barco en octubre de 1986. Como veremos
a continuación, los avances en materia agraria los podemos visualizar
en los años noventa en las conclusiones de la Octava Conferencia
Nacional Guerrillera comandante “Jacobo Arenas” realizada en abril
1993 y en un artículo de Alfonso Cano aparecido en 1999 en la revista Resistencia y para el año 2001, en la ponencia que presentaron
las FARC sobre Reforma Agraria en la audiencia pública que tuvo lugar en San
Vicente del Caguán el 18 de agosto.
3. Ultimas formulaciones
de las FARC frente al tema agrario
Durante los procesos de diálogo con los gobiernos de César
Gaviria (1990–1994) y de Ernesto Samper (1994–1998),
las FARC no presentaron propuestas agrarias distintas a las que ya habían
presentado durante las administraciones de Betancur y
Barco. Durante los diálogos en Caracas, Venezuela (junio–noviembre de 1991) y Tlaxcala (marzo de 1992), los puntos presentados por la
Guerrilla de las FARC, esta vez de manera conjunta con los otros grupos guerrilleros reunidos alrededor
de lo que se llamó entonces la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), giraron
en torno a temas referidos a la apertura económica y sus efectos sociales, a la
corrupción administrativa, a los Derechos Humanos, el paramilitarismo,
a los efectos de la confrontación armada en la población civil (secuestros,
desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias, entre otros), y al estado, la
democracia, la nueva constitución y el
sistema político.
Estos procesos de diálogo dejaron como saldo en la
administración de Gaviria, por una parte, la reinserción de los grupos Quintín
Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT- (grupo pequeño de la
Costa Atlántica) y un sector mayoritario
del Ejército Popular de Liberación –EPL- y, por otra parte, una declaratoria de
guerra integral de parte del gobierno
y un alejamiento de las
propuestas de paz por parte del ELN y de las FARC. En la administración de Samper, la paz quedó relegada como producto de la crisis
presidencial que sufrió esta administración por las acusaciones de involucramiento con el narcotráfico.
Luego de estancados los diálogos
con la administración de Gaviria, las FARC convocaron a sus militantes a la Octava
Conferencia Nacional Guerrillera
comandante “Jacobo Arenas” en abril 1993. En esta conferencia, en materia
agraria las FARC volvieron a retomar los planteamientos centrales del Programa
Agrario de los Guerrilleros de 1964 e incorporaron nuevos elementos que
enriquecieron sus primeros planteamientos. Los puntos centrales nuevos que se
abordan en esta conferencia son los siguientes:
Ø
Una solución política y la necesidad de un nuevo
régimen político
Ø
La política agraria revolucionaria es condición
indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de
todo el campesinado
Ø
Se propone que el énfasis de la política económica sea
la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimentaria
y el estímulo permanente a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la
autogestión, la microempresa y la economía solidaria
Ø
Implementar el proteccionismo estatal frente a la
desigual competencia internacional
Ø
Cada región tendrá su propio plan de desarrollo,
elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, que liquide el
latifundio allí donde subsista, redistribuya la tierra, defina una frontera
agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento de nuestras
reservas
Ø
Se protegerán las comunidades indígenas
otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo y modernizando su sistema
de cultivo. Al mismo tiempo se estabilizará la organización autónoma de las
comunidades que respete sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y
su organización interna
En esta Octava Conferencia
las FARC retoman el tema de una Política
Agraria Revolucionaria[84], plantean
la necesidad de estimular la pequeña, mediana y gran industria privada[85] e introducen
de nuevo los elementos técnicos y socio-económicos ya esbozados en
el programa agrario de 1964. Este planteamiento
no se amplía sino hasta 1999, cuando
Alfonso Cano, miembro del Secretariado de las FARC, se refiere a la
cuestión agraria, en un artículo aparecido en la revista Resistencia
de las FARC[86]. Allí
Cano parte de la tesis según la cual
la única alternativa para resolver el problema agrario en Colombia es erradicar
el latifundio. Para este guerrillero resulta:
“un despropósito neoliberal ...importar
anualmente 7.5 millones de toneladas de productos del agro cuando tenemos
más de 51 millones de hectáreas abiertas, 10 aptas para la agricultura, muy
mal repartidas y pésimamente aprovechadas, pues solamente 4 millones están
cultivadas”[87]
Para Cano, conquistar la paz para
Colombia, significa, además de erradicar el latifundio, restituirle la dignidad
arrebatada a los campos, armonizar el desarrollo agrario con el urbano elevando
los niveles de calidad de vida de las gentes, aplastar los vicios de la corrupción
y del gamonalismo, disminuir los costos de la producción elevados por la alta concentración de la tierra
y sobre todo, dice Cano, un nuevo régimen político[88].En este
artículo Cano plantea once criterios que a su juicio deben consultar una nueva
política agraria. Estos criterios, al tiempo que retoman los temas técnicos
y socio–económicos que las FARC habían planteado desde 1964 y durante la octava
conferencia (1993), involucran nuevos elementos a su propuesta. Aparecen referencias
directas a la defensa y viabilidad de la economía campesina, al reordenamiento
territorial, a los territorios de comunidades afrodescendientes, a la protección de los recursos genéticos
y la biodiversidad, a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento
forzado, a la política de conservación y protección del medio ambiente y a la sustitución de cultivos
de uso ilícito. Los once criterios propuestos por Cano son los siguientes:
- Redistribución de la tierra que limite el
tamaño de la propiedad según su calidad, cultivos, regiones, vías de
comunicación y mercadeo, dentro de los marcos de la actual frontera
agrícola evitando que se amplíe y asegurando que los nuevos derechos de
propiedad impidan un nuevo proceso de relatifundización.
- Completar la titulación con un subsidio, un
plan de asistencia técnica para la producción, la administración y el
mercadeo, educación técnica y facilidades para adquirir préstamos baratos.
- Reordenamiento territorial, que incorpore al
país, sus regiones y los municipios a la planificación y ejecución de la
Nueva Política Agraria. La viabilidad y ejecución de megaproyectos viales,
hídricos y de explotación de recursos naturales deben acordarse con las
comunidades de las áreas comprometidas.
- Proteger la producción nacional con aranceles
y subsidios acordes a la situación del mercado internacional y rediscutir
los acuerdos de comercio exterior que sean lesivos para la realización de
los productos agropecuarios nacionales. La nueva situación debe
garantizar, en primer lugar, la demanda del mercado nacional estableciendo
claros parámetros de calidad, así
como también, la planificación de la producción destinada a cubrir
mercados internacionales.
- Como principio patriótico, defender la
economía campesina porque garantiza la seguridad alimentaria,
genera empleo, estabiliza el sector primario como base para desarrollar
otros ámbitos de nuestra economía, contribuye al desarrollo de una
sociedad en paz y, además, porque la economía campesina es viable y
sostenible.
- Regresar a las comunidades indígenas la tierra
que les ha sido arrebatada por los latifundistas, apoyar su organización
autónoma, respetando su cultura, su lengua y su relación con la tierra[89].
Priorizar la entrega de terrenos a las comunidades negras respetando sus
criterios de territorialidad y cultura. Implementar el desarrollo de formas
de propiedad campesina colectiva, estimulando las ya existentes y fortalecer
su organización. En todos estos casos, las comunidades gozarán de los beneficios
de la Nueva Política Agraria.
- Reparación integral para las víctimas de
desplazamiento forzado, desarrollando un plan de retorno digno y con
plenas garantías a sus tierras
originales.
- Afianzar el reconocimiento de la propiedad
social de los colombianos sobre recursos genéticos y de biodiversidad
existentes en nuestro territorio. Impedir los intentos de patentar la
vida. Someter a vigilancia ética cualquier experimento con seres vivos.
Desarrollar planes de reforestación y protección de cuencas hidrográficas
que defiendan y amplíen nuestras reservas de aguas y de oxígeno.
- Adelantar una política de MANOS MUERTAS sobre
nuestros bosques, selvas y humedales para proteger estos sistemas
ambientales y concretar programas para su conservación y ampliación. El
plan nacional de desarrollo económico–político y social incorporará este
propósito como factor estratégico.
- Desarrollar un Plan Piloto de sustitución de
plantaciones de marihuana, coca y amapola, con financiación de la
comunidad internacional principalmente de los países consumidores,
concertada con los cultivadores, bajo los principios de la Nueva Política
Agraria y entendiendo que son mayoritariamente cultivos de subsistencia.
- Dignificar la vida rural llevando servicios públicos
básicos y posibles como la electrificación, mejoramiento de vías, educación,
salud, vivienda y agua potable, planes que serán desarrollados por el Estado[90].
Estos once criterios fueron recogidos
en su totalidad en la ponencia sobre Reforma Agraria que las
FARC–EP presentaron en la audiencia pública que tuvo lugar en San
Vicente del Caguán el 18 de agosto de 2001[91]. En esta
ponencia, a manera de preámbulo de la propuesta agraria, las FARC plantean
algunas tesis que les permiten argumentar su política agraria. Allí se hace
una revisión de las leyes de reforma agraria que se han implementado en Colombia
y de las nuevas políticas neoliberales que afectan al agro. La tesis central
argumentada por las FARC en esta ponencia es que los problemas del campo tienen
su origen en la “histórica y abrumadora desigualdad de la propiedad de la
tierra”. Esta alta concentración la tierra, dicen las FARC, se puede visualizar
en una revisión y análisis del coeficiente de Gini.
Al respecto anotan:
“El índice
Gini de concentración de la propiedad de la tierra que en
1.970 era de 0.87, alcanzó en 1.998 la cifra de 0.92, lo cual resulta verdaderamente
alarmante si tenemos en cuenta que la cifra de 1 es el máximo extremo de desigualdad
imaginable. Con sobrada razón, investigadores del tema de la tierra se atreven
a afirmar que en Colombia el 1.5% de los propietarios posee el 80% de la tierra
productiva. Más grave la situación cuando miramos el pésimo aprovechamiento
de la misma. De una superficie agropecuaria nacional estimada en 51 millones
trescientas mil hectáreas, sólo 4 millones doscientos mil estaban dedicadas
a la agricultura en 1.998. En contraste, 36 millones quinientas mil hectáreas
se destinaban a pastos y malezas para la ganadería. Todavía más, sólo un diez
por ciento de éstas pueden considerarse como apropiadamente explotadas, mientras
que el noventa por ciento es tierra improductiva, que engruesa el patrimonio
de latifundistas y narcotraficantes sin ninguna utilidad social”[92].
Tanto en el documento de Cano (1999) como en la ponencia
presentada en los Pozos (2001), las FARC se apoyan en datos históricos y
estadísticos. Si remiramos los textos sobre la cuestión agraria, podemos decir
que estos dos documentos, y en especial el último, constituyen los materiales
más acabados y mejor sustentados técnica y políticamente que las FARC tienen
sobre este tema. De nuevo, como afirmamos anteriormente, las FARC aprovechan
los procesos de diálogo para afinar y elaborar de manera mucho más argumentada
sus planteamientos políticos. La ponencia presentada en los Pozos (2001) supera
en argumentos y presentación los planteamientos agrarios esbozados en el marco
de los diálogos que tuvieron lugar durante las administraciones de Betancur, Barco y Gaviria.
4. Las planteamientos
de las FARC frente al tema de los cultivos de uso ilícito
La posición de las FARC frente
a los cultivos de uso ilícito fue en un comienzo de rechazo[93]. Entonces,
las FARC opinaban, según los testimonios recogidos por Juan Guillermo Ferro
(2000), que la coca traería un boom de recursos
económicos que podrían derivar no sólo en la emergencia de procesos de corrupción
en el interior de su movimiento, sino que también podría generar un progresivo
deterioro social expresado en la aparición en fenómenos sociales como la prostitución,
la delincuencia y el alcoholismo y, en lo político, temían un retroceso frente a
la construcción de la “conciencia revolucionaria” que querían sembrar en las
comunidades campesinas.
No obstante, las difíciles
condiciones económicas y ecológicas que los campesinos enfrentaban en regiones
de colonización amazónica como el Caquetá, llevaron a las FARC a enfrentar el
dilema de admitir o prohibir los cultivos de coca. Si prohibían la coca los
campesinos quedarían sumidos en la miseria ante la ausencia total de
alternativas económicas rentables y sostenibles. Esto provocaría un choque
total de las FARC con los intereses socio-económicos y de supervivencia del
campesinado de la región. Si admitían la coca. tenían
que generar mecanismos de autorregulación que les permitiera frenar los
procesos expansivos de la producción de hoja de coca e implementar un control
social orientado a impedir la emergencia de los problemas políticos y sociales
ligados, según las FARC, a estos cultivos.
Sin embargo, como lo señala Ferro:
“...la guerrilla tenía que tomar
una decisión con enormes repercusiones hacia el futuro: prohibir como hasta
entonces la siembra de la coca por parte de los colonos o permitirla. La presión
social y la falta de oportunidades económicas para la población conducen a
la aceptación de la siembra de este cultivo ilícito por parte de las FARC,
confiando en la posibilidad de su regulación”[94].
Como mecanismo de control social
inicial frente a la proliferación de la coca y de su impacto social y político,
las FARC conformaron para los primeros años de los ochenta las llamadas
“autodefensas”, con el objetivo de prevenir la drogadicción entre los jóvenes,
dirimir conflictos interpersonales, controlar el ingreso de nuevos migrantes y en general, cumplir funciones policiales de
vigilancia y castigo frente a los interdictos establecidos por la dirección de
las FARC. Sin embargo, los desmanes de poder y las arbitrariedades sociales, al
tiempo que empezaron a definir el accionar de estos grupos, también marcaron su
final. Como lo señala uno de los testimonios recogidos por Ferro:
“Los resultados no fueron muy buenos, porque
esa gente empezó a actuar por su propia cuenta, tomó el control, asesinaban
de pronto, hacían sus cosas a su manera y empezaban a acabar con viciosos,
a matar gente, en el mismo campo. Los muchachos con la cuestión de la coca,
empezaron de alguna u otra forma a
probar ese producto y se enviciaron, después
no pudieron salir de eso y los asesinaron. Las autodefensas causaron un problema
grande que después la misma guerrilla tuvo que volver a exterminarlos y a
matar y acabar con un poco de gente de esa; es decir a aplicarles el correctivo,
porque a ellos se les salió de las manos esa gente. Eso hubo problemas de
violencia en los años 82, 83, 84, asesinaron mucha gente, supuestamente alguien
aparecía desconocido, gente sospechosa y no se averiguaba mucho y de una vez
se eliminaba. De pronto fue una de las situaciones difíciles que se vieron
en esa época, porque esos grupos no se controlaron”[95].
Frente a este claro fracaso del
control militar de la problemática social y económica que está en la base de
los cultivos de uso ilícito, las FARC tuvieron que tomar medidas políticas que
les permitiera dar término a las “autodefensas” y volver a recuperar la
confianza que se había visto deteriorada como consecuencia de los desmanes de
éstos grupos. Como lo señalaba Cubides:
“En los “grupos de autodefensa” (persistía) la ambivalencia
entre lo militar y lo político; al desbordarse y cometer toda suerte de atropellos,
se producen enfrentamientos con la población no organizada, en un momento
en que la propagación del cultivo, la subsiguiente penetración de traficantes,
el flujo de dinero y de toda suerte de armas, hacen más difícil pero más imprescindible
el control, mediante formas de autoridad no militar”[96]
La disolución de los“grupos de
autodefensa” dio lugar al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,
principalmente de las juntas de acción comunal. Desde estas formas organizativas
y en el contexto de los diálogos con Belisario Betancur (1982–1986), las FARC y las comunidades del Caguán presentaron lo que podríamos denominar la primera incursión
propositiva de las FARC frente al tema de cultivos
de uso ilícito y su sustitución. Así,
en marzo de 1985 los representantes de 29 juntas de acción comunal, el comité
de colonización, la asociación de juntas de acción comunal y los representantes
políticos de los frentes XIV y XV de las FARC elaboraron, con la asesoría
del INCORA, un anteproyecto de plan de desarrollo de la región. Este anteproyecto
tenía como cobertura geográfica la zona de influencia de los ríos Guayas,
Caguán y Sunciya, que
corresponde a la región de Cartagena del Chairá.
En este anteproyecto se contemplaron variables socio-económicas orientadas
a solucionar los problemas agropecuarios, de
salud, de educación, de infraestructura
vial, de vivienda y de servicios públicos[97]. El costo global de la inversión del plan de
desarrollo, sin incluir el montaje de
la granja experimental, los proyectos de acueducto y alcantarillado, la lancha-hospital
y los radioteléfonos, la electrificación y el centro administrativo, tenía
un valor de $3.433 millones de pesos para ser ejecutados en tres años, con
un aporte directo de la comunidad en mano de obra y terreno del 20%, equivalente
a unos $687 millones de pesos.[98]
Durante los diálogos posteriores
a los emprendidos con Belisario Betancur no se encuentran
planteamientos o nuevas propuestas frente al tema de los cultivos de uso ilícito.
Sólo hasta la Octava Conferencia de las FARC se vuelven a encontrar
referencias directas a esta temática[99]. En su
Plataforma
para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, las FARC plantean en el punto diez de
este documento lo siguiente:
“Solución del fenómeno de producción, comercialización
y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave
problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos
con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso
de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de
los estupefacientes”[100].
En este punto las FARC se refieren al tema, como puede apreciarse,
argumentando dos puntos. El primero es que abordan el tema del narcotráfico
como una problemática social, tal como lo habían reconocido durante los
diálogos con Betancur, y el segundo punto, es que
incorporan por primera vez el tema de la corresponsabilidad internacional, ya
que ven el problema del narcotráfico como un asunto no sólo de producción, sino
también de comercialización y consumo.
Estos dos aspectos son desarrollados de manera más amplia
en un artículo publicado por Iván Ríos, comandante de las FARC, en la revista
Resistencia[101]. Ríos
sostiene con base en estadísticas sobre la comercialización y el consumo de
estupefacientes, que el narcotráfico se ubica en la actualidad, después del
negocio de las armas, como el segundo renglón de la economía mundial, seguido,
en tercer lugar, por la explotación
petrolera. Para Ríos este hecho económico conmina a la comunidad internacional
a asumir su corresponsabilidad en la búsqueda de una solución. Para Ríos la solución a esta problemática
ligada a la dinámica del capitalismo mundial no puede recaer solamente en
los países productores. A este respecto, es importante anotar que en este
artículo Ríos alude al tema de la legalización de la droga como parte
importante de la solución.
Con respecto a la problemática socio-económica que está
detrás de los cultivos de uso ilícito, Ríos
sostiene que se trata de un negocio que requiere de un tratamiento
social y no militar. Refiriéndose a los cultivadores de hoja de
coca, Ríos, citando al Pleno del Estado mayor Central de las FARC –EP
que tuvo lugar en noviembre de 1997, anotaba:
“Son víctimas
de una situación injusta pues en su mayoría son desplazados por la violencia
en otras áreas del país, a quienes se les niega el derecho al trabajo, a la
salud, al techo y a la educación obligándolos a la siembra de ilícitos, como
única alternativa de subsistencia. Ellos son parte del campesinado víctima
del abandono y la explotación estatal”[102]
Para Ríos la solución a los cultivos de uso ilícito está en una radical
redistribución de la tierra y demás recursos, y la elaboración de planes concertados
con las comunidades en el nivel de las regiones, encaminados
hacia un desarrollo alternativo, sostenido, sustentable y que permita
un adecuado aprovechamiento autónomo de los recursos ambientales, uno de cuyos
efectos sería la sustitución de cultivos ilícitos por explotaciones productivas
beneficiosas para toda la sociedad.[103]
Este planteamiento, que recoge el tema de los planes de desarrollo regional
con participación ciudadana, es parte de la sustentación política de la propuesta
que las FARC elaboraron en marzo de 1999 sobre la sustitución de cultivos
de uso ilícito. Ésta fue presentada públicamente en julio de 2000 en el marco de la audiencia internacional
sobre el tema de cultivos de uso ilícito y tuvo por nombre Planeación de
mecanismos para la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Cartagena
del Chairá (Caquetá)[104] .
Este documento es una propuesta
de desarrollo local integral que tiene como propósitos centrales: (a) sustituir
8.765 hectáreas de cultivos de hoja de coca, (b) mejorar la rentabilidad agropecuaria
incrementando las 17.000 hectáreas laboradas en cultivos de pan coger y (c)
el mejoramiento de las condiciones básicas con inversiones orientadas hacia
infraestructura social, física, productiva y para el suministro de servicios
complementarios, con el fin de que la población beneficiada con la acción
del proyecto tenga oportunidades económicas lícitas que garanticen su subsistencia
y desarrollo sostenible[105].
El apoyo financiero para la implementación
de este plan de desarrollo local debe provenir, según las FARC, del gobierno
nacional y de la comunidad internacional, de manera específica, de los Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, España, Alemania y las Naciones Unidas.
Para la ejecución operativa de esta propuesta las FARC demandan la presencia
en la zona de treinta y seis profesionales especializados[106], plantean
un esquema organizativo altamente participativo
para la elaboración del diagnóstico y una dirección del proceso de elaboración,
ajuste y ejecución del plan centralizada en el estado mayor del frente 14
de las FARC.
De manera concomitante a esta propuesta las FARC –EP hizo pública su propuesta de legalizar las drogas. Dice
este movimiento insurgente que ésta es la única alternativa seria para eliminar
el narcotráfico. Al respecto anotan:
“...como
el gobierno norteamericano pretexta su criminal acción contra el pueblo colombiano
en la existencia del narcotráfico lo exhortamos a legalizar el consumo de
narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad
de este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a
los fármaco dependientes y liquidan definitivamente este cáncer. A
grandes enfermedades grandes remedios”[107]
* Este trabajo fue elaborado en el
marco de la investigación “Viabilidad y reconstrucción de la sociedad rural
colombiana”auspiciada por ILSA, que agrupó a diez académicos de distintas universidades
y centros de investigación
[1]
Sociólogo, Maestro en Estudios Amazónicos, Investigador del CINEP.
[2] MELO Jorge O. 1990. "Los
Paramilitares y su Impacto sobre la Política". En: BUITRAGO F. & ZAMOSC L. (Eds). Al filo del Caos. Crisis política en la Colombia
de los años 80.
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional y Tercer Mundo Ed. Bogotá, Colombia.
P. 489
[3] FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA. 1965. Revista Fuerzas Armadas de
Colombia.
[4] ROMERO Mauricio. 1998. “Identidades
políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento
de Córdoba”. Pp.. 75 – 100. En Revista Controversia segunda etapa. No 173 Diciembre 1998. CINEP
[5] MEDINA G. Carlos. 1990.
Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo
y consolidación. El caso “Puerto Boyacá”. Editorial Documentos
Periodísticos.
[6] El Mundo. Octubre
de 1989.
[7] MEDINA Carlos. 1990. Paramilitares,
Autodefensa y Narcoterrorismo. Universidad Nacional (Copia de
computador), Bogotá, Colombia.
[8] MINDEFENSA. 2000. Los grupos ilegales de Autodefensa en Colombia.
República de Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2000.
[9] ROMERO Mauricio. 1998. o., c., p. 96
[10] AUC. 1994. Constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ver: http://www.aucolombia.com
[11] AUC. 1998. Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario.
. Ver: http://www.aucolombia.com
[12] AUC. s.f. Fundamentos filosóficos
de las AUC. Ver: http://www.aucolombia.com
[13] CASTAÑO Carlos. 1998. “Autodefensas Unidad de Colombia”.
Documento enviado por Carlos Castaño el 13 de abril de 1998 a la Comisión
de Conciliación Nacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la
revista Cambio 16. En este material
las AUC exponen sus tesis frente al actual conflicto armado, sus planteamientos
sobre la solución política negociada al conflicto armado y los elementos
que a su juicio deberían hacer parte de una agenda de negociación.
[14] Las bastardillas son nuestras
y las ponemos porque nos parece que la expresión “proceso de concentración
democrático e institucional” sintetiza la manera como las AUC conciben
el modo en que ellos adelantarían las
reformas a las estructuras políticas, económica y sociales del Estado.
[15] AUC. 1998. Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario.
Ver: http://www.aucolombia.com
[16]
El informe de Human Rights Watch:
“The “Sixth Division”. Military
– Paramilitary
ties and U.S. Policy in Colombia” presenta documentación donde se demuestra
el vínculo existente entre el Estado colombiano y los organismos paramilitares.
Septiembre de 2001
[17] CASTAÑO Carlos. 2000. “Intervención de las Autodefensas Unidas de
Colombia -AUC- para el tercer seminario internacional "Colombia: Democracia
y Paz". Estado Mayor AUC. Colombia, Septiembre de 2000. http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[18] Según el Ministerio de Defensa Nacional,
las Autodefensas cometieron para el periodo 1995 –2000
3.452 violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Los delitos
que se registran tienen que ver con masacres, asesinatos, secuestros y ataques
a poblaciones. Ver: MINDEFENSA.
2000.
o. c., pp. 18 – 23.
[19] Estos documentos son los siguientes: Mora
Elisa. “AUC- El sector rural y la construcción de sociedad y cultura.”, sin fecha y Mora Elisa. “ AUC-
y lo rural. Breve historia de la agricultura I y II”. s.f. Estos documentos fueron preparados especialmente
para las AUC y se encuentran en: www.aucolombia.com
[20] Mora Elisa. “ AUC- El
sector rural y la construcción de sociedad y cultura”.,
sin fecha .
[21] Mora Elisa. “ AUC- y lo rural. Breve historia de la agricultura
I y II”. s.f
[22] Mora Elisa. O.
c., . s.f, p. 7.
[23] CASTAÑO
Carlos. 1998. “Autodefensas
Unidad de Colombia”,.o. c..
[24] CASTAÑO
Carlos. 1998. o. c
[25] CASTAÑO
Carlos. 1998. “Autodefensas
Unidas de Colombia”.o. c.
[26] LEGRAND, Catherine. 1988.
Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. U .N. Bogotá.
[27] Datos arrojadas por el Boletín RUT
informa sobre el desplazamiento forzado en Colombia. 2002. Conferencia
Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sección
de Movilidad Humana. Estos datos
también fueron presentados por el periódico El Tiemp0o en entrevista
realizada al sacerdote italiano Sante Cervellin. Septiembre 3 de
2002.
[28] Agencia Reuters.
2000. Entrevista Concedida
por el Comandante Castaño al periodista Jaime Acosta de la Agencia Internacional de Noticias, Septiembre
de 2000. Ver: http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[29] Castaño Carlos. 2001. Capítulos
del libro Mi Confesión del Escritor Mauricio Aranguren. Editorial Oveja Negra. En: http://colombia-libre.org/colombialibre/confesion/nacotrafico.htm
[30] Mc GIRK Tim. 2000. “Rey de la Jungla”. Entrevista realizada por la Revista TIME
(Español) a Carlos Castaño, jefe de los paras colombianos. Domingo 19
de noviembre de 2000 Ver también: Entrevista Concedida por el Comandante
Castaño a la Agencia Reuters, al periodista
Jaime Acosta, de la Agencia Internacional de noticias, Septiembre de 2000. Ver: http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[31] COLPRENSA. 2000. Entrevista
concedida por el Comandante Castaño a COLPRENSA vía internet,
a Elber Gutiérrez Roa, redactor político y
de paz de la agencia colombiana de noticias COLPRENSA, Domingo 20 de agosto
de 2000. http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[32] Agencia Reuters.
2000. Entrevista Concedida
por el Comandante Castaño al periodista Jaime Acosta de la Agencia Internacional de Noticias, Septiembre
de 2000. Ver: http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[33] Trascripción de la entrevista concedida
por el Comandante Castaño al canal RCN TV en el programa La Noche, dirigido
por la periodista Claudia Gurisati. Agosto de
2000. Ver: http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[34] CASTAÑO Carlos. 2000. “Intervención de las Autodefensas Unidas de
Colombia -AUC- para el tercer seminario internacional "Colombia: Democracia
y Paz". Estado Mayor AUC. Colombia, Septiembre de 2000.
http://colombia-libre.org/colombialibre/entrevista.asp
[35] ELN. 1965. Manifiesto de Simacota. Tomado del Texto de VARGAS V. Alejo. 1998. “Una
Mirada analítica sobre el ELN” en Controversia
No 173, diciembre de 1998, Páginas 101 - 118, CINEP, Bogotá
[36] En síntesis los doce puntos de la
Declaración Programática del ELN son los
siguientes: (1)Toma del poder por las clases populares y formación de un
gobierno democrático y popular; (2)Una auténtica revolución agraria que contemple la eliminación
del latifundio, del minifundio y del monocultivo, realice una distribución
técnica y justa de la tierra a los campesinos que la trabajan; (3)Desarrollo
económico industrial mediante la protección de las industria nacional; (4)Plan
de vivienda y reforma urbana que garantice una vivienda higiénica y adecuada
para todos los trabajadores; (5)Sistema popular de crédito; (6) Plan de
salud público que facilite el servicio médico, hospitalario y farmacéutico
de todos los sectores de la población; (7) Plan vial que articule la economía
nacional; (8) Reforma educacional que erradique el analfabetismo, educación
primaria obligatoria y gratuita, adecuar los programas a las necesidades
del país y a la ciencia moderna, socialización de la enseñanza superior
y que se ponga a tono con los avances científicos, teniendo acceso a ella
el pueblo, defensa de la cultura nacional y del arte popular y folclórico;
(9)Incorporar a la economía y a la cultura la población indígena, respetando
sus costumbres; (10) Libertad de pensamiento, de culto y separación de la
iglesia y el Estado; (11)Política exterior independiente basada en el respeto
mutuo, no intervención y autodeterminación. Oposición a toda forma de opresión
imperialista y (12)Formación del ejército popular permanente
[37] La
Declaración Programática es citada
en el texto PROLETARIZACION. 1975. ¿De dónde venimos, hacia
donde vamos, hacia dónde debemos ir?. Páginas
112 - 133 Editorial 8 de junio, Medellín. También se encuentra en: http://www.eln-voces.com
[38] HAERNECKER Marta. 1988. Unidad que Multiplica..
Entrevista a dirigentes de la Unión Camilista
Ejército de Liberación Nacional UCELN.
Diciembre de 1988, Quimera Ediciones,
Quito, Ecuador
[39] Texto citado por Proletarización
o. c., ,
p.124.
[40] HAERNECKER Marta. 1988, O. c., p.
48.
[41] VARGAS Alejo. 1998. o. c.,
p. 112.
[42] Luego de esta fusión entre el MIR
Patria Libre y el ELN, hubo cambios en la dirección y la estructura interna . Desde ese proceso de Unidad, dado el 8 de junio de
1987, se empezó a hablar de la Unión Camilista
Ejército de Liberación Nacional –UC ELN-.
[43] Para un
comprensión mayor de los referentes teóricos marxistas que sirven de sustento
ideológico a este movimiento insurgente, sugerimos revisar el texto: Poder Popular y Nuevo Gobierno. Conclusiones II Congreso UCELN. Editorial Dirección
Nacional UCELN, Colombia, 1990. Fundamentalmente el primer capitulo, páginas 9 – 37.
[44] UC ELN. 1990. op cit. P 32.
[45] UCELN. 1990. o. c., p. 43.
[46] UCELN. 1990. Poder Popular
y Nuevo Gobierno. Conclusiones II Congreso Unión Camilista Ejercito de Liberación
Nacional. Simacota
No 17, Ediciones Colombia Viva, Colombia. Pág. 51.
[47] UCELN. 1990. O. c.,. p. 50.
[48] Es importante anotar que durante
este III Congreso el ELN de nuevo retorna a su nombre original y deja el
de UC ELN, que había sido adoptado desde 1987, fecha en la cual se unió
con el MIR Patria Libre.
[49] El Programa Mínimo fue aprobado en el último Congreso Nacional del ELN
realizado en Julio de 1996. Es importante anotar, como ellos mismos lo hacen,
que este documento programático recoge y sustituye el texto que el ELN dio
a conocer en 1993 bajo el mismo nombre. Ver: : http://www.eln-voces.com
[50] UCELN. 1990 Op cit. Pág. 173
[51] ELN.
1999. Narcotráfico. Documento del 23 de septiembre, p. 4 en:
http://www.eln-voces.com
[52] ELN. 1999. Documento sin titulo aparecido el 23 de septiembre
de 1999 en : http://www.eln-voces.com
[53] ELN. 2001. Alternativas
para una Política antidrogas. Documento
del 24 de junio de 2001 en: http://www.eln-voces.com
[54] ELN. Una Mirada a Colombia
en nuestro 35 aniversario. Documento sin fecha en: http://www.eln-voces.com
[55] ELN. 2001. Alternativas
para una Política antidrogas, o. c.
[56] ELN. 2001. Postura
del ELN sobre el Narcotráfico, Documento del 24 de junio de 2001 en:
http://www.eln-voces.com
[57] ELN. 2001. Alternativas para una Política antidrogas
., o. c. .
[58] ELN. 2001. Alternativas para una Política antidrogas,
o.. c.
[59] ELN. 2002. “Ponencia ELN.
Cumbre por la Paz”. pp
38 –39. En: Cumbre de la Habana. Acuerdos humanitarios y Tregua.
Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz.
Enero de 2002.
[60] El 27 de mayo de 1964 se inició la
Operación contra Marquetalia, bajo el código de
“Plan LASO (Latin American
Security Operation) u “Operación
Soberanía”. Este operativo daba comienzo a la promesa del Presidente Guillermo León Valencia de exterminar las “Repúblicas
Independientes”. Ver: PIZARRO
Leongómez Eduardo. 1991. Las FARC. De la autodefensa a la combinación de las formas de lucha. Tercer Mundo Editores – IEPRI,, Colombia.
[61] Eduardo Pizarro, 1991, o. c., , p. 202,
afirma que las FARC estaban íntimamente ligadas al PCC por lo menos hasta
su VII Conferencia Nacional celebrada en 1982. A partir de esta Conferencia,
las FARC iniciaron una ruptura con lo que Pizarro llama el "frágil equilibrio mantenido entre
el Partido y su brazo armado”.
[62] FARC. 1964. Programa Agrario
de los Guerrilleros de las FARC. En la Octava Conferencia Nacional
de las FARC – EP realizada en abril 2 de 1993 este documento fue
corregido y ampliado. Ver: htpp/farc-ep.org/documentos/programa
agrario
[63] Pizarro. 1991. o. c., p.
194.
[64] En marzo de 1965 el PCC, durante
su XXXI pleno del comité central, emite
una resolución donde argumenta el por qué los campesinos se vieron obligados
a adelantar la lucha armada. Al respecto
dice la resolución: “(...)En la práctica en muchos
sectores campesinos se han suprimido completamente las libertades y garantías
constitucionales y se viene ejecutando sin fórmula de juicio la pena de
muerte por parte de elementos de las fuerzas armadas oficiales...La creciente
política de violencia oficial contra el pueblo está engendrando las causas
para que se desarrolle la lucha armada de resistencia”. Ver en: Partido Comunista de Colombia. 1965.”Resoluciones del 31 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Colombia”.
en: Documentos Políticos,
No 48, abril de 1965, pp. 75-76. Esta resolución es citada por: PROLETARIZACION.
1975. ¿De dónde venimos, hacia donde vamos, hacia dónde debemos ir?.
Página 172 Editorial 8 de junio, Medellín.
[65] FARC. 1964. O . c. .
[66] FARC. 1964. O . c., . Puntos cuatro y cinco de su programa
[67] FARC. 1964. O. c. . Punto
dos de su programa
[68] FARC. 1964. O.
c.
[69] Consideramos que la aseveración “destinarse
al desarrollo planificado de todo el pueblo” puede leerse como que las grandes
propiedades agropecuarias que por su importancia social y económica deban
conservarse, pasarán a ser propiedad del Estado. Este tema no es claro en
su planteamiento. Ver: FARC.
1964. O. c., Punto tres de su programa.
[70] FARC. 1964. o. c. Punto tres de su programa
[71] FARC. 1964. O. c., Punto seis de su programa
[72] Para las FARC este Frente Unido o Patriótico estaría
conformado por los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, artesanos,
pequeños industriales y comerciantes, por la burguesía nacional que esté
dispuesta a combatir contra el imperialismo, por intelectuales demócratas
y revolucionarios y por todos los partidos y corrientes de izquierda y de
centro que quieran un cambio y apoyen la
lucha revolucionaria y patriótica y que busquen el triunfo de la
revolución y la instauración de un
gobierno democrático de Liberación Nacional. Ver :
FARC. 1964. O. c., Puntos
siete de su programa
agrario
[73] ARENAS Jacobo. 1985. CESE EL FUEGO. Una
historia política de las FARC. Pág. 88. Editorial Oveja Negra
[74] ARENAS Jacobo. 1989. Correspondencia secreta del Proceso
de paz. Recopilación, Notas y Comentarios. Página 70. Editorial la Abeja Negra
[75] El PNR fue concebido por el gobierno
de Belisario Betancur como una estrategia dentro
de la Política de Paz. Por ello tuvo su origen en la ley 35 de 1982 o ley de amnistía, pues tenía el propósito de
reincorporar a la vida civil a los alzados armados y rehabilitarlos tanto
a ellos como a los demás afectados por la violencia. Desde su creación el
PNR tuvo un campo de ejecución regional, pero las regiones beneficiadas
fueron escogidas según la presencia de conflictos militares en ellas. Frecuentemente
estas regiones coincidieron con las áreas más deprimidas en lo económico
y las más excluidas en lo político. Ver: CORREDOR M. Consuelo. “Discurso
y Realidad del PNR” en: PNR: 11 años de cambio. La Sociedad Civil en
marcha. Presidencia de la República, 1994.
[76] “Acuerdos de la Uribe. Texto del
Acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC EP”. En: ARENAS Jacobo.
1989.
o. c., pp.119 – 123.
[77] Esta carta es citada en: “Qué
proponemos las FARC. Memorando del Estado Mayor Central de las FARC EP a
la plenaria de la Comisión Nacional de Verificación de cese al fuego, tregua
y paz”. Carta de las FARC enviada
el 7 de octubre de 1984 al presidente Betancur
En: ARENAS Jacobo, 1985 o. c., ,
p. 13.
[78] “Memorando del Estado Mayor de
las FARC para el Señor Presidente Dr. Virgilio Barco Vargas, octubre de 1986”. En: ARENAS Jacobo.
1990. Vicisitudes del Proceso de Paz. Notas, documentos, comentarios.
Editorial La Abeja Negra. Enero 1990, Colombia. Pág. 47
[79] ARENAS Jacobo 1990. o.
c., p. 48.
[80] ARENAS Jacobo 1990. o.
c. , P. 48.
[81] ARENAS Jacobo 1990. o.
c., P. 50.
[82] Para ampliar un balance del PNR sugerimos
revisar el texto compilado por Fernando Bernal 1994. PNR: 11 años de cambio. La Sociedad Civil en
marcha. Presidencia de la República, Bogotá, Colombia.
[83] Durante la administración del presidente
Barco el único grupo insurgente que aceptó las condiciones para la negociación
(cese unilateral, desarme y
participación política posterior) fue el M 19. Este grupo firmó el
acuerdo de paz en 1989.
[84] Recuérdese que en el proceso de diálogo
con Belisario Betancur las FARC, en la carta que
enviaron al parlamento, fechada en julio 20 de 1984, en donde dieron a conocer
lo que sería su Plataforma Política como movimiento político nacional
en Colombia, se refieren a una Reforma Agraria Democrática y no a
una Política Agraria Revolucionaria.
[85] Resaltamos este elemento de “impulso
a la gran industria privada” por considerar que rompe con el estilo marxista
leninista y fundamentalista de las FARC y se ofrece como una contradicción
con el punto tres del Programa agrario de los guerrilleros (1964),
en donde se afirma que “las grandes explotaciones agropecuarias que por
razones de orden económico y social deban conservarse, se destinarán al
desarrollo planificado de todo el pueblo”(ver comentario Nota de pie de
página No 68 de este documento). El tema de “impulso a la gran industria
privada” se encuentra en el punto
cuarto de la Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación
Nacional (Abril 3 de 1993). Es
importante anotar que los diez puntos contenidos en esta Plataforma Política,
son asumidos en su totalidad por el Movimiento Bolivariano por la Nueva
Colombia, movimiento político conducido por las FARC –EP
y cuyo lanzamiento oficial fue el 29 de marzo de 2000.Ver: Discurso del
lanzamiento del Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia. http://www.movimientobolivariano.org/lanzamiento.htm.
[86] CANO Alfonso
. 1999. “ La Cuestión Agraria
y la Paz . Erradicar el latifundio,
única alternativa”. En: Revista Resistencia,
Agosto – Septiembre de 1999, edición
No 116. Este artículo fue reproducido en el libro Cultivos ilícitos,
narcotráfico y agenda de paz, editado por el Mandato Ciudadano por la
Paz, la Vida y la Libertad (Bogotá D. C., junio de 2000) páginas 159 –162.
[87] CANO Alfonso. 1999. p. 6
[88]CANO Alfonso. 1999. p. 7
[89]Es preciso señalar que en el terreno
de las acciones políticas y, de manera precisa, en el tema referido a los
criterios de territorialidad y cultura de los pueblos indígenas, las FARC
han dado muestra del precario conocimiento y respeto que tienen frente a
estos neurálgicos y significativos temas. Ello se evidencia en las relaciones
de conflicto y enfrentamiento que en últimos años han sostenido con el pueblo
Páez en el Cauca.
[90]CANO Alfonso .
1999. Pág.
7.
[91] FARC – EP. 2001. “La Reforma Agraria. Ponencia de la Comisión
Temática de las FARC – EP” presentada en la Audiencia Pública del 18 de
agosto de 2001, los Pozos, San Vicente del Caguán
(Caquetá). http://farc-ep.org
[92] FARC – EP. 2001. op
cit. Pág.
5.
[93] FERRO M. Juan Guillermo. 2000.
“ Las Farc y su relación con la economía de la
coca en el sur de Colombia: Testimonios de colonos y guerrilleros”, en
L´ordinaire Latino-americain No.
179 Janvier-Mars 2000,
IPEALT, Université de Toulouse-Le Mirail,
Toulouse, Francia Este artículo se
encuentra publicado también en: http://www.mamacoca.org.
[94] FERRO M. Juan Guillermo. 2000.o. c., p. 4.
[95] FERRO M. Juan Guillermo. 2000.
O . c., P. 5.
[96] CUBIDES Fernando. 1989. “Estado
y Poder Local. Organización comunitaria y política en el medio y bajo Caguán”. En: JARAMILLO Jaime E., MORA Leonidas
y CUBIDES Fernando. 1989. Colonización, Coca y Guerrilla. Alianza Editorial colombiana., Bogotá. Pág.
252
[97] MORA R. Leonidas. 1989. “Las
condiciones económicas del medio y bajo Caguán” En: JARAMILLO Jaime E., MORA Leonidas
y CUBIDES Fernando. 1989. Colonización, Coca y Guerrilla. Alianza Editorial colombiana, Bogotá. Páginas
170 – 187. En este capitulo Mora elaboró un juicioso estudio de cada uno
de los componentes socio-económicos del anteproyecto en referencia, mostrando
sus alcances y limitaciones.
[98] MORA R. Leonidas. 1989. o.
c. P. 175-176. Es importante mencionar que uno de los testimonios
de Ferro (2000: 8) se refiere a una propuesta de sustitución de “cultivos
ilícitos” que los colonos y las Farc le presentaron
al gobierno de Belisario Betancur en 1986 por un valor de 10.000 millones de pesos.
Dice el testimonio que este proyecto fue aprobado por Planeación Nacional, pero que los recursos nunca llegaron al Caguán a raíz de unos enfrentamientos entre las FARC y el
Ejército Nacional. Según el testimonio citado por Ferro, estos recursos
fueron trasladados a la baja Bota Caucana. Es posible que se trate de la
misma propuesta, pero lo que importa anotar es que este “Modelo Caguán
de Desarrollo “ no pudo ser ejecutado pese a que,
como anotaba Mora (1989: 227), “continúa siendo viable en el largo plazo,
si se crea un clima político y de convivencia social propicio. El modelo
forma parte de las utopías realizables”.
[99] Es importante anotar que durante
el periodo 1986–1993 las FARC se involucraron mucho más con la producción
y comercialización de narcóticos. En zonas de su control político y militar
empezaron no sólo a cobrar impuestos a los pequeños, medianos y grandes
productores de hoja de coca, sino que también extendieron su incidencia
a la esfera de la comercialización de pasta básica y clorhidrato de cocaína.
Lo que primero fue un problema político y moral, con la agudización del
conflicto se constituyó para las FARC en una de sus principales estrategias
económicas. En la actualidad no es extraño encontrar zonas cocaleras de
dominio de las FARC funcionalizadas exclusivamente hacia la financiación
de la guerra.
[100] FARC –EP 1993. Plataforma
para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional. Abril
3 de 1993. Ver: http://www.movimientobolivariano.org
[101] Ríos Iván. 1999. “Fenómeno
y efecto del capitalismo salvaje: el narcotráfico”. En: Revista Resistencia,
octubre – diciembre de 1999, No 117.
Este artículo fue reproducido en el libro en Cultivos ilícitos,
narcotráfico y agenda de paz, editado
por el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad (Bogotá D. C.,
junio de 2000) páginas 153 –157.
[102] Ríos Iván. 1999. O.
C., , P. 155 del libro Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda
de paz (2000).
[103] Ríos Iván . 1999. O. C., Pág. 156 del libro Cultivos ilícitos,
narcotráfico y agenda de paz (2000).
[104] Está ponencia se encuentra en: http://farc-ep.org/documentos/narcotráfico.
Para una comprensión de esta propuesta hemos diseñado una serie de gráficas
que permiten visualizar los alcances y limitaciones de la propuesta. (Ver
anexo 1)
[105] FARC – EP 1999. Planeación
de mecanismos para la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de
Cartagena del Chairá (Caquetá) Pág.
1. En: http://farc-ep.org/documentos/narcotráfico
[106] El
perfil académico del staff de profesionales
solicitados por las FARC en su propuesta es el siguiente: cinco agrónomos
especialistas en suelos, cultivos tropicales, poscosecha y manejo de especies
nativas amazónicas; cinco ingenieros agrícolas especializados en sistemas
hidráulicos, manejo de cosechas, proceso de acopio, almacenamiento y conservación
y construcciones agropecuarias; cinco ingenieros forestales con particularidades
de frutales amazónicos, maderas industriales amazónicas, sistemas agroforestales
y aprovechamiento de bosques y tres ingenieros agro-ecológicos;
dos ingenieros ambientales; cinco zootecnistas
especializados en sistemas tropicales de producción animal, especies menores,
nutrición animal, agroforestería, fauna silvestre y piscicultura; dos biólogos;
tres ingenieros de alimentos especializados en derivados de la carne y leche
y transformación de recursos nativos de origen animal y vegetal; dos sociólogos,
dos economistas y dos antropólogos. O.
c. p. 2.
[107] FARC –EP. 2000. Legalizar
el consumo de la droga. Única alternativa seria para eliminar el narcotráfico.
En: http://farc-ep.org/documentos/narcotráfico