¿SON PELIGROSOS LOS POBRES?

ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA DEL SUR [1]

Pierre Salama y Mamadou Camara [2]

La violencia es difícil de medir a priori. Si bien es posible calcular una parte de la violencia a partir de las estadìsticas publicadas por las autoridades policiacas o de justicia de diferentes países, otra parte –de lejos la menos marginal- es difícil de evaluar, puesto que las denuncias dependen de la confianza que uno puede tener en la policía y la justicia, y esta no es, en general, elevada en América del Sur. Otro problema que plantea la cuantificación de este fenómeno, viene de la existencia de diversos grados de violencia, los cuales van de los homicidios voluntarios a las infracciones en materia de drogas, pasando por las agresiones sexuales, los golpes y heridas, los robos a mano armada, las estafas y las infracciones en materia de falsificación de dinero. La gran diversidad de los actos violentos hace difícil su agregación. Para evitar esta dificultad, así como aquella vinculada a las diferencias en la calificación o en la percepción de un mismo acto, analizaremos solamente los homicidios voluntarios[3]

Para tener una idea de la amplitud de la tasa de homicidios en América del Sur, hemos tomado como referencia la de Francia. Por regla general, la tasa de homicidios en Sudamérica es más elevada que la observada en Francia. Hay que señalar tres puntos importantes: las tasas de homicidios difieren fuertemente según los países; estas tienden a crecer con excepción de Bolivia en el perido 1995-2000. Las tasas difieren grandemente: son muy altas en Colombia y Bolivia, importantes en Brasil, Venezuela y Ecuador; medianas en Uruguay y Paraguay[4], débiles en Chile, Perú y Argentina cuyas tasas no son muy diferentes de las observadas en Francia, al menos en 1995. También la evolución de las tasas de homicidio es diferente en cada país: aumentan vigorosamente en Argentina y Venezuela, pero bajan considerablemente en Bolivia, mientras que en los otros países aumentan más o menos ligeramente. Cuando tomamos los países uno a uno, resaltan dos puntos: una heterogeneidad muy elevada de las tasas en cada país, según la ciudad, o aun en el barrio de una gran ciudad[5]; desde 1993 en las grandes ciudades de Colombia se observa una importante caída de la tasa de homicidios, mientras que en las ciudades medianas se constata un fuerte aumento de dicha tasa[6]. Véase la siguiente gráfica.

Son los pobres responsables de ésta situación? Pueden las políticas represivas ser muy eficaces y reducir significativamente las tasas de homicidio?; ¿no habría que repensar los modos de desarrollo dominantes en estos países? Las respuestas de los economistas a estas preguntas son muy diversas. El objeto de este artículo es el de efectuar una revista general al estado de la cuestión y, posteriormente, analizar y discutir la influencia de las diferentes variables económicas sobre la tasa de homicidio a partir de un test econométrico en varios países de América del Sur, a lo largo de los años 1995-2000. Además, se trata de mostrar que aun cuando la violencia tiene raíces de orden económico, sería vano limitar la explicación de este fenómeno a un determinismo económico. El sólo enfoque económico para el estudio de la violencia es rico en enseñanzas, pero a la vez es limitado y a menudo engañoso. Además, es peligroso, en vista de que la tentación es grande entre los economistas y políticos, de atribuir la elevación de la violencia ya sea a causas económicas que hay que corregir, o al resultado de una decisión racional. Ahora bien, la comprensión de la violencia se encuentra en la intersección de varias disciplinas. Así en la segunda parte se muestra que ciertos factores económicos son variables de tipo “proxy”, ya que su efecto aparente sobre la magnitud de los homicidios resulta del hecho que tienen consecuencias sobre factores de tipo sociológico y aun antropológico, los que a su vez influencian el grado de violencia. Se mostrará que lejos de un exclusivo determinismo económico, la disminución de la violencia pasa más por la cohesión social, y esta impone una distinta manera de repensar la economía y los modos de inserción de las economías sudamericanas en la economía-mundo.

Parte I.

¿Son la pobreza, la desigualdad y la debilidad de la represión los factores constitutivos del aumento de la violencia? Una perspectiva sobre los trabajos econométricos al respecto.

Con la ayuda de tests econométricos, Fajnzylber, Lederman y Loaysa[7] (2001, 2002), muestran que el ingreso per cápita puede no tener influencia sobre el grado de violencia ya que las desigualdades no varían, pero  a la inversa, si las desigualdades aumentan y el ingreso per cápita crece poco, la pobreza tiende a aumentar. En este caso, el aumento de la pobreza si constituye un factor de crecimiento de los homicidios. De manera cruda, podría, entonces, decirse que “la desigualdad en las riquezas y en los ingresos incita a los pobres a tomar el camino del crimen” (Barro 2000: 7)  Sin embargo, esta opinión tiene respuesta  entre numerosos universitarios y políticos, en términos de ver a los pobres como “la nueva clase peligrosa” [8].

No obstante, otros numerosos tests econométricos rechazan la relación pobreza-violencia. El análisis del caso colombiano es muy instructivo al mostrar una pobreza importante y las consiguientes desigualdades, así como narcotráfico y una tasa de asesinatos en extremo elevada. El estudio de Sarmiento (1999) muestra que no hay relación entre la pobreza y los homicidios. La variable explicativa sería el aumento de las desigualdades. De acuerdo con Sánchez Torres y Nuñez Mendez (2001), quienes analizan el periodo 1991-1998 a partir de una muestra de 769 municipios, la pobreza tiene un ligero efecto sobre la tasa de asesinatos (-0.02), pero el coeficiente no es significativo, ya que las variables más importantes están ligadas al narcotráfico, a la guerrilla, y a las más directamente económicas como las desigualdades en términos de patrimonio y la ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con estos economistas, la relación pobreza-homicidios sería, en efecto, no lineal de tipo U inversa: la tasa de homicidios crece a medida que la pobreza aumenta pero hasta un cierto umbral de pobreza. Más allá de éste, la tasa de homicidios disminuye a medida que la pobreza sigue creciendo.

Para otros autores como Peralva (2001: 8), “cualesquiera que sea la importancia de las desigualdades sociales (…) no es posible ignorar que la tasa de delincuencia crece aun si las desigualdades decrecen” como en el caso de Brasil, país que se caracteriza a la vez por desigualdades importantes y una elevada violencia. Peralva observa que a los elevados índices de desarrollo humano regionales, corresponden tasas de criminalidad fuertes y viceversa. La ausencia aparente de relación entre lo económico y la violencia es una idea compartida por numerosos investigadores en las ciencias sociales. Siguiendo esta línea, se podría agregar que con el fin de las hiperinflaciones en Brasil (1994), el nivel de vida de los pobres ha aumentado más que en las otras capas de la población durante los dos primeros años de relativa estabilización de los precios, del retorno al crecimiento y de las desigualdades, por lo que tanto la amplitud como la profundidad de la pobreza han disminuido[9]. Ciertamente esta evolución de los pobres no ha sido duradera y los porcentajes que miden la pobreza y la desigualdad han tendido a estabilizarse con fluctuaciones ligeras al alza y a la baja. Pero, cualquiera que sean estas evoluciones, la tasa de asesinatos ha continuado su ascenso, el cual ha pasado de 40 por 100000 a cerca de 70 en la región metropolitana de Rio entre 1992 y el final de 1995, el cual es un nivel muy cercano al de las ciudades colombianas, mientras que en Sao Paulo ha pasado de 43 a 52 por cada 100000 en esos mismos años (Viegas Andrade y Barros Lisboa 2000: 387).

La tasa de asesinatos a veces evoluciona bruscamente, pasando de un estado de relativo equilibrio a otro diferente, sugiriendo esto la existencia de múltiples equilibrios a través del tiempo. En Colombia la violencia ha aumentado fuerte y súbitamente en los años ochenta, para después decrecer significativamente en las grandes ciudades. De acuerdo con Gaviria y Vélez (2001), la explicación del paso de un equilibrio a otro de nivel superior, vendría de la débil y decreciente probabilidad de ser arrestado y castigado. La expansión del narcotráfico sería la causa principal del paso de un equilibrio a otro, debido a la insuficiencia de gasto público destinado a la seguridad pública, lo cual no permite efectuar investigaciones por cada homicidio cometido, y cuando estas se efectúan el insuficiente número de magistrados conduce a una congestión de los tribunales. Las cada vez más raras investigaciones en vista de fondos insuficientes así como la congestión de los tribunales provocan una disminución de la probabilidad de ser arrestado y castigado. La probabilidad de ser acusado de asesinato pasó de 48% en 1980 a 40% en 1981, para aumentar hasta 46% en 1983. La caída de la tasa es muy fuerte de 46% en 1983 a 38% en 1986, para quedar en 1992 en 16 a 17% (Ibid.). La baja de la probabilidad de ser capturado constituye un “detonador”[10] (la expresión es de Gaviria) que permite comprender el paso de un grado de violencia a otro más elevado. De acuerdo con este enfoque, la impunidad más fuerte conduce a una elevación de la tasa de homicidios. Esto es lo que lleva a Gaviria a decir: “los narcotraficantes juegan papeles variados en el surgimiento de la violencia en Colombia. Por una parte, han generado una violencia directamente a través de sus actividades y, por otra, la han promovido indirectamente por medio de diferentes externalidades derivadas de la criminalidad: la congestión del sistema jurídico, la transferencia de conocimientos criminales (aprendizaje), el aumento de la disponibilidad de armas y la creación de una ‘cultura’[11] que favorece el dinero fácil y la resolución violenta de los conflictos” (Gaviria y Vélez 2001:179-180). A la inversa, después de haber bajado considerablemente desde el final de los años setenta, la subida de la “tasa de captura” por homicidios en las grandes ciudades a partir del año noventa y seis, aumenta la probabilidad de ser arrestado y castigado, conduciendo a una reducción de la tasa de criminalidad (Sánchez Torres y Nuñez Mendez, p. 317)[12]

En seguida retomaremos estos problemas con ayudad de tests econométricos.

Parte II.

El análisis económico de las causas de la violencia es rico en enseñanzas

1.     El enfoque econométrico

Hemos considerado una muestra de la misma zona, de América del Sur, la cual está compuesta de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La variable explicada es el logaritmo de la tasa de homicidios (por 100000 habitantes), calculada a partir de datos provenientes de varias fuentes, especialmente de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y las Drogas, la Organización Internacional de Policía, la base de datos producida por la Organización Mundial de la Salud, así como el Centro Brasileño sobre la Coyuntura del Crimen.[13] Los tests efectuados corresponden al periodo 1995-2000, durante el cual se observa el fin de las hiperinflaciones y el retorno al crecimiento en América del Sur.

Como variables económicas susceptibles de explicar la evolución de la violencia en América Latina (y no el nivel ciertamente elevado), a lo largo del periodo reciente, hemos escogido: 1) la eficacia del sistema de represión del crimen (EFFSR), el cual explica el porcentaje del número de casos de homicidio resueltos con relación al número total de homicidios, calculado a partir de las mismas fuentes que las tasas de homicidio. 2) El ingreso disponible del 40% de los más pobres (PPRN) y el ingreso disponible del 10% de los más ricos (PRRN), ambos como parte del ingreso nacional. Estos indicadores fueron obtenidos de diversas publicaciones de la CEPAL y de la CNUCED.[14] 3) El indicador de desarrollo humano (IDH)[15], obtenido de varios informes anuales del PNUD. 4) El logaritmo del PIB por habitante (PIBH), la tasa de crecimiento anual del PIB (CROISS), la tasa de urbanización (URBA) y también la tasa de escolarización en el nivel de secundaria (SCOLSEC), los cuales fueron tomados de la base de datos del Banco Mundial y de la CEPAL[16].

El proceso econométrico se efectúa en dos etapas: a) en un primer tiempo se establece una matriz de correlaciones (véase el Anexo 1) cuyo interés es doble: de entrada permite reconocer las variables que están fuertemente correlacionadas entre ellas mismas; además, permite identificar la naturaleza de los vínculos (positivo o negativo) entre el logaritmo de la tasa de homicidios y las diferentes variables explicativas. Esto nos lleva a desarrollar teóricamente los mecanismos económicos susceptibles de legitimar la relación entre la violencia y cada una de las variables. En fin, la matriz de correlación completa que integra las variables dummy o los efectos fijos[17] introducidos por cada país, permite reconocer para cada serie, la posición de la estadística del país en relación a la media. Gracias a esto se pueden establecer los diferentes grupos de países en los que las especificidades deben ser tomadas en cuenta, para dar a los resultados obtenidos en las regresiones un alcance más amplio.

b) La segunda etapa consiste a probar a través de una serie de regresiones econométricas, un modelo explicativo de la violencia. En esta etapa se tratará de estimar las elasticidades que vinculan el logaritmo de la tasa de homicidios a las diferentes variables explicativas tomadas simultáneamente. La comparación de valores y umbrales de significación de los coeficientes estimados, va a permitirnos identificar entre todos los factores introducidos en el modelo teórico, aquellos que explican la evolución de los homicidios.

La técnica utilizada es la de mínimos cuadrados ordinarios en datos de panel. Después de probar un modelo teórico general, que no toma en cuenta las especificidades de los diferentes países, probaremos diversas variantes de este modelo introduciendo los efectos fijos. En esta ocasión justificaremos la introducción de efectos fijos para un determinado país o grupos de países.

2.  Las enseñanzas de la matriz de correlaciones

Conforme a la lógica del proceso que hemos seguido, partamos de un extracto de la matriz de correlaciones (véase el Cuadro 1) para discutir los mecanismos económicos susceptibles de sostener una relación entre el logaritmo de la tasa de homicidios y las diferentes variables.

Observamos que las correlaciones tomadas de dos en dos (variable explicada y variable explicativa), tienen todas el signo esperado, salvo la CROISS y LA PPRN. Para facilitar la exposición, se clasifican los valores obtenidos de acuerdo a tres niveles: débiles (hasta 0.15), medianos (hasta 0.30) y, finalmente, los niveles altos.

Los coeficientes de correlación débiles son la “velocidad” del crecimiento[18] (CROISS), la eficacia del sistema represivo (EFFSR), la parte del 10% de los más ricos (PPRN), el aumento del PIB per cápita (logPIBH). El primer factor (en el que el valor es muy débil) no tiene el signo esperado ya que el crecimiento se acompaña de un aumento ligero de la tasa de homicidio.Esta paradoja se explica probablemente por el modo de crecimiento en vigor durante los años noventa. En efecto, el crecimiento influencia otros factores identificados como determinantes de la violencia cuando se acompaña de un aumento de las desigualdades, el cual es particularmente volátil y escaso en empleos formales pero abundante en empleos informales. (Salama 2002, Camara 2001). Es igualmente sorprendente la relación entre la parte del 40% más pobre y la violencia, la cual es positiva pero pequeña (0.11). La interpretación de esta correlación positiva descansa probablemente, en la constatación de que el primer y el segundo deciles, excluidos del crecimiento pero localizados dentro del empleo informal de estricta sobrevivencia en vista de su débil calificación, ven declinar relativamente su parte a favor, por ejemplo, del cuarto decil. Esta hipótesis parece estar corroborada por las tasas de criminalidad más importantes entre los pobres que las concernientes al total de la población. En fin, el aumento de la eficacia del sistema represivo incide, como lo hemos visto, sobre la tasa de homicidio, aunque débilmente, tanto como el aumento del PIB per cápita. En este último caso, la débil correlación se explica por la evolución concomitante de las desigualdades en la distribución del ingreso. El modo de crecimiento de los años noventa es en efecto particularmente volátil, y los primeros años de recuperación económica se acompañan de un efecto de histéresis, debido a la continuación de acentuadas desigualdades por el desarrollo de la crisis[19].

Los coeficientes de correlación medianos todos muestran el signo esperado: a mayor desigualdad y una urbanización en aumento favorecen el incremento de los homicidios, pero un aumento del IDH permite su baja en la medida en que traduce el mejoramiento de la calidad de vida. El coeficiente entre la parte del 10% de los más ricos (PRRN) y la violencia es de 0.17, y sugiere que un aumento del ingreso a favor de los extremadamente ricos, acentúa la violencia a medida que crecen las desigualdades, lo cual es percibido como anormal por aquellos que no se benefician del retorno del crecimiento, después de haber sufrido los efectos de la crisis. Tal situaoción engendra la violencia cuando esta parece como una injusticia insoportable. La relación entre la creciente urbanización de la sociedades latinoamericanas y la evolución de la violencia es positiva[20]. Este es un resultado esperado, ya que traduce los efectos del aumento de lo informal y del subempleo en las grandes ciudades, aumento que se debe al modo de crecimiento específico de esos años, por lo que los efectos son más elevados a medida que la urbanización aumenta. Más allá de la especificidad vinculada al modo de crecimiento, la urbanización se acompaña del debilitamiento de las solidaridades clánicas y familiares cuya naturaleza tiende a fragilizar los “códigos de valores”, considerados aquí en su acepción más amplia[21].

El vínculo entre la tasa de escolarización en la secundaria y los homicidios aparece fuerte y, a la vez, negativa. El coeficiente (-0.41) sugiere que un aumento de la escolarización secundaria lleva a disminuir la violencia extrema. Menos marginalidad, ventajas de ingreso y un trabajo más interesante pueden disminuir las tensiones, las frustraciones y por carambola la criminalidad. Sin embargo, esta relación no es lineal. En ciertos casos, mayor educación puede, en un primer tiempo, conducir a una acentuación de la violencia, sobre todo si no se acompaña de salidas suficientes. Pero, en conjunto, la relación es fuerte y clara en la muestra durante el periodo observado, lo cual permite entrever de que manera los homicidios podrían evolucionar, gracias a una política ambiciosa de educación de los niños de las capas más desfavorecidas de la población.

3.        Los resultados de los tests son a veces sorprendentes

El repaso de los vínculos susceptibles de ser establecidos entre la violencia y los determinantes económicos, nos conduce, en la segunda etapa, a probar una serie de variantes del modelo econométrico siguiente, con datos de panel en el periodo 1995-2000, para los diez países de América Latina[22].

Primero se estiman las dos especificaciones del modelo.

(1) Log(Hom) = constante + aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fcroiss + gURBA + hScolsec + ut

(2) Log(Hom) = constante +  bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fcroiss + gURBA + hScolsec + ut

Esta segunda variante del modelo elimina la eficacia de la represión. Los resultados se muestran en el Cuadro 2.

La estimación del primer modelo permite identificar como determinantes de la violencia en América Latina, a partir de la segunda mitad de los años 1990, cinco factores principales (en negrita)[23]: el ingreso por habitante, la urbanización, la escolarización, el aumento del 10% de los habitantes más ricos en el ingreso nacional, así como la eficacia del sistema represivo. Como observamos en el Cuadro 2, todos los coeficientes tienen el signo esperado, con excepción de la elasticidad de homicidios a la eficacia del sistema represivo mucho más elevado. Por lo tanto, aparecen como fuentes de violencia:

·         La urbanización creciente en la que la elasticidad de los homicidios es elevada, positiva y significativa al 1%. En efecto, una aceleración de un punto en la tasa de urbanización se traduce por un aumento de la violencia de 15.06%. La migración del campo hacia la ciudad, producida por la mercantilización del territorio, conduce a los campesinos –víctimas de una monetización de la cual no pueden tener un beneficio en vista de la elevada competitividad- a buscar empleo en las ciudades las cuales tienen una monetización más elevadas que en el campo de la cual son excluidos. La solidaridad tiende a fisurarse y basta que las oportunidades de empleo se vuelvan escasas y que se multipliquen las actividades informales de supervivencia estricta, para que la violencia tenga más posibilidad de desarrollarse.

• Una evolución de la distribución del ingreso que entrañe una alza de un punto, de parte del 10% más rico, acentuaría la violencia extrema en 3.27%. Este resultado es conforme a la idea según la cual una acentuación de las desigualdades explicaría la tendencia creciente de la violencia en América del Sur.

Los efectos producidos por estos factores pueden ser atenuados por una eficacia más grande del sistema represivo, por un crecimiento económico sostenido y por un mayor esfuerzo al nivel de la escolarización secundaria. En efecto, de acuerdo con las estimaciones del modelo (1) se observa que:

• El aumento de la eficacia del sistema represivo incide fuertemente sobre la tasa de homicidio. Este efecto será reevaluado enseguida por la introducción de efectos fijos, en vista de que las situaciones entre países son diferentes tanto al nivel de la tasa de homicidio como de la eficacia del sistema de represión.

• Un aumento del crecimiento económico (log PIBH) de 1% se traduce por una baja de los homicidios de 2.57%. Este efecto permite sostener que una parte de la violencia en la región emana de las difíciles condiciones de vida. Una mejora de la suerte de los pobres reduce los homicidios vinculados a la expansión del segmento criminal de la economía.
• El tercer factor que contribuye a atenuar el crecimiento de la violencia extrema en América Latina está constituido por el alza de la tasa de escolarización secundaria. De acuerdo con los resultados de la estimación, un aumento de la tasa de escolarización secundaria en un punto, se traduce en la región en una baja de los homicidios de 3.15%.

La segunda variante de este primer modelo, caracterizada por la exclusión de la eficacia del sistema represivo, como factor explicativo de la violencia, no cambia fundamentalmente la naturaleza de los resultados. En este modelo (2) aparecen como factores de acentuación de la violencia: la creciente urbanización, el aumento del ingreso del 40% de los más pobres y en una pequeña medida el incremento del 10% de los más ricos. Un aumento de un punto en los primeros, se traduce en un aumento de los homicidios de 0.11%, lo cual puede parecer contradictorio con la idea actual, de acuerdo con  la que una distribución favorable a los más pobres hace bajar la violencia. Como lo hemos marcado antes, el vínculo ligeramente positivo se puede explicar por la acentuación de las desigualdades entre los deciles uno y cuatro, paralelo a la mejoría del porcentaje: un reparto desigual del aumento del ingreso entre los pobres es susceptible de aumentar la violencia. Esta idea se vuelve muy interesante si se combina el efecto de una desigualdad entre los pobres a la del producto por la desigualdad entre pobres y ricos. En efecto, de acuerdo con los resultados del modelo (2), el primer efecto le gana al segundo en términos de grado de significación, aun si la elasticidad del aumento de los homicidios vinculados a la desigualdad a favor de los más ricos (3.08) es más elevada que aquella de los homicidios ligados al crecimiento del ingreso del 40% de los más pobres. De esta combinación surge la idea según la cual la profundidad de la pobreza y las desigualdades entre los pobres, se posiciona como un elemento clave en la relación entre desigualdad y violencia que tests ulteriores deberían confirmar[24].

Se podría fácilmente reprochar a nuestros resultados de no haber tomado en cuenta las especificidades de cada país, puesto que se trata de un sesgo importante susceptible de cambiar la naturaleza de los resultados[25]. Se va a tomar en cuenta este sesgo para estimar el modelo introduciendo los efectos fijos. Estos últimos se entiende que pueden capturar las especificidades de ciertos países[26]. Apoyándonos en un cuadro completo de la matriz de correlaciones (Anexo 1), identificamos tres grupos de países que al ser tomados en cuenta en las estimaciones, permite corregir diversos sesgos.

1)     El Grupo Brasil Chile tiene la característica de poseer las tasas más elevadas de eficacia del sistema represivo. Estos países se posicionan igualmente como dos economías dominantes,  teniendo además, Brasil la particularidad de ser muy desigual.

2)     El segundo grupo comprende Argentina, Chile y Uruguay. Este grupo tiene la particularidad de poseer los indicadores de desarrollo humano y las tasas de escolarización secundaria más importantes de la zona.

3)     El último grupo formado por Bolivia y Colombia tiene el nivel de violencia más alto. Estos dos países tienen la particularidad de ser productores importantes de droga.

Tomando sucesivamente en cuenta estas particularidades, nos conduce a estimar tres tipos de especificaciones:

(3) Log(Hom) = aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fcroiss + gURBA + hScolsec + kDUMBRA + nDUMCHIL + ut

 

(4) Log(Hom) = aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fcroiss + gURBA + hScolsec + iDUMARG + jDUMCHIL + lDUMURUG + ut

 

(5) Log(Hom) = aEFFSR + bPPRN + cPRRN + dIDH + eLogPIBH + fcroiss + gURBA + hScolsec + rDUMBOL + sDUMCOL + ut

Los resultados se presentan en los Cuadros 3 y 4:

En la especificación (3) tomando en cuenta las particularidades de Brasil y Chile, tres factores aparecen como determinantes en la evolución de la violencia extrema en América del Sur; dos factores de acentuación: la distribución del ingreso (los ingresos del 10% y los del 40%) y una variable de atenuación: la tasa de escolarización secundaria. Una comparación entre las tres elasticidades de estas variables en relación a los homicidios, permite subrayar que los efectos de amplificación de la violencia extrema, que vienen de una distribución del ingreso más desigual, están por encima  del efecto que viene de un aumento en la educación (0.19 + 5.52 contra -3.45). Al tomar en cuenta la especificidad de Brasil y Chile, el modelo (3) sugiere que en el resto de América Latina la distribución del ingreso se posiciona como factor determinante de la violencia. Nótese que los resultados obtenidos de la eficacia del sistema represivo no son significativos.

Al tomar en cuenta las especificidades del segundo grupo de países, el modelo (4) permite identificar cuatro determinantes de la evolución de la violencia en América Latina, de los cuales dos la acentúan (la urbanización y, en menor medida, el aumento del ingreso del 10% más rico), y otros dos que la atenúan (la eficacia del sistema de represión y, en menor medida, el crecimiento económico). Al neutralizar los efectos de la educación y el mejoramiento del desarrollo humano, el modelo (4) permite subrayar que en América Latina la urbanización sigue siendo un factor acelerador de la violencia, ya que un alza de un punto porcentual contribuye al aumento de los homicidios en 7.40%, con un grado de significación de 1%. En consecuencia, la eficacia del sistema represivo es también un determinante. Tomando en cuenta la debilidad de la tasa de resolución de casos de homicidio en la mayor parte de los países (excepto en Chile y Brasil), se entiende porqué la violencia continúa con niveles elevados. Si nos atenemos a los resultados de la estimación del modelo (4), una elevación de un punto porcentual de la tasa de resolución de casos de homicidio debería traducirse en una baja en los homicidios de 16.06%. La enseñanza que podemos sacar de este modelo es la siguiente: una urbanización controlada en un contexto de fuerte crecimiento, que de al sistema judicial la posibilidad de funcionar bien, permitiría bajar la violencia en América Latina. Sin embargo, como todos sabemos, una parte de esta violencia está vinculada directa e indirectamente a la droga. Esto nos conduce a estimar el modelo (5) con la introducción de efectos fijos para Bolivia y Colombia.

Esta última estimación toma en cuenta la especificidad de dos países, en que los niveles de violencia son elevados y el nivel de impunidad es grande. Esto permite identificar tres elementos como determinantes de la violencia: por una parte, el aumento del ingreso del 40% más pobre de la población y el crecimiento real y, por otra, la escolarización secundaria. Como las tres elasticidades respectivas son todas significativas al nivel de 1%, es interesante una comparación de sus valores: la elasticidad de la escolarización secundaria (-3.76) está por arriba de las elasticidades del crecimiento y del ingreso del 40% más pobre de la población, cuya suma es 0.77. Esto significa que aun en el contexto de crecimiento desigual, el esfuerzo emprendido en materia de educación secundaria y la erradicación del tráfico de la droga, pueden contribuir a una baja relativa de la violencia extrema en América Latina.

Parte III.

El análisis económico de las causas de la violencia puede ser reduccionista

La amplitud de la pobreza tiene poco efecto sobre la amplitud de la tasa de homicidio en tanto que la profundidad de la pobreza y las desigualdades (en general) no aumenten significativamente. Si este no es el caso y si la evolución se acompaña de una urbanización rápida y no controlada, de un esfuerzo educativo insuficiente y de una impunidad elevada, a menudo ligada a la corrupción y al tráfico de drogas, entonces la violencia puede aumentar o aun desencadenarse. El uso del condicional es necesario en este caso: la relación entre los homicidios y estos factores es más compleja que lo sugerido por un simple enfoque determinista. Del mismo modo que la curva de combatividad obrera, medida por el número de huelgas, no es una calca inversa de la actividad económica en los países desarrollados, la curva de la violencia no se confunde con la de la pobreza o de las desigualdades. Un alza de la pobreza y de las desigualdades, luego de una crisis económica, no se traduce necesariamente en un alza de la violencia en un primer tiempo. En contra, la violencia se puede desarrollar, cuando el nivel de pobreza y desigualdad continúan creciendo a causa de los llamados fenómenos de histéresis, o bien cuando la crisis es duradera como en el caso argentino.

Como ya lo hemos subrayado, el enfoque económico de la violencia es rico en enseñanzas, pero también limitado y a veces induce a error. El análisis es limitado y a veces erróneo, porque la tentación es grande entre los economistas y políticos, para atribuir el aumento de la violencia a causas económicas que convendría corregir o bien es el resultado de una decisión económica racional. Más precisamente, en el segundo caso, denominado “beckeriano”, con una eficacia más grande, debido a un aumento del gasto público (policía, justicia), la probabilidad más grande de ser “castigado” debería alterar las condiciones de decisión (cometer o no un acto delictuoso) y conducir a una reducción de la tasa de homicidio. Pero sabemos que aunque la prevención es necesaria, no es suficiente cuando se limita a aspectos estrictamente materiales (aumento del gasto público de justicia y policía). A la inversa, una prevención no limitada sólo a los aspectos materiales, sino incorporando sobre todo los problemas de integración, de cohesión social, puede reducir la violencia en un plazo. Ciertamente la sola represión tiene efectos positivos en algunos casos, pero no hay que dejar de  constatar que esta eficacia, muy a menudo, influye más sobre la percepción de seguridad de la población que sobre la de la inseguridad. En otras palabras, la eficacia es discutible: de acuerdo con ciertos investigadores, no hay o hay muy poca correlación positiva entre la tasa de criminalidad y la tasa de encarcelamiento[27]. En ciertos casos límite[28], cuando la impunidad es desmedida, sea por falta de fondos públicos suficientes, sea por un nivel de corrupción que permita evitar la aplicación de la justicia, esta es eficaz pero de corta duración, en tanto que no se toca lo fundamental del origen de la violencia.

En realidad, habría que considerar dos puntos detrás de la insistencia a resolver la violencia mediante la represión. El primero es el reforzamiento del sentimiento de mayor seguridad, aun cuando la inseguridad continúa al mismo nivel, lo cual es más fácil para reelegirse. L. Wacquant (1999: 31) recuerda, por ejemplo, que un 58% de los blancos en Nueva York congratularon al Alcalde por su intolerancia contra el crimen y, entre estos, un 87% se consideran menos amenazados. A la inversa, el 72% de los negros “consideran a la policía como una fuerza hostil y violenta que representa un peligro para ellos”. En Estados Unidos, es un hecho, que en 1995, como probabilidad acumulada a lo largo de una vida, un negro tenía probabilidad de una entre cuatro de caer en prisión por un año, un latino de una entre seis y un blanco de una entre veintitrés (Ibid.: 86).

Arribamos así, al segundo punto más importante: detrás de la política represiva se desenvuelve una filosofía que atribuye al Estado del Bienestar la principal responsabilidad por el aumento de la criminalidad. Dicho Estado es permisivo,  desalienta el trabajo, el esfuerzo y excusa la violencia por la insuficiencia de gastos sociales. Se trata, por lo tanto, de culpabilizar al pobre[29] y de imponer una mutación del “welfare” al  “workfare”,  obligando a los pobres a trabajar más que a esperar una ayuda social. Los pobres que no desearan trabajar y se dejaran tentar por la violencia para asegurar su supervivencia, por falta de una ayuda social, deberían ser castigados, pasando así de una atrofia deliberada del Estado social a una hipertrofia deseada del Estado penal. Vemos como este debate entre prevención y represión está lejos de ser neutro y que detrás de cuestiones que pueden parecer técnicas (más gasto social, más represión), hay al final un debate sobre la selección de sociedad deseada. Este debate es actual en América Latina, no sólo a causa de la influencia tomada por el impacto del pensamiento anglosajón en favor de la represión, sino también y sobre todo, porque la violencia crece considerablemente, al mismo tiempo que estas sociedades poco conocen, o sólo de manera fragmentada, al Estado providencia.

“Los hombres hacen su historia libremente en las condiciones que no son libremente determinadas por ellos”. Aplicada a la violencia, esta cita de Marx resume bien la imposibilidad de buscar las causas de la violencia exclusivamente a nivel individual (enfoque denominado individualismo metodológico), o a nivel de la sociedad (enfoque llamado holista). De hecho si la violencia es decidida por un individuo, su acción es muy a menudo el producto de fuerzas que el no controla. Sin embargo, estas fuerzas no lo aprisionan como un collar de hierro; existe el libre arbitrio, aunque encerrado en las restricciones globales. No hay, por tanto, un determinismo económico en la violencia, pero tampoco una libre decisión. Esta es la dificultad del sujeto, por lo que no se puede comprender esta violencia y su desencadenamiento si no se le inscribe en su historia, y si no se llaman otras disciplinas de las ciencias sociales como la antropología y la sociología.

Ciertamente hemos indicado, que el objeto de los tests realizados era analizar la evolución de la violencia, pero no sus raíces. No obstante, no se pueden comprender la primera haciendo una abstracción de las segundas, por lo que es necesario resituar las especificidades de la violencia en América del Sur. Los modos de propagación de las relaciones mercantiles, en los países que se han vuelto subdesarrollados, se han realizado en un espacio-tiempo denso: algunas decenas de años, mientras que en las economías denominadas como desarrolladas esta difusión ha tomado varios siglos. La difusión de las relaciones mercantiles se ha realizado con la ayuda de la violencia, y decuplicado a medida que el hombre se ha convertido brutalmente en mercancía, y se ha vuelto tanto más fuerte cuanto más rápida. Esto explica que los modos de dominación del capital hayan adquirido modalidades particulares y la salarización tomado aspectos específicos (importancia del trabajo informal, el peso de las formas paternalistas antiguas). Esta difusión de relaciones mercantiles no es igual en todos los países, y sus efectos son distintos de acuerdo con la importancia de las poblaciones de origen; depende de las riquezas que hayan tenido, o que tengan, para su explotación. La difusión depende sobre todo de los antiguos modos de organización de los hombres, de sus creencias y sus modalidades de cohesión, de las tentativas de estructuración de las relaciones establecidas entre los hombres y de su reestructuración como relaciones mercantiles. La disolución de las antiguas culturas de los dominados, la incapacidad a veces para reestructurar los códigos, los que son fisurados y destruidos por esta propagación, dejan el campo más o menos libre para el desencadenamiento de la violencia.

El Estado, en medio de la crisis de los años ochenta y con la restricción neoliberal de los años noventa, reduce sus funciones (infraestructuras, escuelas, salud, etc.), o las cumple menos que en el pasado. Ahora el Estado controla menos la nación, el territorio se vuelve poroso, y en sus bolsas –en barrios urbanos y regiones de la provincia- el poder mafioso así como el de las guerrillas en ciertos países, pueden ejercer un poder de hecho. En casos extremos como en Colombia (véase el encuadre), el abandono del poder de jure del Estado sobre sus territorios y su incapacidad para mantener el orden, dejan la puerta abierta al desencadenamiento de la violencia, la cual se vuelve la única manera de arreglar los conflictos, o como medio privilegiado para obtener rentas, es decir, enriquecerse sin trabajar cuando falta el trabajo o que este tiene menos protección. La violencia no sigue, entonces, el curso previsto y analizado por Norbert Elias (1969: 188) en las sociedades occidentales, en las que “la estabilidad particular de los mecanismos de autorestricción psíquica … está ligada estrechamente a la monopolización de la restricción física y a la solidez creciente de los órganos sociales centrales”

A manera de conclusión

El contexto económico, social y político influye sobre los comportamientos al favorecer la expansión de la violencia, cuando el Estado pierde su legitimidad en el ejercicio de su propia violencia, ya sea de manera estructural en razón de la difusión muy rápida de las relaciones mercantiles, o bien de modo más coyuntural con la institucionalización de un modo de desarrollo particularmente excluyente. No es tanto el nivel de pobreza el generador de violencia, sino la impresión de profunda injusticia, de una injusticia sin apelación, sin recurso posible a un Estado sujeto a las restricciones neoliberales que favorecen la exclusión y el resentimiento de los pobres. A la inversa, un esfuerzo constante, por ejemplo, en educación, incide claramente a favor de una reducción de la violencia, al permitir una integración más pronunciada y la limitación de  la marginalización.

Los pobres no son en sí “una clase peligrosa”, o por naturaleza (con un IQ débil), sino que las políticas económicas de exclusión la vuelven “peligrosa” como lo hemos visto. Inversamente, una política de gasto social (educación, salud, diversas transferencias), lejos de favorecer el “parasitismo”,  la “holgazanería”, o de atascar el funcionamiento del mercado impidiendo que alcance el equilibrio, permitiría promover la movilidad social y sería un factor de integración constitutivo de nuevos códigos de valor que impedirían el desencadenamiento de la violencia. Así, los niveles alcanzados por la violencia en América del Sur, necesitan un drástico cambio en la manera de concebir lo económico y su relación con lo social.

Anexo 1

MATRIZ DE CORRELACIONES

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