FORO
SOCIAL MUNDIAL TEMÁTICO
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS,
GUERRAS Y NARCOTRÁFICO*
RELATORÍA MESA DE CONTROVERSIA:
El significado real de la estrategia
antinarcóticos
Fecha: 19 de
Junio de 2003
Ponentes:
Alfio Foti. Vicepresidente de la Asociación Libera, Consorcio de la Sociedad Civil italiana de lucha contra las mafias. Italia.
Iara Ailgenfritz. Investigadora. Brasil.
Ricardo Vargas. Acción Andina. TNI. Colombia.
María Clemencia Ramírez. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Colombia.
Moderador:
Pedro Arenas. Representante a la Cámara. Congreso de la República. Colombia.
Relatores (as):
Martha Alicia Duque G. INDEPAZ.
Eduardo Olivar. INDEPAZ.
PEDRO ARENAS.
Hace una introducción
general al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, aprobado por el Congreso
destacando, que pretende la búsqueda de solución de conflictos, por la vía
militar, asociado con la estrategia del Presidente Álvaro Uribe de Seguridad democrática, eje
del Plan. La lucha contra los cultivos de uso ilícito, es parte fundamental de
la estrategia de Seguridad democrática.
Por intermedio del Consejo Nacional de
estupefacientes, que coordina la ejecución de la política
antidrogas, se han planteado fumigar hasta acabar con la última mata de
coca que se cultive.
Problemática y alternativas abordadas por los
Ponentes
ALFIO FOTI.
Se refirió a la experiencia de conformación del
movimiento antimafias en Italia, como punto de partida para construir estrategias
alternas al neoliberalismo.
Del movimiento antimafias, hacen parte alrededor
de 1300 grupos pluralistas, que buscan
la legalidad democrática y contra la corrupción.
Las políticas de prohibición han sido un fracaso. El
tráfico de drogas es la actividad más rentable. En Colombia llevan más de 6
años para destruir los cultivos de uso ilícito, bajo la política de Estados
Unidos, y ha conducido a violación de los derechos humanos y al crecimiento de
la pobreza y la concentración de la riqueza.
Anteriormente se hablaba de narcocracias,
hoy de Estados-narcos. La droga ha sido utilizada
para fortalecer la militarización y ocupación territorial en el marco de la
globalización neoliberal.
Por tanto, La antimafia social y política es un
imperativo.
Es preciso buscar la reducción del daño, la prevención
y rehabilitación se complementan con otras acciones.
Hay que establecer espacios de concertación con
comunidades e indígenas y proponer estrategias alternativas a Naciones Unidas,
para sustraer a las mafias de estas, pues la rentabilidad ha sido la prioridad
en las drogas.
Se esta imponiendo el fundamentalismo y desmantelando las economías locales y
destruyendo el patrimonio que pertenece a todos.
Se debe crear una instancia para que la sociedad se
organice y se desvincule de las actividades de cultivos de uso ilícito.
Aprovechar para construir otras alternativas, la reciprocidad, corresponsalía,
activar redes y manejar proyectos alternativos, en el ámbito social y de la
democracia.
En Italia se efectuaron 96 expropiaciones a mafiosos
que incluyeron tierras, para lo cual se recogieron firmas, a fin de que le
devolvieran a la sociedad, lo que le robaron.
La Caravana antimafia, fue un evento a destacar, el
cual aglutino alrededor de 50.0000 personas, como respuesta frente a las
masacres a los jueces italianos. Se viajo en el marco de la legalidad
democrática.
IARA AILGENFRITZ.
Su exposición se baso en una investigación realizada
sobre las drogas y el nuevo perfil de las mujeres prisioneras en el Estado de
Río de Janeiro, mediante entrevistas realizadas, en el año 2000, a 548 mujeres
condenadas (88% del total).
Geografía y economía del tráfico
-
Existen
tres comandos que dominan el tráfico: el grupo rojo, el tercer grupo y los
amigos de los amigos. Estos comandos dominan el poder dentro de las favelas, que se han convertido en puntos importantes de
ventas y distribución de drogas.
-
Condiciones
sociales: Existen diversas injusticias sociales. La población más afectada por
el uso de las drogas, son las personas de bajos recursos, sin embargo todas las
clases sociales hacen parte de este flagelo, tales como los universitarios que
consumen y pueden convertirse en
comercializadores de drogas.
-
Terrorismo: Se ha
incrementado como método contra la venta y consumo de drogas. La policía ha
utilizado métodos represivos, que generalmente son violentos, para evitar
la propagación de actividades denominadas ilegales.
Los resultados de la encuesta:
Ha sido alarmante el incremento de mujeres
encarceladas y condenadas. Las condenadas se incrementaron en 132% respecto al
año 1988. Se aumento el número de mujeres involucradas en narcóticos, de 32% a
56%, en el mismo periodo.
Ha sido también, alarmante el crecimiento de la población carcelaria. Los hombres pasaron
de 8.283 a 16.257 y las mujeres de 273 a 633. La población carcelaria femenina
se incremento en 131.9% y la de hombres en 96.3%.
Entre las motivaciones de las mujeres se señalan:
Influencia de terceros; dificultades financieras, falta de perspectivas de
empleo y atracción por altos salarios.
Según las evidencias registradas, las mujeres son más
vulnerables a las políticas de represión, porque son subalternas. La falta de
no pertenecer a una organización, dificulta negociar la libertad.
El 68% de las mujeres denuncian haber tenido una forma
de violencia por parte de policías civiles o militares.
La violencia policial se ha manifestado: En prácticas
abusivas contra familiares, 31% fueron asesinados sus compañeros, 20% tuvieron
por lo menos un hermano asesinado.
Brutalidad histórica (contra mujeres): 13.4% pasaron
por juzgados en la infancia o en la adolescencia: mas del 95% han sufrido
violencia intrafamiliar en la infancia, por parte de maridos o compañeros y/o
de policías civiles o militares.
Droga en presidios: Muchas mujeres denuncian que la
droga entra por medio de sobornos, es tolerada, también es utilizada como
intimidación en contra de quienes no la consumen.
Escolaridad: 80% sin estudios básicos completos, 12%
son analfabetas.
RICARDO VARGAS.
Presentó un esbozo de las políticas antidrogas, del
fracaso de las mismas y elementos para construir alternativas de resistencia
civil desde lo local.
En Colombia no
se ha aceptado la caracterización de una guerra civil, por el contrario se
habla de enfrentamientos que no tienen bien definidos los actores o agentes que
operan en el conflicto del país, según el pensamiento del gobierno del
presidente Álvaro Uribe.
En las guerras surgen diversos factores económicos y
sociales que van a marcar el rumbo de los enfrentamientos internos en el país.
Los elementos económicos mencionados se relacionan de
manera directa con la proliferación de
cultivos ilícitos, debido a que determinan una dinámica de guerra.
Con el presidente
Álvaro Uribe, se ha desencadenado una lucha contra la población, no distingue
combatientes y población civil, conllevando violación a los derechos humanos, recriminalización desde la producción hasta el consumo.
El hecho de identificar cultivos alternos como la
palma y los árboles es un reconocimiento de otras causas.
La guerra en sí hace intervenir diferentes instancias
tales como la política y económica, creando un gran número de políticas
públicas, encaminadas al control del conflicto. Sin embargo, estas políticas o
programas tales, como el Plan Colombia, crean una ausencia gradual de
gobernabilidad.
El incumplimiento de los pactos con la comunidad ha
conducido a la pérdida de credibilidad de las ONG, como entidades paralelas al
Estado desde el centro, desconociendo las condiciones locales. En vista de que
no son factibles los programas de desarrollo alternativo
financiados y contratados con las ONG por la AID, porque además no hay soberanía, se ha
impuesto ganar la soberanía por la vía militar.
La evidencia
indica, que las zonas de mayor inversión militar -con batallones- y económica,
han incrementado los índices de violencia, la injusticia y presentan una menor
gobernabilidad, por ejemplo el caso de Puerto Asís en el Departamento del Putumayo.
Por tanto, se requiere un replanteamiento de las
políticas del Congreso de Estados Unidos y extenderla a la mesa de donantes de
Europa que además posibilite un replanteamiento o veeduría de las actuales
políticas estadounidenses.
No existe una política de Estado contra las drogas,
cambia con los diversos gobiernos. El desarrollo alternativo ha sido un fracaso
por parte de las diferentes entidades o programas institucionales como Rede de
Solidaridad, Plante.
Las regiones quedan fumigadas, solas y con planes
desde Bogotá.
El gobierno central estigmatiza a los alcaldes y otros
funcionarios locales.
Los pactos de alternativas con la comunidad fallaron,
pero el Estado, tuvo un papel importante en su fracaso.
El proyecto de guardabosques – Guardasapos_,
se limita solo a reforestar, se simplifica la política ambiental. El que no
acepta reforestar se le fumiga.
Los paquetes represivos de soberanía, son un fracaso para la democracia, socavan la gobernabilidad. En síntesis, la guerra no es la salida al problema de la droga.
Alternativas.
Presenta lineamientos de alternativas partiendo de la
resistencia civil para construir otras alternativas desde lo local,
“Laboratorios de paz” que deben ser
concretadas en propuestas y proyectos a presentar a la mesa de Donantes, de la
Cooperación Europea.
Gran parte de las medidas aplicadas afectan el curso normal de las comunidades colombianas y su desarrollo. Tal es el caso de la población que sufre por las políticas de erradicación de cultivos en el país. En este sentido la única alternativa es la resistencia local, debido a que la interlocución de las soluciones que emanan de las pequeñas comunidades afectadas que conviven con el conflicto pueden ser mucho más benéficas sin caer en el desarrollo de lineamientos violentos o radicales, esta estrategia debe acompañarse de un soporte institucional, de programas preventivos y elementos ecológicos que vayan en concordancia con las soluciones planteadas.
Criterios para la cooperación internacional
Debe buscar la interlocución y el desarrollo de
programas con organizaciones y entidades del nivel local y regional, basada en
el fortalecimiento de la sociedad civil en esas áreas, apoyar propuestas tendientes a garantizar la
resistencia comunitaria frente a la guerra.
Propender por el fortalecimiento de los derechos
humanos, la gobernabilidad y reglas del juego claras del poder local y regional para la
participación comunitaria.
Debe condicionar su política y recursos a la
suspensión de las fumigaciones aéreas o usos de métodos biológicos, por sus
efectos nefastos, en la salud, el medio ambiente y las condiciones de vida de
la población, el fracaso de los paquetes militares, con pérdida de la
gobernabilidad y la democracia.
MARIA CLEMENCIA RAMÍREZ.
Presento un sucinto análisis de la nueva estrategia antinarcóticos
de militarización por parte de Estados Unidos en Colombia y la región Andina, y de algunos impactos, de
acuerdo a investigación adelantada para WOLA de Estados Unidos.
Estados
Unidos –EU- ha adoptado una política antidrogas de carácter militar,
para continuar garantizando su hegemonía militar en América Latina y el
Caribe.
Después del 11 de Septiembre y con el Gobierno de Álvaro
Uribe, se reorienta la política contra las drogas de Estados Unidos en Colombia,
como antiterrorista y contrainsurgente.
En este contexto se esta dando una militarización de
la política antidrogas en regiones colombianas
debido a que se permite utilizar los recursos destinados a la lucha antidrogas
para la represión a grupos al margen de la ley.
Asimismo, uno de los ejes de la ayuda americana a
Colombia se presenta por parte de Estados Unidos como una amenaza y defensa de
la democracia. En este sentido, el objetivo del Plan Colombia, es asegurar el
orden, proteger la sociedad civil, romper los lazos con fuentes de financiación
de la droga, fortalecimiento de los derechos humanos y de la Ley. En esta misma
dirección se ubica la Iniciativa Regional Andina.
De los recursos del Plan Colombia aprobado por EU en
2000, que ascienden a US$1.649.1 millones, están sustancialmente
destinados a incrementar la capacidad militar del Estado frente al movimiento
insurgente y el narcotráfico. El 74% se destina para el fortalecimiento militar
y policial, solo el 26% restante se destina para desarrollo alternativo (8%), ayuda
a desplazados (4%), derechos humanos (6%), reforma judicial(2%),
fortalecimiento del Estado de derecho (5%) y 1% para la paz.
Se han importado los modelos de fiscalía y desarrollo
alternativo. Se busca dar seguridad a la inversión extranjera, con acceso para
algunos productos del área Andina a Estados Unidos, a través del APTA (Octubre
31 de 2002), pero con la exigencia de
darle continuidad a la erradicación de los cultivos denominados ilícitos, y a la ampliación de la economía de mercado y
se exige mayor flujo a la inversión
extranjera directa. Otro mecanismo que consagra los intereses estadounidenses
es el ALCA, que se entrega como una alternativa favorable para los países
americanos, pero sin duda afecta los intereses de la región latinoamericana.
La reforma a la justicia, con la intervención y
recursos de EU, introduce la visión neoliberal
de pacificación con visos autoritarios (Rodríguez y Uprimny
2002-2203), en la medida en que es vista para el buen funcionamiento de los
mercados y dirigida a la penalización de
las drogas y en apoyo a la represión.
Se hace evidente que programas como el Plan Colombia,
a instancias y modalidades que van más acordes con una lucha antinarcóticos y
de erradicación de cultivos, que a responder a las necesidades internas de la
nación colombiana.
En resumen las anteriores políticas, antes que
contribuir a la profundización de la democracia y al respeto a los derechos
humanos, van a estar marcados por el proceso de militarización y de intervención
en los asuntos internos del país por parte de Estados Unidos, con perdida de
soberanía.
Puntos de encuentro
Aunque los ponentes se refirieron a diversas temáticas
de las políticas antidrogas y sus impactos y esbozos de alternativas, de las
exposiciones y respuestas se pueden colegir los siguientes puntos de encuentro:
La política contra las drogas en el marco del Plan
Colombia y la Iniciativa Regional Andina, agenciada por Estados Unidos, tienen un carácter
militar, después del 11 de Septiembre se reorienta y articula como una
estrategia antiterrorista y contrainsurgente.
En general los diversos programas y acciones
adelantadas en el contexto del Plan Colombia, erradicación área de cultivos, desarrollo alternativo, entre otros, han
fracasado, afectando la gobernabilidad, la democracia, las condiciones económicas
y sociales de la población, conllevando una mayor intervención de Estados
Unidos en los asuntos internos del país, con pérdida de la soberanía nacional.
Nota: No se presentaron disensos, posiblemente debido
a que no hubo participación de representantes del gobierno.
Temas emergentes
Ante el fracaso de las políticas antidrogas,
especialmente las agenciadas por Estados Unidos, surgieron como propuestas alternas
presentadas por expositores.
De acuerdo a la experiencia del movimiento antimafias
en Italia, se proponía retomar lo local, creando una instancia para que la
sociedad se organice y se desvincule de las actividades de cultivos de uso
ilícito. Aprovechar para construir otras alternativas, la reciprocidad, la corresponsalía,
activar redes y manejar proyectos alternativos, en el ámbito social y de la
democracia.
En la misma dirección de lo local, se sugirió construir
otras alternativas, partiendo de la resistencia civil, a manera de Laboratorios
de paz, buscando la interlocución y desarrollo de programas con organizaciones locales,
basada en el fortalecimiento a la sociedad civil, la gobernabilidad y la
democracia, apoyar la resistencia a la guerra, a la suspensión de las fumigaciones
aéreas, y proyectos alternos económicos y ecológicos integrales. La estrategia
debe estar acompañada de soportes institucionales gubernamentales. Se sugiere,
buscar el apoyo internacional europeo (mesa de donantes)
Martha Alicia Duque G.
Relatora Indepaz
Eduardo Olivar
Relator Indepaz
*
Centro de Convenciones.
Cartagena de Indias, Colombia.
Junio 16 al 20.