FUMIGACIONES INDUCEN MÁS SIEMBRAS DE CULTIVOS
ILÍCITOS EN COLOMBIA
Las fumigaciones aéreas sobre cultivos de uso ilícito no
se iniciaron en Colombia 10 años atrás sino hace más de 20 años. La producción
de cultivos de uso ilícito se inició en Colombia en los años sesenta con la
siembra de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y allí se realizaron
las primeras fumigaciones aéreas con paraquat, hacia
finales de la década de 1970, con desastrosas consecuencias ambientales y
sociales.
Estas fumigaciones fueron fuertemente rechazadas por la
ciudadanía norteamericana, por las preocupaciones sobre la contaminación de la
marihuana con residuos de paraquat, herbicida
extremadamente tóxico que causa fibrosis pulmonar; probablemente por esta
presión se suspendió en Colombia el uso de este herbicida en la erradicación de
cultivos de uso ilícito, pero aparentemente continúa usándose sobre la
marihuana en México. El cultivo de la marihuana perdió importancia en Colombia,
no por las fumigaciones sino por el establecimiento de la producción en Estados
Unidos, donde la marihuana se está sembrando en cantidades importantes sin que
se aplique la estrategia de erradicación forzada con fumigaciones aéreas.
En Colombia la marihuana fue sustituida en gran parte por
coca y amapola en las décadas de 1980 y 1990. La erradicación química
autorizada legalmente se inició en 1984 con la aprobación del Roundup[2] (glifosato + POEA[3]). Posteriormente se han propuesto y realizado
ensayos con otros herbicidas como tebuthiuron e imazapyr, incluso se propuso la dispersión del hongo
patógeno Fusarium oxysporum,
pero no han sido autorizados gracias a las fuertes acciones de la sociedad civil.
Colombia, único país americano donde se ha aceptado la
estrategia de la erradicación forzada con fumigaciones aéreas de Roundup y otros surfactantes como
CosmoFlux y CosmoInD,
es donde más han crecido las siembras, particularmente en 1999, año en
que el presidente Pastrana anunció el Plan Colombia.
Aquí cabe una comparación con el mercado de los agrotóxicos, los cuales causan graves impactos en nuestra salud, ambiente y economía, pero cuentan con la licencia de todos los Estados bajo la racionalidad de la ganancia y sus fabricantes no son tratados como criminales.
Al analizar la dinámica de las hectáreas de cultivos de
uso ilícito identificadas y las erradicadas durante el período 1992-2001, se
concluye que bajo fumigaciones las siembras anuales son mayores, porque tarde o
temprano el área erradicada ha sido sustituida e incluso superada.
Para calcular las nuevas siembras anuales a través de una
década se ha supuesto que cada año se inicia con las hectáreas netas del
anterior (cultivadas menos erradicadas), a las cuales se suman las nuevas
siembras que sustituyen las erradicadas y las adicionales necesarias para
alcanzar el área identificada del año. La posible influencia de las
fumigaciones sobre las nuevas siembras de coca se presenta en la Tabla y
Gráfica siguientes:
Nuevas
siembras anuales supuestas de coca bajo fumigaciones,y nuevas siembras teóricas sin erradicación
Año |
Coca identificada
(hectáreas) |
Coca erradicada
(hectáreas) |
Pasan al año
siguiente* |
Nuevas siembras anuales con fumigaciones** |
Nuevas siembras teóricas sin erradicación*** |
1992 |
37.100 |
944 |
36.156 |
|
|
1993 |
39.700 |
846 |
38.854 |
3.544 |
2.600 |
1994 |
45.000 |
4.904 |
40.096 |
6.146 |
5.300 |
1995 |
50.900 |
25.402 |
25.498 |
10.804 |
5.900 |
1996 |
67.200 |
23.025 |
44.175 |
41.702 |
16.300 |
1997 |
79.500 |
44.123 |
35.377 |
35.325 |
12.300 |
1998 |
78.200 |
66.289 |
11.911 |
42.823 |
-1.300 |
1999 |
160.119 |
43.111 |
117.008 |
148.208 |
81.919 |
2000 |
163.289 |
58.074 |
105.215 |
46.281 |
3.170 |
2001 |
144.807 |
94.152 |
50.655 |
39.592 |
-18.482 |
* Cultivadas
menos erradicadas.
** Diferencia entre el total de hectáreas identificadas en el año y las
que pasan del año anterior
*** Diferencia entre las hectáreas identificadas de un año y el inmediatamente
anterior.
La tendencia que se observa es que cada incremento en las
fumigaciones en un año, coincide con incrementos en las áreas identificadas del
año siguiente o los dos años siguientes, probablemente por el tiempo que se
requiere para los desplazamientos, la búsqueda de nuevas tierras, la tala de
selvas, la preparación de las nuevas siembras y el desarrollo inicial de las
plantas para ser identificadas por los sistemas satelitales.
Si este análisis preliminar es acertado, sólo después de
transcurridos los años 2002 y 2003, podrá evaluarse el impacto de las
fumigaciones de 2000 y 2001 en las nuevas siembras de coca. Esto puede
significar que si el nuevo gobierno no suspende fumigaciones para implementar
urgentemente estrategias diferentes a las de los 20 años anteriores,
perderá su oportunidad de innovar en este viejo, doloroso y creciente problema,
y no dispondrá del tiempo suficiente para llevar a cabo programas efectivos de
desarrollo alternativo sostenible, los cuales no prosperan bajo fumigaciones y
tampoco arrojan resultados en el corto plazo.
Con estas suposiciones se espera aportar elementos para que se inicie en el país un análisis más profundo y un debate amplio, sobre la real incidencia de la erradicación química contemplada en el Plan Colombia, sobre la expansión de los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y la violencia, en Colombia y hacia los países vecinos.
La Contraloría General de la República, a través de la
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, evaluó el periodo 1992 – 2000 de
la Política de Erradicación de Cultivos Ilícitos y el Plan Colombia, como
respuesta a su creciente preocupación en torno a la efectividad de los
programas y el elevado nivel de impacto sobre el medio ambiente y la salud de
la población. El informe se inició con un
claro resumen de la problemática: “En Colombia los cultivos de usos no lícitos surgen
bajo condiciones estructurales propicias para su desarrollo:
marginalidad y crisis permanente del sector agrario asociadas a factores
de acceso, tenencia y uso de la tierra. Campesinos y colonos ubicados en
regiones desprotegidas por el Estado, con bajos índices de calidad de vida, sin
servicios públicos ni infraestructura para modelar su desarrollo y que, en su
afán de subsistir y ante los bajos rendimientos que le ofrecen los cultivos de
la agricultura tradicional, ven como opción esta actividad, para la cual no se
deben preocupar por conseguir su mercado ni contar con infraestructura
necesaria para su distribución, debido a que estas actividades son realizadas
en otros eslabones de la cadena, jalonados todos por una constante demanda de
narcóticos.”
Quejas presentadas ante las Personerías Municipales y
otras entidades, que han sido canalizadas hacia la Defensoría del Pueblo en
Bogotá, indican que las fumigaciones con glifosato
con el objetivo formal de eliminar las plantaciones de coca y amapola han
sido destructivas para la población y su entorno. Miles de personas y decenas
de miles de hectáreas de cultivos alimenticios han sido destruidas.
La salud de miles de personas ha sido dañada. Al mismo tiempo, puede haber
efectos impredecibles de largo plazo que ni siquiera conocemos.
Sobre el Plan Colombia, se afirma que los recursos destinados al desarrollo alternativo son ínfimos (8% del aporte norteamericano), de tal manera que los objetivos resultan retóricos y las acciones son en su mayoría de naturaleza asistencialista, poco autosostenibles, con sentido de auxilio y no de autogeneración de recursos. Además, hasta el presente la erradicación forzosa no ha desestimulado la expansión de los cultivos ilícitos sino todo lo contrario, los ha estimulado. En cuanto al componente ambiental en el Plan Colombia, la citada evaluación concluyó que "no está debidamente considerado".
En mayo del presente año 2002 el gobierno norteamericano
comprobó el desvío de 2 millones de dólares de los dineros destinados a las
fumigaciones. La investigación permitió identificar irregularidades como viajes
sin autorización, supuestas empresas fachada, importación de raciones de
campaña no justificadas, excesos en compra de repuestos, excesos en gastos de
combustible, despilfarro, sobrecostos e ineficiencia
en el uso de los recursos. Estas irregularidades fueron claramente explicadas
por el jefe del Departamento de Asuntos Andinos del Departamento de Estado,
señor Chicola, en entrevista para el programa “La Noche” de RCN
el 15 de agosto de 2002. El señor Chicola además se
mostró tranquilo y confiado en que con algunos cambios administrativos los
controles van a mejorar en el futuro. La suma de 2 millones de dólares incluso
le pareció pequeña frente a la ayuda norteamericana, porque en un 80% a 90%
está representada en equipos como helicópteros y otros que Estados Unidos
compra directamente, y la parte de ayuda en términos de programas de asistencia
social se maneja de manera estrecha entre Estados Unidos y las entidades.
Los dineros que se destinan a la inútil erradicación química y a la corrupción, aunque para el gobierno norteamericano no representen mayor cosa, sí serían mucho más útiles si se destinaran al desarrollo sostenible en el campo y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, con suspensión total de las fumigaciones.
[1] Ingeniera agrónoma. Licenciada en biología y
química. Directora Ejecutiva RAPALMIRA. PAN-Colombia. Cali.
[2] El nombre comercial Roundup
corresponde a una familia de herbicidas de Monsanto,
formulados con base en el ingrediente activo glifosato
y el surfactante POEA. La diferencia entre estas
formulaciones radica en la concentración de glifosato
y/o en la del POEA o en la proporción de las aminas que lo conforman. Incluso
pueden añadirse otros surfactantes sin previo aviso,
lo cual se considera secreto comercial.
[3] POEA es la sigla del surfactante polioxietil amina
contenido en todas las formulaciones Roundup y en
otros herbicidas a base de glifosato. POEA es una
mezcla de aminas etoxiladas derivadas de grasa
animal, cinco veces más tóxico que el glifosato.
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