LA PROHIBICIÓN DE DROGAS,
DEL TABÚ MORAL A LA DESOBEDIENCIA
CIVIL
Martín Barriuso Alonso
“Las sinrazones que se soportan
pacientemente
cuando parecen inevitables se tornan
insufribles
una vez sugerida la idea de escaparse de
ellas.”
Alexis de Tocqueville
Resumen
El debate sobre la legalización de las drogas se
inicia poco después de la aprobación del Convenio Internacional de La Haya, de
1912, sin que los términos en que se plantea hayan variado apenas desde
entonces. Mientras, el sistema de prohibición, a pesar de las numerosas
críticas que recibe y de las abrumadoras evidencias de su carácter
contraproducente, se sostiene en pie con una fortaleza que solo se explica por
los intereses ocultos a los que realmente sirve, que lo convierten en rentable
a pesar de su aparente fracaso. Ello hace que los argumentos racionales se
estrellen contra ese complejo entramado de intereses, defendidos por la triple
estructura de la prohibición: tabú moral, norma legal y conflicto bélico. Por
otro lado, las tendencias globales que sostienen la prohibición van seguramente
a permanecer sin grandes cambios a medio plazo. En consecuencia, dado que las
razones se revelan insuficientes, solo la vía de la acción parece ofrecer
perspectivas de cambio inmediato en el necesario camino hacia la tolerancia y la
normalización.
En el presente trabajo se intenta analizar la
situación actual del debate sobre políticas de drogas y los retos que plantea,
para repasar luego someramente la actividad de los últimos diez años del
movimiento antiprohibicionista –especialmente el cannábico- del estado español
(en el que el autor ha participado activamente), una experiencia de respuesta a
las políticas prohibicionistas relativamente exitosa, cuyos elementos más
destacables han sido el asociacionismo de usuarios, la práctica de la
desobediencia y la colaboración con colectivos de diversos países que agrupan a
otros sectores afectados negativamente por la prohibición. A partir de ahí, se
pretenden encontrar líneas estratégicas que puedan servir al conjunto del
movimiento antiprohibicionista para superar la actual situación y tratar de
construir un modelo de mercado legal que provoque la menor cantidad posible de
efectos colaterales negativos para todos los eslabones de la cadena de
producción, transformación, venta y consumo de drogas ilícitas.
Legalización: ¿debate eterno?
Hace mucho que el debate sobre la legalización de
las drogas dejó de ser merecedor de tal nombre. La razón es simple: La
discusión la ganaron hace tiempo los enemigos de la prohibición. Por supuesto,
ganar la discusión no significa en absoluto haber ganado la lucha contra la
misma. Lo que ocurre es, sencillamente, que el discurso oficial no ofrece
respuestas consistentes a los argumentos antiprohibicionistas.
No es objetivo de este trabajo
entrar a analizar con detenimiento los argumentos que se oponen a la
prohibición mundial de drogas, pero sí que podríamos resumir dichos argumentos
en tres líneas principales. La primera, cuyo representante más conocido es el
estadounidense Thomas Szasz (1993), plantea que la pretensión de impedir por la
fuerza a personas adultas y capaces el consumo de cualquier sustancia es
ilegítimo y viola los derechos de las personas, permitiendo al Estado
inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia.
La segunda queda perfectamente
resumida en el título del manifiesto que varios cientos de personalidades de
todo el mundo hicieron público con motivo de la Sesión Especial sobre Drogas de
las Naciones Unidas de 1998: “Creemos que la guerra contra las drogas causa más
daño que las drogas mismas”. Otro manifiesto publicado al mismo tiempo, el de
la Coalición Internacional de ONGs por una Política de Drogas Justa y Eficaz,
resume esos daños en: a) muertes violentas y violación de derechos humanos
básicos; b) muertes y enfermedades por adulteración, transmisión de
enfermedades, mala dosificación, etc.; c) criminalización y marginación de las
mismas personas que dice querer proteger; d) daños al medio ambiente; e)
violaciones de la soberanía nacional; f) desgaste de fondos que podrían destinarse
a otros usos; y g) erosión del Estado de Derecho con órganos supranacionales
que escapan al control democrático y la extensión de la arbitrariedad y la
corrupción.
La tercera línea argumental es
la que plantea que la actual separación legal entre unas drogas prohibidas
sobre la base de su supuesta peligrosidad y otras que se permiten por su menor
riesgo, carece de base científica. Con frecuencia, estas tres líneas de
argumentación aparecen entrelazadas y constituyen la base ideológica de la
mayoría de grupos antiprohibicionistas del mundo.
Si miramos atrás, veremos que los primeros textos
contra la prohibición incluyen muchas de las razones arriba expuestas, aunque
sea, como era de esperar, en forma mucho más esquemática que en el presente. En
el caso de España, los primeros artículos de prensa de carácter
antiprohibicionista, obra del periodista republicano Carlos Esplá, datan de
1921. Al año siguiente, en Italia, el teórico anarquista Enrico Malatesta
rechaza las leyes contra la cocaína con argumentos que mantienen aún hoy todo
su vigor: “Cuanto más severas sean las penas impuestas a los consumidores y a
los negociantes de cocaína, más aumentará en los consumidores la atracción por
el fruto prohibido y la fascinación por el peligro afrontado, y en los
especuladores, la avidez de ganancia, que es ya ingente y crecerá con el crecer
de la ley”. Malatesta plantea como alternativa la liberalización del comercio
de cocaína combinada con campañas informativas acerca de sus peligros.
Como vemos, existe una continuidad entre el discurso
de los primeros críticos y los actuales, una continuidad que supera, incluso,
las teóricas barreras ideológicas entre izquierda y derecha. Frente a estos
discursos críticos cada vez más elaborados y fundamentados en datos científicos,
el discurso oficial mantiene también una desesperante inmutabilidad. De hecho,
la forma en que las instituciones responsables en la materia rechazan los
ataques dialécticos de sus opositores se reduce, fundamentalmente, a un
mecanismo que podríamos denominar “contestador automático” y que consiste,
simplemente, en repetir hasta la saciedad, independientemente de los términos
en que se plantee la discusión, una serie de
consignas oficiales que apenas han variado desde el nacimiento del
prohibicionismo organizado en los Estados Unidos del final del siglo XIX
(Escohotado, 1994).
Las instituciones internacionales encargadas del
control de las drogas ilícitas mantienen inalterados sus planteamientos, como
si nada de lo que se diga o haga pudiera hacer mella en su naturaleza
monolítica. Es bien significativo que el plan que el PNUCID (Programa de las
Naciones Unidas para el Control Internacional de Drogas) presentó en la Sesión
Especial sobre Drogas de 1998 se titulara “1998-2008: Un mundo sin drogas. Podemos
consegurilo”. Poco importa que los plazos para la completa y definitiva
erradicación de cultivos que se fijaron en la ya lejana Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961 (quince años para el opio y veinticinco para cannabis y
coca) hayan vencido y se hayan prorrogado una y otra vez. En cada ocasión, los
responsables del fracaso encuentran nuevos motivos para el optimismo y fijan un
nuevo lapso (Blickman, 1998), en lo que el New York Times, en su editorial
dedicado a la citada Sesión Especial del 98, denominó “reciclaje de políticas
irrealistas”. Por su parte, la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes condena año tras año en sus informes las políticas basadas en
la tolerancia de países como Holanda o Suiza y rechazan iniciativas de
reducción de riesgos de eficacia probada, como los programas de dispensación
controlada de heroína o las salas de consumo higiénico.
Una y otra vez, a pesar de que
hay un creciente número de gobiernos críticos, las resoluciones y programas que
los organismos de la ONU presentan a los países firmantes de los tratados
anti-droga se aprueban por unanimidad, mostrando hasta qué punto cuesta cambiar
las cosas en este campo. En este sentido, la prohibición global de drogas tiene
una enorme similitud con la Torre de Pisa: Desde antiguo había razones de peso
para asegurar que terminaría por caerse, pero generaciones enteras de pisanos
nacieron y murieron a sus pies sin que el momento de la caída llegara nunca.
Después, cuando se consideró que la situación era ya insostenible y se
adoptaron medidas, estas consistieron en ponerla más erguida, pero no del todo,
ya que para entonces había un gran interés (basado, sobre todo, en los ingresos
por turismo) en mantener la sensación de precariedad. De igual manera, si la torre
prohibicionista no acaba de caer ni de ponerse derecha es por la gran cantidad
de gente que obtiene beneficio de tan anómala situación. Por tanto, podemos
seguir debatiendo ad nauseam sin que el edificio prohibicionista llegue
a estar realmente en peligro[i][i].
La prohibición de drogas: Ley, tabú y
guerra.
Aunque la prohibición de drogas se plasma en una
larga serie de normas legales que van desde las citadas convenciones de las
Naciones Unidas hasta bandos municipales, pasando por Códigos Penales y legislación
administrativa de ámbito estatal y regional, lo cierto es que se trata de un
fenómeno que abarca no solo el derecho, sino la moral, la economía y otros
numerosos ámbitos de la vida social. Las dificultades para ir avanzando hacia
la legalización tienen mucho que ver con el hecho de que el tratamiento que
recibe el fenómeno de la producción, venta y consumo de drogas ilegales vaya
mucho más allá del que suele corresponder a la persecución de la mayoría de
delitos y faltas.
La prohibición de drogas es una materia que no solo
atañe a la razón sino que toca sentimientos de amplias capas de la población de
muchos países. Aunque la existencia de una prohibición global de drogas sea un
fenómeno del siglo XX, lo cierto es que la existencia de tabúes o prohibiciones
de ciertas formas de ebriedad es mucho más antigua. La cultura occidental,
merced a la influencia de la moral judeo-cristiana, ha levantado un tabú moral
en torno a ciertas sustancias desde hace siglos, y los fenómenos de
prohibición, a veces transitoria, de drogas ajenas a la propia cultura –como
sucedió con el café o el tabaco- han sido recurrentes. Diversos estudios
antropológicos parecen demostrar que algunas de estas prohibiciones, referidas
sobre todo a drogas visionarias o alucinógenas, han llegado incluso a
incorporarse al inconsciente colectivo (Fericgla, 1994).
Todo ello, unido a décadas de propaganda
prohibicionista –incluyendo la difusión sistemática de noticias alarmistas,
generalmente infundadas, algo especialmente notorio en el caso del cannabis
(Herer, 1995)- ha llevado a que las drogas prohibidas provoquen miedo y asco a
millones de personas, haciendo difícil el diálogo abierto sobre las mismas,
estigmatizando a quienes tienen contacto con ellas y fomentando la falsa imagen
social de que ciertas sustancias funcionan como una infección microbiana capaz
de invadir y dañar un cuerpo social sano[ii][ii]. En este sentido, si comparamos las
características de un tabú moral y una prohibición legal típicos (ver cuadro) comprobaremos
que la prohibición de drogas presenta simultáneamente características de ambos.
|
Prohibición. 1. Se basa en la razón. 2. Tiene un carácter
dialogado y adaptable a la realidad. 3. Es convencional y
provisional. 4. Protege un bien
jurídico y combate delitos o faltas. 5. Se limita a hechos concretos 6. Los transgresores siguen siendo sujeto de derechos |
Tabú. 1. Apela a los sentimientos. 2. Se considera indiscutible e inmutable. 3. Se considera natural
y, por tanto, invariable en el tiempo 4. Protege un valor
moral y combate un vicio. 5. Tiene un carácter abstracto y abierto 6. Quienes lo transgreden pierden los derechos que les
correspondieran |
En efecto, tanto la imagen
social de las drogas ilícitas como su tratamiento legal superan el marco de la
prohibición para adquirir características en principio privativas del tabú. Hay
numerosos hechos que sustentan esta afirmación para cada uno de los puntos
citados en el cuadro anterior, entre los que cabe citar:
Los informes científicos que
sistemáticamente han venido cuestionando la validez científica de la actual
división entre drogas lícitas e ilícitas no han provocado modificaciones en la
ley. La alarma social, real o ficticia, ha sido el criterio que ha primado
históricamente a la hora de ampliar las listas de drogas prohibidas: Se prohíbe
lo que asusta a la sociedad, no lo que la daña. Para alimentar esa alarma
social, la propaganda oficial utiliza constantemente recursos sentimentales.
Las campañas dirigidas a disuadir del consumo suelen utilizar mensajes muy
impactantes e imágenes escabrosas, incluso repugnantes, intentando asociar
siempre droga con muerte, sangre, sufrimiento, etc. También son constantes las
alusiones a la infancia, así como imágenes tremendistas en las que aparecen
niños, en algunos casos consumiendo drogas[iii][iii].
En muchos países se considera delito el presentar
las drogas prohibidas desde un prisma favorable, así como cualquier conducta
que pueda interpretarse como apologista, estando vetados los mensajes
antiprohibicionistas.
Las listas pretender tener una validez tan duradera
que han llegado a incluir sustancias aún sin sintetizar y, por tanto, de
propiedades desconocidas.
La Convención Única de 1961, matriz de la
Prohibición vigente, dice estar destinada a proteger la salud, no solo física,
sino también moral, de la Humanidad.
Los delitos contra la salud pública suelen ser de
tipos abiertos y peligro abstracto. En otras palabras, no precisan consumarse y
abarcan cualquier conducta que se considere que puede favorecer, aunque sea
indirectamente, la comisión del delito.
Son numerosos los mecanismos excepcionales que se
prevén para los delitos relacionados con drogas prohibidas, que van desde la
confiscación y subasta de bienes previas a la existencia de sentencia firme, hasta
la inversión de la carga de la prueba -que lleva a veces a la presunción de
culpabilidad-, pasando por la entrada en el domicilio sin mandamiento judicial
o el encarcelamiento preventivo incondicional. Por otro lado, es frecuente la
privación de derechos sociales a las personas condenadas y a su entorno.
Por otra parte, la Prohibición tiene un carácter
netamente bélico. Aparte de la declaración formal de “guerra contra las drogas”
que el presidente estadounidense Nixon realizara en 1973, todo indica que,
efectivamente, nos encontramos ante un conflicto que reúne todas las
características necesarias para ser considerado como una guerra. En efecto, la
masiva participación de militares en las tareas anti-droga, los medios técnicos
empleados –que van desde satélites artificiales hasta fumigación masiva con
pesticidas, pasando por artillería o helicópteros- y otra serie de elementos
típicos como la existencia de estrategias, espionaje, etc., apuntan sin duda
hacia una guerra clásica.
Sin embargo, el resto de
elementos hacen de esta una guerra difusa, dado que dice combatir algo tan
atípico como una serie de plantas y de sustancias químicas y que carece de
frente de batalla o retaguardia (nota guerra terrorismo). Como es evidente que
no se puede librar una guerra contra seres inanimados, el enemigo no es otro
que las personas que producen, transportan, venden y consumen las drogas
proscritas. Con excepción de quienes pertenecen a algún grupo armado -sea
estatal, paraestatal, insurgente o mafioso- de los que controlan sectores de la
producción y venta de algunas drogas, la gran mayoría de esas personas no
poseen armas ni oponen resistencia violenta alguna, lo que convierte a esta
guerra en excepcionalmente asimétrica, comparada con aquellas a las que estamos
acostumbrados (aunque, tras la Guerra del Golfo y la reciente invasión
estadounidense de Afganistán, tal vez deberíamos decir que estábamos acostumbrados).
A falta de un cómputo global fiable,
no parece exagerado afirmar que, como consecuencia de las políticas de
fiscalización internacional de drogas, miles de personas mueren todos los años
tanto en operativos policiales y militares como en ejecuciones legales e
ilegales en numerosos países, millones se hallan encarceladas en todo el mundo
por delitos relacionados con las mismas, y decenas de millones sufren todo tipo
de daños, que abarcan desde la violencia física hasta el desplazamiento
forzoso, además de restricción de derechos ciudadanos básicos, limitaciones a
la libre circulación, ataques a su salud y a su medio ambiente, etc. Si
añadimos la influencia decisiva que la prohibición de drogas ha tenido en
diversos conflictos armados de corte clásico, pagando armas y tropas,
financiando operaciones encubiertas y provocando combates para controlar zonas
de cultivo ilícito, nos encontraremos con que la guerra contra las drogas ha
sido una de las más cruentas y destructivas del siglo XX y, si las cosas no
cambian, tal vez también del XXI. Si a todo lo anterior le sumamos los daños
sanitarios y sociales debidos a adulteraciones, transmisión de enfermedades
infecciosas y otros efectos secundarios de la vertiente “civil” de la
prohibición de drogas, la conclusión es que nos hallamos ante una catástrofe de
dimensiones planetarias, una catástrofe perfectamente evitable, cuyo origen se
halla en una serie de políticas deliberadas cuyos efectos nocivos son conocidos
desde hace años por sus responsables. Por tanto, no parece exagerado afirmar
que la prohibición de drogas, en su forma actual, es un crimen contra la
Humanidad.
Los
puntales de la torre inclinada.
A pesar de que la idea de que
las actuales políticas de drogas son un fracaso está cada vez más extendida,
los responsables últimos de estas atrocidades siguen teniendo una elevada
consideración social, siendo percibidos como benefactores de la Humanidad que
se esfuerzan por liberar a la misma de los peligros de “la droga”, una amenaza
omnipresente que, como ya hemos dicho, se hace aparecer con todas las
características de una epidemia capaz de propagarse por sí sola. Ello es debido
a la triple estructura (norma, tabú y guerra) de la que acabamos de hablar, un
mecanismo análogo al de la caza de brujas en la Europa de los siglos XIII al
XVII[iv][iv]. Productores,
vendedores y usuarios de drogas desempeñan así el rol de chivo expiatorio
(Szasz, 1985), de forma que, igual que la originaria caza de brujas sirvió para
frenar la ola de sublevaciones militar-mesiánicas provocadas por las enormes
desigualdades sociales de la época (Harris, 1974), la actual guerra contra las
drogas juega un papel fundamental como cortina de humo para ocultar las
verdaderas funciones de las políticas de control de drogas. Si ya es difícil
parar una guerra, más aún lo es si va envuelta en la cáscara protectora de un
tabú ancestral que el aparato propagandístico alimenta sin cesar. De esta
manera, la legislación prohibicionista goza de la protección de un doble
blindaje.
Los intereses que oculta la
prohibición son numerosos, algunos de ellos no demasiado evidentes[v][v]. Por un
lado están los beneficios económicos y políticos que obtienen directamente los
estados. La guerra contra las drogas permite justificar la aprobación de
legislaciones excepcionales de control social y la persecución contra grupos
étnicos o inmigrantes con la excusa del narcotráfico; reduce el control en
materia de derechos humanos; incrementa los poderes de jueces, policía y
ejército; proporciona ventajas en el terreno de la diplomacia; y aporta
ingentes cantidades de dinero totalmente opaco con el que financiar operaciones
encubiertas o enriquecer a las clases dirigentes. Por otra parte, estas
políticas generan un enorme aumento de precios, incrementando la dinámica de
acumulación de capital, a la vez que protegen ciertos monopolios farmacéuticos de facto. Además, se ha creado un enorme
entramado parainstitucional, formado sobre todo por ONGs, que se podría
denominar lobby preventivo-asistencial,
que obtiene grandes sumas de dinero e influencia social, a la vez que controla
los mensajes que la sociedad civil recibe en torno a las drogas.
Si a todo lo anterior le
añadimos el hecho de que las instituciones internacionales encargadas de
elaborar y aplicar las políticas de control de drogas carecen de un control
democrático efectivo y dan crecientes muestras de corrupción, y le sumamos que
los Estados Unidos, primera potencia mundial y principal promotor de la guerra
contra las drogas, refuerza su papel de liderazgo, estableciendo un férreo
control en la materia y justificando intervenciones policiales y militares en
el exterior (Nadelmann, 1993), comprenderemos porqué la torre da tan pocas
muestras de tambalearse a pesar de la enorme cantidad de razones que parece
haber para que tal cosa suceda.
En realidad, la afirmación de
que la prohibición de drogas ha fracasado, algo que oímos repetir con creciente
frecuencia, es errónea. La prohibición solo ha fracasado si nos empeñamos en
creer que se trata de un medio dirigido a la consecución de los fines
declarados en las convenciones internacionales: La protección de la salud
física y moral de la humanidad en la de 1961 o la desaparición del tráfico
ilícito en la de 1988. Pero si cambiamos el punto de vista y consideramos que,
en realidad, la prohibición es un fin en sí misma, analizando hasta qué punto
sirve eficazmente para proteger una
serie de intereses económicos y políticos, descubriremos que prohibir ciertas
drogas ha sido para muchos el “gran negocio del siglo” (Markez, 1994). Así que
lo que sucede en realidad es que la prohibición cumple muy diversos objetivos,
solo que esos objetivos nunca aparecen en los discursos ni en los informes
oficiales porque, evidentemente, son inconfesables.
No quiero terminar este apartado
sin poner un ejemplo concreto que ilustra a la perfección lo que acabo de
exponer, dado que incluye varios de los apartados arriba mencionados. Además,
se trata de un ejemplo de total actualidad tras los atentados terroristas del
11 de septiembre de 2001 y la posterior invasión estadounidense de Afganistán.
Es el que podríamos llamar “caso Dil Jan Khan”. Según su biografía oficial[vi][vi], este
pakistaní comenzó su carrera, allá por 1978, como consejero de la embajada de
su país en Afganistán, para convertirse, tras la invasión soviética, en el
máximo responsable de la frontera entre ambos países, de 1980 a 1993. Durante
ese período, Afganistán aumentó paulatinamente su producción de opio, hasta
convertirse en el primer productor mundial. El destino final de la heroína que
se obtenía del mismo no era otro que los Estados Unidos (Labrousse, 1994),
donde el presidente George Bush padre aseguraba, en 1989, que “construiría
todas las cárceles que fueran necesarias para encerrar a los narcotraficantes”.
Este tráfico, casi en su
totalidad, se producía a través de la frontera pakistaní, cuyo régimen lo
toleraba abiertamente a instancias del propio gobierno norteamericano, que
consideraba a la resistencia afgana un valioso aliado frente a la URSS y al
Irán del ayatollah Jomeini. La propia agencia anti-droga estadounidense, la
DEA, reconocía en sus informes que los grupos afganos participaban directamente
en el tráfico a escala local e internacional. Con el dinero obtenido se pagaban
buena parte de las armas empleadas por la resistencia islamista, así como las madrassas, las escuelas coránicas donde
se educaba, con los textos religiosos proporcionados por Arabia Saudí como
único material didáctico, a los huérfanos de guerra recogidos por la
resistencia (la guerra dejó sin padres a 220.000 niños) que acabarían
convirtiéndose en los recientemente
derrocados talibanes. Pero eso sería años más tarde. En aquel momento, a
caballo entre la década de los ochenta y los noventa, los futuros talibán eran
aún niños, el responsable de la frontera era el citado Dil Jan Khan y el contacto
de los servicios secretos pakistaníes con la resistencia al otro lado de la
frontera era un príncipe saudí, ahora famoso, llamado Ossama Bin Laden.
Todos sabemos (o, al menos, eso
nos han contado) cómo ha terminado Bin Laden. De hecho, se podría decir que la
llamada “guerra del mundo contra el terrorismo” se ha desatado por un conflicto
entre el país promotor de la “guerra contra las drogas” y uno de sus antiguos
subordinados-aliados en la misma. Dil Jan Khan, en cambio, ha permanecido fiel.
A pesar de que bajo su jurisdicción circularon los que probablemente sean los
mayores alijos de opio y heroína de la historia -¿o acaso sería mejor decir que
precisamente gracias a ello?-, este individuo llegó a convertirse en uno de los
trece miembros de la JIFE. En 1998, en la época de la Sesión Especial sobre
Drogas de la ONU, justo cuando la erradicación del opio en Afganistán era la
prioridad número uno del PNUCID, Jan Khan era nada menos que vicepresidente
primero de la JIFE, órgano encargado de fiscalizar las políticas
gubernamentales y garantizar el cumplimiento de los objetivos de las
convenciones internacionales en materia de drogas. En el momento de redactar
estas líneas, mientras George Bush Jr. lidera una nueva cruzada mundial, Dil
Jan Khan es aún miembro de la misma, mostrando hasta qué punto la defensa de la
“salud física y moral de la Humanidad” se ha convertido en un sarcasmo y
ayudándonos a entender las razones por las que la JIFE es tan hostil a todo lo
que huela a legalización de las drogas.
La
reducción de daños: Los límites del freno de emergencia.
Merece la pena detenerse aquí un
momento para examinar la que para muchos es una posible vía de salida a la
situación de bloqueo en que nos ha colocado el prohibicionismo: las llamadas
políticas de reducción de daños o de riesgos. Desde que hiciera aparición el
concepto de “reducción de daños”, sus defensores han solido presentarlo como
una “alternativa radical” (O’Hare et al., 1992) a las políticas habituales en
materia de drogas, basadas en la abstinencia como objetivo final. En efecto, la
idea de reducir al mínimo tanto los riesgos como los daños, en lugar de
insistir en eliminar el consumo a costa de aumentarlos, es un giro casi
copernicano en el terreno conceptual y ha permitido avances muy significativos.
No obstante, este tipo de políticas se enfrenta a numerosas limitaciones y
paradojas que la convierten, en la práctica, en una medida paliativa, necesaria
pero no suficiente, frente a los estragos de las políticas prohibicionistas.
En primer lugar, las políticas de reducción de daños
abarcan solo una parte muy pequeña de los daños que tendrían que combatir
(Barriuso, 2000). Aunque se suele hablar de “daños relacionados con las
drogas”, sería más adecuado decir “relacionados con el consumo de drogas”.
Tanto los programas de dispensación controlada de sustancias (sea heroína,
metadona, buprenorfina u otras), como los programas de intercambio de
jeringuillas, las salas de consumo higiénico o los escasos programas de testado
de sustancias responden a problemas de las personas situadas en el último
eslabón de la cadena, dejando de lado los daños relacionados con la producción
y el tráfico, algunos muy importantes.
En segundo lugar, los programas desarrollados hasta
el momento se han centrado, fundamentalmente, en usuarios de opiáceos y/o por
vía inyectada, dejando fuera a la mayor parte de consumidores, especialmente al
numeroso colectivo que utiliza el cannabis. Con escasas excepciones, las
actuaciones se han centrado en aquel sector de consumidores de drogas ilícitas
que se aparta menos de los estereotipos de dependiente-enfermo-persona con
problemas.
Pero la principal limitación de las políticas de
reducción de riesgos y daños es el carácter paradójico que tienen en el marco
legal actual y las contradicciones entre sus objetivos y los de las leyes
penales. La paradoja consiste en que, en realidad, los daños que se pretende
reducir están provocados, fundamentalmente, por la prohibición. Si ha habido
dificultades para conseguir jeringuillas limpias es porque primero se decidió
impedir el acceso a las mismas a los usuarios. Si las sustancias están
adulteradas, es por la falta de control de calidad a causa de la ilegalidad.
Por tanto, se trata de paliar errores debidos a políticas que se mantienen
vigentes y que, en muchos países, suponen constantes obstáculos legales al
desarrollo de muchos programas en este terreno. En realidad, si la idea de la
reducción de daños fuera el principio rector de las políticas de drogas, la
primera medida a adoptar sería terminar con las actuales políticas
prohibicionistas.
Todo lo anterior no significa, por supuesto, que las
políticas de reducción de daños no sean un instrumento valioso para mejorar la
deficiente situación actual, pero está claro que su carácter de “alternativa
radical” hace que solo sean viables en la medida en que renuncien a cuestionar
a fondo la legislación penal. Es evidente que las políticas de reducción de
daños pueden suponer avances positivos en la imagen social y en la calidad de
vida de las personas usuarias de drogas y favorecer políticas más tolerantes y
menos represivas, pero también es cierto que muchas de ellas son perfectamente
asumibles desde el discurso oficial, que habla de la necesidad de castigar el
tráfico mientras se asiste a los usuarios, soslayando, entre otros, el debate
sobre la legalización. De esta forma, buena parte de la opinión pública llega a
aceptar como necesarias ciertas prácticas de reducción de daños, sin cuestionar
en ningún momento la premisa prohibicionista.
Aún así, la reducción de daños y riesgos no lo va a
tener fácil ni en el mejor de los casos. No hay que olvidar que se trata de un
planteamiento que se encuentra afianzado en muy pocos países del mundo, y que
en los documentos de la Sesión Especial de la ONU de 1998, cuando se habla de
las prioridades para los siguientes diez años, no se menciona ni una sola vez
la reducción de daños. Y todavía solo ha transcurrido la mitad de ese plazo.
Mirando en perspectiva
Todo indica que las tendencias geopolíticas y
económicas globales que favorecen el mantenimiento de una legislación de drogas
netamente prohibicionista no solo van a mantenerse en el futuro, sino que es
probable que se acentúen. La situación internacional creada tras los atentados
del 11-S refuerza la tendencia al liderazgo de los Estados Unidos, lo cual,
visto el papel que este país ha jugado en la guerra contra las drogas, no puede
significar más que una mayor presión para hacer aceptar la idea de que, si las
políticas prohibicionistas no han dado los resultados apetecidos, se debe a que
no se han aplicado con la suficiente intensidad y dureza.
La estructura de las instituciones responsables de
las políticas mundiales de drogas, por otra parte, no favorece en absoluto un
cambio. Si hay un terreno en el que la tan traída y llevada globalización, en
su peor acepción, es una realidad boyante desde hace tiempo, ese es el de las
sustancias ilícitas. Décadas de tratados internacionales de obligado
cumplimiento en todo el mundo, construidos al dictado de unas pocas potencias
interesadas, han llevado a una estructura vertical y centralizada, donde la
posible participación ciudadana democrática tiene que atravesar tantas cribas y
barreras que difícilmente llegarán a influir en las grandes decisiones. La
burocratización y corrupción de organismos como el PNUCID o la JIFE es tan
evidente que nadie puede creer que desde allí llegue ningún tipo de propuesta
realista. Como ya dijo alguien, “no hay nada más difícil que convencer a
alguien cuyos ingresos dependen de no dejarse convencer”.
De momento, además, no parece haber un gran
movimiento de oposición, al menos no de la entidad suficiente como para poder
provocar cambios significativos. A pesar de que hace ya muchos años que
apareció, el discurso antiprohibicionista es aún disperso y poco consistente,
con abundantes aportaciones individuales o de grupos aislados, pero pocas
organizaciones amplias dotadas de unas ideas-fuerza bien estructuradas. El
intento más consistente hasta el momento ha sido la ya mencionada Coalición
Internacional de ONGs por una Política de Drogas Justa y Eficaz, constituida en
1998 por más de 100 grupos de 25 países, que, tras un periodo de letargo, se ha
puesto nuevamente en marcha y continúa realizando campañas públicas y labor de
lobby, sobre todo a nivel europeo. Pero la influencia de la Coalición es muy
limitada y, además, aún habrá que ver cómo afronta en el futuro la enorme
pluralidad ideológica que alberga en su interior.
Un asunto especialmente llamativo es la ausencia de
la cuestión de las drogas en los foros en los que se ha venido gestando el
llamado movimiento anti-globalización. La existencia de una guerra mundial
contra las drogas parece no ser percibida por este movimiento, acaso porque las
políticas anti-drogas -antiguas, afianzadas y respaldadas por un consenso
social que en muchas regiones del mundo nadie osa cuestionar- aparecen ante
muchos como una especie de telón de fondo, en apariencia inmutable, frente al
que no se concibe siquiera la posibilidad de enfrentarse organizadamente.
Las posturas mantenidas durante muchos años desde la
izquierda política tradicional, poco alejadas en general de las ideas
dominantes, han contribuido a que este tema apenas figure en las agendas de
debate y movilización. Es significativo que ni el Foro Social Mundial de Porto
Alegre ni el Europeo de Florencia le hayan prestado apenas atención a la
cuestión de las políticas de drogas. Entre los cientos de foros y talleres
programados en ambos eventos durante 2002, las drogas solo figuraron en dos o
tres, que se celebraron además fuera de los recintos principales, reuniendo
apenas a un puñado de interesados.
Por otra parte, todo parece indicar que los posibles
cambios a escala global se producirán, si es que se producen, de forma que
afecten en la menor medida posible a los intereses de los grupos de presión que
actúan en este terreno. El ritmo desesperantemente lento al que se están
produciendo los cambios en el terreno del cannabis medicinal, incluidos saltos
atrás, y la forma en que se modifican las listas de sustancias sometidas a
fiscalización son un aviso de por dónde deberá ir cualquier cambio que pretenda
tener el visto bueno de los organismos de las Naciones Unidas (y lo mismo vale,
aunque con matices, para la Unión Europea): Tras años de presión social y
mediática, y ante las abrumadoras evidencias científicas acerca de que
efectivamente el cáñamo, como se sabía desde antiguo, posee numerosos usos
terapéuticos y paliativos, se termina por autorizar, en un lento goteo, solo
principios activos aislados, especialmente los sintéticos, sometidos a patente
y que solo pueden producirse en el laboratorio.
Aunque son mucho más caros y se ha demostrado que en
numerosas patologías son menos eficaces que los cannabinoides naturales, en los
pocos países donde se va permitiendo el uso de derivados del cannabis con fines
medicinales se suele optar por los cannabinoides sintéticos, mientras se sigue
castigando, incluso con la cárcel, el simple cultivo de marihuana para el
propio consumo. No es arriesgado suponer, dado que muchas firmas farmacéuticas
han realizado importantes inversiones en la investigación sobre aplicaciones
del cannabis (Markez et al., 2002), que en los próximos años asistiremos a la
aparición en las farmacias de un número creciente de preparados farmacéuticos a
base de cannabinoides seleccionados por carecer de efectos psicoactivos,
mientras se mantiene la presión represiva sobre el cáñamo, sobre todo el
destinado al uso recreativo[vii][vii]. Es muy probable que asistamos al mismo
proceso cada vez que se descubran en una sustancia ilícita propiedades
terapéuticas que sean susceptibles de explotación comercial a gran escala.
Por tanto, es poco probable que los posibles cambios
a corto y medio plazo procedan de las instituciones internacionales.
Prácticamente todos los avances que se han producido en las últimas décadas en
el terreno de la normalización y de la reducción de daños, cuyo principal
escenario ha sido Europa, se han producido a escala local o regional. La
tendencia a que cuanto más gigantesca y lejana sea una institución, más
propensa se muestre a la corrupción, la inercia y la opacidad es un fenómeno
extendido a todas las cuestiones políticas. Pero el hecho de que las normas
sobre drogas estén férreamente jerarquizadas a partir de convenios globales
prácticamente inamovibles desde hace décadas hace que el margen de maniobra de
los estados, los gobiernos regionales y los ayuntamientos sea escaso en el caso
de las drogas ilícitas.
Cada vez que una institución intenta dar un paso hacia
la normalización de las drogas, suele encontrar numerosos obstáculos
procedentes de las instancias superiores. A los ayuntamientos y gobiernos
regionales les ponen freno los estados y a los estados los organismos
internacionales, mediante un mecanismo muy eficiente que hace que cualquier
experiencia especialmente novedosa se encuentre siempre con un auténtico
calvario legal. De esta manera, puede costar casi diez años poner en marcha un
simple ensayo clínico con heroína, como ha sucedido en Andalucía, dado que las
convenciones prevén unos mecanismos de fiscalización diseñados expresamente
para dificultar cualquier actividad contraria a las directrices
prohibicionistas dominantes.
Con este panorama, hay pocas razones para el
optimismo. Si bien es probable que la reducción de riesgos experimente una
paulatina extensión en los próximos años, avance que cabe esperar que será
lento, las líneas maestras de las políticas anti-drogas pueden no cambiar en
décadas. El prohibicionismo, igual que el neoliberalismo, parece estar ahí para
quedarse algún tiempo. La cuestión, por tanto, debería ser qué se puede hacer
para que algo cambie en estos tiempos de inmovilismo internacional.
La prohibición no atiende a razones
Este es el desolador panorama al que se enfrenta el
movimiento antiprohibicionista a escala mundial. Sin embargo, la situación no
es en absoluto uniforme en todos los lugares. Puede que tengan razón quienes,
como decíamos antes, creen que la prohibición es, hoy por hoy, una especie de
telón de fondo inamovible. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada
para cambiar el resto del escenario, algunas luces y, sobre todo, el guión que
interpretan los numerosísimos actores que intervienen en un fenómeno que
involucra a tantas instancias sociales y políticas diferentes. El tener en
contra al director o al responsable del decorado, incluso el hecho de que el
guión principal esté claramente censurado, no impide que se pueda meter alguna
que otra “morcilla” en el texto y tratar de que aparezcan nuevos elementos en
escena, elementos que, si se mantienen bajo los focos tiempo suficiente, pueden
llegar a captar la atención e incluso el apoyo del público, que es quien, en
última instancia, paga para que la función continúe.
Los años venideros van obligar a quienes desean
cambian de raíz las políticas de drogas a realizar tareas muy variadas. Por un
lado, está claro que hay que persistir en la construcción de un discurso
coherente y bien fundamentado frente a la prohibición, un discurso que huya de
los argumentos facilones y evite el apologismo, a fin de poder agrupar a
sectores lo más amplios posibles, no solo de la opinión pública en general,
sino especialmente a los más vinculados con el fenómeno de las drogas y a los
colectivos directamente afectados por las políticas actuales. Sin embargo, no
se trata ya tanto de argumentar porqué es mala la prohibición, sino de pensar
alternativas concretas e idear y difundir estrategias destinadas a ponerlas en
marcha.
Además, este campo de las alternativas concretas es
un reto especialmente importante para quienes tratan de parar la guerra contra
las drogas desde posiciones críticas hacia el vigente orden internacional. Los
antiprohibicionistas partidarios del neoliberalismo dominante, en cambio, no
necesitan alternativas: Según ellos, no es necesaria regulación alguna, ya que
las leyes del mercado se encargarán de regular las cosas[viii][viii]. Sin embargo, quienes plantean un cambio
radical deberían ir pensando desde ahora en dónde piensan aterrizar cuando
llegue la hora de descender a la realidad de cada día. Sobre todo, si pretenden
que su discurso sea creíble para una buena porción de la sociedad.
Pero está claro que la simple construcción de un
discurso fuerte no basta. Existen un número increíble de argumentos de peso a
favor de un marco legal no prohibicionista, con una cantidad ingente de
publicaciones donde expertos en todo tipo de materias se muestran a favor del
mismo, pero eso no ha hecho que nos encontremos por ello más cerca del fin de
la prohibición que en 1921, incluso puede que más lejos. Ni siquiera la masiva
difusión de estos argumentos, incluso cuando se produce su aceptación entre una
buena parte de la opinión pública, garantiza para nada la viabilidad del cambio
y menos aún su continuidad en el tiempo. Las promesas de cambio de política en
materia de drogas –especialmente de la marihuana- formuladas por el presidente
norteamericano Jimmy Carter en los 70, igual que la política de relativa
tolerancia de entre 1983 y 1988 por parte del gobierno del PSOE en España, son
una muestra de cómo, al generarse la expectativa de un cambio inminente de
arriba abajo, de la mano del propio estado, se produce una desmovilización de
los sectores sociales que impulsaron ese cambio y la situación se desequilibra,
dado que los gobiernos nacionales, una vez que cesa la presión social, suelen
tener que ceder con relativa rapidez a las presiones internacionales que, como
hemos visto, surgen de un poderoso aparato construido expresamente con ese fin.
Buscando brechas en el muro: diez
años de experiencias antiprohibicionistas en el estado español
La situación de salto atrás que se produjo cuando el
gobierno de Felipe González ratificó la Convención contra el Tráfico Ilícito de
1988, seguida apenas cuatro años después por la aprobación de la Ley de
Seguridad Ciudadana, tuvo una decisiva influencia en el desarrollo del
movimiento antiprohibicionista hispano. Eso y la existencia en aquella época de
un movimiento social basado en la desobediencia civil que, gracias a lo
novedoso de sus planteamientos y la audacia de sus métodos de lucha logró
éxitos sin precedentes: La objeción de conciencia y la posterior insumisión al
servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria.
En realidad, tampoco se puede hablar de la existencia
de un movimiento antiprohibicionista organizado en el estado español antes de
esa época. Hay personalidades más o menos antiprohibicionistas (pocas, a decir
verdad), pero no existe ningún grupo o asociación como tal hasta 1989, cuando
nace en Navarra la Asociación por la Legalización de las Drogas, a la que
seguiría la plataforma por la legalización Bizitzeko, con campo de actuación en
la Comunidad Autónoma Vasca. En los dos años siguientes verían la luz la
catalana Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC) (primer grupo
de usuarios/as de cannabis[ix][ix]), y la “Propuesta alternativa en materia de
política criminal sobre drogas”, más conocida como Documento de Málaga.
De esta forma, a principios de los
años noventa, aparecen los tres elementos decisivos que darán lugar a las
primeras iniciativas prácticas antiprohibicionistas: Grupos cuyo fin declarado
es la legalización de las drogas, otros formados por personas que se sienten
directamente perjudicadas por la prohibición, y los primeros planteamientos
alternativos concretos y apoyados por expertos de indudable prestigio. Este
hecho, junto con la existencia de unos niveles de consumo de drogas ilícitas
–especialmente hachís- muy elevados y con la relativa normalización que se da
en ciertos lugares, al menos en los ambientes juveniles, en casi todo lo
relativo al uso de drogas, favorece que se vaya creando un estado de opinión
creciente a favor de la despenalización, sobre todo de las entonces llamadas drogas blandas, es decir, el cannabis.
Este movimiento, bastante difuso y desarticulado
pero que crecerá de forma notable a lo largo de los 90, presenta ciertas
peculiaridades con respecto a los de otros países, en especial en el terreno de
la estrategia. En mi calidad de testigo directo, además de participante en una
parte, al menos, de ese movimiento, voy a intentar resumir la historia de los
últimos años de una serie de grupos y colectivos bastante heterogéneos tanto en
su composición como en sus planteamientos, dotados en general de medios
precarios e impacto social directo más bien escaso, pero que han conseguido una
serie de pequeños éxitos –de consecuencias a veces no tan pequeñas- que, sin
olvidar que son inseparables de la coyuntura en la que se han producido y, por
tanto, impensables en otros países, pueden aportar elementos de reflexión
interesantes a la hora de diseñar estrategias y buscar caminos eficaces para
comerle espacio a la prohibición en todos los terrenos.
Tal vez a causa del desencanto provocado por la
etapa de gobierno socialista, que dejó una legislación sobre drogas aún más
dura que la que existía con anterioridad, el movimiento antiprohibicionista del
estado español no se ha limitado a reivindicar y reclamar a las instituciones que
cambien las leyes. Una de sus preocupaciones desde el primer momento es
encontrar fórmulas para poder ejercitar en la práctica ciertos derechos sin
necesidad de cambiar esas leyes, intentando encontrar fisuras en las mismas. No
es casualidad, pues, que la primera experiencia práctica de este tipo, una
campaña por la despenalización de la autoproducción de cannabis, puesta en
marcha por ARSEC en 1994, fuera bautizada como “la brecha catalana”[x][x].
La iniciativa de ARSEC consistió en la plantación de
alrededor de doscientas plantas de marihuana, destinadas al consumo de
alrededor de 100 socios/as de la misma, en un terreno del Baix Camp, en
Tarragona. Previamente se había formulado una consulta al fiscal especial
anti-droga de Catalunya acerca de si el cultivo para el consumo privado sería
un delito, a lo que el fiscal respondió negativamente.
Aunque no se puede hablar de desobediencia en
sentido estricto, dado que se partía de la presunción de que la actividad que
se iba a realizar era legal, aquella iniciativa se dirigía claramente a
intentar crear nuevos espacios de tolerancia mediante el enfrentamiento con las
leyes vigentes. En un contexto en el que se dictaban (y se siguen dictando) en
los tribunales penas de prisión por cultivar unas cuantas plantas de cáñamo
índico para el autoconsumo, la plantación de ARSEC, notificada a la fiscalía y
a algunos medios de comunicación, implicaba un riesgo claro para sus autores y
cuestionaba de manera práctica e ineludible un precepto legal y una práctica
prohibicionistas. En efecto, mientras que las consignas y los manifiestos se
pueden ignorar, las actuaciones como esta, de legalidad dudosa y consecuencias
penales inciertas, obligan a actuar a los poderes del estado y pueden crear
precedentes interesantes, al dejar al sistema en posición difícil.
Tal vez la plantación de marihuana de ARSEC hubiera
llegado a ser la primera en recolectarse de forma legal en el estado español en
muchas décadas, pero la intervención casual de la Guardia Civil (que desconocía
la investigación que ya se llevaba adelante) abortó el intento. Se inició allí
un proceso judicial que, tras la absolución en primera instancia, llevó el caso
al Tribunal Supremo, donde la causa se dilató varios años.
Durante ese tiempo sucedieron bastantes cosas. Por una
parte, creció rápidamente el número de asociaciones antiprohibicionistas, casi
todas ellas de carácter cannábico. A ARSEC le siguieron, por citar solo las que
alcanzaron mayor relieve, AMEC en Madrid, SECA en Aragón, Kalamudia en Euskal
Herria, ARSECA en Andalucía, Bena-Riamba en Valencia, y un largo etcétera que
hace difícil en estos momentos saber cuántos grupos de este tipo existen en el
estado español. Algunos de estos darían lugar a la Coordinadora Estatal por la
Normalización del Cannabis, que nació inicialmente en 1996 pero tuvo varias
etapas de inactividad y resurgimiento hasta el 2001, en que dio sus últimos
coletazos, al menos de momento. La Coordinadora también defiende la
legalización de otras drogas, aunque como objetivo secundario. También han
aparecido grupos, además de la mencionada Bizitzeko, cuyo objetivo es la
legalización de todas las drogas, entre los que destaca ALA (Associació Lliure
Antiprohibicionista), que ha organizado varias manifestaciones y actos públicos
diversos por la legalización[xi][xi]. En
torno a este grupo acabaría formándose la Federación Ibérica
Antiprohibicionista. Tampoco hay que olvidar a grupos de carácter más académico
o profesional que se declaran antiprohibicionistas, como el catalán Grup Igia,
cuyos miembros han realizado importantes aportaciones en este terreno, así como
el hecho de que asociaciones profesionales, como Jueces para la Democracia o la
Asociación Progresista de Fiscales, hayan recogido este tipo de planteamientos
en sus objetivos.
Otro factor decisivo fue la aparición de prensa
antiprohibicionista de amplia distribución. El nacimiento de Cáñamo, en 1997,
revista dedicada a “la cultura del cannabis”, marcó un punto de inflexión.
Nacida de la iniciativa de un grupo de socios de ARSEC, Cáñamo logró una tirada
y difusión sin precedentes en este tipo de publicaciones, encontrándose en todo
tipo de quioscos y librerías, y llegando a decenas de miles de lectores. Otros
intentos, que no tuvieron finalmente continuidad, fueron El Cogollo, High
España y Mundo High. En estos momentos hay otra revista en el mercado, Yerba,
que parece haberse afianzado, cuya temática y público son similares a los de
Cáñamo, que ha venido a ampliar aún más este fenómeno.
Plantas contra leyes
La aparición de este tipo de revistas y su gran
difusión fueron muy importantes a la hora de dar a conocer el nacimiento de
nuevas asociaciones y de difundir las primeras campañas de la Coordinadora
Estatal. Esta decidió el 2 de marzo de 1997 poner en marcha la campaña “Contra
la prohibición, me planto”. En la misma se volvía a defender el derecho a la
autoproducción y se planteaba la realización de plantaciones colectivas de
marihuana, de carácter público y notorio, a fin de apoyar a los compañeros de
ARSEC que se hallaban pendientes de sentencia del Supremo. También se llamaba a
las personas usuarias de cannabis a “plantarse y plantar”, con el fin de hacer
imposible la aplicación de la ley.
La única asociación que, finalmente, llevó adelante
su plantación fue la vasca Kalamudia. En la misma participaron casi doscientas
personas y se plantaron cientos de ejemplares, con asistencia de numerosos
medios de comunicación, incluidos los periódicos y televisiones más
importantes. Esta gran difusión, debida en gran parte a la implicación de
numerosos periodistas –usuarios o ex-usuarios de cannabis casi todos ellos- en
la campaña, provocó una gran repercusión y un cierto nivel de debate social en
el que hubo muy pocas voces condenatorias. Además, entre quienes participaban y
daban la cara públicamente había personalidades conocidas del mundo de la
cultura (escritoras, actores, cantantes, etc.), cargos públicos de varios
partidos -incluida una parlamentaria autonómica-, sindicalistas, profesoras
universitarias, médicos, etc., lo que daba a los hechos una especial
trascendencia.
Todas las personas participantes aportaron sus datos
personales y firmaron una declaración comprometiéndose a destinar las plantas a
su consumo privado, que fueron entregadas en el juzgado correspondiente. La
presencia de personajes públicos entre los posibles condenados hacía poco
creíble la posibilidad de una condena de cárcel, lo cual podría animar a otros
muchos a imitar el ejemplo, y la trascendencia pública del caso lo hacía
especialmente incómodo. Finalmente, las actuaciones judiciales se archivaron y
la marihuana se recolectó sin impedimentos, hecho que tuvo una gran
trascendencia en los ambientes cannábicos y antiprohibicionistas hispanos y
europeos.
Pocos meses después, el Tribunal Supremo dictaba una
condena de tinte claramente político en el caso ARSEC. Condenaba a los
directivos de la asociación a cuatro meses de cárcel y a una multa de medio
millón de pesetas. La pena de prisión no debía cumplirse, pero se trataba de un
serio aviso al movimiento antiprohibicionista. Sin embargo, el año 2000,
Kalamudia repetiría su plantación, con amplia difusión pública de nuevo, sin
que se produjera ningún tipo de iniciativa judicial. Finalmente, en 2001 hubo
una tercera plantación.
El conocimiento público de este tipo de campañas,
así como la existencia de una mayor cantidad y calidad de información sobre
drogas, y en particular sobre el cultivo de cannabis, ha llevado a la extensión
de las pequeñas plantaciones. A pesar de los precedentes recién expuestos, en
el caso de las de exterior, ubicadas en huertas, jardines y montes, la
actividad sigue estando en una cierta ambigüedad legal, con altibajos en lo que
respecta a la tolerancia por parte de jueces y fuerzas policiales[xii][xii]. Este riesgo no impide que estas huertas,
que constituyen una forma de desobediencia que podríamos llamar difusa, sean
muy comunes en algunas zonas, reduciendo sensiblemente el mercado ilícito,
normalizando la percepción del fenómeno del consumo y mejorando la calidad del
producto que se consume.
Creando una cultura legal de drogas
Estos mismos efectos también los está provocando el
cultivo de interior, un fenómeno que en estos momentos parece haber superado al
de exterior, a pesar de su mayor coste económico y energético. La razón
fundamental para preferir el cultivo de interior es su menor riesgo legal.
Decenas de miles de consumidores de cannabis españoles han encontrado en las
técnicas de cultivo con luz artificial una forma de burlar la prohibición y
abastecerse de forma segura. Para ello se amparan en el hecho de que la
tenencia para el propio consumo no es punible en un lugar privado como el
domicilio.
Pero la existencia de este resquicio en la ley no
habría sido suficiente por sí sola para explicar un fenómeno de estas
dimensiones. La ley decía lo mismo hace quince años y también existían entonces
los bancos de semillas holandeses, pero nadie habría imaginado algo así. La
diferencia ha sido un conjunto de factores que se nutren mutuamente. Las
revistas e Internet mejoran el conocimiento jurídico y botánico, además de
divulgar la publicidad de las nuevas técnicas y productos y de las tiendas
donde se venden. Esto genera un mercado que favorece la inversión y la
investigación, creando un nuevo sector económico en expansión[xiii][xiii]. Este sector dispone, por tanto, de
recursos crecientes y de una mayor influencia social. Por eso, el gobierno de
Aznar parece estar fracasando de momento en su intento de poner coto a este
tipo de comercio, aunque los intereses subyacentes –las farmacias también están
implicadas en el contencioso- hacen difícil anticipar el desenlace.
Otro frente interesante que se
ha abierto recientemente es el de la producción y dispensación de cannabis en
circuito cerrado. La Junta de Andalucía solicitó en 1999 un informe al Instituto
Andaluz Interuniversitario de Criminología, acerca de las condiciones que
debería reunir un local para poder dispensar en el mismo cannabis sin
contravenir las leyes. El informe, que realiza un exhaustivo repaso a la
legislación y la jurisprudencia sobre el tema, aún no ha sido publicado
oficialmente a finales de 2002, pero han circulado numerosas copias, en las que
se están basando algunas asociaciones de usuarios para intentar diseñar un
sistema jurídicamente viable de autoabastecimiento colectivo. Tal vez en breve
asistamos al nacimiento de las primeras Coffee
House en el estado español, y no olvidemos que este tipo de locales fueron
la antesala a los actuales Coffee Shop
en Holanda.
El apoyo de las revistas, en
especial Cáñamo, fue también decisivo para la difusión de la segunda campaña de
la Coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis: la denuncia de la
Ley de Seguridad Ciudadana, en cuya aplicación se imponen alrededor de cien mil
multas anuales por tenencia o consumo en lugares públicos, en la mayoría de
casos por cannabis. Se recibieron cientos de fotocopias de sanciones y
recursos, con los que algunas asociaciones lograron finalmente elaborar
dossiers que se presentaron a los defensores del pueblo autonómicos. También el
Defensor del Pueblo estatal recibió a la Coordinadora y recogió sus quejas. La
dimensión de la tarea superó finalmente al colectivo y esta campaña apenas dio
frutos concretos.
Otra actividad digna de mención,
promovida desde las asociaciones cannábicas, ha sido la organización de copas o
concursos de marihuana. Concebidos en parte a imagen de la conocida Cannabis
Cup holandesa y en parte como encuentro cerrado entre cultivadores y
consumidores, se han basado en otra pirueta legal: El hecho de que, según la
jurisprudencia, el consumo compartido entre adictos no es un delito. Los
eventos han tenido lugar en recintos de carácter privado, como las sedes de las
propias asociaciones, casas okupas[xiv][xiv], e
incluso colegios mayores universitarios, impidiendo así la actuación policial.
De esta manera, en pocos años se han afianzado como eventos masivos (varias
copas han contado con la asistencia de miles de personas), favoreciendo la
emersión de una creciente cultura cannábica y permitiendo a muchos usuarios y
cultivadores salir del armario, algo muy importante en un colectivo que sufre
invisibilidad forzosa, marginación y persecución legal por su condición.
También han contribuido a ello las manifestaciones callejeras de corte clásico,
más nutridas cada año, que en algunos casos, como las marchas organizadas en
Madrid por AMEC, han llegado a congregar a varios miles de participantes.
Todo este trabajo (que, en el caso de las
asociaciones ha sido voluntario casi al 100%) ha ido combinado, además, con
otros dos frentes de actividad: El lobby político y la coordinación
internacional. El primer campo, el de la presión política, ha sido más bien
secundario, aunque el antiprohibicionismo se ha apuntado unos cuantos tantos,
con comparecencias y audiencias en diversos organismos, incluidos varios
parlamentos autonómicos y el propio Parlamento Español, ante cuya Comisión
Mixta sobre drogas compareció una representación de la Coordinadora Estatal[xv][xv].
El terreno internacional, en cambio, estuvo pronto
en el punto de mira del activismo hispánico, aunque la principal dificultad
era, precisamente, la falta de un tejido internacional fuerte, con un panorama
asociativo más bien lastimoso en la mayoría de los lugares de Europa y grandes
dificultades para contactar con otras regiones del planeta. En este sentido, el
contacto con ENCOD, el Consejo Europeo de ONGs sobre Drogas y Desarrollo,
supuso un paso fundamental. A través de este contacto, varios grupos del estado
español tomaron parte en la creación de la Coalición Internacional de ONGs por
una Política de Drogas Justa y Eficaz, que tuvo lugar en Turín a finales de
1997, así como en su posterior desarrollo, incluyendo la participación en la
Sesión Especial sobre Drogas de la ONU de 1998, lazos que se mantienen en la
actualidad.
Finalmente, merece la pena mencionar otra campaña,
desarrollada por la asociación Kalamudia, en torno a la adulteración de las
sustancias ilícitas y la reducción de riesgos, que se inició en 1999. Dada la
preocupación existente entre sus socios/as ante la baja calidad de las sustancias
disponibles en el mercado negro, la asociación se planteó la necesidad de poner
en marcha servicios preventivos de sustancias, similares a los existentes en
otros lugares, con la salvedad de que aquí se pretendía testar –y así se hizo-
toda clase de sustancias presentes en la escena festiva, algo que aún no se
había puesto en práctica en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, en lugar
de solicitar su puesta en marcha o presentar un proyecto en tal sentido a las
instituciones, Kalamudia decidió utilizar los testadores comerciales
disponibles y otros medios similares, como microscopios o testadores de punto
de fusión, para ofrecer este servicio al público durante las fiestas patronales
de Bilbao, dándolo a conocer a través de los medios de comunicación que, de
hecho, le prestaron una gran atención.
Durante seis días, voluntarios de la asociación
atendieron el stand ubicado en el local de la propia asociación, al que
acudieron decenas de personas, sin obstáculos legales. Al año siguiente, el
stand se ubicó en una carpa en pleno recinto festivo, tanto en Vitoria-Gasteiz
como en Bilbao, acudiendo a la misma cientos de personas y testándose decenas
de muestras, sobre todo de hachís. Muchas de estas muestras fueron recogidas
para un posible análisis posterior, que tuvo lugar finalmente gracias a un
acuerdo con el Gobierno Vasco. La actividad creó un intenso debate social,
sobre todo en Vitoria-Gasteiz, donde el Ayuntamiento amenazó con enviar a la
policía, alegando que un servicio de este tipo fomenta el uso de drogas.
Paradójicamente, como consecuencia de ese debate social, algunos ayuntamientos
se interesaron de inmediato por la posibilidad de ofrecer servicios similares
en sus fiestas, y en poco tiempo varios programas preventivos en Euskadi
incorporaban este tipo de actividad, hasta desembocar finalmente en los
primeros programas de testado financiados y coordinados desde el Gobierno Vasco
y los ayuntamientos.
Empujando el tiesto sin sacar los pies
En apenas diez años, la situación del cannabis, principal
sustancia ilícita consumida en el estado español, ha cambiado drásticamente y
también lo ha hecho, si bien en menor medida, la del resto de drogas ilícitas.
Decenas de asociaciones de usuarios/as, con miles de personas afiliadas,
publicaciones periódicas de gran tirada, un sector económico legal boyante, un
gran número de consumidores fuera de los circuitos del mercado negro, más y
mejor información disponible, y varias campañas exitosas, incluidas, en el caso
del País Vasco, las primeras cosechas legales de cannabis o los primeros
programas de testado de todo tipo de drogas, son la muestra de que, aunque no
ha cambiado ninguna ley, y aunque los gobernantes actuales son aún más
prohibicionistas que sus predecesores, se ha podido avanzar terreno y mejorar
sensiblemente la situación, incluida la calidad de vida de miles de personas.
A ello han contribuido muchos
factores, entre los que destaca, sin duda, el gran volumen de personas
consumidoras, ya que en estos momentos son mayoría los jóvenes del estado
español que han consumido cannabis, mientras que porcentajes superiores al diez
por ciento ha probado otras drogas ilícitas como cocaína o éxtasis (Calafat et. al., 2000). Los porcentajes son aún mayores en
el caso de la juventud vasca, lo cual, unido a un mayor ambiente de tolerancia
social hacia el consumo, ha hecho que, de hecho, en algunos lugares de Euskal
Herria el consumo de algunas drogas esté normalizado hasta niveles que suelen
provocar el asombro de los visitantes extranjeros. Este aumento del consumo ha
generado también, no lo olvidemos, un mercado donde ciertos eslóganes
antiprohibicionistas venden[xvi][xvi] y en el
que los mensajes críticos, inevitablemente, se banalizan.
Sin embargo, basta comparar la situación con la de
Francia, donde el consumo juvenil de cannabis es aún mayor que en España y
donde no sucede nada parecido, para darse cuenta de que hay alguna diferencia
más. La legislación española sobre drogas, tradicionalmente menos rigurosa que la francesa, para empezar,
tiene bastante que ver. Ello ha permitido que la carrera comience con unos
metros de ventaja al sur de los Pirineos. Pero, además, ha habido una serie de
elementos en el movimiento y las iniciativas antiprohibicionistas de este lado
que parecen haber tenido una incidencia clave.
No se trata en absoluto de intentar ofrecer aquí
ninguna receta estratégica milagrosa para el movimiento de oposición a la
guerra contra las drogas. Los logros del activismo en el estado español han
sido modestos, coyunturales y aún corren serio peligro de retroceso. Gran parte
del cambio se ha debido a factores ajenos a las asociaciones y no son en
absoluto mérito suyo. Por otro lado, las condiciones de estabilidad
institucional, garantías jurídicas y respeto a los derechos humanos existentes
en la España de comienzos del siglo XXI permiten cierto tipo de actividades y
métodos de protesta impensables hoy por hoy en otros países. Además, conviene
insistir de nuevo en que no se puede hablar de un movimiento coherente y
organizado, sino de una suma de fenómenos simultáneos, a veces paralelos e
incomunicados entre sí, que han coincidido en el tiempo y han dado lugar a un
cambio social perceptible.
Aún así, existen una serie de elementos
característicos en este movimiento difuso y en el proceso activista que lo ha
animado, algunos de los cuales no resultaron evidentes en su momento ni
siquiera para los mismos agentes activos del cambio, que pueden ayudar a
explicar la celeridad del mismo y ofrecer enseñanzas para otros procesos
similares. Entre ellos, se podrían destacar los siguientes:
§
En ningún momento se ha dejado de lado la tarea de
seguir elaborando un discurso antiprohibicionista coherente, cada vez más
asentado en datos científicos y rico en matices. Esto, junto con alianzas con
expertos reconocidos en las diversas materias relativas a las políticas de
drogas, ha contribuido a dar credibilidad al discurso.
§
Los objetivos parecen haber estado bien elegidos y
adaptados al entorno social. Las campañas a favor del derecho al autocultivo
basadas en plantaciones públicas han tenido buen resultado, entre otras cosas,
porque la demanda – el derecho a cultivar- va implícita en la propia acción de
protesta, el mensaje es claro y no maximalista, y porque las demandas
planteadas son coherentes, se hallan en el límite de la legalidad, y suponen
una transgresión moderada que conlleva un nivel de riesgo asumible por un
número amplio de personas.
§
La presión local parece ser más efectiva a corto
plazo en un tema como este, tan controlado en vertical, que la concentración de
fuerzas ante instancias estatales, como el parlamento o el gobierno central.
Una de las aparentes debilidades del movimiento, su dispersión, ha sido también
una de sus principales virtudes a la hora de adaptar las campañas a la realidad
particular de cada cual y hacerlas horizontales.
§
La desobediencia, tanto en su forma clásica de
desobediencia civil como en la difusa, ha sido un instrumento decisivo en la
estrategia del movimiento. La idea de que no pasa nada, siempre que el riesgo
esté bien calculado, por saltarse normas injustas de forma pública y notoria,
que otros movimientos sociales han contribuido a fortalecer, es especialmente
adecuada en este caso, en el que hablamos de normal claramente injustas y
desproporcionadas que castigan algunos de los denominados “delitos sin
víctima”. Es especialmente interesante usar todos los medios disponibles para
dificultar la aplicación de la norma represiva, como la participación de
personajes públicos de prestigio, la transparencia, la difusión pública de las
actividades, etc.
§
La que podríamos llamar “desobediencia en positivo”,
es decir, la puesta en marcha iniciativas no claramente prohibidas, pero
conflictivas, como es el caso de los testados de sustancias, puede ser un
instrumento muy útil a la hora de romper tabúes y permitir la apertura de
nuevos campos de actuación. Servicios que las instituciones políticas, por
miedo a los costes electorales, tardarían en autorizar y no digamos en poner
ellas mismas en marcha, pueden superar la fase de pruebas si hay alguien lo
bastante decidido para dar el primer empujón.
§
Ha sido fundamental la aparición de grupos de
usuarios/as. En un contexto en el que la imagen pública de los consumidores de
drogas se construye a base de seres generalmente marginales, castigados por la
vida y con problemas graves de adicción, la aparición de personas “normales”,
que no reniegan de su condición de consumidoras y reivindican sus derechos como
tales, es fundamental para cambiar la percepción del fenómeno y para conocer
cuáles son las necesidades reales del colectivo y sus prioridades, algo que
también vale para el resto de colectivos afectados por la guerra contra las
drogas. Ningún ente antiprohibicionista que actúe desde la óptica de experto
ajeno al fenómeno, por bienintencionado que sea, puede reemplazar el papel que
juegan estas asociaciones.
§
Es tal el volumen de personas afectadas por las
políticas prohibicionistas que, si se les ofrecen medios de presión sencillos y
accesibles, se puede conseguir la participación de un número ingente de ellas,
a pesar de que, como estrategia para pasar desapercibido, la tendencia a la
pasividad y la invisibilidad se halla, por razones fácilmente comprensibles,
especialmente arraigada en este colectivo. La campaña de envío de postales de
protesta al Defensor del Pueblo y la recopilación de expedientes sancionadores
por la Ley de Seguridad Ciudadana, contó con la participación de decenas de
miles de personas, que no tuvieron reparo en la mayoría de los casos en
adjuntar todos sus datos personales.
§
Resulta especialmente útil la estrategia, puesta en
marcha hace tiempo por otros movimientos sociales, de aprovechar las más
amplias libertades civiles de algunos países para denunciar situaciones
injustas en otros. Esto era algo prácticamente desconocido en el
antiprohibicionismo hasta que comenzaron a surgir las primeras redes de
coordinación internacional. Además, claro está, de lo enriquecedor que resulta
el contacto en sí.
§
Ha sido decisiva la existencia de iniciativas
empresariales simultáneas a las asociativas, como la aparición de las revistas
o las tiendas. Aunque es inevitable que estas iniciativas adulteren en cierta
medida los mensajes activistas, también aportan fuerza y recursos al movimiento
y permiten avanzar en lo concreto. En efecto, alguien tiene que poner en
práctica en algún momento lo que tanta gente reivindica, y la normalización
conlleva precisamente ese riesgo, el de que todo lo relativo a las drogas acabe
en la normalidad, que en muchas ocasiones da poco de sí en este mundo prodigioso
del inicio de milenio.
§
Sin embargo, también la existencia de limitaciones
al movimiento económico en este terreno podría tener efectos beneficiosos. El
pequeño tamaño de los cultivos de cannabis a los que obliga la presión legal en
Holanda, ha creado un mercado más horizontal, con más proporción de pequeños
productores, más creación de empleo y menos acumulación de capital, comparado
con otras drogas lícitas e ilícitas. De la misma manera, el hecho de que los
requisitos legales en los que se van a desarrollar muchos experimentos
normalizadores en el estado español impongan a los proyectos la ausencia de lucro, también podría ayudar a
crear paulatinamente, para ciertas drogas, estructuras económicas cuya
finalidad no tenga porqué ser el máximo beneficio en el mínimo plazo. Conviene
recordar, además, que las mafias solo suelen copar aquellos sectores de la
economía informal de estructura más capitalista.
§
Por último, tampoco pasa nada porque no todo esté
estrictamente regulado. Las tiendas tipo Grow y Smart Shop del estado español,
por ejemplo, han aparecido en un contexto jurídico caótico, en medio incluso de
una cierta alarma social en los primeros momentos, y han comenzado a vender
productos inéditos, a veces de propiedades poco conocidas, sin que se hayan
producido problemas dignos de reseñar. En la mayoría de los casos, el criterio
de prudencia ha llevado a una autorregulación perfectamente funcional.
En definitiva, la prohibición goza de buena salud en
el estado español, igual que en todo el mundo, pero eso no significa que las
cosas no puedan cambiar. La experiencia de los últimos años muestra que es
posible poner en marcha programas novedosos de reducción de riesgos y abrir
nuevas vías legales para la normalización, mediante la presión a escala local,
permitiendo cambios descentralizados, discretos y efectivos. Ello exige un fino
análisis de las estructuras de poder en materia de drogas en cada región, una
estrategia clara y realista para enfrentarse a las mismas, métodos de acción
flexibles y audaces y, sobre todo, mucha imaginación. El movimiento de
oposición a la barbarie prohibicionista se juega el tipo frente a una
estructura de poder compleja y bien defendida, dirigida por mentes lúcidas,
armadas de información ingente y un adecuado nivel de cinismo e hipocresía,
pero cuya principal debilidad es la de llevar demasiados años jugando en un
tablero trucado y con el árbitro comprado. Esa misma naturaleza vetusta, ese
carácter mastodóntico, es el talón de Aquiles de la prohibición de drogas, un
muro ciclópeo cuyas piedras tal vez nadie pueda derribar de momento, pero por
cuyas grietas pueden llegar a pasar muchos, a condición, eso sí, de que sean lo
bastante flexibles.
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