JUICIO CONTRE DYNCORP POR FUMIGACIONES

 

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INFORME EJECUTIVO  35

CACARICA-PANAMA

ACCION PREVENTIVA

 

De Panamá

INMINENTE REPATRIACION DE REFUGIADOS

 

 

”Eres de una tierra que no ha tenido lluvia. Los príncipes que en ella residen son como un león rugiente que desgarra su presa. Han devorado a la gente, se han apoderado de haciendas y de riquezas que no les pertenecen, han multiplicado las viudas en medio de ella. Las autoridades han profanado lo sagrado, no han enseñado a distinguir entre lo recto y lo honesto, lo turbio y lo deshonesto..

Sus jefes son como lobos que desgarran su presa, que derraman sangres, matando

para robar sus vida” Ezequiel 23, 24-ss

 

RESUMEN

 

Una deportación de más de medio millar de colombianos se anuncia que se iniciarán en las próximas semanas de diciembre en un acuerdo binacional de hecho entre el gobierno de Uribe Colombia y la presidenta Moscoso de Panamá.

 

Desde agosto y hasta el pasado mes de noviembre, autoridades civiles y militares de Panamá y Colombia han visitado los poblados de Yaviza (21-08-03), de La Palma (20-08-03), de Jaqué (20-08-03) (17-10-03), de Yapé (18-10-03), Puerto Obaldía (16-10-03)en el Darién Panameño-. En estos lugares habitados por comunidades indígenas y campesinas en donde se encuentran colombianos buscando refugio ante las operaciones militares encubiertas de tipo paramilitar (1.996 - 2002)  y la confrontación armada entre los modelos de guerra estatal y guerra de guerrillas(1.997-2002), unidades de la Fuerza Pública colombiana han invitado a los colombianos a regresar debido a que las razones que los obligaron a salir son inexistentes. “En la región del Urabá y del Chocó, todo está bajo control de las autoridades militares, ellos se pueden restablecer”, ”vincularse a la siembra de Palma Aceitera que se desarrolla en la región”, ”participar de la seguridad “democrática” como soldados campesinos o red de informantes”.

 

En el caso de Jaqué y de Yaviza (08-03) a acompañantes humanitarios de la iglesia, y autoridades locales, las entidades de migración y la Guardia Panameña impidieron su participación en las reuniones, los pobladores en búsqueda de refugio fueron insistentemente convocados a firmar un documento de deportación voluntaria. Terminada la reunión colectiva, las autoridades de ambos países se dirigieron casa por casa para lograr la aceptación del regreso a Colombia.

 

Las actuaciones binacionales se han desarrollado en medio de manifestaciones de animadversión y graves señalamientos y acusaciones del Director de Policía Nacional, CARLOS BARES, contra la labor de la iglesia católica panameña y las organizaciones de derechos humanos que han prestado su apoyo a los refugiados colombianos. Se ha pretendido deslegitimar, poner en duda y desvirtuar la labor de defensa de los derechos de los refugiados, y en medio de las actuaciones armadas se deja en alta vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos de la iglesia y la sociedad civil.(23-08-03)

 

En las reuniones desarrolladas durante los últimos meses las autoridades colombianas han asegurado que es mejor regresar ahora, después puede ser mucho más difícil. Algunos de los testigos han informado que se aseveró que si no se aceptaba regresar en el mes de diciembre, después la cuestión seria por la fuerza.

 

Muchos de los campesinos han aceptado regresar voluntariamente pues se les ha asegurado que todo está seguro, que tendrán apoyo en proyectos productivos, vivienda y educación. Al tiempo, muchos desconocen la real situación de seguridad, valoran que no cuentan con suficiente información y no están en disposición de regresar pues valoran que no existen las condiciones.  Muchos de los colombianos no solamente han creado raíces con hijos nacidos en Panamá o familias allí conformadas, sino que sus tierras se encuentran copadas  o poseídas por paramilitares.

 

La situación de los deportados el 21 de abril de este año indica que los

compromisos gubernamentales colombianos no se han cumplido. La mayoría de

los afrodescendientes que regresaron por la fuerza, en abril pasado, quiénes

se ubicaron en la Zona Humanitaria “Nueva Vida” no han contado con el cumplimiento

de lo acordado con el Estado. Todos los hechos de la deportación se encuentran en absoluta impunidad a pesar de los graves atropellos allí sufridos, y de los cuales se guarda absoluto silencio.

 

El apoyo inicial de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Defensoría del Pueblo no lograron consolidar un retorno con dignidad y la respuesta estatal mínima.  Allí solamente por el apoyo de las Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, y organismos humanitarios nacionales e internacionales han logrado sobrevivir. “No solo nos sacaron a la fuerza, no solo nos engañaron, no solo nos señalaron sino que nos dejaron abandonados. Sobrevivimos por la solidaridad de CAVIDA y de los que nos acompañan”, afirma un deportado. El monitoreo realizado por las entidad de Naciones Unidas y el organismo de control del Estado hasta el día de hoy ha dejado serios cuestionamientos para los deportados.

 

Como lo han asegurado diversas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, en el bajo Atrato chocoano, en el Norte de Urabá y el Urabá Antioqueño persisten violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Humanitario.

 

Los bloqueos económicos, las amenazas de muerte, las intimidaciones por parte de agentes estatales, la connivencia, la tolerancia, la complicidad de actuación entre fuerzas regulares e irregulares de tipo paramilitar es evidente. Igualmente, como lo conocen las autoridades, la presencia guerrillera en la región continúa sin que se conozcan sus planes de actuación militar.  Estos hechos indican que en la región persiste el conflicto armado sin que se visualice en el corto plazo cuales van a ser los desenlaces.

 

Por otra parte, las autoridades colombianas no han informado, como lo expresó el periódico Washington Post, el pasado 20 de diciembre, el control territorial de tipo paramilitar en el marco de la llamada “desmovilización” y su relación con un modo de contra reforma agraria y concentración de tierras vinculada a la palma de aceitera.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quién solicitó al Gobierno de Panamá adoptar las medidas cautelares (25-04-03) por los hechos acaecidos en Punuza, levantó las mismas (06-11-03) debido a una serie de compromisos asumidos por el vecino país.

 

Expresamente el gobierno de Panamá asumió el compromiso de respetar de buena fe los principios internacionales de protección de los Derechos humanos, personas extranjeras que se encuentran en el territorio panameño; la máxima transparencia y diálogo con los posibles deportados; la invitación hecha a las organizaciones internacionales en el monitoreo de la situación;

 

El gobierno panameño informó a la Comisión Interamericana que se estaban planeando repatriación de nacionales colombianos para los días 15 al 20 de noviembre, y del 11 al 13 de diciembre del mismo año en algunas comunidades de colombianos.

 

Cada persona repatriada lo sería únicamente con su expresa voluntad, previa verificación de la ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Fondo por la Infancia UNICEF, Oficina Internacional de Migraciones, OIM.

 

Al mismo tiempo, el gobierno panameño indicó a la CIDH, que las personas que cambiaran de opinión respecto a su deportación podrían informar a las autoridades durante la etapa de verificación, sin que se vieran obligadas a regresar.

 

 

SOLICITUDES

 

Al final del Informe Ejecutivo.

 

 

DETALLES

 

 

* Miércoles 20 de agosto, en Jaqué, Darién Panameño, integrantes del Consulado de Colombia, la Red de Solidaridad Social, y autoridades de la Guardia Panameña, y de Migraciones de ese país, convocaron a una reunión a los pobladores.  Los delegados del gobierno panameño expresaron que en Colombia todo estaba mejorando, que el Presidente URIBE deseaba que los Colombianos regresaran a su país, que iban a tener proyectos productivos.

 

Luego autoridades panameñas plantearon en el mismo sentido a los colombianos que ya habían escuchado como estaba la situación en Colombia, procedieron entonces a entregar unas hojas en blanco. Minutos después de terminada la reunión comunitaria, las autoridades panameñas se dirigieron casa por casa a los pobladores colombianos, motivándolos a regresar y a firmar un documento al parecer de un regreso voluntario. Ese día algunas familias, cerca de tres aceptaron, regresar hacia Juradó en Colombia.

 

* Jueves 21 de agosto, Yaviza, en horas de la mañana, a eso de las 10:00 horas, los pobladores colombianos en ese poblado de Panamá fueron convocados a una reunión en la que participaron además de las autoridades policiales y de migraciones de Panamá, la Cónsul de Colombia en Panamá y una delegada de la Red de Solidaridad Social. A la reunión no pudieron acceder algunas autoridades del poblado ni otros observadores.

 

De acuerdo con los testigos, las autoridades de los dos países incentivaron el retorno a Colombia, asegurando que las condiciones de seguridad estaban dadas y que había proyectos productivos, viviendas. “Es una oportunidad especial, las cosas en Colombia han cambiado”. A los convocados a la reunión nuevamente se les entregó una hoja para su firma, en la que al parecer expresan que su retorno es voluntario. La mayoría de los asistentes se negaron a firmar.

 

Minutos más tarde en la pequeña plazuela de la población enfrente de la iglesia, varios observadores de derechos humanos cuestionaron a las autoridades colombianas por su actitud.

 

En Colombia, en las regiones de las que salieron a buscar refugio aún se encuentran en guerra. El control de tipo paramilitar es evidente sobre el río Atrato y el Golfo de Urabá y las costas, las tierras han sido posesionadas, la actuación de las Fuerzas Militares dejas serios cuestionamientos, y los compromisos asumidos por la Red de Solidaridad Social son nulos e inexistentes, pues no existe ningún tipo de atención particular a los deportados.

 

 

Las autoridades colombianas guardaron silencio, agradecieron a los pobladores de Yaviza el apoyo dado a los colombianos, reiteraron que era muy importante regresar, “el Presidente Uribe, los quiere en su país, la situación  ha cambiado”, aseveró la Cónsul.

 

* Sábado 23 de agosto, en el diario Estrella de Panamá. Del 23 de agosto, el Director Nacional de la Policía, CARLOS BARES, expresó, que “organizaciones eclesiásticas “patrocinan” las actividades de desplazados que colaboran con irregulares colombianos en la provincia de Darién. No quisiera para mi Panamá una invasión de delincuentes o de irregulares colombianos en nuestro Territorio., señaló BARES. Indicó que “lamentablemente, hay algunas organizaciones que son las que patrocinan, actividades de irregulares colombianos”.”Ojalá que Panamá no caiga en la situación que vive Colombia, porque es lamentable y yo creo que cada uno debe ejercer su función. Los sacerdotes son los siervos de Dios”.

 

* Viernes 26 de septiembre, Jaqué, varios pobladores colombianos abandonaron el poblado luego de evaluar todas las afirmaciones de las autoridades colombianas y panameñas.

 

* Jueves 16 de octubre, Puerto Obaldía, Darién Panameño, hacia las 12:45

horas,

nuevamente una Comisión de los Gobiernos de Panamá y Colombia, con la participación

de miembros de la Fuerza Pública se reunió con cerca de 40 colombianos que

buscan refugio en Panamá, y quiénes se asentaron en ese poblado desde 1.996

 

Ambas delegaciones motivaron a los colombianos a regresar. Las autoridades colombianas, en vocería de las unidades militares y policiales, de la Brigada XVII y Policía Urabá, expresaron que “existen las condiciones de seguridad para su regreso al país, de modo voluntario pueden hacerlo”. Agregaron los miembros del gobierno nacional que brindarían transporte, vivienda, educación, proyectos productivos de emergencia y ayuda humanitaria en alimentación.

 

Las autoridades entregaron un documento para que los asistentes lo firmaran, como en las ocasiones anteriores, algunos de los futuros deportados firmaron, otros se negaron a hacerlo. Posteriormente, las autoridades afirmaron que el proceso de repatriación se realizaría en tres jornadas, la primera a mediados de noviembre, la segunda en diciembre y la tercera en enero.

 

Como ocurrió en las ocasiones anteriores, las autoridades de ambos países dialogaron con personas de modo personal incentivándolas e instándolas a regresar.

 

*Viernes 17 de octubre, hacia las 10:00 hora local, autoridades civiles, militares y policiales de Panamá y Colombia -sin la presencia del Consuldao de Colombia en Panamá ni de la Red de Solidaridad Social- llegaron al poblado de Yapé. Allí convocaron a los colombianos que se encuentran buscando refugio, algunos desde 1.995.

 

Las autoridades policiales y militares expresaron, que “en Colombia la gente está retornando, más de 40 mil personas,(...) hay  muchas mentiras en Colombia existe mucho progreso. En la región del Urabá hay mucha tranquilidad, no hay la violencia de años atrás, hay progreso la industria de la Palma proyectada para ser sembrada en 15 mil hectáreas, es el momento de retornar, hay proyectos y recursos para el retorno, el retorno es voluntario. Las tierras serán devueltas a sus propietarios, se va a brindar seguridad. El Presidente URIBE ha definido una política de Seguridad a través de Red de Informantes, Soldados Campesinos, Guarda Bosques, en la que todos pueden participar”.

 

* Viernes 17 de octubre, a las 14:00 horas, las mismas autoridades iniciaron una reunión con los pobladores colombianos que se asentaron en Jaqué buscando refugio desde 1.996.

 

Se refirieron en los mismos términos a los de las reuniones anteriores, agregando que sobre casos específicos de familias con hijos  o parejas panameñas se atenderán. Anunciaron que los detalles sobre los proyectos para los retornados se encargará la Red de Solidaridad Social.

 

 

* Jueves 6 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDH, resolvió levantar la adopción de medidas cautelares solicitadas a

favor de los pobladores MAGDALENO MEDRANO, JUAN BERRIO, reintegración familiar

y cumplimiento al principio de non refoulement en relación con los colombianos refugiados de facto en Panamá.

 

De acuerdo con la CIDH, el 24 de octubre, delegados del Estado panameño reiteraron “ el compromiso de respetar de buena fe los principios internacionales de protección de los Derechos humanos, en particular con relación a personas extranjeras que se encuentran en el territorio panameño.  (...) “reiteraron el compromiso de asegurar la máxima transparencia y una abierta actitud de diálogo” (...) “informaron de la invitación hecha a organizaciones internacionales, las que monitorean la situación de los derechos humanos de personas extranjeras en territorio panameño” (...)

 

Agregaron las autoridades panameñas que,” estaban planificando operaciones de repatriación de nacionales colombianos para los días 15 al 20 de noviembre de 2003 y 11 al 13 de diciembre del mismo año en algunas comunidades de la Provincia del Darién, (...) “todas las repatriaciones de nacionales colombianos serían voluntarias” (...) “había adoptado un proceso para asegurarse que cada persona repatriada lo sería únicamente con su expresa voluntad” (...)”hay un proceso específico mediante el cual habría una verificación previa de la voluntad de cada persona que sería repatriada” (...) “después de haber hecho un censo en cada comunidad, verificando el estatus migratorio de sus miembros y obteniendo una declaración escrita por parte de las personas que quisieran ser repatriadas, se procedería a una verificación de dichas declaraciones de voluntad, con la participación directa de la Oficina del  Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), de la Organización Internacional de Migración es (OIM), del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), (...) ”únicamente se repatriaría a las personas que habían expresado su voluntad de regresar a Colombia.

 

(...) “las personas que habían expresado su voluntad de ser repatriadas

pero que después habían cambiado de opinión, podrían informar a las autoridades

durante la etapa de verificación anteriormente descrita, y que en tal caso,

no serían repatriadas involuntariamente” (...) las personas de nacionalidad

colombiana que se encuentren en el Darién podrán en cualquier momento formular

una solicitud de refugio, incluso durante el proceso de censo y de verificación

previo a las declaraciones de voluntad”

 

Por la voluntad expresada por el Gobierno Panameño de respeto a la Convención

Americana y tratados internacionales, la CIDH, decidió no mantener la vigencia

de las medidas cautelares.

 

 

LINEAS DE INTERPRETACION

 

Existen dos modos de interpretación contradictorios, la oficial y la de las víctimas de violaciones de derechos humanos, la de los hostigados, la de los intimidados, la de los bloqueados económicamente, la de los sometidos a la restricción a sus derechos, la de los que afirman sus derechos sin participar en las actuaciones militares del Estado ni de la guerrilla, la de los que se niegan a la siembra de palma, de coca, al monocultivo de estos productos o a la extensión ganadera.

 

No existen condiciones de seguridad en el próximo retorno de las comunidades o familias colombianas que buscaron refugio en Panamá.

 

Persisten las estructuras armadas que generaron el desplazamiento forzoso desde 1.996, el incipiente proceso de “desmovilización” es interpretado como una cualificación de la actuación paramilitar que pasa a un escenario de consolidación territorial, social, político en la región del Norte y bajo Atrato Chocoano y el eje bananero.

 

Dentro de los modelos de guerra Estatal y de guerra de guerrillas se darían los procesos de deportación o repatriación de los colombianos. El control de los cascos urbanos, ríos en las partes bajas, el Atrato, el Golfo de Urabá a través de estructuras armadas encubiertas se mantiene al amparo de agentes estatales.

 

Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Humanitario persisten en la región.

 

La atención estatal brindada a los deportados de modo ilegal en abril de este año, que hoy habitan en el Cacarica,  es absolutamente precaria, y podría afirmarse irresponsable. Ha sido la población afrodescendiente de CAVIDA, organismos humanitarios internacionales y de derechos humanos quiénes hemos asumido la atención debida y obligatoria del Estado. No ha existido el suficiente monitoreo internacional y estatal de organismos de control.

 

La mayoría de las personas que han firmado documentos de repatriación voluntaria lo han hecho sin conocer su contenido sin todos los elementos de juicio necesario o por que algunos no saben leer.

 

A los colombianos solamente se les ha proporcionado un tipo de información insuficiente para tomar su decisión, tanto en relación con el respecto de sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.

 

La voluntariedad requiere la transparencia y no modos encubiertos de presión

y la existencia de alternativas viables que garanticen a los refugiados el pleno disfrute de sus derechos fundamentales.

 

El carácter voluntario significa que el refugiado debe solicitar la repatriación

de manera libre y espontánea y la formalización de dicha decisión debe contar

con la colaboración de organismos independientes y de altísimo reconocimiento

moral

 

Los proyectos agroindustriales en el corto, mediano y largo plazo de palma aceitera, banano o ganadería extensiva en vez de brindar mayor bienestar a esta población genera modos de desarraigo profundos e irreparables.

 

La ausencia de respeto de los principios de verdad, justicia y reparación integral en el proceso de desmovilización de los paramilitares promueve la repetición de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra la población civil.

 

Si bien las autoridades colombianas y panameñas garantizan que nadie será devuelto, se conoce de casos anteriores donde no se respetó la decisión de los refugiados colombianos como en el caso de la repatriación forzada de 109 colombianos en abril de 2003.

 

Existen profundas preocupaciones porque una vez más el gobierno Panameño en complicidad con el Gobierno colombiano, violen el derecho internacional de prohibición  de expulsión y de devolución. Este principio de non refoulement (no devolución) esta reconocido en la Convención sobre el estatuto de los Refugiados de 1951. El artículo 33 reconoce que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.

 

Hasta tanto no se resuelvan la grave crisis de violaciones de derechos humanos, el derecho a la libertad, y el Estado colombiano se comprometa a adoptar una verdadera política de respecto de los derechos humanos, de prevención y protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, de lucha contra la impunidad, no existen condiciones para retorno de los refugiados.

 

La ausencia de garantías para una vida digna se ilustra en la situación de extrema vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas que decidieron huir también de sus tierras pero adentro del territorio nacional, como desplazados internos.

 

 

SOLICITUDES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

 

Requerir al Gobierno panameño:

 

* No deportar a los colombianos que han buscado refugio en su país, pues persisten las estructuras criminales que generaron el desplazamiento forzoso y la búsqueda de refugio. El conflicto armado no ha cesado en la región y existen cualificaciones en los modos de represión que niegan las libertades.

 

* Respetar el principio de non refoulement reconocido en el derecho internacional

de los refugiados y vinculante para todos los Estados

 

* Si se llegasen a dar las repatriaciones voluntarias, garantizar que los procedimientos de repatriación voluntaria sean conformes al Derecho Internacional de los Refugiados, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

* Cumplir los compromisos y las posibilidades planteadas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del acceso al estatus de refugiado o un estatus temporal de protección el tiempo que dure su situación de riesgo al volver a Colombia.

 

Requerir al Gobierno Colombiano:

 

* Dar a conocer el paradero de JUAN BERRIO, quien según información regresó a Colombia deportado en el mes de mayo, pero de quién sus familiares que se encuentran en el Cacarica desconocen su paradero.

 

* Respetar el derecho de los refugiados, no ejercer mecanismos sutiles de presión afuera de sus fronteras.

 

* Garantizar, a quiénes regresen voluntariamente, sus derechos integralmente concebidos, respetando incluso, el principio de distinción, y realizar una atención humanitaria conforme a los principios rectores Deng.

 

* Clarificar los compromisos entre otros en materia de vivienda, proyectos productivos, salud, educación, la disponibilidad presupuestal, los tiempos de ejecución y la entrega de las partidas económicas para el desarrollo de los proyectos.

 

 

Requerir a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados en el Mundo, ACNUR:

 

* Proveer protección internacional y buscar soluciones permanentes para los refugiados. En este caso, es imprescindible que el ACNUR tome medidas inmediatas y de carácter urgente para garantizar que se respete los derechos fundamentales de los colombianos refugiados en Panamá.

 

* Observar que los mecanismos utilizados propicien la voluntariedad y la

calidad de información sobre la situación del Pacífico, el Atrato, para

garantizar que no se presenten nuevamente operaciones de repatriación forzada

 

* Asesorar y apoyar a las personas colombianas refugiadas en Panamá sobre sus derechos y los mecanismos para que se les respeten y de asistencia material;

 

* Buscar soluciones, con sus buenos oficios antes los gobiernos de Panamá y Colombia, para encontrar una solución duradera a la situación de los refugiados colombianos en Panamá;

 

* Recordar a estos gobierno las normas de garantías de los derechos fundamentales e inderogables de los refugiados.

 

 

 

Bogotá, D.C. Diciembre 09 de 2003

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

 

 

 

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