DROGAS, CONFLICTO ARMADO Y DESARROLLO ALTERNATIVO
Ricardo Vargas Meza
Acción
Andina Colombia
RESUMEN
Con
base en estudios comparativos del Banco Mundial, se establece que existe una
relación entre conflictos armados internos y situación económica, incremento
del desempleo, pérdida del ingreso, aumento de los índices de pobreza, entre
otros. Sin embargo esto no significa que, por consiguiente, las motivaciones de
quienes hacen la guerra estén ancladas necesariamente en la lucha legítima por
transformar esas condiciones. Al contrario, pueden obstaculizar las
posibilidades de políticas de desarrollo, las cuales se consideran el antídoto
necesario para evitar, prevenir o superar los conflictos.
En Colombia el alto gobierno, hace un reconocimiento
mínimo de una conexión entre la crisis social y económica y la guerra interna,
basada equívocamente, en que la aceptación de este tipo de nexos obligaría a
legitimar políticamente a sus contradictores armados. El desconocimiento del
principio fundamental del derecho internacional humanitario sobre la aceptación
a la condición de no combatientes para la población civil inerme, tiene sus
raíces en aquella perspectiva de manejo del conflicto armado.
A este escenario se agrega la caracterización limitada y
equívoca acerca de la financiación de la insurgencia con recursos del
narcotráfico. Desde esa perspectiva, los cultivos ilícitos se han convertido en
un blanco en la estrategia gubernamental contra la insurgencia, lo cual implica
negación de aquellas dimensiones socioeconómicas de esta problemática, quedando
las comunidades dependientes del cultivo ilícito atrapadas en decisiones que
privilegia un tratamiento militar a la producción ilegal. Existen coincidencias
del gobierno colombiano con los círculos de decisión en materia de drogas en
Washington, que ven por su parte mayor posibilidad de resultados medibles en el corto plazo, si se acentúan decisiones como
la fumigación aérea de las plantaciones de coca y amapola.
La política
de desarrollo alternativo del presidente Uribe se funda en el reconocimiento a
la incidencia del conflicto armado en zonas productoras de ilícitos y por
consiguiente, se subsume dentro de la estrategia de seguridad. Se replantea el
enfoque de “zanahoria y garrote” que prevaleció a lo largo de los últimos ocho
años, por otro que le apunta a reconocer la simbiosis entre conflicto armado
(versus seguridad democrática) – cultivos ilícitos (versus desarrollo regional)
– ausencia de legitimidad del Estado (versus conquista de la soberanía
estatal).
Dentro de
“Proyectos productivos y de generación de ingresos” se inscribe la propuesta de
impulso a proyectos forestales para 50.000 familias vinculadas a cultivos de
coca y amapola, con quienes se instalaría un área de 150.000 nuevas hectáreas
de bosque para usos comerciales y de 120.000 hectáreas para protección de
cuencas y nacederos, conjuntamente con planes de ordenamiento y manejo
forestal, en cerca de un millón de hectáreas de bosques naturales.
En el enfoque
de fortalecimiento institucional y comunitario se propone recuperar la
confianza en el Estado, mejorar sus niveles de aceptación y legitimidad y
consolidar esquemas que estimulen el desarrollo y la seguridad.
Los programas
de desarrollo tienen como fundamento político la conquista de la seguridad, ámbito
en el cual se entienden los procesos de participación de la comunidad y el
fortalecimiento institucional.
Propuestas para una política de cooperación. Esta debe:
-
Sustentarse en políticas
de Estado en cuanto al manejo de los cultivos de uso ilícito.
-
Tener un soporte
institucional dentro de Colombia.
-
Buscar la visibilidad,
interlocución y el desarrollo de programas con entidades, organizaciones y
procesos del nivel local y regional, enmarcados en la búsqueda de la
legitimidad estatal y la paz, la cual debe estar basada en el fortalecimiento
de la sociedad civil de esas áreas. En áreas sobre las cuales comunidades
indígenas y afrocolombianas tienen derechos de
autonomía, se debe privilegiar el respeto a sus entidades territoriales y
propender por el fortalecimiento de las organizaciones sociales.
-
Apoyar las
propuestas dirigidas a garantizar la resistencia comunitaria a la guerra.
-
Propender por construir metas claras en el fortalecimiento de los derechos humanos,
gobernabilidad y reglas de juego para el poder local y regional y frente a
los espacios de participación de las comunidades.
-
Condicionar su política
y suministro de recursos a un balance científico sobre el impacto de las
fumigaciones aéreas o un eventual uso del método biológico; en Colombia ha
desaparecido en esta materia el importante principio de precaución en relación con la comprobada ausencia de estudios
serios en terreno sobre lo que realmente esta sucediendo en materia ambiental y
de salud pública. Si bien los cultivos de uso ilícito y otros aspectos de la
economía del narcotráfico son una de las fuentes de financiación de los grupos
armados, el tratamiento exclusivo de los
cultivos en el marco de la política de seguridad termina subvalorando la
dimensión económica y social de la problemática.
-
Velar por rescatar un tratamiento que mantenga el
reconocimiento a esas causas y que constituyen una de las fuentes de
legitimidad de los programas de desarrollo alternativo.
-
Privilegiar una estrategia
preventiva en materia de cultivos.
-
Privilegiar estrategias relacionadas con la prevención,
reducción de impactos y creación de alternativas de manejo de los problemas
asociados a los ecosistemas frágiles, que son fuente importante en el
suministro de servicios, recursos y un ambiente sano. En ese sentido la política de guardabosques del presidente
Uribe no está esbozada a la altura de la complejidad de la situación ambiental,
ni mucho menos reconoce la gama de fenómenos complementarios a la problemática
de los bosques siendo reducida a esquemas nuevamente cortoplacistas
y simplificadores del problema de los daños ambientales causados, entre otros,
por economías ilegales. Debería contemplarse el suministro de recursos para la
investigación básica, sistematización de información, procesos pedagógicos y en
general el desarrollo de políticas de Estado en materia de protección y manejo
ambiental.
-
Fortalecer la capacidad de manejo del conflicto armado por
parte de los municipios, departamentos y autoridades locales autónomas (Consejos
comunitarios y ETIs).