ESTRATEGIA ANTINARCÓTICOS EN COLOMBIA:
MILITARIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA[1]
María
Clemencia Ramírez
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
RESUMEN
La
“guerra antidrogas” reemplazó a la Guerra Fría para garantizar la hegemonía de
las fuerzas militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. En
Colombia, después del 11 de Septiembre, se yuxtapone progresivamente la guerra
contra las drogas a la guerra antiterorrista y/o
contrainsurgente. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder (Agosto 7 de
2002), el Congreso de Estados Unidos con sanción de ley presidencial de Agosto
2 de 2002, levanta las restricciones para que Colombia pueda usar los recursos
antinarcóticos en una lucha unificada ya no sólo contra el narcotráfico sino
contra las organizaciones catalogadas como terroristas, tales como el ELN, las
FARC y las AUC.
Este
proceso de militarización y de pérdida de autonomía con respecto a Estados
Unidos en cuanto a su política antidrogas ha traído
una pérdida de soberanía del Estado colombiano.
Democracia y Guerra Antidrogas.
La
Iniciativa Regional Andina (IRA) lanzada el 16 de Mayo de 2001 por del gobierno
de Bush, propone la cooperación regional contra el
tráfico de drogas. En la medida en que la guerra antinarcóticos se ha
convertido no sólo en una guerra contrainsurgente sino en una guerra
antiterrorista, y se define además como una lucha contra los delitos que
generen conmoción social y puedan desestabilizar el régimen institucional y
político, los programas que se implementan para fortalecer la democracia, los
derechos humanos, el desarrollo alternativo y el estado de derecho o imperio de
la ley, se van a distorsionar y antes que contribuir a la profundización de la
democracia y al respeto a los derechos humanos, van a estar marcados por el
proceso de militarización y de intervención en los asuntos internos del país
por parte de Estados Unidos.
“Estabilidad democrática” y
condicionamientos comerciales.
Se incorpora la lucha antidrogas
como requisito para establecer el acuerdo comercial. Esta estrategia busca
avanzar más rápidamente en la implementación del Área de libre comercio de las Américas (ALCA), dirigida en favor de los intereses de
Estados Unidos como resultado de la crisis posterior a Septiembre 11 y la
recesión mundial.
El caso de las reformas Judiciales.
La
reforma judicial se ha enmarcado en primer lugar, en la visión neoliberal de la
justicia, esto es la
pacificación con visos autoritarios, en
la medida en que esta pacificación es la condición esencial para el
funcionamiento de los mercados. En segundo lugar, en el impulso de la agenda
política contra el narcotráfico, que se traduce en el fortalecimiento del
aparato penal colombiano, en muchas ocasiones en detrimento de las garantías
procesales. Estas tendencias se hacen evidentes en los programas de
mejoramiento de la justicia que se han adelantado desde 1986 y que se han
continuado con el Plan Colombia.
En el marco de esta creciente militarización y represión de la política antidrogas de Estados Unidos, los demás programas financiados dentro del marco del Plan Colombia van a estar condicionados a cumplir con las necesidades de la guerra antidrogas antes que con las necesidades internas del país.