*”Devuélvannos la Coca”,
Palabras de la representante indígena Fabiola Píñacué
“DEVUÉLVANNOS LA COCA”*
LA
MINGA
La
Minga Indígena vino a Bogotá y los voceros de los indios plantean un nuevo Pacto
de Chicoral con el país real; y los están matando. Los Indios piden ser
representativos de unas aspiraciones sociales colectivas. Yo, como parte de esta
nación inconclusa, me siento totalmente representada por esa Minga y creo que la
respuesta social ha sido contundente en ese sentido. Piden los Indígenas que se les
devuelva la coca y cito el comunicado de la Minga sobre el Nuevo Pacto de Chicoral /vertical y no horizontal/ en su 8º pto: “Defender la coca como nuestra
planta sagrada y concertar políticas para evitar su uso ilícito”. ¿Cómo?
Lo
inmediato es haciendo claridad. En primera instancia sobre la coca. ¿Cómo es
posible que un gobierno se atreva a irrespetar sin ningún pudor la Hoja Sagrada
de sus Pueblos Originarios? ¿La mata que mata? Esa no se la cree nadie y grave
error comete el gobierno colombiana minando así su credibilidad y mostrado su
desprecio por su capital humano y natural. La coca no mata. La ignorancia, el
armamentismo y el Glifosato, sí. Las Naciones Unidas plantea nuevos rumbos
frente a la coca y los colombianos claman por que se protejan los recursos de la
nación. Es de conocimiento generalizado que lo que
vale actualmente, y más aún en el futuro, son las materias primas, los recursos
naturales. De ahí que sorprenda que -los llamados a dirigir los destinos de la
patria- subestimen, destruyan y entreguen así su riqueza.
No es
la mata de coca lo que más intranquiliza a la Comunidad Internacional en este
momento. Lo que la alarma es la violencia colombiana aunada a la consolidación
de un fuerza armada (entre cuyas filas la prevalencia de consumo de drogas no
deja de ser revelador) que, en los últimos años, ha saltado a ser la segunda
del hemisferio con 275,000 efectivos. La
protección de los derechos y riqueza natural colombiana
preocupa a la Comunidad Internacional. Alertar en giras internacionales sobre
los daños químicos del narcotráfico mientras el gobierno que alerta aplica
medidas químicas y elimina los
aranceles sobre los agroquímicos es totalmente incongruente. Lo que confirma la gira de cárteles
de Pacho Santos es que el gobierno colombiano es totalmente consciente
del daño que están ocasionando los agroquímicos, entre otros, los que aplica de
su propia mano a través de sus fumigaciones.
La actual administración puede ignorar, negar, lo que quiera. Lo que no puede es
caer en su propio engaño y seguir demoliendo lo que reconforta a la Comunidad
Internacional: la fuerza viva de la oposición y la entereza de sus instituciones
y Pueblos Originarios. Esto es lo q’ da fé de que en Colombia hay contrapesos;
que no todo está perdido; que hay un relevo social posible y que Colombia puede
encontrar caminos propios.
El RELEVO DEMOCRÄTA
Cada
experiencia es única y Colombia necesita soberanía para determinar la
normatividad que responda, se ajuste, a sus aspiraciones populares y
posibilidades, dentro de sus costumbres y medios. Los tabú y dificultades que
enfrenta Colombia para debatir el tema de consumo son un reflejo más de las
presiones que ejerce el narcotráfico en aras de consolidar sus contrarreformas
al amparo de la guerra. No cabe la menor duda de que la primera víctima de la
concesión de la soberanía nacional a cuenta del enriquecimiento fácil será el
narcotráfico en el poder. Otra es que no se den por enterados; que cierren los
ojos frente al abismo. La promoción de esta guerra de todos contra todos (por sapeo,
estigmatización, campañas de desprestigio y descuento de la nación) equivale a
quemar el bosque en el que se está. Por otra parte, las
políticas tienen que reflejar las expectativas sociales para que cumplan su
cometido de base; así sea con miras a la cooptación de una base social para
ejercer un cargo político. Buscar
‘fórmulitas’ legales y panaceas para suprimir esas expectativas sociales es de
una falta de amplitud imperdonable.
Lo cercano y propio es el narcotráfico, que responde a fórmulas de concentración y se perpetúa por la búsqueda de repartición de las riquezas. De aquí se desprende la necesidad de promover una normatividad propia que propicie la distribución social de los dineros del narcotráfico y su obligación de responder por sus crímenes de Lesa Humanidad. Se requieren medidas que socaven el control armado que ejerce el narcotráfico sobre el consumo y la producción, pasando por el cultivo de la coca. Se requiere mirarse de frente y pensar el futuro sin desconocer ni descartar lo que somos y lo que tenemos. Desafortunadamente, la cultura (incultura) colombiana maneja una codicia de lo ajeno que es lo que constituye el robo como norma para pasar a la incorporación del síndrome de malandrín que desemboca en el reino del más HP.
No obstante, es moralmente inaceptable que, porque las determinaciones sobre el consumo y
venta y de ‘drogas’ las dicta Washington, se niegue el derecho a la verdad,
reconciliación y reparación nacional de los colombianos. Coartar las justas
demandas de las victimas bajo la óptica de que pesa más la relación de crímenes
económicos en USA que la verdad sobre vínculos entre droga, política y crímenes
de lesa humanidad, socava la búsqueda de soberanía de la sociedad civil
colombiana para atajar la guerra. La pretensión de que el narcotráfico
colombiano se desmantela en Washington y no en Colombia es otra de las tantas
estrategias a las que se acoge el narcotráfico para perpetuarse. Por otra parte,
esta errada estrategia golondrina condena a los Estados Unidos a seguir viviendo
el desangre y dependencia social y económica que representa el narcotráfico y la
lucha en su contra.
La llegada de Obama y los demócratas al poder señala el hastío con el desgaste
de la guerra. El relevo generacional y cultural, además de simbólico, es real.
Joe Biden, el vicepresidente electo, fue en su momento uno de los más ardientes
defensores del Plan Colombia dentro del campo de los demócrata. Sin embargo, los
pasos dados señalan que pesa más la defensa de los Derechos Humanos de las
poblaciones más vulnerables que la aplicación arbitraria de las políticas de
drogas. Recientemente,
Biden
y Obama presentaron un proyecto de ley que eliminaría la disparidad en las
condenas por posesión de crack (una especie de bazucó depatraseado o pasta de
coca) y la posesión de polvo de clorhidrato de cocaína. No se limitaron a
aumentar las penas. Al contrario, equipararon las cantidades. De tal forma, que
la sentencia mandataria mínima (5 años) se dará por la posesión de
500 gramos de
crack,
la misma dosis que para el clorhidrato de cocaína.
Este
cambio es significativo y se debe en buena parte a un gran amigo de Colombia,
Ethan Nadelman, Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA). La DPA
lleva años abogando por que homologuen las sentencias La razón de base es que la
mayor sentencia frente al crack afecta mayoritariamente a los sectores
afroamericanos. El 80% de los condenados son negros cuando un 75% (¾) de los
consumidores de crack en USA son blancos. La DPA, afirma que fumar crack no es
muy distinto a consumir cocaína. Es cuestión de ver si en Colombia podemos
afirmar lo mismo.
EL DESLINDE
¿A qué
lado de la brecha social colombiana prevalece el consumo de basuco? Las
denuncias sobre el daño a la estructura de Plaza de Toros revelan que los
jíbaros del sector de la Macarena raspaban los ladrillos para rendir las
papeletas de basuco que vendían a niños. Que un niñito de 8 años consuma
sustancias alteradoras es dramático pero que, en razón de su vulnerabilidad, se
le venda ladrillo mezclado con basura es un simple reflejo de la inconcebible
irresponsabilidad social y del Estado. Creo que, si vamos a ver, una buena parte
de estos niños fumadores de basuco, vienen de barrios de expendio y/o sus
hogares son las mismas ollas. Justamente por esto no se trata de atacarse a las
ollas. Este es un trabajo social no policivo. Esos niños, esas familias, esos
expendedores merecen un trabajo de reinserción social, ojalá sin moralismos
sobre lo que están haciendo.
El enriquecimiento con el mercadeo de drogas está tan cerca o tan lejos de ser
un problema de moral como lo es el enriquecimiento con la privatización de los
medios de transporte y de comunicaciones.
La
inmoralidad no está en que se venda o se consuma droga, la inmoralidad está en
que las fuerzas del narcotráfico y la DEA nos tengan inundados de drogas cada
vez más químicas y se sigan enriqueciendo con el cuento de que eso no se debe ni
vender ni consumir. Lo totalmente inmoral e inaceptable es que busquen
condicionar, a punto de plomo y químicos, conductas que atañen el libre albedrío
individual y la soberanía nacional. Tal vez, si partimos de la óptica de que no
es un asunto de moral sino de medios, podemos facultarnos para promover enfoques
novedosos, pragmáticos y eficaces frente a las ollas, el jibareo y consumo de
drogas que se ajusten a nuestras necesidades, posibilidades, e intereses
nacionales.
La pregunta que tendríamos que plantearnos los colombianos es ¿cómo enfocar esa
categoría amorfa llamada narcotráfico que va desde el corazón de “la patria”
hasta el rincón más recóndito del Sur del país? De tal forma, habría que pensar
en la necesidad de precisar cómo efectuar un deslinde claro
entre
los sectores armados que desplazan y despojan al país y los millones de
cultivadores, expendedores y consumidores que sólo son parte de la guerra en la
medida que los legisladores así lo han dispuesto.
La
mayor parte de lo que se configura (desde la ley, desde la moral) como
narcotráfico, es una masa social, de pequeños campesinos, raspachines, jibaros,
ollas y consumidores en extremo grado de vulnerabilidad. Mientras no diseñemos
fórmulas para ejercer un control social, promover la reinserción social, del
expendio y consumo, éstos seguirán siendo de la exclusiva competencia y a
beneficio exclusivo de la industria química, los adictos a los dineros del
narcotráfico y su propagación por la guerra.
Los
expendedores sí hacen plata fácil y rápida, sobre todo con la basura que cortan
y venden. Pero nada comparado con la venta al por mayor. Ejercer una vigilancia
social pragmática sobre los expendios de basuco sería un paso monumental hacia
la fijación de controles de calidad y por edad. Las drogas se consumen. Como
decía Obama, ante la pregunta de si cuando fumó marihuana inhaló el humo, “de
eso se trata”. Parece tan evidente, las drogas existen y nada sacamos con
negarlas, ya suficiente daño se ha hecho con esta pretensión. Lo cierto es que,
entre la teoría y la práctica media un abismo; el mismo abismo que media entre
el uso recreativo y el uso complicado. La recreación, el uso recreativo de
“drogas”, sólo representa un problema para quienes así lo ven y lo decretan.
FÓRMULAS PARA ENFOCAR EL CONSUMO
Lo que
sí debe merecer nuestra atención es entender y ayudar a aliviar c/quier atadura
que limite el accionar individual y social. Para el individuo, dejar una atadura
y obstáculo emocional y/o químico no es más que la superación de un destino
adverso. Para la nación colombiana, librarse del condicionamiento (político,
social e internacional) por las drogas implica un ejercicio social, partiendo de
la realidad. Es éste un proceso de un equilibrio supremamente delicado que se
podría iniciar con charlas desde el conocimiento sobre las drogas y la promoción
de espacios alternos con miras a la reeducación.
Se
podría comenzar por el diseño de cartillas dirigidas a los sectores que trabajan
con jóvenes desde la más temprana edad. Una meta podría ser desde los 13 años,
tratando de enfocar prioritariamente esa época en la que se calcula la edad
previa al inicio del consumo. Los logros en el campo educativo en el Distrito
son el espacio perfecto para programas de este tipo. Habría que ver qué tipo de
sustancias son las más consumidas (y/o las más baratas) y promover conocimientos
científicos y vivenciales sobre esas y las sustancias que las acompañan.
Programas que no pequen de moralistas, alentadas por los jóvenes desde sus
propias experiencias, enmarcadas por las experiencias de usuarios de larga data,
médicos y trabajadores sociales. No se trata de una doctrina. Se trata de saber
cuáles son las experiencias reales de los jóvenes colombianos que ya han
ensayado las drogas y adecuar los discursos y orientaciones a esa variedad de
experiencias para evitar las dañinas y no pontificar desde lo idílico sobre lo
que desmiente lo vivido.
Las
cartillas deben ser muy bien ponderadas por personas con experiencia en el tema,
teniendo muy presente la existencia de un sesgo inevitable que puede ser fruto
de una fácil experiencia con las drogas o, lo que sería más de lo mismo, de la
prevención prohibicionista. Nos podrían servir de apoyo las experiencias de los
brasileños y los argentinos. Sin embargo, no hay que perder de vista que la
experiencia de Colombia con las drogas es única y el ajuste social nos es
propio. Por otra, no hay que desatender el hecho de que es preciso asumir la
necesidad de tomar medidas sobre la mala calidad de las drogas. Los españoles
cuentan con laboratorios móviles que se sitúan a la entrada de los sitios de
rumba y miden la calidad con el fin de proteger a los usuarios de riesgos por
corte de las sustancias. Es un ejercicio de control válido en un país de
rumberos y jóvenes. En Colombia, con el cuentito de la inmoralidad e ilegalidad
del negocio de las drogas, nos tiene montado un negocio que se caracteriza por
enriquecerse a punto de productos que son una pobre semblanza de lo que su
nombre indica, marihuana pésima o tan fuerte que ya ni mata de marihuana es.
Por
muchas leyes que hagamos para acomodarnos al ideal de un país “de ángeles”, el
comportamiento ético y responsable se replica por la praxis, el ejemplo desde el
ejercicio del poder, y no porque así se decrete. Legislar sobre el consumo del
alcohol durante el embarazo equivale a pretender negar la capacidad de
discernimiento, responsabilidad y amor propio y materno de las mujeres.
Paternalismo, género y prepotencia política se combinan para reflejar la
imposibilidad de cumplir con el deber de brindar educación y medios. Partamos de
la base de que para enseñar hay que saber y que, entre el saber y el poder,
tercia el pragmatismo.
Habría que ver, por ejemplo, que la
coca y marihuana (sin
¡AL
MENUDEO JAMÁS!
La primera revelación de nexos entre narcotráfico y el Estado colombiano se
remonta, según Fabio Castillo, a 1978 con Turbay Ayala [1978-1982]. Es Turbay
Ayala quien da vía libre a las fumigaciones en 1978. Seguramente, lo uno no es
ajeno de lo otro. Aunque es imperdonable. Lo cierto es que el narcotráfico lleva
más de 30 años incrustándose en el poder, propagando la coca a punto de
fumigaciones y condicionando los procesos nacionales a legislación de drogas que
responde a intereses ajenos y contrarios al bienestar de la nación colombiana.
Es más, a fuerza de feriar los recursos empresariales públicos y los recursos
naturales de la nación, el narcotráfico mismo se está encargando de socavar ese
poder que tanta sangre le ha costado al país. Al convertir al Estado colombiano
en simple administrador de recursos que ya no le pertenecen, lo único que tiene
que hacer el poder de turno, las multinacionales que dominan la política, es
esperar a que se consolide el traspaso de los recursos para proceder a la libre
remoción (a como dé lugar) de la Administración de turno. Es probable que ni la
Monsanto quiera que se fumiguen sus aguas.
Las
fumigaciones corren por cuenta del Estado colombiano y, en esos últimos 30 años,
han servido a la consolidación política del narcotráfico al desviar la atención
de los esfuerzos antinarcóticos en su contra. Sea lo que sea, en el momento que
alguien por fin interponga una demanda contundente, el Estado colombiano no
podrá alegar ignorancia sobre el daño químico. Hay con que exigir que se
repiense. La carta dirigida por el Inderena al Presidente Turbay en 1978, antes
de que se efectuar la primera fumigación, advierte sobre la obligación del
Estado de cumplir “la exigencia prevista por el artículo 28 del
Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección del medio
ambiente, de realizar un estudio ecológico ambiental previo de las
áreas sobre las cuales se proyecta llevar a cabo la fumigación para tomar toda
las previsiones "necesarias para que no pueda posteriormente imputarse a falta
de previsión del Estado, la ocurrencia de alteraciones o deterioros ambientales
que puedan producirse en perjuicio, bien para la salud humana o para recursos
básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la
fauna”.
El
narcotráfico, su cobardía, su temerosa muda y sanguinaria incorporación al
Ejecutivo y parte de poder legislativo y judicial es inadmisible. Sin embargo,
que los narcotraficantes legislen sobre las drogas no es ni más ni menos absurdo
a que los grandes productores de vino, de tabaco y de armas condicionen la
normatividad respectiva. Lo que sí es alucinante es que esta generación de
narcotráfico haya dado tal salto cualitativo y cuantitativo al poder y, no
contenta con eso, se haya dedicado a promover discursos seudo-moralistas frente
al consumo y cultivo que lo único que proyectan es una filosofía de “¡Al menudeo
jamás!”. Reformar la constitución para atacarse al consumidor y agredir al
campesinado con químicos no es atacarse al negocio mayorista de drogas, al
narcotráfico. Es atacarse al pueblo
colombiano.
Las
plantas y drogas van y vienen con la Humanidad al ritmo de sus costumbres. El
consumo de drogas es otra dimensión de, y encuentro con, la realidad y como tal
es que se debería enfrentar.
El consumo o no de exceso de colesterol, de alcohol durante el embarazo, de
sustancias más o menos tóxicas para el organismo obedece a unos elementos de
juicio. Las costumbres responden a los medios al alcance y espacios propicios a
la concientización y desarrollo del sentido de responsabilidad individual.
Se
requieren conocimientos para poder concientizar y salir del oscurantismo
para llegar al corazón de la patria, al corazón del narcotráfico.
El
tiempo apremia para que el narcotráfico se ilustre y recapacite sobre el rol que
está llamado a desempeñar la sociedad para salir de la guerra en su contra.
EL
CÍRCULO DEL COMERCIO QUÍMICO DE OCCIDENTE
En el
s. XXI hemos dado el círculo completo de la espiral para llegar la punto de
partida de la Guerra de la Droga del Imperio de Occidente y de los monoteísmos.
Entre 1839-42 y 1856-58 los ingleses libraron las
Guerras del Opio a fin de imponer el mercadeo y consumo de opio en China. Para
la época, las importaciones eran monopolio del Estado chino y éste le vendía té
a los ingleses y a cambio del metal plata mejicano. Los ingleses con miras a
reversar el costoso flujo de plata hacia la China, lo sustituyeron por el opio
que compraban a la India. El opio como remedio era conocido en China desde la
Dinastía Ming pero su uso recreativo era prácticamente desconocido y existían ya
leyes sobre el abuso. Con el comercio británico, la rápida expansión del consumo
de opio en China termina siendo causal de guerra. La Corona Inglesa protege a
sus traficantes de droga y, de paso como medida de guerra, se apropia de Hong
Kong. De igual forma, familias de gran renombre hoy se lucraron con la
prohibición del alcohol y empresas como la Coca-Cola se lucran de sus
privilegios y la persecución en contra de la coca.
Cuando se hace un seguimiento cronológico de la legislación antidroga, lo que se
vislumbra es que la persecución armamentista en contra de las mal llamadas
‘drogas’ responde a intereses paternalistas y comerciales promovidos por una visión monoteísta y puritana. Se
vislumbra como la Guerra de las Drogas ha contribuido a consolidar los intereses
de la industria química; farmacéutica y agroquímica que, por lo general, con una
y la misma. Con el Acto Farmacéutico de 1868 para controlar la competencia no
asociada se inicia el camino hacia la eliminación de la competencia de las
plantas. La represión del consumo de la marihuana, amapola y coca favorece a la
industria farmacéutica que patenta fórmulas químicas a base de las plantas
originarias cuyo cultivo y venta están prohibidos y de la industria agroquímica
que fabrica los agroquímicos y precursores con los cuales se alteran las plantas
originarias. La dependencia química de la agricultura, el impulso de los
Organismos Genéticamente Modificados y el consumo creciente de sustancias cada
vez más químicas confirma el peso del comercio en formulaciones que se reclaman
del ámbito de la moral.
La primera convención de drogas la convocó los Estados Unidos al apropiarse de
las Filipinas. Se perseguía el opio y el deseo de desvertebrar la superioridad
comercial británica. Hoy por hoy, nos tienen montados en la prohibición de 250
sustancias, entra la cuales figura el pobre sapito Bufus. Si no fuese tan
dramático sería chistoso. Cuando uno mira las resoluciones de la DNE, siente uno
lo fastidioso que debe ser el trabajo para estos funcionarios al verse obligados
a ‘prohibir’ un tras otro los elementos del funcionamiento cotidiano. Cemento
gris,
gasolina, urea amoniacal, aceite combustible para motor (A.C.P.M) y kerosene
petróleo ….en el
Putumayo, Caquetá, Nariño, Antioquia… y así con todo y por todo el país. Los
policías estadounidenses, los británicos, franceses se quejan de verse obligados
a aplicar las normas en contra del consumo banal. ¿Qué no dirán los policías
colombianos que tienen que hacer frente a una cotidianidad delictiva sin
equivalente en otras latitudes? Seguramente las autoridades colombianas
cumplirían mejor su función de protección de la ciudadanía si su labor estuviese
condicionada por la realidad colombiana y no por las prioridades de Washington.
POR EL
CAMINO DE LA COCA
En
términos muy generales, los estadounidenses avanzan la descriminalización por el
camino de la marihuana médica y los europeos enfocan el uso por la modalidad de
Reducción de Daños para los usuarios y para la sociedad. Mi convicción personal
es que el camino hacia el ejercicio de un enfoque social del consumo en Colombia
pasa por la Hoja de Coca, cuyo consumo ya es legal
de facto, y ni más faltaba que no lo
fuese. Lo inaceptable es que la coca sana no sea legal
de jure. Concretamente, Colombia
podría fijarse una Política de Gobierno de denuncia de la Convención Única de
Estupefacientes de 1961 que colocó la coca como única planta en la lista 1 de
sustancias prohibidas.
Este
esfuerzo contribuiría a devolver a la Hoja de Coca la imagen de marca de lo que
realmente es. “Devuélvannos la coca” es una válida reivindicación de los Pueblos
Originarios y una causa que nos vincula con nuestros hermanos andinos y
latinoamericanos. Una propuesta —presentada de manera estructurada y estudiada
en razón de los riesgos que corren nuestros representantes políticos— que
atienda los preconcebidos que maneja el imaginario popular y sopese la realidad
de las repercusiones mortales de las drogas en Colombia, seguramente encontraría
eco en el exterior y en esos millones de colombianos que de una y otra forma
están relacionados con las plantas y sustancias alteradoras de conciencia.
Tal
ejercicio del poder estatal abriría paso a un acercamiento social al consumo de
las 250 sustancias con las que nos han acabado inundando a punto de plomo.
Apuntalaría la alternativa de un eventual ejercicio de un marco social y
reglamentación estatal de dichas sustancias a través de medidas arancelarias,
impositivas, y de control de calidad y daños para cultivadores, usuarios y
proveedores. La búsqueda de generación de impuestos para las arcas del Estado
por medidas ajenas a la guerra consolidaría esta propuesta social. Una propuesta
de drogas no puede ser ajena al daño que representa para sus constituyentes la
guerra química en contra de la coca y a favor del mercadeo y guerra de la
industria agroquímica y farmacéutica. El diseño de una política que propicie el
ejercicio de un control social soberano que ataje la expansión del mercadeo
armado de las drogas’, no es un derecho, es un deber.
Al asumir el tema del consumo desde una perspectiva de reducción de los daños,
se vislumbra una forma de superar el fenómeno del narcotráfico enfocándolo a
través de respuestas contextualizadas y soberanas. Se hace menester reconocer
que los efectos de políticas reformadoras serán más o menos graduales en la
medida en que se vean enfrentadas o complementadas por las alternativas propias
a otros contextos geográficos. Es probable que
el
retorno de la soberanía —alimentaria, ambiental, económica, política y social—
por el camino de la coca
siente las bases de alternativas al
tráfico de drogas de Colombia. Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y otros países
de la región promueven la necesidad de industrializar la coca para salir del
impasse y superar el condicionamiento del desarrollo por el narcotráfico.
Que hable la Minga y, yo añadiría, que el narcotráfico real realmente la escuche
y responda lícitamente pues es por el bien de todos. No somos ni ciegos, ni
brutos, ni mudos ni sordos. El narcotráfico y Washington tampoco… creo. Ahora
bien, mientras el narcotráfico siga obstinado en cavar su propia tumba allanando
el terreno para acciones violentas de la Comunidad Internacional en su contra,
poco o nada puede la sociedad civil de la patria para impedirlo. No obstante,
los movimientos sociales de oposición a la guerra sí pueden preveer esa
eventualidad y buscar la forma de amortiguar ese golpe para el país.
María
Mercedes Moreno
Enero
2009
Hospedado por Globenet
©2009 Mama Coca. Favor compartir esta información y ayudarnos a divulgarla citando a MamaCoca.
junio 2001 octubre 2001 febrero 2002 noviembre 2002 abril 2003 septiembre 2003 octubre 2004