El POLO Y EL GRAN DILEMA DE LA DROGA

En nuestro IDEARIO DE UNIDAD, (numeral 6) Política Nacional de Drogas, quedó consignado como punto fundamental de la unidad de nuestro partido, el  tener   una visión compartida para impulsar una política contra los estupefacientes y su tráfico[1]. No estábamos equivocados al seleccionar este tema como uno de los siete puntos del ideario. Hoy ratificamos nuestra propuesta y la complementamos;  nos sentimos obligados a ser más determinantes en nuestra tesis, porque el fenómeno se ha vuelto mucho más grande y complejo. El problema de las drogas en Colombia requiere de medidas radicales y futuristas, porque el desgaste de nuestra sociedad en la actual lucha, no ha podido doblegar este flagelo y por el contrario, la política actual no tiene un futuro conveniente para el conjunto de nuestra ciudadanía, aunque existen algunos pequeños grupos de la población muy altamente beneficiados con ella. Naturalmente, a ellos no les conviene un cambio de paradigma, son defensores del statu quo actual y harán lo que consideren necesario para mantenerlo, utilizando todos los instrumentos, medios y recursos que tengan a su alcance, los cuales,  por el lugar privilegiado que ocupan en la estructura de nuestra sociedad son definitivamente muy poderosos.

En los Estados Unidos fueron necesarios tan solo 13 años para entender que el prohibicionismo  al alcohol  como remedio a la adicción terminó siendo peor que la enfermedad y lo acabaron en 1933.El mundo por el contrario lleva 47 años desde 1961, con la Convención Única de Estupefacientes, enfrascado en un prohibicionismo furioso y dogmático contra las drogas psicoactivas. Por el contrario, el crimen organizado encontró en el prohibicionismo de las drogas un pilar fundamental en su fortalecimiento y diversificación de su portafolio delictivo. La  política moderna[2] represiva contra las drogas, fue impuesta por los Estados Unidos desde 1982, cuando el  entonces presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, lanzó al mundo una de sus más famosas consignas: "Guerra contra las drogas”,  se ratificó a nivel global en 1988 en Viena, Austria,  en la cumbre organizada por las Naciones Unidas "contra el tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas" y fue aceptada sumisamente por nuestros gobiernos, “Colombia lleva 30 años  de autodestrucción química sistemática. Tres décadas de envenenamiento sin tregua de sus niños, campesinos, ríos, alimentos, ganado y tierras que tardarán años en sanar, [3]si es que se recuperan.” Política que evidencia  su fracaso al no lograr los objetivos: “atacar el comercio de drogas ilícitas en todas sus etapas: la producción, el transporte y el consumo. Al mismo tiempo hay que cortar todos los pasos de la corriente de dinero que va de los consumidores a los productores, a fin de que a los traficantes les resulte más difícil transferir sus beneficios por medio de los sistemas bancarios internacional y nacional, disfrutar de esos lucros mal habidos, comprar hoja de coca a los agricultores y pagar a los elaboradores que la refinan.”[4]Los propósitos de disminuir la producción, las hectáreas cultivadas y el consumo, no pasó de ser una quimera.

Ha llegado el momento de dilucidar el gran dilema de la droga y de tomar una posición democrática pero agresiva al respecto. La población colombiana, los actores directos e indirectos,  deben estar involucrados en  la elaboración e implementación de una  propuesta para que se adopte una política de estado coherente con los tiempos que vivimos y con los que  están por venir en el futuro próximo y lejano.

El gran dilema de la droga es un compuesto de muchos dilemas particulares con vida propia, que se interrelacionan, se condicionan mutuamente, se retroalimentan, se interfieren y se impulsan al mismo tiempo. Puede verse como una  red o  sistema autopoiésico, altamente dinámico y peligroso, enquistado  en la estructura y en la superestructura de nuestra sociedad: en el corazón mismo de nuestras relaciones sociales, en nuestra frágil economía, en nuestras instituciones democrático-burguesas y en nuestra inteligencia colectiva.

LA DROGA EN NUESTRAS RELACIONES SOCIALES

Las cifras relacionadas con el negocio de las drogas son imprecisas y dependen de la fuente, podríamos decir de las percepciones e intereses de las fuentes. Las imprecisiones no son gratuitas y tienen un carácter ideológico.

De acuerdo con la información oficial, la erradicación de coca y amapola ha ido en aumento, año tras año, gracias a los grupos móviles de erradicación (GME). Se afirma que en 2004 fueron arrancadas 3.411 hectáreas, en 2005 un total de 33.413,59, en 2006 sumaron 43.043,21, y en 2007 alcanzaron las 66.805.[5]

Sin embargo, aunque el Gobierno le aseguro al país que no quedaba ni una mata de coca en el  Departamento del Putumayo, según F. Thoumi, las últimas estimaciones del área cultivada con coca en Colombia ha tenido repercusiones políticas importantes. A pesar de la intensa campaña de fumigación y erradicación manual adelantada por el gobierno durante el último año, el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI) administrado por la oficina de las ONUDD, estimó que en el 2007 había 99 mil hectáreas cultivadas con coca, cifra que implica un aumento del 27% con relación a las 78 mil hectáreas estimadas por el año anterior. De acuerdo con la serie del SIMCI, éste fue el primer aumento sustancial en el área cultivada desde 1999. Sin embargo, el presidente Uribe estuvo en desacuerdo con estos resultados y decidió que la ONUDD dejara de administrar el SIMCI.[6]A falta de un evaluador más calificado y aceptado por la comunidad, el presidente tuvo que solicitar a SIMCI que continuara con sus servicios en el país. Nos parece importante registrar también algunos datos del Departamento de Nariño. Al finalizar la administración Samper en 1998, este ente territorial estaba alrededor de tan solo tres mil hectáreas de cultivo y no se fumigaba ni un solo centímetro con glifosato. Pero la medicina del Plan Colombia  parece haber abonado la coca como nunca. Porque el Departamento termina aumentando sus cultivos de coca en mas de  nueve mil. Se han fumigado mas de 215.000 hectáreas con un costo de 134 millones de dólares, que es el mismo costo pero a escala nacional de lo que el gobierno ha entregado a las familias guardabosques.

El fracaso de la política impuesta por los Estados Unidos tiene expresiones inequívocas en nuestras relaciones sociales. En el proceso de producción, distribución, redistribución  y consumo de las drogas en Colombia, se reflejan las condiciones laborales extremas de nuestra cotidianidad, una gran apropiación de riqueza por unos pocos poderosos  y una extremada explotación   de grandes cantidades de trabajadores dependientes e independientes, que se ven obligados por las condiciones de vida que tienen  a desempeñar diversos y no tan santos oficios. En días pasados pudimos leer[7] que se dio una reorganización al poder de los narcotraficantes que hace más de una década se estableció en el Urabá antioqueño. Alias Don Mario, “paga el mejor sueldo de la guerra. A los patrulleros 700.000. Al trabajo político en un pueblo, dos millones. Y si dirigen las finanzas de la organización, llámese manejo de lanchas rápidas, el sueldo puede llegar a los 10 millones”. Los habitantes de la región no tienen mejor opción de ingresos. Lo mismo sucede en muchas otras áreas rurales y barrios marginales del país, donde la calidad de vida y las políticas sociales nos les deja otra alternativa, así la esperanza de vida de la población vinculada a esas actividades sea de las más cortas del mundo. Los personajes como Don Mario se repiten a lo largo y a lo ancho del territorio colombiano y son la mejor alternativa de ingresos para una parte importante de ciudadanos. Pero ese tipo de trabajo, independientemente de los beneficios personales de los trabajadores, genera riquezas difícilmente cuantificables para los capos y las élites.

Según la ONU más del 80% de la cocaína mundial la produce Colombia. La participación en el mercado de heroína es mucho menor: entre el 2 y el 3%. En términos de ingresos las operaciones de las drogas estarían dejando a los narcotraficantes algo más de 360.000 millones de dólares anuales, cifra descomunal con la que doblegan al poder y a un sector importante de la sociedad civil.[8] 610 toneladas de droga en promedio producen los narcotraficantes colombianos al año para poner a circular en los mercados de Norteamérica y Europa;  de éstas, 180 toneladas de droga son las que aproximadamente salen de Colombia por la ruta africana,  con destino a Europa  donde los precios alcanzan un 50% más que en Estados Unidos.[9]

Esta percepción sobre los volúmenes  de producción, comercialización e ingresos no es nueva. Hace treinta años el diario El Tiempo, advertía que hasta finales de 1978 se habrían capturado 50.00 millones de pesos en droga[10], cifra que para entonces era bastante exagerada, cercana al delirio.  Desde entonces se manifestaba claramente,  que ese poder económico clandestino influía significativa pero negativamente en el desarrollo de nuestra sociedad.

Más recientemente,  en 1995, por ejemplo una publicación de Gestiópolis nos informa que, “un subcomité del Senado estadounidense afirmó que el comercio mundial de drogas asciende a  500.000 millones de dólares anuales. A principios de los noventa el Grupo de Estudio de Acción Financiera de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) lo estimó, con base en el gasto realizado en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y marihuana, en 100.000 millones de dólares al año. La primera suma convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio en el mundo, sólo abajo del de armamento; la segunda, si bien muy inferior, supera al PIB global de la mayoría de los países latinoamericanos, incluida Colombia, y haría del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa del mundo. Un valor anual promedio de 300 000 millones de dólares equivaldría al de la industria petrolera mundial. En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en Colombia se refleja la misma heterogeneidad. Por muchos años se manejaron montos espectaculares que numerosas publicaciones reprodujeron sin recato. Se llegó a afirmar que dichos ingresos sumaban de 18 000 a 25 000 millones de dólares anuales (casi 50% del PIB). Otros precisan que sólo la mitad de ellos regresa a Colombia y el resto se coloca en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Los estudios sobre el fenómeno de las drogas suelen omitir la metodología empleada para calcular los montos y a menudo se basan simplemente en otras estimaciones. Uno de los primeros esfuerzos de análisis serios y sistemáticos del narcotráfico en Colombia, con una metodología rigurosa para evaluar con mayor precisión la producción, el comercio y los ingresos de la actividad y sus efectos en la economía del país, lo realizó el economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio. Previa explicación de su modelo econométrico, Sarmiento concluye que en los años ochenta la participación de Colombia en el tráfico mundial de cocaína fluctuó de 1500 a 4000 millones de dólares anuales, de los cuales ingresaron realmente al país de 900 a 1 300 millones.”[11]  No cabe duda que el negocio fructifica crecientemente y que la política represiva tiene resultados decrecientes “las ganancias de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos de todos los embarques deberían ser interceptados con el fin de reducir de manera significativa lo lucrativo del negocio. Sin embargo, solo es interceptada el 13% de los embarques de heroína  y un máximo  del 28% para el caso de la cocaína”; para otros analistas solo se interceptan el 10% de las drogas que circulan hacia los mercados de los países industrializados del mundo.”[12]

LA DROGA EN NUESTRA ECONOMÍA

Sean cuantos sean, las hectáreas cultivadas y el precio de las cosechas, el hecho es que la reproducción de las drogas ilícitas en forma monopólica típica del capitalismo (carteles), acompañada de muchedumbres de microproductores trashumantes que abastecen a los grandes comerciantes,  interfiere  en el aparato económico nacional: altera el normal desempeño de las formas de propiedad de tierras, trabajo y capital; distorsionan  la producción de bienes y servicios, los equilibrios de los mercados,  las pautas del consumo,  las tasas de la ganancia,  las finanzas del estado,  los niveles de las divisas y todos los demás aspectos relacionados con las actividad económica legal, incluyendo la guerra. “En el modelo de desarrollo económico colombiano el negocio del tráfico de narcóticos y todo el submundo que éste genera (ver y vivir la realidad al día, sicariato, corrupción política) fue contemplado como herramienta eficaz tanto para el desarrollo de la economía como para ejercer un control social a favor de las elites en el poder.”[13] Se entiende sin lugar a dudas, que existen razones de peso y de pesos, para mantener las políticas actuales del gobierno y del estado colombiano. Esto hace afirmar que “como el narcotráfico es un negocio prohibido está en manos de los malos. Es natural y previsible que, gracias a él , los malos vayan ganando.”[14]  No es extraño entonces que al preguntarle María Isabel Rueda, al general Rosso José Serrano, sobre las posibilidades de legalizar o despenalizar la droga, haya contestado: “Creo que eso es una utopía. No lo veo posible. Aquí en Europa, en los años que llevo en reuniones, en seminarios, nadie se atreve a poner el tema… en Europa hay mucha coherencia para combatir el terrorismo y la inmigración ilegal, pero nunca he visto que se organice una reunión para tratar en serio una política coherente para combatir el consumo de la droga… nosotros tenemos el problema de la mafia, mientras aquí tienen un problema de salud… el estado(europeo) es indiferente, porque la persona puede hacer lo que quiera consigo misma si no le hace daño a un tercero…”[15]

De otra parte,  los inmensos gastos estatales de la lucha contra  el narcotráfico, aunado a  la poca eficacia y eficiencia en la ejecución de estos recursos, alteran de manera significativa el desarrollo de la economía y benefician igualmente de manera jugosa a algunos actores, entre los que cabe resaltar a los productores de armas y elementos de la logística bélica,  que obtienen beneficios de una guerra permanente. Recursos de los colombianos,  que no tienen un control social riguroso. La ciudadanía no tiene conocimiento de lo que implica en su calidad de vida el gasto de la lucha contra el narcotráfico y lo que representa para aquellos que salen beneficiados  por mantener dicha política. Hay poco seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos, que deben contar con indicadores de gestión y de impacto como lo indica la normatividad administrativa del Modelo Estándar de Control Interno y de la Gestión de Calidad.

De acuerdo con el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos,  durante los dos gobiernos del presidente Uribe, se aumentó en un 40 por ciento el pie de fuerza. Pero eso no es todo,  anunció que en 2009 se comprarán 7 plataformas de inteligencia, se instalarán 107 nuevas estaciones de policía, se contará con 3 nuevas brigadas móviles, 2 batallones de ingenieros, 4 compañías móviles, 20 nuevos helicópteros, 5 aviones, 48 vehículos blindados y 20 obuses. La Armada tendrá 11 compañías de asalto fluvial, 2 estaciones de guardacostas y una compañía de fusileros. Nodrizas, 131 botes, 2 estaciones móviles de apoyo fluvial, 1 avión patrullero marítimo, 3 patrulleras y la extensión de vida útil de 4 fragatas y 2 submarinos. La Fuerza Aérea instalará un grupo aéreo en Yopal, Casanare y otro grupo aéreo en Leticia, Amazonas. Tendrá 12 helicópteros de combate, 9 aviones de transporte, 1 avión b-767, siete plataformas de inteligencia, 25 aviones de entrenamiento, la modernización de 6 helicópteros UH-60 y de 11 aviones  K-FIR y la adquisición de otros 13 K-FIR. En cuanto a la Policía señaló que contará con 8.903 vehículos con una inversión en movilidad de 267 mil millones de pesos. Este año se activarán otras 107 estaciones de Policía y el próximo año, (2010), 41.[16]Cuánto podría ser el beneficio social si buena parte de esos recursos que se destinan a la guerra se pudieran dedicar a la paz, a la generación de empleo y riqueza, a mejorar la alimentación, la vivienda, la salud, a facilitar el retorno de los 2.500.000 desplazados a sus tierras, si se pudieran invertir en felicidad.

Estamos de acuerdo con Natalia Springer cuando afirma en su columna de El Tiempo, de 2 de febrero de 2009  que “Lo que hay que hacer es desvalorizar el narcotráfico como el negocio que proporciona los medios que multiplican las fuentes de violencia en Colombia y ese propósito  precisa de un esfuerzo que supere el enfoque estrictamente militarista.”[17]

Son  interesantes los comentarios de José Fernando Isaza, quien dice que en el año 2007, el gasto en defensa y seguridad alcanzó el 6,32% del PIB. Para poner esta cifra en contexto, puede compararse con el valor de la cosecha cafetera que representa el 1,1% del PIB. Es decir, Colombia no es un país cafetero, es un país militar. Estados Unidos destina el 4% del PIB al presupuesto de defensa, incluyendo la guerra de Irak, en los países europeos el gasto en defensa es del 2% del PIB.[18] Es necesario recordar que este gasto no es esporádico, sino que es un gasto permanente. Insistimos además que deja grandes beneficios a los productores y comercializadores de suministros de guerra, quienes lógicamente no están interesados en cambiar las condiciones del país.

Respecto al consumo,  en un debate en la Cámara de Representantes, el representante liberal Guillermo Rivera para cuestionar el éxito de la lucha gubernamental antidrogas, dijo:"Yo le pedí al Ministerio de Protección Social la cifra de los adictos que hay en Colombia, y no tiene ni idea. Parece una política construida a partir de especulaciones y rumores que pueden ser ciertos, pero sin fundamento".[19] De todas maneras, existe la percepción general que independientemente de los esfuerzos del gobierno, el país ha dejado de ser solo productor de drogas ilícitas y se ha convertido además en un país consumidor de las mismas. Es más, los entes gubernamentales en su afán de arreciar la represión la justifican con información al respecto. El subcomandante de la Policía de Antinarcóticos coronel José Ángel Mendoza, en la rendición de cuentas de la entidad a su cargo afirmó que "Más de dos millones de colombianos son consumidores habituales de sustancias estupefacientes, esto nos los va a confirmar un censo de hogares colombianos"[20]Esta afirmación, además de ser una confesión no pedida sobre el éxito de la política gubernamental contra la droga, es una muestra de la capacidad de predicción de la  inteligencia militar.

Según las Naciones Unidas el consumo de drogas en Colombia ha venido creciendo, pese a las medidas y al afán prohibicionista. Y este crecimiento no es de cualquier magnitud. Con referencia a Colombia – dice la ONU- “las estadísticas disponibles sugieren un consumo creciente de todas las sustancias ilícitas, incluidas aquellas que hace unos años eran prácticamente desconocidas (como la heroína y el éxtasis). Cerca del 5% de la población colombiana ha consumido marihuana; casi el 1% ha consumido o consumen regularmente cocaína y, aproximadamente, 0.3% son adictos al bazuco[21]”.[22] El vicepresidente de la Junta  Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU confirma que “El consumo de drogas en Colombia está afectando desde los 7 años hasta los setenta años de edad y obviamente la población mas vulnerable es la infantil, los adolescentes y los adultos jóvenes”[23] Estos datos datos demuestran solventemente el fracaso de la política de represión y de los efectos del Plan Colombia,  en la lucha contra el consumo. Se ratifica lo necesario que es cambiar de estrategias y de tácticas. Los seis mil millones de dólares invertidos desde el 2000 en el Plan Colombia no han reducido la cantidad de toneladas de cocaína que produce el país, y la superficie cultivada, que disminuyó algunos años por la fumigación, está aumentando de nuevo. Ni siquiera la erradicación manual parece funcionar.[24] Pero tampoco han logrado disminuir el consumo.

Ultima hora Caracol.com, febrero 20 de 2009.El Gobierno acaba de recibir los resultados de la Encuesta Nacional de consumo. Tres millones y medio de colombianos  han fumado marihuana,  el ocho por ciento de los colombianos admite haber consumido marihuana por lo menos una vez en su vida, lo mismo que el 2.5% admiten haber consumido cocaína, el 0.9 por ciento admiten haber consumido éxtasis. Ni la inteligencia militar fue capaz de acertar un crecimiento tan acelerado del consumo. Lo dicho: la política del Plan Colombia respecto al consumo de drogas ilícitas ha sido un fracaso.

LA DROGA EN NUESTRAS INSTITUCIONES

Nadie podría afirmar con certeza y mucho menos con objetividad,  que existe alguna Rama del Poder Público colombiano que no haya sido permeada,  de una u otra manera, por el narcotráfico.  Los aparatos Legislativo, Ejecutivo y Judicial,  a través de sus diferentes instituciones nos ofrecen, con una frecuencia nada deseada, noticias relacionadas con la corrupción en donde los narcotraficantes son actores de primera línea. El poder del narcotráfico llega inclusive a los mismos órganos de control.

El supuestamente difunto Carlos Castaño,  uno de los más sanguinarios paramilitares de todos los tiempos, en su momento celebró  "con sentimiento patrio" el "triunfo democrático de las elecciones", y sobre las mismas, el temible Mancuso, uno de los grandes capos del paramilitarismo colombiano, hoy extraditado por narcotraficante a Estados Unidos,  reclamó la victoria de la tercera parte del Congreso y la "liberación de media Colombia". De manera similar,  Báez  de perfil idéntico a Mancuso, reconoció la Seguridad Democrática como la condición para el proceso de incorporación a la sociedad y al Estado. Estos dos últimos  líderes paramilitares, que visitaron al Congreso de la República para justificar sus actuaciones, asombraron al embajador estadounidense, W. Word, quien dijo: "Escuchar al señor Mancuso hablando del sacrificio de las autodefensas, para mí es un escándalo".Y ello no obstante que está probado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, supo desde siempre de la vinculación de los paramilitares con altos oficiales del Ejército de Colombia. Y lo aprobaron.  La interferencia de los paramilitares, reconocidos negociantes de las drogas, en las instituciones del estado es asunto conocido en las más altas esferas de la política nacional e internacional: Adam Isacson, director de programas del Centro para las Políticas Internacionales de Washington, señaló que desde la campaña de 2002, en Estados Unidos se ha escuchado la denuncia que muchos colombianos han hecho en el sentido de que el diálogo entre paramilitares y el gobierno, es una conversación entre amigos para hacer arreglos de impunidad.[25] Pero no sería equitativo citar  exclusivamente a los paramilitares como los únicos que interfieren el funcionamiento de las  instituciones del estado, es necesario reconocer que quienes dicen luchar por un nuevo orden institucional, también tienen serios indicios de estar comprometidos con el narcotráfico de donde obtienen grandes beneficios económicos. La información oficial hace un par de años nos advertía que setenta testimonios de reinsertados y supuestos colaboradores, varias horas de interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las Farc con instrucciones a cabecillas sobre métodos de cultivos, el procesamiento y producción de cocaína, su compra y su distribución; le permitieron a la Fiscalía General de la Nación comenzar… un proceso penal contra la cúpula de esa organización armada ilegal por narcotráfico. Entre las pruebas, la Fiscalía analizó un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), una dependencia del Ministerio de Hacienda, el cual calcula que la participación de las Farc en el comercio directo de las drogas les representa el 30 por ciento del total de sus ingresos. La mayor parte de estos recursos los derivan del “gramaje”, un tributo que cobran por gramo de cocaína producido en sus zonas de influencia. Por esta vía, calculó la Uiaf, que las Farc pueden recibir al año 20.256 millones de pesos, 8,53 millones de dólares, y por la comercialización de cocaína, 7.154 millones de pesos, 3,01 millones de dólares.[26] Este poder económico de carácter ilícito, necesariamente tiene que infiltrarse en las instituciones del estado, mucho más cuando su carácter originario es precisamente la subversión del orden establecido. Pero también podría reflexionarse sobre la posibilidad de convertir parte de esos recursos en impuestos legales, como hicieron en los Estados Unidos en la crisis económica de los 30 del siglo pasado cuando legalizaron la producción y comercialización del whisky.

La droga,  como objeto dinamizador de las relaciones ilícitas entre los órganos del poder estatal y los narcotraficantes tienen un canal expedito para vincularse, la corrupción.  La Corporación Transparencia por Colombia lo explica con tino al afirmar que “El narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como expresiones de la violencia, han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad y han movido la frontera de la ética en el país. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, y a la vez se ha convertido en un obstáculo para combatirla. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, unidos con la intensidad que los vive Colombia han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado.” [27] La desintitucionalización del estado colombiano es otra de las graves consecuencias de la política actual. En el comentado debate de la Cámara el ministro Fabio Valencia con orgullo patriótico y rigurosidad científica refutaba la acusación del fracaso, con el argumento  que el gobierno tenía 48 entidades del estado trabajando en la política antidrogas

La corrupción, sin duda alguna, existía desde antes del auge del narcotráfico, pero los niveles tan elevados de los años recientes pueden explicarse fundamentalmente como una consecuencia de las oportunidades ofrecidas por la droga. El pago de elevados sobornos para mirar en otra dirección, la infiltración de los servicios de inteligencia y los contactos y apoyos mutuos en la lucha contra la guerrilla y sus aliados fueron elementos de un proceso que convirtió a importantes sectores dentro de la policía y el ejército en aliados de los traficantes de drogas, al mismo tiempo que otros sectores de estas instituciones se les oponían con firmeza.[28] En las épocas de Al Capone, el prohibicionismo generaba este mismo fenómeno.

LA DROGA EN NUESTRO  IMAGINARIO COLECTIVO

La moral y la cultura social prevalecientes, los conceptos políticos, las ideas de lo que es  legal y de lo que es legítimo, los valores  y  los principios, en resumen la conciencia social colombiana se ha venido narcotizando. En el imaginario colectivo de manera consciente o inconsciente se ha generado una cultura que crece día a día y que está influenciada por el narcotráfico. Cultura que además ha sido propiciada como nos lo advertía,  desde el año 1979 un íntimo aliado de los Estados Unidos al contarnos   que “ El informe de  ´Time´ sobre ´The Colombian Connection ´en el cual se nos concede el dudoso honor de estar narcotizando, envenenando y corrompiendo a millones de norteamericanos ya va a camino de los archivos; todos los computadores especializados, todas las fuentes de información sobre nuestro país y la América Latina , y se seguirá  usando por los próximos diez años, o más , en la Universidades , en las escuelas, en los colegios de segunda enseñanza  y donde quiera que alguien quiera saber que pasa en Colombia…”[29] Y Previsión en la cual se quedó corto, si tomamos en cuenta la  visión contemporánea  que sobre los colombianos tienen en diferentes partes del mundo.

La sociedad neoliberal, con su dogmas de las manos invisibles del mercado como regulador de la felicidad humana, con su propuesta de vender más incrementando el fetichismo de la mercancía para obtener altas ganancias, incentivando el individualismo por encima de la solidaridad y del bienestar colectivo, impulsando la importancia de la forma sobre la esencia, la imagen sobre el contenido, las mercancías de marca como símbolos de prestancia social y tantos otros artilugios para lograr altas ganancias, aunado a las posibilidades de obtener dinero fácil (?) mediante la participación en la cadena de producción y mercadeo de las drogas, ha convertido a este negocio ilícito en una opción de escalamiento social. No son pocos los jóvenes de todos los estratos que miran de reojo, con envidia y sin recriminación, la riqueza y el bienestar de los llamados narcos o mágicos. Nuestra literatura y nuestro cine contemporáneos más exitosos en el ámbito cultural nacional, reflejando la realidad social de nuestros tiempos muestran este fenómeno.

Pero al mismo tiempo, por el otro extremo, un número no determinado de trabajadores trashumantes, del campo en especial y de varias áreas urbanas, buscan la opción de subsistencia digna en la participación del negocio. La sustitución de cultivos propuesta por el gobierno se ha convertido en una sustitución de productores, porque los que se retiran de la producción para otros menesteres, son remplazados por nuevos trabajadores y por otros que regresan en busca de mejores ingresos, que la economía licita no les proporciona.

En estos grupos poblacionales, los primeros y los segundos, el solo instinto de conservación en principio, les hace crear y justificar sus propios valores y conceptos sobre  sus  formas de actuar.   No se puede vivir con la conciencia intranquila, siempre tendemos a justificar nuestras formas de vida, entonces se recurre a crear nuevas escalas de principios éticos y morales, que les facilita realizarse como mejor puedan.

En la formación de la conciencia social indudablemente influyen las políticas gubernamentales, que en su afán represivo, y aún en su esfuerzo de prevenir la producción y el consumo, utilizan todos los medios a su alcance para difundir ideas, las más de la veces equivocadas (“la mata que mata”) y por lo tanto poco eficaces.

LAS FALACIAS DEL PROHIBICIONISMO[30]

La droga mata, dice el clásico slogan prohibicionista con el cual se pretende acabar con el consumo. Recientemente surgió en Colombia otro: arranca la mata que mata, refiriéndose a la mata de coca[31]. Lo que debería decirse, sin embargo, no se dice: El cigarrillo mata, arranca la mata que mata, que en este caso sería el tabaco. Como también el alcohol mata, arranca la mata que mata que en este caso sería la vid y la caña de azúcar. Pero en ningún caso hay espacio para esta propaganda, que estaría más cercana a la realidad. Solo en Estados Unidos mueren anualmente 400.000 fumadores y 50.000 personas fallecen adicionalmente como fumadores pasivos. El alcohol mata en el año unas 80.000 personas, mientras que la inofensiva aspirina, por sobredosis, genera en el mismo país y en el mismo año unas 2000 victimas. En contraste con estos guarismos francamente alarmantes, tenemos que el número de victimas causada por la cocaína en el mismo año es de 2.200 personas, a la par que la heroína causa 2.000 defunciones y la marihuana no registra, como el hachís, ninguna victima[32]. 

Es común escuchar a los padres de familias, a pedagogos y sicólogos y aún a las mismas autoridades encargadas de perseguir la producción, consumo y tenencia de drogas ilícitas, acerca de la necesidad de apartar a los jóvenes y adolescentes de la Droga suponiendo la cocaina y la marihuana, con el convencimiento, muchas veces expresados en la propaganda antidroga,  de que ellas matan a nuestros muchachos. Valdría la pena también incluir el cigarrillo, el alcohol y la cafeína. Pero estas son legales, aunque también transforman la conciencia, el ánimo y las percepciones. Desde el punto de vista de una verdadera propaganda contra el consumo de drogas ilícitas se debería tener un concepto científico al momento de abordarla. No es posible hablar de ellas, con el ánimo de educar sobre su no consumo, si no se hace con objetividad para que el ciudadano y potenciales consumidores sepan a que atenerse. En este sentido la posición de generar terror frente a las drogas apelando a conceptos anticientífico, a la desinformación y a las medias verdades es contraproducente.   Porque, como se dijo, cada una de ellas produce efectos dispares que devienen de la química – por demás diferente- que las componen y por lo tanto diversos grados de peligrosidad. A la par, las dosis empleadas constituyen un elemento importante, en relación con el efecto que puedan producir. No es lo mismo unas copas de aguardiente que una botella; como tampoco es igual el efecto de un pase de marihuana o una absorción de unos cuantos gramos de cocaína, con una ingesta mayor o desproporcionada de éstas sustancias.   La marihuana es un alucinógeno, la cocaína un estimulante y la heroína un narcótico. ¿Que tienen en común? Dos cosas: son psicoactivas y están prohibidas. Por estar prohibidas es que son iguales.

Una adecuada información es lo que precisan los ciudadanos para orientarse en el mundo de las drogas. Información que desde luego debe puntualizar en el grado de peligrosidad, pero a la vez, ver este fenómeno en función de la dosis que se ingiere, en la tolerancia, los niveles abstinenciales, los márgenes de seguridad y otros aspectos de singular importancia. La velocidad mata, el colesterol conduce a la morgue  anualmente a millones de ciudadanos que no aprendieron a darle el tratamiento correspondiente. En el caso de las drogas, especialmente las consideradas ilícitas, hay que recabar la importancia de no consumirlas por los efectos que unas determinadas dosis puedan tener sobre los individuos. La peligrosidad con respecto a la sociedad está en función directa de la dificultad de adquirirlas cuando se presenta el síndrome abstinencial. Es ahí donde, sobre todo para el caso de la heroína, el individuo adicto se torna peligroso y actúa en función de dotarse de las dosis necesarias aún recurriendo a acciones delincuenciales. A las drogas hay que mirarlas desde el punto de vista de sus orígenes, de sus dosis, el modo de empleo, y el por qué se usan, sobre todo porqué se usan unas y no otras, e informarles a los ciudadanos cuales son las drogas cuyo uso es más generalizado y la real o supuesta relación entre ellas. Sobre éste último caso también existen especulaciones sin criterios objetivos: por ejemplo, se dice a menudo, que una droga conduce inexorablemente al consumo de las otras.

Se ha recurrido con insistencia al carácter violento de quienes consumen drogas, por las drogas mismas, como si sus propias sustancias indujeran a este estado emocional. Cuando se asocia las drogas con violencias puede ser por la que ellas mismas, como sustancias, generan de manera intrínseca a su composición química o la violencia que crea el entorno de las drogas ilícitas, ( incluyendo la violencia que acompaña a los adictos cuando tratan de conseguir la dosis, asunto más frecuente en el heroinómano)  donde participan las bandas de narcotraficantes que manejan el negocio, ilícito y terriblemente ganancioso, la fuerza pública que las combate, las vendetta frecuentes entre ellas, el gran poder intimidatorio que le sobreviene al conjunto de la sociedad y la gran grieta de corrupción que abre, permeando todos los niveles de la institucionalidad, los sectores privados influyentes y la sociedad en general.

Con respecto al primer caso hay que considerar la existencia de entornos económicos, sociales y culturales que predispone a la violencia úsese o no drogas. Y que existe también una predisposición en la estructura cerebral y síquica de muchas personas orientadas a favorecer los actos violentos, que algunas drogas lícitas o ilícitas pueden potenciar. No puede desconocerse que drogas como el alcohol, muy seguramente, van a desinhibir a individuos con predisposiciones hacia la violencia, pero no lo vuelve más, o menos violento. Igualmente, puede suceder con ciertas drogas ilícitas. Sin embargo, si se observa el comportamiento de las drogas en relación con sus impactos en el organismo vamos a encontrar que la heroína duerme, la marihuana genera estados de contemplación y que incluso en altas dosis “reduce los efectos agresivos”, en contraposición del alcohol cuyo abuso puede generar mayor predisposición hacia la violencia. En todo caso, ninguna droga de las denominadas prohibidas convierte al ciudadano en un “terminator”. En resumen, vistas las cosas en su conjunto, se tendría que concluir que tanto las drogas, como la configuración síquica del individuo  y los entornos socioculturales inciden, al tiempo, en el cuadro de violencia que pueda demostrar bajo los efectos de estas sustancias y que no son patrimonio exclusivo de las mismas, llámese alcohol, ansiolíticos, antidepresivos, barbitúricos, éxtasis, meta dona, LSD, marihuana, cocaína, morfina, heroína y pare de contar.                                                                                                                                     

En cuanto al segundo caso, para nadie es un secreto las connotaciones violentas de las drogas, la estela trágica de muertos, heridos, zozobras de toda índole, que causa el negocio criminal. Hospitales, morgue, cárceles, juzgados se congestionan a diarios por la horripilante agresividad de las mafias por controlar el negocio del narcotráfico, muchas veces con la complicidad de los poderes del Estado y siempre a costa de la sociedad que mayoritariamente están por fuera del circulo siniestro, pero terminan poniendo los muertos y heridos en el fuego cruzado entre las distintas bandas y entre éstas y los aparatos de represión del propio Estado. Esta es la verdadera violencia que genera las drogas.

Las drogas conducen a la violencia, es el icono sobre el cual se basa gran parte de la propaganda oficial y privada para combatirla. En verdad, en la medida en que el negocio criminal permea casi todos los estamentos de la vida social y en que está asociado a las más diversas variedades de las violencias que se exhibe en Colombia, se puede afirmar, sin recato, que la droga conduce a la violencia. Pero cual es la violencia de la drogas? Son las vendetta entre narcotraficantes, por el control del negocio, lo que permanentemente está dejando muertos en nuestras calles y en los parajes rurales. Son los ajusticiamientos entre ellos, donde desafortunadamente, por estar metidos en el negocios, caen oficiales de fuerza publica y policías, como también servidores rasos. Es la violencia que desataron las fuerzas paramilitares financiadas con dineros del narcotráfico, de los contratos, del saqueo a la salud. Es la violencia contra los que se tuercen, según los capos, sobre las mulas, sobre los sicarios. Esa es la violencia de las drogas y en verdad cuantificarla es pavorosa: son 100 muertos diarios, 3000 al mes y 36.000 personas asesinadas por efecto de la prohibición, que es en última quien sostienen  a los carteles de las drogas. Esta violencia le ha costado la vida a candidatos presidenciales, aquí recordamos a  Jaime Pardo Leal, Luís Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, Directores de medios como Guillermo Cano, lo mismo que senadores, representantes, policías honestos que las combaten, Obispos,  oficiales, procuradores, magistrados, jueces, fiscales, a la par que su gran poder intimidador, es decir, violento, doblega a funcionarios públicos y agentes del sector privado y los coloca a su servicio, muchas, pero muchísimas veces como un acto consciente y libre de quienes deciden por traicionar los ideales que están llamados a defender. ¿Puede ser comparada esta violencia con aquella procedente del consumo de las drogas prohibidas? El solo hecho de pensarlo es un absurdo. Pero veamos. Se ha dicho que los consumidores son violentos, No. Violento es el adicto, cuando no tiene para la dosis. Por lo general este adicto se confunde con los cientos de ciudadanos que deambulan por las calles cometiendo fechorías casi siempre ligada a proporcionarse la dosis. Porque hay otro adicto que nadie conoce, tiene los recursos para proveerse las drogas y pasa desapercibido. Se visibiliza al pobre, al llevado. Y cuántas muertes produce la adicción? Los reportes de medicina legal indican que en Bogotá el número de fallecimiento por sobredosis está en 200 personas al año; en Medellín han calculado unas 150 defunciones, y en Cali se estima en unos 170 ciudadanos. Como se puede observar el número de fallecimientos por exceso de drogas es ínfimo, comparados con el número de asesinatos que a diario ocurren en calles y veredas de Colombia. Lo que conduce a la violencia y a la muerte, entonces, es el negocio criminal de las drogas, incluyendo la cantidad de ciudadanos, que se ven así, igualmente afectados por la actual política prohibicionista, sin haber consumido ni traficado nunca sustancias ilícitas.  

Se ha demostrado científicamente que el nivel de seguridad del LSD es superior al de la aspirina y que la cocaína tiene mayor margen de seguridad que este famoso e inofensivo analgésico.  Expertos en el tema consideran que es imposible, técnicamente, una defunción a causa del consumo de marihuana, a menos que esté asociada a dosis extravagantes o relacionadas con combinaciones médicas inapropiadas. Lo que puede suceder con cualquier tipo de drogas e inclusive de sustancias medicinales y alimenticias. Ahora bien, no hay que descartar que enfermedades orgánicas puedan conducir al deceso del individuo, en la medida en que se pongan en contacto con cierto tipo de sustancias médicas o de drogas legales e ilegales. Esta situación es importante tenerla en cuenta porque la desinformación es tal que se ve asociado, el consumo de drogas, directamente a la muerte y se acuñó hace mucho tiempo, en los medios propagandísticos del prohibicionismo, que la droga mata. Desde luego que puede matar. Como puede acontecer con una ingesta inapropiada de alcohol, café, ansiolíticos, o cualquier otra sustancia legal o ilegal. La velocidad mata, como también mata cualquier actividad realizada por los seres humanos donde no se tomen medidas conducentes para potenciar los riesgos, que pueden conducir a la muerte. Es escalofriante que todavía en el mundo, por asuntos relacionados con el parto, mueran más de 500.000 mujeres al año.

La imagen más acabada de lo que representa la droga como factor de muerte, es decir, como destino final de quien consume sustancias prohibidas es la del heroinómano. En efecto, es mundialmente conocida la foto del individuo pinchado con una jeringuilla, tirado muerto en cualquier lugar: una calle, un salón de fiesta, una oficina. Nada más desajustado a la realidad. “La heroína como la morfina, la codeína y el opio no adulterado producen una depresión respiratoria que conduce a un coma de varias horas… jamás puede atribuirse a la heroína una muerte casi instantánea o consumada en minutos[33]”. Entonces que es lo que mata? Sencillamente el hecho de estar prohibida. Esta situación evita que el consumidor conozca que clase de sustancia esta ingiriendo, sus niveles de pureza, las adulteraciones a la que ha sido sometida y, desde luego, las sustancias utilizadas. De ésta manera, una droga como la heroína, que en condiciones de pureza, no podría, su uso crónico, generar males mayores que fuerte estreñimiento – la pureza es por lo general entre un 5 y 10% - conduce a miles de consumidores a la muerte por causa de la estricnina, quinina y otras sustancias adulterantes igualmente nocivas para el caso.

EL PLAN COLOMBIA Y LA COMISIÓN LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y DEMOCRACIA

Por supuesto que tienen diferencias. Sería una explosión de sectarismo hacer equivalencias e igualdades entre uno y otra. Todo indicaría que el Plan Colombia fue ideado por Bush y por Uribe. Pero no. Ellos lo utilizaron. Fueron Pastrana y Clinton los progenitores de esta expresión militarista y neo colonial.

No se trata ahora de exhaustivos análisis y conclusiones del Plan Colombia, cuando toda la exposición recoge sus agresiones y sus fracasos. Pero  es completamente imposible pasar por alto una mención que remitimos al Internet para precisar definiciones que los entendidos extenderán y perfeccionarán y los recién  iniciados tendrán como base de posteriores profundizaciones.

“Plan Colombia es un proyecto internacional constituido entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Su objetivo principal es disminuir el tráfico de estupefacientes y resolver el actual conflicto armado…se concibió en 1999…El elemento mas controvertido de este plan ha sido la estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de coca…Según investigaciones científicas en Francia, el uso del glifosato formulado en aspersiones aéreas provoca las primeras etapas de la cancerización en las células… (El Plan Colombia) también ha llegado a elementos de las fuerzas de seguridad que están comprometidos con grupos paramilitares en abusos contra sectores de la población y organizaciones de izquierda.”[34]

De manera mas contundente y dura se pronuncia otra opinión desde Caracas, Venezuela: “Este Plan es presentado como un plan  para la paz y contra el narcotráfico, cuando en realidad es un plan de guerra y un plan que no ataca el narcotráfico, por el contrario lo protege…el Plan Colombia es el pretexto con el cual, los Estados Unidos  justifican su intervención en Colombia y la región que les interesa. La lucha antinarcóticos es un pretexto para acabar las resistencias a su política hegemónica”[35]

El perdiódico del PDA, “POLO”, en edición del 5 al 12 de diciembre pasado, publica un muy completo análisis del Plan Colombia, que lo recomendamos, por su seriedad y rigurosidad científica y periodística. Así comenta las relaciones con USA en relación al Plan Colombia y las posibilidades de cambio en ese país.”EE.UU. no saldrá  de Colombia. El Plan Colombia no solo ha sido ideado como una manera de enfrentar la guerra colombiana, que el gobierno de los EE.UU. ha considerado una amenaza a su seguridad nacional, sino como una forma de asegurar territorios, recursos y corredores geográficos. Hoy, cuando una lectura juiciosa de los resultados de casi de casi 9 años de intervención sobre nuestro país demuestra el fracaso de las iniciativas militares y sociales en la reducción del narcotráfico, argumento inicial en la formulación del plan, el gobierno entrante a la Casa Blanca impondrá giros importantes en la política hacia nuestro país. Sin embargo la importancia que tiene Colombia para manejar militar y políticamente las relaciones con otros países de la región, como Ecuador y Venezuela  y la importancia de sus recursos naturales  para la extracción de materias primas, fundamentalmente minerales y biológicas, hacen poco probable que entre los planes del gobierno de Obama esté la cancelación de estos pactos y el respeto por nuestra soberanía nacional.”[36]

Y se escuchan diferentes voces que presagian modificaciones-desde luego no sustanciales- de la actitud política del gobierno estadounidense en relación con la política anti drogas. Enrique Santos Calderón que hace parte de la  Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia, que aspiraría a ciertos cambios, pues ellos quisieran “que todo cambie pero que todo siga igual” profetiza que “…ya hay indicios de que bajo Obama habría otra actitud .En su campaña  cuestionó ´the war on drugs´ y la criminalización de ofensas menores de consumo…Y es probable que en su gobierno el problema de la droga ya no se considere como de seguridad nacional, sino de salud pública.”[37] 

Una información del mismo diario  nos dice que Obama durante su campaña repetía sobre este asunto de las drogas: “ Tenemos que construir un nuevo paradigma.” [38] Amanecerá y veremos. En todo caso lo que no hagamos nosotros mismos nadie nos lo hará por nosotros.

En la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y democracia, se agrupa el “Centro Político” del subcontinente latinoamericano, que ahora recoge velas y rectifica posiciones retardatarias anteriores como ya hemos señalado en el caso del expresidente Cesar Gaviria y que pondríamos extender sin ningún problema a  sus pares Ernesto Zedillo y Fernando  Henrique Cardozo. Por Colombia firmaron además el documento dos reconocidos exponentes del “extremo centro”: Enrique Santos Calderón, ex propietario y ex codirector del diario El Tiempo y el ex alcalde Antanas Mockus.

Se trata de un documento que juzgamos positivo pero bastante incompleto. Positivo porque cuestiona al Plan Colombia, condena el prohibicionismo, responsabiliza a los Estados Unidos y a Europa. Pero incompleto porque se limita a plantear la despenalización solamente de la marihuana y en el área de los consumos.

Proponen fórmulas para que los estados creen leyes que saquen a los adictos de ese mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Para ellos  esto generaría un desplome de los precios  de las drogas  que afectaría el ilícito negocio.

Critican muy seriamente a los Estados Unidos y recalcan que la estrategia de Europa de descriminalizar y despenalizar el consumo, en el tratamiento   de las personas dependientes  y en la prevención de los efectos secundarios extremadamente maléficos, ha sido muy eficaz.

Pero nosotros nos preguntamos: ¿Pero si el expendedor no es legal, entonces en que quedamos?

Y señalamos que este expendedor no solo debe ser legal e institucional sino que debe ser regulado o reglamentado por el Estado.

1998-2008 : EL COLAPSO DE LA HIPOCRESÍA

Las Naciones Unidas con su política conservadora en materia de Drogas disponen igualmente de serias responsabilidades en la crisis mundial que padecemos y que en Colombia es una cuestión de vida o muerte. Pero no es solamente una posición de principios o teórica lo que sustenta la estulticia. La frondosa burocracia de la ONU en materia de drogas es una mula muerta en el camino de una revisión internacional  de la política internacional. Se trata de mantener el prohibicionismo para mantener la burocracia.

La JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es  igualmente representativa de la más ultramontanas posiciones. Ya se pronunció en contra de la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

Hace diez años (1998) en la Asamblea especial sobre drogas de la Comisión de Estupefacientes de la ONU se estableció un plazo de diez años para hacer una revisión de esta guerra perdida. Pero tenemos muchos amigos para dar  una nueva batalla por la  política de despenalización.

“De acuerdo con Luiz Paulo Guanabara, director de la ONG brasileña, Psicotropicus, Centro Brasileño de Políticas de Drogas, la Organización de las Naciones Unidas se prepara para ratificar la política que ha dominado el ámbito de las drogas durante la ultima década. Pero su objetivo, así como el de muchas otras organizaciones en Brasil y América Latina, es participar activamente en este escenario para convencer a los gobiernos, de que la política de drogas implementada en 1998 hoy es un fracaso tanto social, como económico.”[39]

La Revista Semana en su última edición que transcribimos con el dato más reciente para nuestro Congreso nos ofrece el siguiente panorama estadístico. Precedida por el titular de 100 años de fracasos:

“Consumo en los Estados Unidos: en el 2007: 35.7 millones de personas mayores de 12 años, es decir el 14.4 por ciento, había usado drogas ilícitas.

4% de la población mundial es adicta.

Los cultivos de coca crecieron en Colombia en el 2007 el 27%

Producción mundial de hoja de coca:

Colombia 57%

Perú 29%

Bolivia 16%

Droga ilícita de mayor consumo en  Argentina, Bolivia, Chile, el Ecuador, el Perú  y el Uruguay: la marihuana.

La marihuana es también campeona en Estados Unidos que dispone de producción criolla de esta droga: El consumo de esta planta supera  al consumo de cocaína, heroína, alucinógenos, éxtasis, y sustancias inhalables.”[40] Podríamos continuar infinitamente con más datos. Es no solo la hora de la reflexión sino también la hora de la decisión.

PROPUESTA

Nuestra propuesta tiene antecedentes. El profesor Carlos Gaviria, actual Presidente del Partido, retando al atraso, sustentó la ponencia C -221 de 1994 que despenalizó la dosis personal. Como dato curioso el entonces presidente de la República Cesar Gaviria, presionado por los Estados Unidos, amenazó con un referéndum contra esta providencia. Hoy con gallardía el ex presidente rectifica su posición, pero sin mencionar estos hechos.

El Presidente Álvaro Uribe el 6 de junio  de 2008,  preparando otra de las inútiles cumbres antidrogas, amenazó con la presentación nuevamente del proyecto de Reforma Constitucional para penalizar la dosis personal; proyecto que por cuarta vez se hundió en el parlamento colombiano, según da cuenta de  ello el diario El Tiempo en su edición del 3 de diciembre del 2008.

Tomando en consideración que la actual política prohibicionista y represiva del gobierno colombiano contra las drogas, ha sido un fracaso en el logro de sus propósitos, al igual que a nivel mundial, y que por el contrario ha perjudicado a grandes grupos poblacionales en beneficio incalculable de unos pocos, que está afectando de manera considerable  el  desenvolvimiento de nuestras relaciones sociales, de nuestra economía, de nuestras instituciones y de nuestra inteligencia y cultura colectiva, que dichos efectos negativos son crecientes mientras que los logros de la política antidrogas son decrecientes y cada vez más costosos en detrimento de las ramas de la economía legal y de la calidad de vida de la ciudadanía, que así mismo aceleran el proceso de desinstitucionalización del estado a través de la corrupción y el amedrantamiento, el Polo Democrático Alternativo ratifica que   se hace necesario un cambio radical en varios aspectos relacionados con la política contra las drogas.

En primer lugar es necesario cambiar la forma de observar el fenómeno, cambiar la percepción superficial, lineal y dogmática que se viene utilizando por parte del gobierno y modernizarla con una visión sistémica y profunda, con cientificidad objetiva y análisis cuantitativo y cualitativo de los aspectos determinantes del proceso de producción, distribución y consumo de la drogas ilícitas. Solo una visión así puede acercarnos a los verdaderos inconvenientes de la ilegalidad del negocio y puede ofrecernos en consecuencia la posibilidad de crear los verdaderos mecanismos e instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales para afrontar el tema que se nos bien saliendo cada vez más de las manos.  No podemos quedarnos a la orilla de los acontecimientos que se vienen registrando a nivel mundial respecto a los cambios paradigmáticos en el tratamiento de las drogas. Es necesario que como partido progresista vayamos a la vanguardia de una nueva política en la lucha contra el narcotráfico y todas sus nefastas secuelas. La defensa de la dosis personal en tan solo un paso, importante si en la concepción de libertad y democracia, pero no es suficiente. La nueva política tiene que enfrentar de manera coherente cada una de las fases de la cadena del negocio, teniendo presente que esta no es una lucha aislada del resto del mundo, sino que por lo contrario para poder tener éxito es necesario encontrar el consenso de muchos otros países democráticos.

En la  Fundación Socialdemócrata  cuyo grupo de estudio se ha dedicado al análisis de esta situación, por eso opinamos que “Realizar una consulta en Colombia, en busca de una verdadera alternativa de la política actual contra las drogas ilícitas y para afianzar la soberanía nacional, constituiría las más profunda y definitiva respuesta contra este flagelo. Debemos afianzarnos en la idea de que Colombia proponga a la comunidad internacional, en el marco de las Naciones Unidas la tesis de la reglamentación (modelo similar a la recién aprobada Convención contra el tabaquismo) del uso de las drogas ilícitas, como el mecanismo mas efectivo para privar de recursos financieros a la guerra, no solo en Colombia, sino al terrorismo internacional y a la criminalidad transnacional organizada.”[41]

Para esta consulta deberíamos tener en cuenta las siguientes consideraciones: Podríamos decir que existe una visión amplia y otra restrictiva de lo que se entiende por despenalización. Según Raúl Cervini, quien fue citado en la reciente declaración de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, despenalización “es el acto de disminuir la pena de un ilícito sin descriminalizarlo, quiere decir sin retirar del hecho el carácter de ilícito penal. O sea, la prohibición legal del uso y porte de estupefacientes continua vigente en el derecho penal, pero el ilícito deja de ser sancionado con la prohibición de la libertad”.[42]

Esta afirmación, sobre que despenalizar no significa descriminalizar, no nos aporta nada práctico al debate de fondo. Por ello creo que la despenalización debe entenderse en un sentido amplio, esto es, que una conducta despenalizada significa, no solo que no habrá sanción con privación de la libertad, sino que tampoco hay la configuración de un ilícito civil, el cual puede acarrear sanciones administrativas como multas. Es decir, que desde el lado de la demanda, el consumidor que porte su dosis personal está ejecutando una acción tan normal como el que porta un paquete de cigarrillos.

En Colombia como ya lo señalamos la dosis personal fue  despenalizada por sentencia de la Corte Constitucional con la ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, hoy Presidente del PDA. Esto ha sido un verdadero cimbronazo institucional que cuestionó la postura dogmática del prohibicionismo al consumo.

En la legislación internacional, concentrada en tres convenciones, que dispone de vigencia para las drogas ilícitas se experimentó ya una penalización y una  despenalización. Se trata que las convención de 1961 pretendió prohibir inclusive el uso tradicional de la hoja de coca de los pueblos indígenas dándoles un plazo de 25 años para hacerlo, lo cual era un verdadero atentado colonialista contra esta impronta cultural. Afortunadamente 27 años mas tarde la Convención de 1988 despenalizó la utilización tradicional de la hoja de coca, señalando expresamente que esta práctica debía ser respetada.

Sin embargo la despenalización de toda la cadena de la producción y tráfico de lasa drogas, a pesar de ser parte de la misma ecuación de la oferta y la demanda, se encuentra rezagada y apenas   se comienza a mencionar  para la marihuana.

La dificultad de la despenalización  de la oferta radica en que  Colombia no lo puede hacer  de manera solitaria sino que esta debe ser el resultado de una decisión de la comunidad internacional en la que el país puede jugar un honroso y merecido papel de catalizador. La fórmula correcta sería entonces, la despenalización de toda la cadena, que acabaría de manera inmediata con el narcotráfico y todas sus perversas secuelas. Se tendría que expedir en forma inmediata una plataforma, es decir, una reglamentación que discipline la producción y el consumo, pero ya en un contexto por fuera del código penal.

A pesar que el horizonte ideal de la despenalización a través de una reglamentación es aún incierto, hay pasos intermedios que se deben implementar de manera urgente como son el de la reducción del daño en el caso de la demanda-políticas de salud pública-y oportunidades concretas de desarrollo para quienes participan de la primera etapa de la producción, y los cultivadores, hoy estigmatizados como narcocultivadores.

En síntesis, Colombia a través de algún mecanismo multilateral latinoamericano, debe proponer a las Naciones Unidas, la apertura del debate inmediato sobre el tema y en conjunto con nuestros países hermanos proponer en dicho foro la despenalización.

Por último es importante señalar que la legalización o liberalización absoluta deja abierta a la iniciativa privada el mercado de las drogas. La despenalización provocaría el control monopólico del Estado sobre su producción. Nos pronunciamos entonces por esta segunda alternativa.

El ex presidente Cesar Gaviria en reciente entrevista con Yamid Amat en El Tiempo simplifica la diferencia entre legalización y despenalización. Se le pregunta:”¿Qué diferencia hay entre legalizar y despenalizar? No estamos deslegitimando la lucha contra la droga, sino proponiendo que se trate a los consumidores como enfermos, no como delincuentes”[43] Realmente muy insuficiente.

En Colombia esperamos la aprobación de este II Congreso Nacional del PDA a la tesis de la despenalización. Deseamos coordinar nuestro trabajo con múltiples organizaciones nacionales e internacionales.

Bogotá DC ColoGmbia 26 de febrero de 2009

Favor dirigirse a Carlos Bula.

sdi_carlosbula[at]yahoo.com