Diana Milena Murcia

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo

El Colectivo de abogados José Alvear Restrepo ONG de derechos humanos se hace presente con un aporte que haremos respecto de compartir y socializar con ustedes el seguimiento que le hemos hecho al Plan Colombia y al tema de las fumigaciones desde hace algunos años la corta reflexión que habría  que hacer en este momento,  la quisiera empezar con una frase de Ricardo Vargas,  que  me paree muy apropiada para la reflexión y que ya muchos han señalado elementos y es frente a que la política antinarcóticos es un “fracaso estratégico”, es un fracaso estratégico, es un fracaso en materia de derechos humanos y es estratégico para aquellos que se benefician de la política. Un foro como este ningún espacio de reflexión como este podría desligarse de reflexionar y de pensar en quienes se están beneficiando con esta política y estamos hablando de un industria, bélica de una industria química internacional y transnacional, estamos hablando de una economía de la guerra en Colombia, materializada actualmente a través de la política de seguridad democrática y también estamos hablando de unos beneficiarios que son la banca mundial multilateral, las multinacionales y transnacionales, que además se van a beneficiar cuando el territorio este consolidado y eso implica un arrasamiento o por lo menos un  control mucho mas fuerte de un movimiento social colombiano y latinoamericano por supuesto.  Entonces la frase “fracaso estratégico” ya  la hemos concretado  por su parte estratégica, ahora pensemos en donde esta el fracaso, el fracaso no solamente está  en la definición de la política como política antinarcóticos; es decir, de reducción de oferta o desde lucha frontal con el narcotráfico, el fracaso realmente esta en materia de materialización real de los derechos humanos en ese sentido, si hacemos un balance de la política  lo que ha ocasionado la política, nos damos cuenta que tomando varios ejes del universo, de los derechos humanos como son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, ambiéntales y los derechos de los pueblos encontramos un balance nefasto en materia de derechos civiles y políticos, ya que la política antinarcóticos en Colombia a partir de la implementación fuertemente del plan Colombia es una política de fuerzas combinadas de seguridad del estado  que tenía objetivos inicialmente discursivos orientados hacia el tema antinarcóticos. 

En ese ambiente de “embrujo autoritario” que siempre ha existido en la ultima época, posteriormente con el tema que vamos a poder util8izar recursos para la lucha contrainsurgente y después para la lucha antiterrorista y ya lo antiterrorista es todo, es decir el tema de que luchamos en una política antinarcóticos contra el terrorismo hace que cualquiera de nosotros sea objeto de esa represión.   Pero el tema del plan Colombia y los alcances del plan Colombia mas allá de ser una política antinarcóticos o de ser una lucha antinarcóticos o de ser una lucha antinsurgente, sobre todo es una lucha por un control absoluto sobre el movimiento social colombiano, si nos damos cuenta de los resultados de la política de seguridad democrática en materia de lucha contra el narcotráfico es realmente pobre no se reduce la oferta, no hay resultados visibles que permitan decir que es una política exitosa y si lo vemos en materia antinsurgente en realidad, por las bajas, capturas tampoco se están logrando resultados, pero si nos damos cuenta de otras estrategias que ha utilizado  la seguridad democrática, como las capturas masivas, que van apuntadas  o fueron impulsadas, en un primer momento, a reprimir a todas aquellas personas que puedan darle una ventaja militar a la guerrilla entonces en el pueblo cogían al panadero, al lechero, al carnicero y al transportador porque les podían dar una ventaja militar. Pero después esta seguridad democrática y estas capturas masivas se dirigen directamente al movimiento social sindical, campesino , organizaciones sociales y de derechos humanos, entonces trascendemos un poco al discurso tradicional de que esta lucha antinarcóticos es una lucha contra el narcotráfico, contra la insurgencia y llegamos a que es una lucha contra el movimiento social consolidado, a través de la seguridad democrática que tiene como principal característica la de no admitir contradictores. En ese sentido muchos de los que estamos aquí o muchos de los que trabajamos ese tema hemos sido estigmatizados y hemos sido acusados públicamente a través de declaraciones, en procesos judiciales, en paginas web oficiales del gobierno nacional en las cuales se  intenta deslegitimar el discurso que propende por una lucha  porque en esa ponderación entre seguridad  y derechos humanos, prevalezcan los derechos humanos, entonces nos dicen claro :  si ustedes prefieren entre seguridad y derechos humanos, derechos humanos debe ser porque ustedes tienen claros intereses contra la seguridad del estado, luego ustedes tienen claros intereses, como decía el ex ministro Londoño en un proceso judicial marxistas leninistas izquierdistas y todo lo que termina en istas.

Entonces en ese primer balance frente a derechos civiles y políticos el fracaso de la política, ese fracaso estratégico es evidente, en materia de derechos  económicos, sociales y culturales si miramos el tema exclusivo de las fumigaciones  y tomamos solo 4 ejes de análisis que serian el derecho a la salud, medio ambiente, seguridad alimentaria y a no ser desplazados por estos hechos, nos damos cuenta que verdaderamente hemos llegado a un nivel de violación absoluta de posibilidades y de canales de concertación democrática frente a lo que tenían que ser las políticas publicas del país, pero pues en el tema de medio ambiente y salud, la doctora Elsa Nivia va a profundizar mas adelante.

Y si nos vamos y miramos  los derechos de los pueblos y damos cuenta que tenemos una intervención militar muy clara en las zonas y muy difusa en el plano jurídico porque no se sabe cuantos militares norteamericanos hay, si son militares norteamericanos, si son contratistas norteamericanos ¿qué es lo que hacen con las naves pilotean?, ¿están fumigando?, ¿están haciendo espionaje?, ¿están haciendo inteligencia?.  Existe todo un velo alrededor de todo esto, entonces nos damos cuenta que si los pueblos luchan por autodeterminación por soberanía, definitivamente con una inminente y absoluta y radicalmente,  presencia de norteamericanos acá, como lo es en Arauca y todos sabemos lo que esta pasando allá, entonces estamos no avanzando en este tema. Las zonas que están siendo objeto de la política antinarcóticos también son zonas que tienen altos intereses geoestratégicos, todos ustedes y los delegados de las regiones lo saben mejor que nadie, entonces en este punto también hay graves riesgos frente a los derechos de los pueblos frente al tema de la soberanía y poder tomar nuestras decisiones y de poder ser autónomos.  En la forma en la cual asumimos el control social, en el marco de un estado social de derecho y también en el tema de desarrollo por que cuando nos dicen desde afuera como es que tienen que ser el desarrollo y que para poder acabar problemas  estructurales de olvido, de marginalidad y pobreza tenemos que establecer programas de desarrollo insostenibles, transitorios, formulados desde afuera,  sin una viabilidad en el plano realmente de construcción de tejido social, nos damos cuenta que en el tema desarrollo también hay graves riesgos.  Bueno todo esto  para decir que finalmente con la política antinarcóticos,  que ya dijimos que no es política antinarcóticos, estamos atendiendo escalonadamente cada vez más de manera progresiva a un desmonte total del estado social de derecho y estamos  atendiendo este desmonte desde el estado del arte reciente,  en Colombia nos da la razón, estamos con un  discurso de  una seguridad democrática que no admite la división de poderes y que tiene que sujetará todas las instancias del estado a esa lógica militarista, a esa lógica de economía de guerra,  estamos atendiendo un desmonte de las garantías en materia de derechos humanos, con el desmonte progresivo de leyes que garantizaban  determinados derechos para la población en materia, principalmente para el tema que nos ocupa, en materia del medio ambiente, se está consolidando un discurso en la opinión pública que propende por legitimar esas infracciones al derecho internacional humanitario, consistentes en que halla por ejemplo principio de distinción, es decir aquí no hay principio de distinción y no hay distinción entre combatientes y no combatientes cuando el gobierno nacional dice que la única manera de acabar con la guerrilla es fumigar determinados,  territorios como lo hizo en los alegatos frente a la acción que colocaron algunas organizaciones  indígenas contra las  fumigaciones en sus territorios, entonces allí lo que alegaba el gobierno era si no fumigamos los territorios indígenas se convertirán en santuarios de la guerrilla, luego entonces  las fumigaciones son un arma contra la guerrilla, y si son un arma contra la guerrilla estamos haciendo una infracción al derecho internacional humanitario, por que estamos utilizando medios  y métodos de guerra que no se deben utilizar, y por otra parte estamos haciendo una confusión entre los actores que se encuentran en un territorio. A esto le sumamos el involucramiento creciente de la sociedad civil en el tema de seguridad y de esa seguridad mal entendida, y es como entonces tenemos que ser soldados campesinos, tenemos que ser delatores, tenemos que  participar en programas de seguridad, soldados por un día, en la cual participan incluso miembros de órganos  de la justicia muy claramente, entonces este desmonte del estado social de derecho también  implica necesariamente un distanciamiento de principios básicos en los cuales se basa ese estado social de derecho, como la solidaridad. 

Entonces la opinión publica esta de acuerdo con que si tenemos que acabar con el narcotráfico que es el peor riesgo para la democracia mas antigua de América Latina que si tenemos que luchar contra ese narcotráfico entonces es válido hacer ciertos sacrificios los sacrificios se miden en gente, en la vida de la gente, en  la calidad de vida de la gente y sobre todo en el tema de la dignidad humana   por que si hablamos de políticas antinarcóticos entonces tenemos que excluir   tal y como ha sido planteada en Colombia desde hace muchísimos años la palabra  dignidad  entonces frente a todo este escenario y frente a todo este escenario de estigmatización frente a las organizaciones que hemos venido denunciando los graves riesgos de las infracciones y las violaciones que representa esta política , que reivindicamos nosotros lo primero es el derecho a disentir, tenemos derecho a no estar de acuerdo tenemos derecho a decir que en ese balance de seguridad y derecho preferimos los derechos y luchamos por esos derechos eso es lo primero, también reivindicamos defender los derechos humanos con base en ese estado social de derecho,  en esa democracia, en ese estado de constitucionalidad que supuestamente vivimos con el cual nos regimos, tenemos derecho a defender los derechos de otros y de nosotros mismos   y decir que no acaben el medio ambiente que no acaben la salud de nuestras poblaciones, que definitivamente las políticas públicas propendan por un desarrollo social antes que por un desarrollo militarista,  que haga crecer el producto interno bruto destinado para la guerra de la manera que se esta haciendo y también tenemos derecho a acompañar a los movimientos organizaciones no gubernamentales y sociales tenemos el derecho a acompañar a los indígenas, a los ..........,  al movimiento de mujeres, al movimiento de campesinos y reivindicar esas condiciones estructurales que los han llevado a escenarios tales como la siembra de la hoja de coca y tenemos derecho también a reivindicar ese uso tradicional frente a las comunidades indígenas. 

Por otra parte, reivindicamos ese derecho del acceso de la justicia porque  lo vamos a ver después cuando trabajemos según la metodología que nos expliquen ahora,  también tenemos derecho de un acceso a la justicia por que una persona desprevenida, tal vez un internacional, podría decir bueno pero si la afectación de derechos es tal que ha pasado con las cortes, con los tribunales, con la movilización social, que pasa con la resistencia a esta política injusta y la respuesta seria por que se han cerrado definitivamente lo puedo decir como abogada que soy se han cerrado todos los canales de exigibilidad  a nivel jurídico y a nivel social frente al tema antinarcóticos. También tenemos derecho a reivindicar la  legitimidad cultural y tradicional del uso de la coca, en ese sentido tenemos absoluto a manifestar y a reivindicar las propiedades de la hoja, las propiedades de todas esas plantas no solamente las que han sido utilizadas con fines ilícitos sino aquellas tan olvidadas ya por este nivel de culturalización como la quinua por ejemplo sin indicar muchas cosas que tenemos y finalmente tenemos derecho como en este escenario a socializar la resistencias y a socializar las luchas que tienen los pueblos latinoamericanos en ese aspecto, es decir tenemos derecho a estar aquí a escuchar los compañeros bolivianos, peruanos, brasileños,  colombianos a escuchar que esta pasando en Caquetá, en Putumayo, sur de Bolívar, Catatumbo, en Nariño tan olvidado, en todas estas regiones en las cuales hay fuerte militarización y política antinarcóticos y como es que esta haciendo la gente para resistir a eso, realmente como se esta logrando y como podemos acompañar esos procesos   y finalmente reivindicamos en este tipo de espacios la posibilidad de crear una agenda social alternativa, una agenda social que permita hermanarnos y que nos permita construir verdaderamente alternatividad frente a  un modelo impositivo  y autoritario y de guerra, que esta como dice el dicho “como el gringo esta ahí”, entonces dejo con esto esta primera presentación.

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