Conversaciones de Paz:
Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz
Ed. Indepaz – Mandato Ciudadano por la paz, junio de 2000

Crisis social agraria, narcóticos y guerra

Melquisedec Sabogal Portela

Un tema fundamental que en la actual coyuntura política de Colombia toca exclusivamente con la muerte, es el relacionado con el negocio de la cocaína. A pesar de abrigar las esperanzas de un futuro mejor para miles de campesinos, que cultivan coca en las selvas del país, se torna en la actualidad en un problema central de la guerra.

El país está acostumbrado a amanecer y anochecer preocupado por lo que parece ser importante para los que construyen la realidad interesada, no importa si se hace por medio de la propaganda de los medios de comunicación, es impuesto despóticamente o sutilmente, o de hecho como el deber ser institucional. De pronto, entre mayo y septiembre de 1996 los colombianos conocieron que hay otro pedazo de país, que ha sobrevivido a manera de refugiado por la exclusión que le hizo el desarrollo. Pero, desde hace tres años, lo que en cada nuevo amanecer se percibe, en pequeños fragmentos que juntados van configurando la realidad, es que en ese pedazo de país se incubó un modelo económico, no aceptable por el sistema jurídico acordado entre las naciones, que es soporte económico imprescindible en la estrategia de guerra que despliegan las Farc.

La construcción del entorno social

La dinámica del desarrollo económico y social en Colombia, su ritmo, su fuerza y su direccionamiento, no ha permitido que los sectores sociales agrarios, empobrecidos históricamente, actúen como fuerza social determinante. A pesar de las múltiples manifestaciones por estructurar esta fuerza como núcleo social con intereses definidos, es observable que el campesinado no ocupa una posición continua y de obligada referencia en la sociedad nacional.

Los resultados de esta activa exclusión social, particularmente los generados en forma acumulada en las dos últimas décadas, han colocado al país ante una situación social y política que era, en cierto modo, predecible, pero novedosa tanto por lo que significa en su forma como por lo que sugiere en su perspectiva.

Es así como la transacción política adoptada desde el Estado, de canjear la reforma agraria por la ocupación de los baldíos nacionales, significó incubar una serie de problemas ligados a la pobreza y a la marginalidad y, de otro lado, aplazar por unas décadas la explosión del problema agrario.

Y, además, para cerrar el período, el país asistió a presenciar la política de ajuste, en la que la reducción del Estado se esgrimió como un asunto crucial en la lucha contra el clientelismo y se dispuso que la apertura indiscriminada era la salida para democratizar y robustecer el crecimiento económico.

En la perspectiva de la exposición internacional de la producción se observa que, hasta nuestros días, el desempeño económico de la actividad rural sigue atravesando por una profunda crisis, principalmente por la imposibilidad estructural de responder a la abrupta exposición de la economía a las condiciones comerciales del mercado internacional. Esta crisis afectó con mayor profundidad a los trabajadores de las empresas agrícolas y a los pequeños productores agropecuarios productores de cereales y oleaginosas[1].

Esta época, de reducción ostensible de los gastos del Estado como obvia consecuencia de la política de ajuste, en efecto, facilitó que el clientelismo de Estado fuera sustituido audazmente por otro. Y, es indudable que, allí donde el Estado cedió presencia, surgieron otras formas de poder, de hecho privadas, las cuales realizan hoy en día las funciones de Estado. Al clientelismo de Estado le siguió, esta vez, el clientelismo de las acuciosas y devastadoras fuerzas económicas del narcotráfico, que en menos de 15 años promovió uno de los problemas más serios del país.

En un primer ciclo corresponde a un sector social de colombianos, propietario de recursos de capital que tiene afinidades y, en buena medida, está relacionado con los movimientos financieros del tráfico de narcóticos, la decisión de invertir en la producción de medianos y grandes cultivos de coca, atendiendo básicamente la rentabilidad y seguridad ofrecidas por el naciente mercado nacional de producción de bienes intermedios y terminados de cocaína, que se inaugura en territorio colombiano para abastecer el consumo de narcóticos ya en vigor en Norteamérica.

De otra parte, múltiples y diversos grupos del campesinado encuentran en la nueva economía rural una salida a la crisis que los embarga y se vuelcan hacia la selva oriental, con lo que garantizan en forma paulatina el crecimiento asombroso y masivo de cultivos de coca.

Desde luego que el novedoso entorno económico, que se enclava en los sitios que están ofrecidos sin Dios ni Ley para la inversión privada, se afianza en los términos del relacionamiento que es transgresor de normas, en el deterioro de la ética, de la justicia y de las relaciones sociales y culturales normales, como el sostén de la producción antijurídica de la coca.

En resumen, el país asiste a una de las mayores situaciones de crisis de violencia y de producción del medio rural, las cuales tienen efectos directos importantes en el descenso de la inversión y el crecimiento, y especialmente en las condiciones de vida de los campesinos pobres y trabajadores asalariados de algunas ramas de la agricultura, y afectan profundamente el desempeño de la sociedad nacional.

La crisis de la juventud reanima el desafío

La transformación reciente en la composición de la población colombiana se ha realizado en forma dramática, en donde los impulsores principales de la misma son los ambientes de pobreza, violencia, desempleo, restricción del gasto público, exclusión social y concentración acelerada de la riqueza y del ingreso.

El efecto que este fenómeno ha tenido sobre los grandes centros urbanos es crítico dado que tendencialmente la población rural y de los pequeños centros urbanos ha venido trasladándose hacia ellos en busca de oportunidades de ingreso y tranquilidad.

Sin embargo, esta oportunidad buscada ha venido transformándose en la conformación de un escenario complejo y con inmensos problemas principalmente de calidad de vida y de convivencia. Esta transformación acelerada y brutal no ha tenido como contraparte unas reformas sociales que si bien no necesariamente deben anticiparla por lo menos logren acompañarla y mitigarle sus efectos críticos sociales.

En esto, Bogotá, seguramente es el ejemplo por excelencia de la ciudad que más recibe, interioriza y transforma a su manera, es decir sin articulación institucional, la transfiguración en la composición de la sociedad colombiana.

Uno de los efectos de deterioro social se ve cuando paulatinamente una porción importante de los jóvenes viene involucrándose en infracciones hacia la sociedad normada en el intento de resolver muchos de sus problemas. Por supuesto que la infracción juvenil no es un producto exclusivo y de invención particular de los menores. Según las cifras reportadas por la justicia[2] los menores de 18 años llevados a juzgados durante los últimos 5 años siguieron las mismas tendencias en la realización de actos de delincuencia que los adultos, tanto en su volumen como en su composición, pero, y a esto es a lo que no deben resignarse los colombianos, mostrando tasas de crecimiento superiores.

Es de esperar que esta participación siga su tendencia de crecimiento, dado que en las ciudades, por más pequeñas que sean, muestran tener problemas y actitudes comunes ante los jóvenes. Lo primero es que se acrecientan los episodios demostrativos de que la violencia es eficaz para enfrentar el conflicto, el familiar y el de la calle.

Lo segundo que se encuentra es la alta desvinculación temprana de la escuela. Por diversas razones, como la baja calidad y el nulo atractivo del sistema escolar, la falta de apoyo de la familia, la indisponibilidad de recursos económicos y la violencia que se tomó a la escuela, proveyendo en forma continua jóvenes sin futuro.

Lo tercero, la ausencia de condiciones y oportunidades para ingresar y permanecer en el mercado de trabajo y en la producción. Muchos de los menores infractores se iniciaron en el rebusque y en el trabajo informal el que muchas veces se mueve entre lo legal y lo ilegal. A este respecto, debe bastar recordar que el desempleo entre los jóvenes que no están en la educación oscila entre el 40 y el 50%, y lo más dable es que no consigan trabajo porque no están capacitados para laborar y es muy improbable que en el mediano plazo la economía logre incluirlos.

Se puede deducir que lo característico de los jóvenes infractores, jóvenes vagabundos, jóvenes en ejercicio de la prostitución, los jóvenes drogadictos, los jóvenes que no estudian, y en los jóvenes que por miles hoy recogen la hoja de coca, es que en el menor desprotegido se conjugan sucesiva o simultáneamente la exclusión familiar, la exclusión educativa y la exclusión laboral.

Sin guerrilla no hay negocio

En el entretanto, toda la estructuración del ámbito social y económico para la producción de la coca, en vastas zonas sin ley, es el propicio para el refugio, el asentamiento y consolidación de las fuerzas insurgentes que se deciden por dominar[3] territorios que, además de estar ocupados[4] bajo circunstancias de índole subrepticias, ofrecen la alternativa de obtener ingresos importantes por el desempeño de funciones, tanto de protección a la inversión y al comercio de la coca como de la regulación de la conducta social para el buen cumplimiento del negocio.

Las enormes fracturas de la democracia que para mediados y finales de los años 70 muestra el Estado colombiano, que originaron masivas explosiones de insatisfacción social, junto con las gestas de los guerrilleros en Centroamérica y el auge del tráfico de narcóticos en Suramérica en manos de bandas criminales de colombianos, crean un medio mas que favorable para la reactivación guerrillera, la que venía de un proceso casi de extinción. Para el presente caso, es de recordar que las Farc a finales de los 70 duplicó el número de frentes militares de 9 a 18. Es el momento en que la cuestión guerrillera cambia de naturaleza y escala; de ser un fenómeno crónico pero marginal, enraizado en la tradición de la violencia y en conflictos por la tierra, por primera vez percibe el objetivo de luchar por el poder.[5]

Es así como los años 80 y 90 son el período en el que la coincidencia de necesidades sociales, principalmente en el campo, se conjugan con el crecimiento numérico de las Farc, ambos en el contexto de la ampliación de los cultivos de coca en las zonas marginales de Colombia. A partir de entonces, es imposible pensar que los habitantes de las zonas marginales colmadas de coca van a tener una actitud política de colaboración con el Estado, máxime si en los últimos 6 años se optó por darles un tratamiento autoritario, y no sin agresividad, para poder desarrollar la política unilateral de control de la oferta de drogas a como diera lugar en que se encuentran comprometidos los sucesivos gobiernos.

Sin paramilitares tampoco

Como complemento contemporáneo a la fase reciente de la expansión de la guerrilla, uno de los elementos de mayor perturbación social y política dentro del país es la actuación de los agentes del tráfico de narcóticos como actores principales en los procesos de concentración de la propiedad territorial[6]. Este hecho, contó por parte del narcotráfico de ingentes cantidades de capital y se combinó y actuó en la moderna maniobra de la violencia paramilitar. Ambas situaciones, tuvieron y siguen teniendo efectos contundentes en la expulsión violenta de pequeños productores y trabajadores de los territorios rurales[7].

Sin duda alguna, que el uso sistemático por parte de la guerrilla de procedimientos de financiación humillantes como el secuestro, la extorsión, el saqueo y la destrucción contra las personas y sus bienes, han tenido grandes consecuencias éticas y políticas, de forma que son rechazados socialmente, y las víctimas de esos métodos de usurpación se han organizado y han contribuido a financiar y a crear grupos de naturaleza paramilitar para defenderse de las amenazas y vengarse de los perjuicios recibidos. De otra forma no puede entenderse la proliferación de amplias redes regionales y locales de grupos paramilitares, que desde los años 80 emergen para combatir la presión permanente a que son sometidas las familias adineradas que básicamente se desempeñan en las áreas rurales.

El fenómeno paramilitar se ve agravado cuando las tradicionales familias rurales son sustituidas por los nuevos propietarios, los traficantes de drogas, quienes estimulan con grandes recursos ya no la defensa ante las amenazas sino la ofensiva activa para la reconquista de territorios.

¿En qué están metidos los pequeños cultivadores de coca?

Se debe partir del hecho de que los campesinos y colonos son parte integrante, como último eslabón hacia atrás, de estructuras nacionales comerciales de cocaína.

En esta posición los colonos no intervienen activa y conscientemente el mercado de base de cocaína y, por el contrario, son productores comercialmente pasivos que atienden diligentemente las compras que realiza el tráfico local de cocaína. En ningún momento entre el tráfico y los campesinos se practican acuerdos de producción, se fijan pautas de definición de precios, se hacen pedidos de producto por anticipado. Por lo demás el campesino jamás estructuró un mecanismo propio para el acopio, concentración, alistamiento y negociación de la base de cocaína.

En el actual momento, los campesinos producen la base atendiendo a las características de calidad que son comunes localmente, y que obtiene con la aplicación rutinaria y cuidadosa de procedimientos que bien conocen, los cuales les permiten alcanzar unos términos de extracción de base a hojas aceptables. El producto obtenido es trasladado por los colonos a los sitios de compra donde lo ofrece, se examina la calidad, se pesa y se le informa el precio.

Esta característica de la función comercial campesina está asociada a una situación muy particular. El territorio que habita y en el que produce base de cocaína es una área marginal, dedicada principalmente a la producción de coca, controlada militarmente por la guerrilla y en la que opera un sistema permanente de compra de base de cocaína por parte del tráfico de narcóticos.

La conjunción de la acción comercial del tráfico de cocaína y el control guerrillero disponen un escenario específico para la producción comercial, en el cual el campesino no puede ser mas que un productor individual a baja escala. Sin embargo, es este ámbito de producción y comercio de cocaína el que atrae y retiene a miles de pequeños productores, que se decidieron por subsistir en un entorno hostil al no haber otro que le sea alternativo.

Ahora, para la configuración, expansión y consolidación del escenario de comercio y producción han concurrido circunstancias que facilitaron su concreción exitosa.

Al comienzo se menciona que para el desarrollo territorial del negocio de la coca en Colombia coadyuvó el efecto que produjeron dos decisiones contemporáneas del aparato de Estado. En primer lugar, la reducción y casi desaparición de las acciones de gobierno en el campo, particularmente en las zonas de frontera y colonización hacia las que se desbocó el emplazamiento, durante algún tiempo silencioso, de una sociedad relacionada absolutamente por la coca. En segundo término, que, con la drástica exposición de la economía agraria al mercado externo, grandes cantidades de pobladores rurales fueron desvinculadas laboral y estructuralmente de la producción, generando un contingente obrero y artesanal que es atraído por la oportunidad de subsistir en las selvas del oriente colombiano.

Pero, además de las originadas en la crisis social de campesinos y jóvenes urbanos, existen otras explicaciones. Un primer elemento, seguramente el primordial, es el que consistió en la exploración y promoción exitosas que realizó la organización delictiva tradicional de los Estados Unidos para la elaboración local de cocaína, a partir de considerar el potencial mercado de consumo de su país como de la existencia de plantas domesticadas en diversas sitios del subcontinente. Hoy en día, pasadas tres décadas de esa orientación y promoción exploratoria, se encuentra construido el gigantesco e intrincado negocio mundial de cocaína en el que hacen causa común las organizaciones criminales tradicionales de los países de altos ingresos y las ligas afiliadas de los países suramericanos que se constituyeron en las redes de aprovisionamiento.

El segundo factor necesariamente lo constituye el potencial consumidor de narcóticos en los países de altos ingresos y recientemente en los países de ingresos medios de Asia, Europa oriental y Latinoamérica.

El tercer elemento lo representa la atribución jurídica de ilegal a la producción de coca. El manejo clandestino de la producción y de la negociación hizo posible que la despoblada región selvática oriental fuera un lugar excepcional para instaurar la producción de materias primas y su transformación.

Desde luego que otros aspectos de naturaleza externa a la ubicación en Colombia, como los costos de transporte, los grandes gastos en sobornos, los costos de seguridad, que implicaban el traslado de base de cocaína del Perú y Bolivia, presionaron para implantar un escenario productivo nacional, seguramente más rentable para la red de comerciantes colombianos.

En este contexto el colono es una pieza individual, pero que sumada a las otras miles de unidades constituyen una importante parte del segmento de la producción de materia prima semielaborada. Esta función objetiva que cumple la pequeña producción, parcialmente la vincula a la naturaleza que es inherente de las sociedades del tráfico ilegal.

Es inevitable que de manera permanente esté expuesto al riesgo de persecución, confiscación y destrucción de cultivos por parte de la policía. Que se muestre indefenso judicialmente para afrontar los robos de producto, el pago con moneda falsa, atraco, incumplimiento de pagos, que estén relacionados con su negocio de base. Sabe de sobra que su integridad personal, o sea su vida, es la única garantía que pude ofrecer en el relacionamiento comercial y que puede ser violentada en cualquier momento. Por demás, se le ha hecho conocer que no puede dominar estas situaciones hostiles, y que simplemente debe hacer suyas las reglas de confianza que establece la red comercial de cocaína y sujetarse a las normas de conducta que exige la guerrilla en su jurisdicción.

Por supuesto que la red de tráfico de cocaína es en sí misma un mar de riesgos, en tanto que la propiedad, la integridad personal y la reputación del negocio no pueden ser garantizadas a ultranza por los comerciantes dado que estos no pueden neutralizar la represión, ni la delación, ni la traición, ni la rapacidad.

En Colombia se asiste a un funcionamiento nervioso y tenso de las redes y de las actividades que le son consubstanciales. El transporte de dinero, el comercio y transporte de insumos, el manejo de las pistas de aviación, los mensajeros, los comisionistas, los acopiadores, son actividades y agentes que soportan la producción de la cocaína y requieren de control y funcionamiento ágil y permanente. La alianza parcial de redes de tráfico y guerrilla es la que en última instancia garantiza esta funcionalidad.

En las zonas de producción el tráfico de cocaína combina la corrupción y envilecimiento de funcionarios, la intimidación y el terror, y ejerce la violencia a contrato como instrumentos que le dan protección al negocio. Así mismo, las relaciones económicas y sociales que expande hacia afuera y desde afuera le permite establecer maniobras y vínculos que hacen legal y aceptable ciertas actividades.

Es así, que la insurgencia participa en la conducción del comportamiento social, en el desenvolvimiento del comercio local y en la protección global a territorios e infraestructuras. Los insumos son provistos con esmero por parte de laboratorios, cementeras y concesionarios de la gasolina. El transporte aéreo de carga y de pasajeros muy atento amplía sus itinerarios y capacidad de transporte. El comercio mayorista abastece febrilmente de bienes básicos a los mercaderes detallistas.

Todo este cuadro facilita que las sociedades criminales de los países de altos ingresos tengan un espacio discrecional para ampliar, mantener o restringir su negocio global y endémico de los narcóticos y es, a la vez, el escenario que atrae y condiciona a una población pobre y sin expectativas de una vida digna.

¿Con quién se conviene la erradicación de cultivos de coca y amapola?

El papel regulador de la guerrilla sobre el comportamiento social, mas no sobre lo económico y en sí sobre lo social de los campesinos, significó en el largo plazo un deterioro creciente de la situación de los colonos cocaleros.

El encuadramiento forzoso de un orden social y económico rural y marginal, que se regula por la decisión de pago a los productos hoja y pasta de coca en una relación de intercambio unilateral, definida desde luego por el narcotráfico y garantizada por la guerrilla, ha mostrado que la tendencia a definir la retribución al trabajo campesino es a partir de contabilizar el esfuerzo de estos como salario simple. Esta fórmula, es la rasera que se impone para la determinación de los precios de los productos de los campesinos que son materia prima del narcotráfico. Ciertamente que la ganancia que contabilizaron los campesinos en un principio, a mediados de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando, al deducir de los precios que recibían por la pasta de coca los costos de los insumos y de la mano de obra, la podían palpar como un gran excedente monetario, ha ido desapareciendo en la relación de intercambio con el tráfico de drogas. Es una certeza que este remanente hoy en día ya no se contabiliza por parte de los campesinos productores de pasta de coca.

Hasta finales del año 98, el control, los tributos y contratos que establece la guerrilla al negocio del tráfico de base de cocaína son absorbidos en lo fundamental en la definición de precios a los productores.

Así mismo, la intervención directa de la guerrilla en el ordenamiento de la conducta de los agentes económicos primarios y en la protección militar del negocio en la escala de producción agrícola, de transformación, concentración y embarque local, le imprime automáticamente el carácter bélico a las operaciones de control de las fuerzas armadas. Esta circunstancia condicionó hasta ahora todas las acciones de control a los cultivos y centros de procesamiento, debido a que son traducidas necesariamente en acciones y escenarios bélicos en los que el campesinado local entra a tomar parte en la contienda como afectado directo.

La era que se abre con la negociación de paz lleva aparejada una variación orgánica en la vigente economía de la coca: la guerrilla optó por profundizar sus ganancias. Pasó de cobrar exigencias penadas a todas las actividades de un comercio estructurado y operado por los narcos, a la intervención total de la intermediación primaria de la materia prima con márgenes de participación que oscilan entre 20 y el 40 por ciento con respecto a lo que se le paga al productor, lo cual se transforma en una fuente de por sí insustituible de recursos de financiación. Si antes de junio de 1998, se hacían cuentas de cifras desmesuradas en los ingresos que se obtenían por cuenta de la imposición, es previsible que desde cerca año medio estos ingresos se multiplicaron.

Lo cierto es que una problemática que se gestó en una situación de crisis social ha terminado en una condición de privilegio para la insurgencia, tanto en lo que tiene que ver con la movilidad comercial del producto primario, de seguridad de los productores y compradores del mismo, y en la determinación de los costos de intermediación de la materia prima.

No es posible hoy desligar la eventual reversión de esta economía de una decisión militar insurgente. Y no es cierto que por este nuevo cometido que cumplen la coca y la amapola en la guerra, los campesinos estén más favorecidos; porque a la antigua, siguen siendo unas masas útiles mas no activas.

Y en esta parte es de entender que en las pequeñas porciones territoriales reconquistadas por grupos paramilitares en la selva oriental, los campesinos tampoco recobran una posición argumentativa en el negocio, aunque expresen que sienten menos intolerancia encima.

Y como se acaba de decir, la presencia paramilitar en la amplia superficie sembrada con coca y ocupada por las Farc es en pequeñas porciones, que no influyen en la observación general.

Ante todo este panorama, los campesinos y colonos colombianos adoptan un comportamiento que puede desconcertar en una primera impresión de su situación. A pesar de una pérdida relativa de ingreso, de la permanencia de la violencia asociada a la explotación del cultivo y de la dificultad para mejorar en términos reales la calidad de vida, los colonos atienden en forma práctica a un mercado de consumo creciente y que ha demostrado ser estable frente a variaciones de precios.

Primeros pasos a una salida

Dentro del anterior contexto económico y de profunda violencia social y política del campo, que en inaceptable concurrencia lo aviva la honda crisis de los jóvenes, el gobierno nacional está obligado a diseñar una política integral que tenga como fines principales crear las condiciones necesarias para superar las causas centrales del problema rural y de la juventud. Esta responsabilidad, que no depende de que se acuerde o no en la mesa de negociación, hace parte substancial de la recuperación de la sociedad en la construcción de la nación por la vía democrática y en un escenario sin la intolerancia de las armas.

La propuesta de tratamiento al complejo problema de los pequeños productores rurales, como al de los desempleados urbanos, y al enorme contingente de jóvenes excluidos de la escuela y de una opción de trabajo, muchos de los cuales cultivan y recolectan hojas de coca, hacen necesario un esfuerzo colectivo de nación para integrar a estos excluidos, que son cientos de miles, y acordar el inicio de la reversión de las profundas desigualdades sociales que los afectan.

En este sentido, deben ser comprometidos, el presente y los siguientes gobiernos, a llevar a cabo una acción de Estado en materia de reforma agraria con la finalidad de mediar decididamente en la lucha brutal que se libra por la riqueza, imponer el orden social y favorecer el conocimiento y uso de instrumentos democráticos de convivencia, conciliación y participación. Esta estrategia política de reestructurar las condiciones mínimas de participación productiva y social rural se enmarcan en el criterio de profundizar y estabilizar un marco institucional de aplicación y respeto a las normas de justicia, del derecho de todos a la propiedad y del cumplimiento de las obligaciones dentro de los miembros de la sociedad y de estos con el Estado.

La otra parte de este compromiso consiste en superar la ruptura en el relacionamiento social y familiar con el adolescente y por tanto en la obligatoriedad de crear unas condiciones que, a la vez que dan la posibilidad de continuar el proceso de educación del menor, se configuren unas salidas ciertas y consistentes a las condiciones de pobreza y de exclusión laboral que agobian al conglomerado de muchachos pobres.

1. Reintegración social de cocaleros

El Estado debe reorientar la tendencia de los procesos de ocupación territorial que se dan a expensas de las áreas naturales de reserva y los concomitantes procedimientos de agresión y expulsión de las poblaciones primitivas, como productos directos de la instalación y expansión de los cultivos de coca y amapola. Para ello debe reintegrar socialmente a buena parte de la actual población de colonos cocaleros y amapoleros, asentándolos en zonas especiales de desarrollo rural localizadas al interior de la frontera agrícola.

Dentro de esta perspectiva, se debe poner en marcha un programa de dotación de tierras dirigido a la masa de campesinos sin tierra y propietarios de pequeñas parcelas que se encuentran vinculados a la producción directa de coca y amapola.

El contexto social en crisis, conlleva una política de reforma agraria con un objetivo complejo, consistente en reinstalar dentro de la frontera agrícola del país a cerca de 50 mil familias campesinas de colonos cocaleros dentro de un marco estratégico radicalmente diferenciado de la sola entrega de la tierra. Como partes inseparables de la política de dotación de tierras se deben aplicar apoyos especializados en adecuación predial, en el uso de métodos y prácticas tecnológicas eficientes, la promoción y la participación dentro de grupos activos de productores profesionalizados y la pertenencia a sociedades empresariales para la negociación y mercadeo de los productos, garantizando la financiación efectiva de estas actividades y, por supuesto, el acceso a los servicios básicos de salud y educación.

Con ello, el grado de consolidación que se busca alcanzar por parte de los campesinos y de su productividad laboral, se sustentará en los factores propios de la explotación y, además, en el acceso veraz a los factores estructurales, externos al agricultor y ligados a las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve.

2. Mejorar la educación

Para el gobierno nacional es un compromiso impostergable mejorar la cobertura y la calidad de la educación en todos los niveles con la finalidad de superar uno de los principales obstáculos que agudizan la pobreza del país. Para el logro de este propósito, el gobierno deberá ser eficaz en superar las graves dificultades existentes para hacer coincidir la decisión legal y puesta en marcha de la descentralización con logros efectivos en la ampliación de su cobertura, en el mejoramiento de la calidad y en su integración como sistema.

El gobierno nacional y los departamentos deben mejorar de inmediato los aspectos de calificación, actualización e innovación en tecnologías pedagógicas, en la formación activa de los estudiantes, en la identificación de planes y temas de estudio, y en la operación de mecanismos para retener y reincorporar niños y jóvenes al sistema educativo.

El compromiso debe ser ejecutar planes y programas, debidamente financiados entre la nación, los departamentos y los municipios, de capacitación de docentes y profesionales, formulación de nuevos espacios de instrucción y capacitación, reformación de los ambientes educativos entre profesores y alumnos por espacios de integración para obtener, evaluar y criticar el conocimiento, por propiciar un conocimiento actualizado de la ciencias, el desarrollo humano, el desarrollo político y social en el Orbe, que faciliten relacionar a las personas con el Mundo y, muy especialmente, reivindicar una valoración positiva de las relaciones humanas y sociales en Colombia que apunten a reencontrar el respeto a la dignidad humana y a la vida, el aprecio y la convivencia en los distintos escenarios económicos y políticos que atraviesan el país. Los niños, así, preferirán ir a la escuela.

El sistema educativo debe contar con el apoyo financiero que se requiera y el de la comunidad universitaria y científica para el fortalecimiento científico y tecnológico de la educación superior y de los centros de investigación, en la calificación básica de bachilleres y en la especialización de profesionales con el objetivo de producir una integración contemporánea con el resto del mundo científico y mejorar las condiciones de competitividad del esfuerzo nacional.

3. Cese de hostilidades

Un pacto de armisticio implica que la financiación con el tráfico de drogas, connatural con la violencia delincuencial, sea substituido. Habrá que pensar en compensar la fuente de recursos y asistir mínimamente al sostenimiento de la tropa de las Farc, y tendrá que acordarse de que la coca no se erradica por pedazos sino totalmente para desvincular al tráfico con el ambiente de paz y convivencia que se inicia.

Resolver estos tres elementos, garantiza a la sociedad dar un paso firme para decidir sobre la paz y empezar a amanecer y anochecer más preocupada con lo que toca con la vida.

Anexo: "Tres décadas de concentración de la tierra"

a. El minifundio creció entre 1960 y 1996. El 67% de los propietarios pasó de ocupar el 6% de la superficie en 1960 al 3% en 1996, que significó disminuir en 24% el área promedia de los predios:

b. El rango de 5 a 20 hectáreas perdió participación en el 48% de su concurrencia en la propiedad del suelo. En 1960 representaba el 11.9% del área y en 1996 apenas el 6.2%:

c. El rango de 20 a 50 hectáreas perdió participación de área ocupada:

d. El rango de 50 a 200 hectáreas perdió participación de área:

e. El rango de 200 a 500 hectáreas perdió participación de área:

f. El rango mayor de 500 hectáreas concentró la tierra. Todos los rangos de propiedad menores de 500 hectáreas, cedieron participación en la propiedad del suelo a favor de mas de 500 hectáreas. El mismo 0.4% de los propietarios aumentó la superficie rural del 29% al 60.5% entre 1960 a 1996:

La mediana propiedad disminuyó considerablemente en todos los departamentos, pero de forma notoria en Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Guajira, Quindío, Risaralda, Sucre, Valle y Putumayo. La mayor propiedad aumenta en los mismos departamentos, pero de manera considerable en Bolívar, Cesar, Guajira, Cauca, Caquetá, Valle y Putumayo.

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