Conversaciones de Paz:
Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz
Ed. Indepaz – Mandato Ciudadano por la paz, junio de 2000

CRISIS, NARCOTRAFICO Y NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA

Aportes para la construcción de un modelo alternativo al neoliberal

Martha Alicia Duque García*

INTRODUCCIÓN

La sociedad colombiana atraviesa por la crisis más profunda del último Siglo, en todos los órdenes: económico, social, político, institucional y cultural. El origen de la crisis radica, fundamentalmente, en los problemas estructurales existentes, agudizados con la inserción al proceso de globalización mediante el modelo neoliberal, con mayor concentración de la riqueza y de los ingresos en pequeños segmentos de la sociedad, con incremento de la desigualdad para la mayoría de la población en Colombia, como en los países del denominado “Tercer Mundo” y, en menor proporción, en los países hegemónicos. Los problemas estructurales, agravados con al aplicación del modelo neoliberal, hacen parte de las condiciones objetivas para la violencia y la guerra que vive el País.

La globalización es un fenómeno irrefutable, como producto de la extraordinaria revolución tecnológica, en especial en las áreas de la informática, las comunicaciones y la biología de la ingeniería genética. Esta revolución ha impactado las esferas económica, social, política, institucional y cultural. El reto para la humanidad es revalorarla, para colocarla al servicio del conjunto de la sociedad y no de pequeñas franjas de población, tal como ha sucedido con el modelo neoliberal con el cual se ha instaurado una nueva era del capitalismo con efectos devastadores para la mayor parte de los Colombianos y de los países pobres.

En otros términos, se trata de la construcción de un nuevo modelo de sociedad para insertarse en el marco de la globalización, sustituto del modelo neoliberal. Analistas del proceso de globalización y de la aplicación del neoliberalismo en Colombia, como Luis Jorge Garay (Véase: Garay Luis Jorge, ¿Hacia un Nuevo Modelo Económico?, Revista Semana, Santafé de Bogotá, Dic. 19/99), llaman la atención sobre la agonía de este modelo y sobre la necesidad de buscar otros caminos para administrar la globalización en el milenio que comienza. Es necesario partir de los factores estructurales, internos, regionales e internacionales, generadores de la crisis de la sociedad colombiana, con miras a la búsqueda de un modelo alternativo, en el contexto del proceso de paz.

HACIA LA BUSQUEDA DE UN MODELO ALTERATIVO, PARA SUPERAR LA CRISIS ESTRUCTURAL Y EL IMPACTO DEL NARCOTRÁFICO Y DEL NEOLIBERALISMO

En Colombia, más de la mitad de la población es pobre (55%); en la zona rural esta situación es alarmante, 80% de pobres en términos de ingresos y 46% en condiciones de indigencia. La tasa general de desempleo es del 20%, cae verticalmente la demanda agregada, se estrangula el mercado interno, por la baja capacidad de compra, arrastrando a la población al narcotráfico, a la delincuencia común e indigencia como forma de vida, en medio de la desintegración, la más escandalosa corrupción de diversos estamentos del Estado y de los partidos políticos y del saqueo de las finanzas de públicas, acompañada de impunidad. Un país, con estas características, no es viable económica, política y socialmente, ni en el marco de la globalización, ni para las multinacionales y se coloca  en el umbral de la desintegración social y el caos como nación.

La expansión y generalización de la confrontación armada, sin condiciones para la solución del conflicto por esta vía, llevaría costos incalculables de vidas y en la infraestructura física y económica del país; por lo cual se impone como necesidad emprender las transformaciones profundas en todos los órdenes, para evitar la disolución del Estado y el caos. Las transformaciones profundas demandan la definición y construcción de un proyecto nación, que modifique las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales e institucionales del País y que, contando con la experiencia de la Mesa de Negociación del Caguán, se involucre y extienda al conjunto de la sociedad civil desde lo local y regional, donde además confluyan los demás grupos guerrilleros. Si bien el proyecto nación, debe contener las propuestas de reformas y estrategias nacionales en el marco de la globalización, también debe incorporar las reformas y estrategias  regionales, sobre la base del reconocimiento de la heterogeneidad, donde se expresan los problemas estructurales, la pobreza, el desempleo, las relaciones sociales, la ingobernabilidad e ilegitimidad de los entes subnacionales; es allí desde las células básicas de la sociedad, de abajo hacia arriba y viceversa, donde se deben diseñar y ejecutar las alternativas para la construcción del proyecto nación, profundizando la descentralización  y autonomía de los entes territoriales.[1]

El proyecto nación tendrá fuerza y reconocimiento nacional e internacional, si se construye con el gobierno, los grupos guerrilleros, y el conjunto de organizaciones representativas de la sociedad: comunitarias, gremiales, sindicales, políticas, eclesiásticas, entre otras, con un papel protagónico de los sectores pobres  de la población  y los trabajadores; es decir debe ser resultado de un consenso nacional con solidez para buscar la concertación y apoyo de los organismos internacionales y los países.

El proyecto nación, debe tener como médula el logro de la equidad, asociada con la redistribución del ingreso, como compensación histórica de parte de quienes se han beneficiado de la descomunal concentración de la riqueza y, además, como medio para potenciar el mercado, el crecimiento económico y la modernización productiva, en aras de la competitividad en el mercado interno y mundial.

El proyecto nación debe tener, como objetivos básicos, el crecimiento económico, la equidad, la gobernabilidad y la sostenibilidad ambiental. Sobre la equidad y el crecimiento económico Duncan Green, trae reflexiones importantes:[2]

La Cepal sostiene la necesidad de combinar crecimiento con equidad. En este sentido considera que el fomento de la equidad es requisito previo al desarrollo sustentable, yendo más allá de la mitigación de la pobreza, con injerencia mayor del Estado como gestor y en alianza con el sector privado (P. 236 y 237). En este marco programático, contempla la necesidad de la redistribución de la riqueza, de la reforma agraria y de aumento de las tasas de impuesto sobre la renta (P. 238). En el contexto de la igualdad, de la experiencia histórica y de la reforma agraria en el sudeste asiático, se señala que la reforma agraria se constituye en uno de los motivos del desarrollo de países en proceso de industrialización. Antes de iniciarse la descentralización, se amplió el programa de reforma agraria (Corea, Taiwan), apoyado por los Estados Unidos, para ponerle freno a la amenaza de la sublevación comunista. En Asia la reforma agraria, dio origen a la formación de pequeños productores, que conformaron un mercado para la fase de sustitución de importaciones (P. 226). Hoy Taiwan continua rechazando a Estados Unidos por la privatización de empresas estatales, y concertó la protección selectiva temporal para industrias vitales. (P. 228).

El proyecto nación, debe convertirse en un propósito de sociedad que se desea construir, plasmado en un nuevo marco legal Constitucional. Su ejecución debe tener temporalidad, que puede ser de 10 años. Las estrategias y políticas que se adopten en el corto plazo o etapa de transición, deben estar orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto nación, dimensionando las metas físicas y los recursos financieros.

La construcción y puesta en marcha del proyecto nación para la reconstrucción económica, social y política en los ámbitos local, regional y nacional, tiene como un requisito básico el cese al fuego, materializado en un acuerdo entre el Estado y los grupos guerrilleros, en el cual se establezcan claros compromisos y reglas del juego, con mecanismos estrictos de verificación y cumplimiento.

Marco de referencia contextual

• Dada la importancia del narcotráfico en la estructura económica del País en el ámbito rural y urbano, las alternativas de solución a la problemática asociada con este pasan, necesariamente, por resolver las fallas estructurales históricas y las derivadas de la aplicación de las políticas neoliberales. Por ende, el proceso de sustitución de cultivos para uso ilícito, no pueden tratarse en forma aislada. Ello no obsta para que se emprendan acciones en el corto plazo, pero enmarcadas en el proyecto nación de largo plazo.
• El problema agrario recobra plena vigencia dada la concentración improductiva de la tierra, acentuada por el narcotráfico dentro y fuera de la frontera agrícola, acompañada de procesos violentos de desalojo y descomposición campesina y de migraciones hacia las zonas rurales de colonización, de explotación minera y hacia los grandes centros urbanos. En estas zonas rurales es donde se expresa con mayor crudeza el conflicto armado, el narcotráfico y la pobreza (Magdalena Medio, Piedemonte y llanura Amazónica, Urabá, Suroccidente, Cauca, Nariño y Putumayo), acompañados del deterioro grave del patrimonio ambiental y la biodiversidad. Recientemente, el narcotráfico se ha expandido hacia zonas en crisis al interior de la frontera agrícola.
• El País cuenta con una larga historia de intentos de reforma y contrareforma agraria que, como balance histórico, ha dado como resultado unas políticas y programas de tierras asociados al saneamiento de la propiedad (titulación de baldíos y de resguardos indígenas y extinción de dominio), con el 96.3% de hectáreas, y unas acciones marginales de reforma agraria, con el 3.7% de hectáreas, con suelos de mala calidad.
• Las políticas tributarias y de renta presuntiva con miras a un uso eficiente del suelo y a crear un mercado de tierras, han fracasado debido al poder político de los terratenientes en el ámbito nacional y municipal, situación agravada por la concentración y violencia generadas por el narcotráfico con fines de lavado de dólares y de explotación extensiva, principalmente “praderización” ganadera
• La concentración improductiva de la tierra, constituye una barrera para el desarrollo económico y social en diversas regiones del País. De igual modo, la redistribución de la tierra al interior de la frontera agrícola, se convierte en un elemento vital para una política de reordenamiento territorial y poblacional que, además, permita preservar y desarrollar el patrimonio ambiental y la biodiversidad, por fuera de la frontera agrícola.
• El carácter oligopólico de la industria en Colombia dio lugar a los cuatro conglomerados económicos y financieros, con baja capacidad de generación de empleo; con un sector financiero progresivamente desligado del aparato productivo y dedicado a actividades especulativas. Históricamente ha sido recurrente el tema del desempleo urbano como problema nacional (principalmente en las décadas del 60 y 70), agravado por el sobrepoblamiento de los cuatro centros urbanos e industriales receptores de las crecientes migraciones rurales, como producto de la violencia y la descomposición campesina. En el centro de la discusión, se ha esgrimido la reforma agraria como solución al desempleo. Durante la década del 70 se optó como alternativa masiva de generación de empleo mediante la construcción de vivienda, proceso que se agotó. La apertura económica afectó, adicionalmente, a sectores industriales en proceso de estancamiento y crisis. En las circunstancias actuales revive el problema del desempleo y subempleo estructural, con características dramáticas, arrastrando a amplios sectores de la población a la pauperización, indigencia y, lo más grave, a la economía ilegal y criminal (narcotráfico y diversas formas de delincuencia común). Paradójicamente, la modernización de la industria con miras a la competitividad en el marco de la apertura económica, conlleva despidos crecientes de trabajadores y agudiza el problema del desempleo.
• En este contexto, se hace imperioso revalorar lo rural como una estrategia fundamental de desarrollo, que desestimule  las migraciones hacia los grandes centros urbanos y tienda a la búsqueda de un equilibrio demográfico, que reduzca los elevados costos de la infraestructura de servicios y el deterioro ambiental. Revalorar lo rural, a partir de las experiencias de encadenamientos productivos en los cuales el sector agropecuario se liga a otros sectores como comercialización de productos e insumos, transporte, financiero, agroindustrial e industrial, y tienden a desaparecer los límites entre lo rural y lo urbano, ha conducido a que se trascienda a una nueva concepción de economía rural ampliada que ha permitido desarrollar, de manera incipiente, las cadenas productivas ubicadas en espacios territoriales donde se expresan las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales y con el medio ambiente, configurando lo que actualmente se ha denominado “sociedades rurales locales”. Este proceso se ha caracterizado como “recomposición del empleo rural”, en el cual el 45% de la población rural se emplea en otros sectores, e implica superar las visiones primarias, prediales y sectoriales para la formulación de estrategias de desarrollo. Se trataría entonces de apoyar la dinamización de procesos integrales de desarrollo de las sociedades rurales locales, con un enfoque de economía rural ampliada, proyectados regionalmente (provincias), que constituyan un freno a la migración y una especie de cierre virtual de los grandes centros urbanos.
• La superación de la pobreza está asociada al acceso y uso racional de los activos productivos y de los servicios e infraestructura productiva, física y social, así como también al ejercicio pleno de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Asimismo, se requiere un nuevo enfoque que parta del reconocimiento efectivo de la heterogeneidad regional, por tipos de actividad: productores con potencial productivo; productores con potencial pero con limitaciones de tierra; trabajadores rurales e indígenas.[3]
• La función del Estado debe ser proactiva y crear las condiciones para que los pequeños productores y trabajadores rurales obtengan ingresos por sí mismos para la satisfacción de sus necesidades y, así, potenciar sus capacidades. El Estado, además, debe cumplir un papel central como gestor y dinamizador de la equidad y del desarrollo rural, en alianza con el sector privado. El mercado  no resuelve el problema de la pobreza, ni de dotación de activos productivos, porque en el mercado prima la búsqueda de la ganancia máxima privada.
• Las políticas de ayuda o subsidios a los pobres (tipo Red de Solidaridad), son de corte asistencialista, inhiben el desarrollo de las capacidades de los seres humanos, crean una mentalidad de mendicidad, se prestan para la corrupción y el clientelismo y, si bien alivian o mitigan la pobreza, han demostrado su fracaso en Colombia y en otros países, porque no se remontan a las causas que originan la pobreza (acceso a factores productivos y empleo estable), contribuyendo a incrementar el endeudamiento externo. El Programa contra la pobreza, anunciado recientemente por el gobierno, por cerca de $2 billones a financiar con recursos del Banco Mundial, el BID, la CAF y la AID,[4] se inscribe básicamente en la óptica de la mitigación de la pobreza y debe ser revisado en el marco del proceso de paz.
• El "Plan Colombia"[5], de los 1.574 millones de US$ de aporte de EE.UU., de acuerdo con su estructura financiera, fundamentalmente prevé destinar los recursos para el fortalecimiento de la fuerza pública y la lucha contra el narcotráfico y el resto para el desarrollo alternativo -sustitución de cultivos ilícitos- política de derechos humanos, fortalecimiento de la justicia y del sistema democrático, con apenas US$238 millones (15%) que no permite enfrentar en forma adecuada e integral la crisis estructural de la sociedad colombiana.

Estrategias en la perspectiva de un nuevo modelo

A continuación se esbozan estrategias que podrían configurar elementos que se consideran claves para la discusión y análisis, en la perspectiva de construir un proyecto nación autónomo, que permita superar la crisis de la sociedad Colombiana en el marco de la globalización y del proceso de paz. En las propuestas se hará énfasis en materia rural. El nuevo enfoque de desarrollo rural para generar empleos e ingresos y combatir la pobreza, tiene como requisitos básicos la focalización e incremento del gasto público social, y la redistribución del ingreso acompañado de la dotación de activos productivos, para modernizar el sector rural y crear las condiciones para la competitividad en el contexto de la globalización.

Definir e impulsar como estrategia global, programas de reconversión y/o reestructuración productiva que contemplen, de acuerdo con la heterogeneidad regional, acciones de reforma agraria en zonas de concentración de la tierra improductiva, y redefinir y ajustar los instrumentos de política para acompañar tales procesos de tal manera que se definan como políticas de Estado, con temporalidad de 10 años. Estos programas deben partir de una nueva visión de desarrollo rural para enfrentar los problemas estructurales, combinando diversas estrategias de reactivación económica para los pequeños productores o de reforma agraria, privilegiando zonas de cultivos ilícitos y/o de economía campesina en crisis, en aras de la seguridad alimentaria, y promoviendo la integración de cadenas productivas para crear las condiciones de competitividad en el marco del mercado interno y/o internacional. El contexto institucional sería el de los acuerdos de competitividad, en los cuales el Estado debería jugar un papel crucial para que confluyan, coordinadamente, los instrumentos de política, estímulos e incentivos nacionales con los regionales y locales. El Estado, además, debe estimular la vinculación de los diferentes agentes de las cadenas y las alianzas entre el sector público y privado, convirtiéndose en garante de los intereses de pequeños productores y trabajadores. Estos programas deben contener metas físicas y financieras concretas.

Reforma agraria, régimen de tierras y tributario

• Adelantar un plan de reforma agraria, que permita incorporar las tierras de buena calidad e improductivas a procesos de modernización al interior de la frontera agrícola, en un plazo de 5 años. Para tal fin, se demanda la intervención directa del Estado en un proceso de adquisición de tierras donde se combinen la compra directa y la expropiación por vía administrativa, desligándola de los trámites engorrosos de calificación sobre “adecuadamente explotados”, lo cual ha sido uno de los principales obstáculos para adelantar la reforma agraria, retomado en la Ley 160 de 1994; la adquisición en el mercado de tierras deberá ser una opción marginal ya que en el País no existe o es incipiente el mercado de tierras, debido a los fenómenos de concentración improductiva de la tierra y a la violencia.
• Dimensionar las zonas de latifundio improductivo y de riqueza de biodiversidad en proceso de deterioro, discriminando regímenes de protección ambiental y cultural (reservas forestales, parques naturales, santuarios de fauna y flora, resguardos indígenas), como potenciales zonas de desarrollo sustentable. Para tal efecto se dispone de material (mapas, planos cartográficos, fotografía aérea y satelital), que sirve a la caracterización sobre calidad y uso actual y potencial del suelo,  material técnico que debe complementarse regional y localmente.
• Para las zonas de colonización es de vital importancia evaluar detenidamente, dada la predominancia de suelos frágiles, la viabilidad agroecológica, económica, técnica, social y ambiental, en la perspectiva de incorporar a los pequeños productores en procesos de sustitución de cultivos ilícitos, así como también valorar los costos de oportunidad para el Estado, en infraestructura física, productiva y de servicios, para incorporarlos a procesos de modernización y competitividad. En tal virtud, habría que contemplar alternativas flexibles como la conformación de zonas de reserva campesina, que se acompañen de procesos de investigación y transferencia de tecnología en la perspectiva de impulsar estrategias de desarrollo sostenible y de relocalización concertada de la población, hacia zonas al interior de la frontera agrícola.
• Formular una política de ordenamiento territorial y poblacional, articulada a la de reforma agraria.
• Definir un porcentaje sobre el avalúo catastral para efectos de fijar el precio de adquisición de tierras por parte del Estado.
• Hacer efectivo el proceso de extinción de dominio de propiedades provenientes del narcotráfico y evaluar la viabilidad agroecológica, económica y social para incorporarlas a programas de reforma agraria o, en su defecto, ofrecerlas en el mercado de tierras y con el producto de las ventas, destinar los recursos a financiar parcialmente costos de la reforma agraria. La tierra debe adjudicarse sobre la base de fallos definitivos que dejen en firme la extinción de dominio.
• Garantizar el retorno de la población desplazada para que recupere sus tierras.
• Proteger las propiedades que han sido objeto de desalojo a causa de la violencia, mediante una Ley que congele las transacciones de venta y derechos de posesión en tales propiedades, durante 5 años en zonas previamente definidas.
• Definir un régimen tributario para la propiedad rural con criterio de equidad y de progresividad, de tal manera que, el que tenga más tierra, pague más por hectárea y globalmente, estableciendo tarifas mínimas para los pequeños propietarios campesinos. Establecer tarifas diferenciales como estímulo para las propiedades que generen empleo. Establecer un plazo perentorio (un año), para los municipios que no han efectuado la formación catastral y, sobre esta base, el ajuste del sistema tributario.

Reactivación de  la producción cafetera  y sustitución de cultivos ilícitos

• Diseñar un plan de renovación  y tecnificación del café que permita reintegrar eficientemente a los productores campesinos y reestructurar los créditos, que incluya la evaluación  de variedades  actuales (Caturra) y otras potenciales; fortaleciendo la investigación y transferencia de tecnología con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café, especificando las metas físicas y financieras; para recuperar el empleo y los ingresos y sustituir las tierras desplazadas por los cultivos ilícitos. Establecer un sistema de evaluación y seguimiento, con indicadores de desempeño y eficiencia y amplia participación y concertación con los pequeños productores.

Crédito y capitalización.

• Adecuar las líneas de crédito, reinsertar a los pequeños productores y vincular a los beneficiarios de reforma agraria al sistema financiero, sobre la base de programas de reconversión o reestructuración productiva rentables, que incluyan la reestructuración de las obligaciones, suspensión de embargos judiciales y procesos de remate de fincas, demostrándose la crisis productiva y/o buena fe, con el apoyo de las UMATA o quienes hagan sus veces. La adecuación del crédito debe contemplar las condiciones de oportunidad, plazos ajustados a los ciclos productivos, intereses y garantías personales para cultivos transitorios, Fondo de Garantías y seguro de cosechas.
• Adaptar los incentivos a las necesidades de los productores campesinos y beneficiarios de reforma agraria, en particular los ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) y el CIF (certificados de Incentivo Forestal), y dimensionar y asegurar el monto de recursos necesarios para la asignación de crédito y de incentivos.

Generación y transferencia de tecnología.

Fortalecer la investigación y transferencia de tecnología, requisito esencial para subsistir en un mundo globalizado y jalonado por una gigantesca revolución tecnológica. Se deben definir unos criterios fundamentales en el área rural:

• Sustituir el modelo de revolución verde por tecnologías limpias;
• Identificar productos estratégicos y competitivos para el mercado interno y externo, privilegiando la sustitución de cultivos de uso ilícito, dentro y fuera de la frontera agrícola y la seguridad alimentaria, asociados a sistemas productivos de la economía campesina y seleccionados en los programas regionales.
• Centralizar regionalmente y evaluar la aplicabilidad de experiencias en biotecnología tropical (por ejemplo, la agricultura de manto y sol[6]), sistemas indígenas tradicionales de producción, y otras nacionales e internacionales que sean susceptibles de socialización.
• Valorar y desarrollar el conocimiento acumulado por las comunidades locales e indígenas durante años sobre la biodiversidad, precisar los instrumento legales de protección de los derechos intelectuales y colectivos de estas comunidades, gestionar las patentes, buscar el establecimiento de regalías en el marco de la OMC y la definición de mecanismos de regulación para evitar el saqueo los recursos genéticos y en general de la biodiversidad, garantizando su conservación y utilización sostenible.
• Desarrollar la capacidad de evaluación de la tecnología transgénica[7] y demás formas de manipulación genética, con miras a determinar su impacto (sobre la salud humana y sobre el entorno natural), promoviendo la conformación de entes en el marco del grupo andino y de América Latina que recojan además las experiencias internacionales (Unión Europea). Definir metas físicas y financieras en un horizonte de 10 años.
• Identificar alternativas a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, para ponerle freno a la destrucción de la fauna y flora  y a la biodiversidad en general.
• Diseñar e impulsar un plan masivo sostenible de reconversión del capital humano y social con un enfoque integral de economía rural ampliada, partiendo de las necesidades identificadas regionalmente.

Comercial

• Concertar un programa compensatorio con la OMC, a 10 años, de desmonte a la protección arancelaria  en Europa, Estados Unidos y Canadá, para productos agrícolas y agroindustriales y protección para los productos asociados a la  seguridad alimentaria y a la sustitución de cultivos para uso ilícito, identificados en los programas de  reconversión y/o reestructuración productiva, como apoyo esencial de los países desarrollados, a la solución de los problemas críticos, para el logro de la paz  y para viabilizar la inserción de Colombia en el marco de la mundialización de la economía.
• Crear un fondo de capitalización con los recursos provenientes de la protección arancelaria, para apoyar las políticas de desarrollo rural en el marco de los programas de reconversión  y o reestruración productiva, con estímulos e incentivos tales como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Certificados Incentivo Forestal (CIF), generación y transferencia de tecnología, destinados para los pequeños productores y beneficiarios de reforma agraria.
• Contribuir a modernizar los sistemas de comercialización, apoyando la consolidación de pequeños y medianos productores y su vinculación a cadenas de distribución final  o a cadenas productivas, para reducir costos de intermediacion y responder a las necesidades del mercado en términos de calidad, presentación del producto y oportunidad. Diseñar un ICR para apoyo a la inserción productiva en comercialización y transformación.

Infraestructura  física, social y productiva

• Fortalecer la infraestructura física productiva de acuerdo con las necesidades identificadas en los programas de reconversión y o reestructuración productiva como proyectos de pequeña irrigación con subsidio para los campesinos, vías, electrificación, centros de acopio y de distribución mayorista, concertando la inversión con el sector privado. Ampliar  la infraestructura en agua potable y saneamiento básico en función de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Fortalecer los programas de autoconstrución de vivienda privilegiando  los beneficiarios  de reforma agraria y  en saneamiento básico a   la población pobre.

Generales

• Revisar la política de privatización de empresas, e identificar las estratégicas para la economía, dentro de las que aun quedan, en especial las asociadas con los recursos naturales, con potencial competitivo y rentabilidad, con miras a la generación de ingresos, para fortalecer los planes y programas  de reestructuración y/o reconversión productiva, para beneficio de los sectores pobres.
• Definir y concertar un plan de financiación, para la reconstrucción económica y social, como compensación histórica, atendiendo al exorbitante proceso de acumulación de riqueza e ingresos y de pauperización y desempleo para gran parte de la población, que colocan al país en condiciones de inviabilidad y teniendo en cuenta que los representantes de los conglomerados industriales y financieros han manifestado, a través del Presidente del Sindicato Antioqueño, su voluntad de discutir cambios en el modelo económico y políticas de redistribución de y ingresos[8]. Para tal efecto, se establecería una contribución para patrimonios superiores a $1000 millones, durante 5 años, cuyos recursos se destinarían a la conformación de un Fondo para la Paz, definiendo rubros de Inversión y mecanismos de control y vigilancia ciudadana para garantizar su uso transparente.
• Realizar el ajuste institucional de las fuerzas armadas, que conlleve su modernización, tecnificación, depuración,  desvinculación de los sectores ligados al paramilitarismo y la apropiación de una visión ética y del Derecho Internacional Humanitario. Retomando a Alejandro Reyes se trataría además, “Preparar, impulsar y concluir una paz negociada entre el Estado y la guerrilla, en el cual el primero recupere de manos de los paramilitares el monopolio de la fuerza, reforme a fondo las estructuras de mando y las estrategias de seguridad de la fuerza pública y las estrategias de seguridad de la fuerza pública y garantice los derechos de la población  y la vida de los desmovilizados en la negociación”.[9]
• Concertar el proyecto nación en el ámbito internacional, en tanto el país, en el marco de la globalización, no cuenta con autonomía para ejecutar un proyecto nación; por los compromisos asumidos con los organismos multilaterales internacionales, necesariamente requiere abordar un proceso de negociación, especialmente con el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la Unión Europea y países tales como Estados Unidos y de Europa, en el cual deben  intervenir, además del gobierno, representantes del conjunto de actores participantes en la construcción del proyecto nación. Además, partiendo de la base que el gobierno no cuenta con recursos para emprender las reformas estructurales que se  demandarían, a pesar de los esfuerzos internos, que se podrían hacer  en materia de distribución de ingresos, habría que hacer una revisión del crédito externo que incluya su reorientación.  
• Retomar y ajustar las políticas de regulación cambiaria y controlar el flujo de capitales especulativos, como instrumentos indispensables para mitigar el impacto negativo causado por las fluctuaciones de capitales internacionales,  para buscar que el ingreso de capitales se oriente a la inversión productiva y establecer controles básicos al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.[10]
• Definir una estrategia de diversificación productiva y geográfica de exportaciones con productos estratégicos industriales y agroindustriales, hacia Europa y Asia y reducir la dependencia de Estados Unidos.
• Concertar una estrategia agresiva tendiente a la conformación de un bloque Latinoamericano, a parir de las experiencias del Grupo Andino, y Mercosur, superando los regionalismos localistas, con miras a elaborar una  Agenda Común a presentar y negociar alternativas de solución a los problemas estructurales, de pauperización, desempleo y concentración de la riqueza, ante los organismos multilaterales internacionales. Simultáneamente, se debe propender por la articulación y fortalecimiento institucional de los países No Alineados, a fin de ampliar la Agenda Común de los países pobres; propuestas que tendrán una proyección al mediano plazo.
• Promover la democratización de los organismos multilaterales tales como el FMI y la OMC, modificando el sistema de votación de voto por dólar, para que los países pobres tengan representatividad.
• Definir estrategias de democratización de la información sobre Acuerdos y Pactos de Colombia con los organismos multilaterales internacionales y países, mediante la  divulgación masiva a través de los medios de comunicación.
• Definir y materializar como política de Estado la construcción de una ética social y ciudadana, que conduzca a la transformación de los individuos, como seres inmersos en una sociedad, que interioricen el sentido del deber, de la solidaridad, de lo normativo (derechos fundamentales y los consagrados en el Derecho Internacional Humanitario), como bases del comportamiento social y político y de supervivencia de la sociedad. La construcción de esta ética es requisito indispensable para superar la crisis de Colombia y debe llevar a la movilización del conjunto de la sociedad y plasmarse en cambios en los estamentos públicos y privados y del sistema educativo. La construcción de una ética social debe acompañar la solución de los problemas estructurales, de pauperización, desempleo, e iniquidad social.
• Si bien, la pobreza y el desempleo constituyen el drama para la mayoría de la población mundial, la tragedia más profunda en el marco de la globalización es la emergencia de la economía criminal. Con la liberación de los mercados de bienes, servicios y capitales, se ha dado lugar a la conformación de multinacionales en los más variados campos: tráfico de drogas, armas, precursores químicos, de niños  y jóvenes para la prostitución; piratería, lavado de dinero y consolidación de “paraísos fiscales”, producción parcial de mercancías con destino al contrabando, operación de siniestras organizaciones de corte sicarial, privatizándose la seguridad, proceso acompañado de la destrucción social y de los valores éticos que se habían proclamado como aportes de la modernidad; generándose  la más gigantesca concentración de activos e ingresos en el ámbito mundial, con ilegitimidad y pérdida de la gobernabilidad, conduciendo al caos y poniendo en cuestión la sostenibilidad del capitalismo. Surge entonces como necesidad imperativa la sustitución del modelo neoliberal y una movilización que se traduzca en el diseño de un plan mundial de combate contra todas las formas de criminalidad.
• En este contexto mundial, es imposible que un país en forma aislada como Colombia enfrente la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, cuando irónicamente en el contexto internacional es apenas un pequeño eslabón en la cadena del negocio, como lo señala Luis Jorge Garay.
• En el marco del diseño del plan mencionado se debe abordar la discusión que han planteado varios economistas, entre ellos Milton Friedman y recientemente Robert Barro, quienes abogan por la legalización de la droga, por considerar que el mercado ligado a la  ilegalidad encarece el producto, como sucedió en Estados Unidos en otras épocas con los licores y en años recientes con la Marihuana, cuya producción y consumo se extendió a lo largo del país, bajaron los precios y perdió rentabilidad en el plano internacional. En días pasados el profesor Barro[11], revivió la propuesta y sugirió que la mejor ayuda, refiriéndose al Plan Colombia, es legalizar la droga, basado en que, a pesar de las victorias de Colombia con la destrucción de los carteles de Medellín y Cali, la respuesta fue  la transferencia de las operaciones a otros lugares; si se lograra otra victoria similar las operaciones se transferirían a Ecuador u otros países, pues se mantiene la demanda y el crecimiento del consumo en Estados Unidos y otros países. Igualmente sería fundamental, desde el punto de vista de la Salud, evaluar los efectos de la coca y de la heroína y, en caso de ser similar a los del alcohol y la marihuana, optar por su legalización y emprender campañas similares a las del cigarrillo y el alcohol. También se tiene conocimiento del potencial de la coca y de la Heroína para uso de la industria farmacéutica y cosmética, que sería importante explorar.