Carlos Gustavo Cano
Reinventando el desarrollo alternativo
Hace treinta años el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las sustancias sicotrópicas prohibidas, guerra que se ha concentrado en atacar lo que el zar antidrogas de la administración de George W. Bush, señor Walters, ha llamado la fuente, es decir, la producción de las materias primas. O sea, la misma estrategia gráficamente descrita por el primer zar del presidente Clinton, Lee Brown, al afirmar que es más fácil acabar con el panal que con las abejas volando. Sin embargo, en ese lapso, la producción de narcóticos no ha hecho otra cosa que multiplicarse incesantemente, al mismo ritmo que su demanda.
Ahora bien, la cuestión de la legalización, aunque representa la opción ideal para no pocos de los más serios estudiosos del fenómeno, sencillamente no es realpolitik, pues el moralismo sigue imperando sobre el pragmatismo. Mientras tanto, lo que se debe hacer en la región Andina es corregir los profundos yerros de las políticas represivas y de desarrollo alternativo, tanto las propias como las diseñadas, impuestas o aplicadas directamente por autoridades u organizaciones foráneas o extrañas a su cultura y a la particular racionalidad socioeconómica de sus comunidades rurales.
Sucede, según lo puede entender cualquier estudiante de primer semestre de economía, que si se combate la oferta –como se hace con las fumigaciones y, en general, con los programas de erradicación contra la libre voluntad de los productores–, sin enfrentar en cambio a las poderosas y bien armadas redes de compra, procesamiento y distribución –en las cuales se vienen involucrando en cada vez mayor grado los movimientos guerrilleros y paramilitares–, lo que se provoca es la disparada de los precios de los renglones que se pretende suprimir y, por consiguiente, el desplazamiento de sus siembras hacia otros sitios menos accesibles al alcance de las aeronaves o de la policía. Inclusive, cruzando las fronteras nacionales, como lo están evidenciando el rebrote de la hoja de coca en Perú –a donde está regresando de Colombia, tras haberse desplazado originalmente hacia allí en virtud del efecto globo– y la aparición por primera vez, de la amapola o adormidera en aquel país y en Ecuador. Lo que constituye, a su vez, una de las primeras causas de la alarmante tala de los bosques húmedos del trópico de la región Andina y la consecuente depredación de las fuentes de agua y de la rica diversidad de sus recursos fitogenéticos naturales.
De otra parte, los programas de sustitución han soslayado dos hechos. En primer lugar, que los ecosistemas donde crecen estos cultivos son, casi sin excepción, en extremo frágiles y carentes de vías de comunicación hacia los mercados, lo cual significa que, en general, allí la agricultura convencional bajo semejantes condiciones no puede ser viable ni ambiental ni económicamente. Y, en segundo término, que sus productores, lejos de ser oriundos de los mismos lugares donde proliferan las siembras, han sido expulsados hacia allí desde los valles interandinos y las costas, donde, a pesar de que la dotación de infraestructura suele ser sustancialmente mejor y las características agroecológicas aptas para la producción tradicional, el estrangulamiento de las oportunidades de empleo ha sido consecuencia fundamental de las crisis de los renglones lícitos, como el algodón y el café.
Luego, si se han de respetar los principios de la sindéresis, el desarrollo alternativo genuino no puede ser otra cosa que el rescate integral del campo y la defensa de toda la agricultura lícita y tradicional, sin excepciones ni límites relativos al tamaño de los predios o al lugar donde se ubiquen.
En materia de erradicación de las plantaciones de uso ilícito, lo que resulta perentorio es restringir la eliminación forzosa –ya sea mecánica o empleando medios químicos–, únicamente a las de escala industrial y de comprobada propiedad del narcotráfico o la insurgencia, que cada día se identifican más entre sí; impulsar la eliminación manual y voluntaria del resto de los cultivos mediante contratos remunerados suscritos con los mismos productores, y promover la incorporación salarial de éstos a múltiples programas masivos de recuperación y preservación del bosque húmedo tropical, como estrategia de generación de empleo productivo en el sector de los servicios ambientales, con recursos de una cooperación internacional con rostro humano, desprovista de condicionamientos o ataduras represivas contra los productores y orientada y controlada colegiada y socialmente por éstos[1].
En suma, las políticas y competencias por cada eslabón de la cadena de las drogas, deberían diferenciarse tal como se ilustra en el cuadro siguiente:
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