FORO SOCIAL COLOMBIA CONCLUSIONES PANEL DE FUMIGACIONES
Todos debemos oponernos a las fumigaciones con glifosato en los cultivos de coca y a abstenernos de consumir y comercializar productos agrícolas no orgánicos que usan pesticidas y agro tóxicos.
Llevar a cabo una reforma del modelo agrícola en donde se regule el uso de agro tóxicos causante de la contaminación del agua y la muerte de especies hidrobiologicas, con los consecuentes daños a cultivos, el medio ambiente y la salud humana.
Este nuevo modelo agrícola de carácter ecológico reforzaría aún más el poder exigir al gobierno la suspensión de las fumigaciones con glifosato utilizadas en la erradicación de cultivos de uso ilícito por el Plan Colombia al eliminar variables metodologicas que impiden la presicion de los estudios por la presencia de otros compuestos agrotoxicos
Por lo tanto se debe trabajar en todos los frentes hasta lograr cultivos libres de agro tóxicos y llegar demostrar científicamente el efecto del glifosato como el único factor de riesgo a nivel genético, de riesgos de efectos cancerígenos, de degradación de suelos, fuentes de agua y afectación de las formas de vida.
Se deben fortalecer las interrelaciones para actuar localmente y pensar globalmente, especialmente al reconocer que el único problema no es el glifosato sino que incide el uso de todos los productos agro tóxicos, cada vez que se consuma un producto fabricado por estas multinacionales se esta atentando contra la salud, el medio ambiente y la soberanía alimenaria.
En el informe, los investigadores de la CICAD no tomaron en cuenta elementos consustanciales a las fumigaciones que son de carácter político, y que en consecuencia “se excluyen del estudio específicamente todos los aspectos sociales, políticos y económicos y el informe final se basa estrictamente en la ciencia y en argumentos basados en la ciencia” No se tuvieron en cuenta los riesgos directos o indirectos sobre ecosistemas o agroecosistemas vecinos, pérdidas de biodiversidad, muerte de animales domésticos, desplazamientos de población o incremento en procesos erosivos del suelo como consecuencia del uso del herbicida. Igualmente no se tuvo en cuenta las más de 8.000 quejas en contra de las fumigaciones que reposan en la Defensoría del Pueblo
Tenemos que ponernos de acuerdo en el tema del lenguaje, no podemos permitir totalizar como única verdad los criterios científicos impuestos por la OEA, como único patrón de credibilidad, por que llega a puntos muertos.
Se hace un llamado a la academia, las universidades y los centros de investigación para responderle al país con estudios serios y monitoreos continuos sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo de los efectos de los venenos utilizados en la agricultura en diversos componentes de los ecosistemas y en la salud de los consumidores.
Debemos entender que la solución al problema del consumo de narcóticos no es tecnológica. Esto quiere decir que la humanidad no debe buscar cómo eliminar físicamente las plantas de coca, porque ello puede hacerse fácilmente a mano o simplemente abandonando los cultivos. Sólo que estos actos se revisten de una enorme complejidad porque están teñidos con condicionantes militares, políticos, económicos, sociales y morales en donde debe dirimirse el problema.
El Consejo de Estado falló en contra de las aspiraciones de los demandantes alegando que “no se verificó la situación del daño causado como acción directa de las fumigaciones aéreas en las áreas fumigadas”. Sin embargo, destacó que las fumigaciones se habían realizado sin contar con un Plan de Manejo Ambiental para la zona, y advirtió que las fumigaciones deberían hacerse siempre y cuando se cumpliera con este requisito. En 2003 ordenó que se iniciara el proceso de consulta a estos pueblos indígenas según se desprende del convenio 169 de la OIT aun que el fallo fue positivo sus territorios continuaron siendo fumigados.
En 2004 el Consejo de Estado falló una apelación realizada por el Tribunal de Cundinamarca que con base en el principio de Precaución había ordenado suspender provisionalmente las fumigaciones en todo el país fundamentado en que no había razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y grave al medio ambiente. En el 2005 falló en contra de las pretensiones de un campesino del Caquetá, que había perdido todos los cultivos agrícolas por falta de una prueba contundente que demostrara que los daños en materia de salud, medio ambiente o seguridad alimentaria se debieran directamente a las fumigaciones aéreas, y en cambio terminó justificándolas como un deber legítimo del estado para combatir el narcotráfico
En cuanto a fumigaciones el debate jurídico en Colombia ya está agotado. A través de veintisiete años se ha opacado cualquier crítica o acción legal contra las fumigaciones. Por este motivo el debate debe continuar y tomar fuerza a nivel político.
Todas estas iniciativas y redes, organizaciones sociales y personas, debemos iniciar un trabajo arduo de coordinación y alianza, en la que se combinen los debates científico, académico y político, para iniciar acciones de exigibilidad social, política y jurídica.
Debe haber responsables por todo el daño ambiental y social que se está causando con las fumigaciones aéreas con glifosato. Deben conocerse quienes son los directos beneficiados con la implementación de las fumigaciones.
La Monsanto y el Ejército Nacional deben ser llevados a un tribunal de justicia nacional e internacional para que sean condenados por su directa responsabilidad en la degradación ambiental y en la afectación de comunidades
En Colombia se está aplicando impunemente una guerra química en contra del campesinado desde hace ya casi 30 años. Millones de litros de mezclas químicas bombardeadas desde el aire seguramente han convertido a los colombianos en uno de los pueblos más propensos a enfermedades genéticas y cánceres
Estamos a un paso de incriminar a los consumidores por financiar actos terroristas. “usted consume droga, usted financia terrorismo
Se propone que entre todos tratemos de comprender el dilema no sólo del campesinado cocalero sino asimismo de los consumidores de sustancias alteradoras de consciencia, estigmatizados, criminalizados y obligados a esconderse y negarse como si lo suyo fuese un acto criminal, o un acto contra terceros.
Mientras los colombianos no aceptemos y actuemos sin moralismos importados frente al cultivo, consumo y narcotráfico en nuestro seno, seguiremos prestándonos para que nos arrodillen con el pretexto del daño que le hacemos al mundo.
Se debe recopilar la información sobre los daños causados y interponer una petición ciudadana bajo el principio de precaución, para lograrlo se invita a documentarse al respecto organizar las denuncias por fumigaciones de los desplazados y los campesinos.
Así Uribe diga que no hay conflicto sino narcoterrorismo Como preparatorio al 6 foro social mundial en Caracas es necesario que las organizaciones sociales no sean excluidas y generen propuestas conclusivas que muestren el conflicto interno de Colombia como problema político, generado por el Plan Patriota, el Plan Colombia y las fumigaciones.
Debemos continuar con el planteamiento producto del Primer Foro Social donde se dio el primer paso para diferenciar que el problema no es el narcotráfico sino los cultivadores que sufren la guerra.
Se debe insistir en que ante la destrucción impune de nuestros recursos las organizaciones de forma activa tenemos que propender por la protección del medio y no permitir que todas las iniciativas reboten y que no aceptar que pocos políticos aborden el tema.
Actuar bajo el principio de precaución expresamente consagrado en la legislación nacional en el numeral 6° del artículo 1° de la ley 99 y conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para aplicar medidas que pudiesen conllevar a la degradación de la salud y del medio ambiente, peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente". Para aplicar el principio de precaución, no se necesita tener la prueba, bastan las 8.000 dudas representadas en las quejas de las comunidades afectadas por las fumigaciones.
Queda claro que la política antidrogas impuesta por el Gobierno es una forma de control social y de territorio para apropiarse de los recursos estratégicos de nuestro país.
Tenemos que defender nuestras vidas los recursos naturales y genéticos, no debemos aceptar que nos exterminen las especies, todo repercute en la cadena biológica, no es un problema sencillo, si se ataca con un herbicida el primer eslabón se afectan el resto.
Debemos ver la coca como potencial alimenticio, farmacológico y diferenciarlo de la cocaína. La planta de coca no es el problema, asi no lo quieren hacer creer, es saber como se utiliza la sustancia presente en la naturaleza para fines medicinales controlados y alimenticios.
El llamado es establecer mecanismos académicos, herramientas científicas, para demostrar y reclamar a legitimidad de la coca como patrimonio ancestral y exigir que no se satanice a las comunidades cultivadoras
Realizar acciones de previsión en especial en la juventud, para despertar conciencia del daño causado por la ingestión de cocaína.
Hacia el Foro Social Mundial debemos llevar nuestra propia realidad, recuperar una visión humanista sobre nosotros mismos, debemos llegar como un fuerza política de movilización y lucha, con la activa participación de las organizaciones sin exclusión de la parte política.
Propone que esta red nacional contra las fumigaciones a demás de ser informador, tendrá como objetivo recopilar firmas en las zonas urbanas a través de las Juntas de Acción Comunal para lograr un apoyo más palpable y concreto para respaldar las iniciativas en contra de las fumigaciones.
Para llegar a las comunidades y facilitarles que sean replicadores, las organizaciones y personas que conformen esta red, deben procurar obtener pequeñas comunicaciones por escrito para fortalecer una iniciativa popular para echar atrás los decretos correspondientes que por falta de resistencia han dado vía libre a las fumigaciones.
Se requieren comisiones de valoración que comprueben los daños causados a nivel cultural y sus repercusiones a nivel psicológico, social y político generar cifras de desplazamiento para poder hacer acciones legales, cuantificar los cultivos lícitos afectados y sus repercusiones, la violación a fuentes de agua potable y los daños generados a la biodiversidad.
Desde las organizaciones recopilar las denuncias de los campesinos como punto de partida para que permita emprender una acción legal en la cual el gobierno no se jusifique bajo el argumento de la administración Uribe bajo el argumento de que si no hay denuncia no hay daño.
Se debe instaurar un tribunal de opinión popular del pueblo que juzgue a los pocos beneficiarios de esta política de fumigaciones para dictar una sentencia que ponga en evidencia la relación infame entre una mayoría campesina afectada a cambio de los beneficios obtenidos por unos pocos.
Como país perjudicado y pasivo es hora de emprender, bajo y en ejercicio de su soberanía, a nivel jurídico debemos instaurar una acción popular por inmoralidad con respecto al manejo de los estudios científicos realizados por la CICAD por un costo de us. $1.000.000 sin darle la oportunidad ni la financiación a las estancias académicas asi como rechazar los convenios en desigualdad de condiciones.
Emprender acciones ante los tribunales ético políticos, que aunque no tienen validez judicial las sentencias aportan la información base para llevar a cabo una clase de jurisprudencia para algún día lograr que tenga efectos judiciales. Como sucedió en el caso Bayer por intoxicación el cual se llevo a un tribunal internacional ciudadano como medio de presión logrando que se retomara el caso.
Debemos hacer conciencia de la importancia de perseverar en pelea y si bien en esta generación no se logra se están construyendo las bases para alcanzar esta meta en un futuro. Las acciones que se emprendan desde este movimiento deben hacerse visibles.
Se deben demandar las compañías productoras del glifosato para que respondan por los daños causados a nivel cultural, de salud y medio ambiente y así como se demanda al estado por la explosión de una mina quiebra patas olvidada por las fuerzas militares.
Como ciudadanos así nos duela ir en reversa al estado, debemos construir los medios para unirnos y demostrar los daños causados por las fumigaciones, se debe ilustrar a los políticos que están a favor de las fumigaciones sobre esta realidad y convidarlos ha defendernos contra esta invasión química.
Se debe conformar un equipo de trabajo que logre un inventario real de los efectos del glifosato, concientes del peligro que implica ir en contra de la política antidroga. Si nos van a matar fumigándonos por unos pocos grandes que se benefician y una mayoría afectada, vamos a luchar por la mayoría.
Legalmente se debe encontrar la forma de que no nos impongan el uso de agro tóxicos que están prohibidos en los Estados Unidos, a pesar de que existan estudios por una asociación a nivel mundial a nivel de que demuestran que una tercera parte de los productos registrados en Colombia están prohibidos en ese país, no se tenga conocimiento de estos y se permita su uso.