Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Noviembre de 2005. Una denuncia penal y una queja disciplinaria fueron interpuestas por la Mesa de Organizaciones de Apoyo a Comunidades Campesinas afectadas por el Plan Patriota, ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación respectivamente.

Las denuncias relacionan aproximadamente 238 casos (Diciembre de 2004 a Julio de 2005) de faltas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra las comunidades campesinas del sur del país de los departamentos del Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare.

Uno de los casos que más preocupa es el de los pobladores de Puerto Toledo, Mata de Bambú, Villa La Paz y de los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista hermosa, región del Bajo Ariari en el departamento del Meta, quienes registraron 105 violaciones de los derechos humanos que relacionan detenciones masivas y arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas de muerte, saqueo de bienes, robo de ganado, destrucción y quema de viviendas, todo esto en medio de un descomunal despliegue militar que ha colocado en el área de operaciones a cerca de 15.000 efectivos militares de las distintas fuerzas.

En la región del alto Ariari, en el municipio del Castillo, departamento del Meta, se reportan desde 2002 a la fecha 120 víctimas de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y más de 700 familias desplazadas a diferentes lugares, principalmente hacia Villavicencio, Ibague y Bogotá, aunque algunos también se dirigieron al bajo Ariari, donde se han mantenido organizados a través de Juntas de Acción Comunal, creando una Comisión de Derechos Humanos.

En el departamento del Guaviare la situación no es mejor. Según testimonios de pobladores durante el Foro “Militarización e Impacto Social del Plan Patriota en el Sur del País” realizado en el mes del julio de este año, os operativos conjuntos militares–paramilitares han obligado al desalojo de poblaciones enteras.

Es el caso del municipio de Calamar que desde principios de 2002, coincidiendo con el inicio del Plan Patriota en la región, contaba con 4.500 habitantes en su casco urbano. El Instituto Agrícola “Carlos Mauro Hoyos” tenía 1.300 estudiantes. No obstante, a marzo de 2005 el municipio cuenta con 1000 habitantes urbanos y 350 estudiantes con una clara tendencia a disminuir.
 

Por esta razón y con el ánimo que estos hechos no permanezcan en la impunidad, como hasta ahora, varias organizaciones sociales en conjunto con las mismas comunidades, han solicitado tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, se investiguen y verifiquen las denuncias, a través de la conformación de comisiones especiales, al tiempo que se tomen las medidas necesarias para proteger a los pobladores, líderes campesinos y testigos denunciantes afectados por este operativo militar que esta causando una grave crisis humanitaria y desplazamiento forzado al interior de estos departamentos.

A efectos que tales situaciones sean verificadas en la zona, se está preparando la realización de una misión internacional a los territorios afectados durante la primera semana de diciembre.

 

Para más información: mision_al_plapatriota@yahoo.es.

 

ORGANIZACIONES DE LA MESA DE APOYO A COMUNIDADES DEL SUR DEL PAÍS AFECTADAS POR EL PLAN PATRIOTA.